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ASOCIACIÓN - SUPLETORIEDAD DE LA NORMATIVIDAD SOBRE ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN - SUPLETORIEDAD DE LA NORMATIVIDAD SOBRE ASOCIACIONES

"...Las normas del Código Civil referidas a las asociaciones son de carácter supletorio a la voluntad de los miembros de la misma que se ve plasmado en el acuerdo social constituido por el estatuto, salvo que se trate de normas de orden público".

 

CAS. Nro.: 2281-98/LIMA.

REFERENCIA LEGAL:

– C.P.C.: Arts. 388-inc.2), 2.1) y 2.2)- y 392.

Lima, veinte de octubre de mil novecientos noventiocho.

VISTOS; a que de lo actuado aparece que la Asociación de Adjudicatarios del Programa de Vivienda Monterrico Chico ha cumplido con todos los requisitos formales para la admisión del Recurso de Casación; y ATENDIENDO: 1°) Que en el escrito de fojas trescientos treintiocho se denuncia: a) inaplicación del inciso primero del Artículo dieciséis de los estatutos de la emplazada, que en concordancia con los Artículos catorce y veintidós del acotado facultan a la asamblea general, como órgano supremo de la Asociación, a elegir de inmediato al consejo directivo sin necesidad de nombrar el comité electoral, lo que resulta conforme a lo señalado por los Artículos ochenticuatro y ochentiséis del Código Civil; b) inaplicación del Artículo noventidós del Código Sustantivo, norma que no le faculta impugnar un acuerdo a un socio suspendido en sus derechos por acuerdo de las asambleas generales del tres de setiembre y cinco de noviembre de mil novecientos noventicuatro, que es el caso del accionante y cuyas actas han sido aportadas como medios probatorios; c) inaplicación del Artículo Ochentiséis del Código Civil que faculta expresamente a la Asamblea General a elegir directamente al Consejo directivo sin el trámite previo del nombramiento de un comité electoral, máxime si el inciso primero del Artículo dieciséis del estatuto prevé tal posibilidad y el nombramiento de un comité electoral, el mismo que está previsto en el Artículo cuarentitrés de los estatutos, sólo resulta procedente cuando la asamblea general no decida elegir directamente a la junta directiva; de lo que se aprecia que el Colegiado ha aplicado indebidamente e interpretado erróneamente dichas normas estatutarias; 2°) Que en relación a la primera denuncia, las normas estatutarias constituyen la manifestación privada de los miembros de una asociación con la finalidad de autorregular su vida social, consiguientemente no tienen efectos generales, y su posible infracción no es pasible de ser denunciada vía casación por no enmarcarse dentro de los fines de dicho instituto impugnatorio; 3°) Que respecto al segundo agravio, la norma alegada es de naturaleza procesal y la causal invocada está referida a normas de derecho material, además que dicho agravio encierra una cuestión probatoria referida a determinar si el emplazante tenía o no la situación de suspendido en sus derechos sociales, lo que es objeto de la causal alegada: 4°) Que las normas del Código Civil referidas a las asociaciones son de carácter supletorio a la voluntad de los miembros de la misma que se ve plasmado en el acuerdo social constituido por el estatuto, salvo que se trate de normas de orden público; que la norma alegada señala que la asamblea general tiene entre sus atribuciones la de elegir a los miembros de su consejo directivo, sin embargo, ello no implica que estatutariamente se establezca mecanismos previos de elección y entrar a discernir sobre las normas estatutarias de una asociación no es objeto del Recurso de Casación, por los argumentos expuestos en el segundo considerando de la presente resolución; 5°) Que no habiéndose cumplido con lo establecido por los numerales dos punto uno y dos punto dos del inciso segundo del Artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo trescientos noventidós del acotado: declararon IMPROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto por la Asociación de Adjudicatarios del Programa de Vivienda Monterrico Chico; en los seguidos por don Víctor Augusto Montes Ribotti, sobre impugnación de acuerdos; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. IBERICO, ORTIZ; SANCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.; CELIS.  

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