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Interdictos

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Al resolver los interdictos debe apreciarse, fundamentalmente, la prueba del hecho de la posesión y no el derecho que sirve de base a él.

Al redactar la correspondiente resolución debe tenerse sumo cuidado de utilizar conceptos jurídicos en el sentido que les reconoce la ley y la doctrina. La claridad de la fundamentación supone la calidad en las ideas y, por tanto, constituye la prueba de la existencia de una auténtica convicción judicial.

 

Casación 166-94

 

LIMA

Lima, diecinueve de abril de novecientos noventicinco.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la presente causa vista en audiencia el cinco de abril de mil novecientos noventicinco, emite la siguiente sentencia:

 

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO

 

1. La relación jurídica procesal.- Se instaura ante la demanda de Interdicto de Recobrar interpuesta por Servicios Comerciales y Mercadeo Sociedad Anónima, SERMER, contra la Asociación Pro-Vivienda Los Suspiros, en la vía sumarísima.

2. La pretensión.- El petitorio de la demandante es la restitución en el uso del bien a que se obligó la emplazada mediante el acto jurídico bilateral denominado "contrato de presencia y compra exclusiva de bebidas gaseosas", celebrado con fecha primero de abril de mil novecientos noventa, en cuya cláusula tercera se le concedió, para fines publicitarios, el arrendamiento del tanque de agua de la asociación hasta el treinta de abril de mil novecientos noventicuatro. Agrega que, sin haber vencido dicho plazo, ha sido despojado del bien por la entidad emplazada, quien actúa así para favorecer a la empresa competidora Crediservicios Sociedad Anónima, al desear ésta publicitar sus productos en el mismo lugar.

3. La defensa.- La entidad demandada contradice sólo sustancialmente (pues no opone defensa formal alguna) la pretensión, sosteniendo que la relación contractual que vincula a las partes no es de arrendamiento del tanque de agua. Agrega que, a título de liberalidad, se autorizó a Sermer Sociedad Anónima la instalación de paneles publicitarios en dicho tanque sin que abone suma alguna por dicho concepto.

Admite que ha celebrado contrato con Crediservicios Sociedad Anónima y que por ello, remitió cartas notariales a la demandante para que retire los paneles, por lo que al no haberlo hecho, le retiró la autorización de uso concedida. Sostiene que al haberse revocado la autorización, la demandante había perdido legitimidad y carecía de derecho alguno para poseer, siendo la empresa Crediservicios S.A. la legitimada para poseer el tanque de agua.

4. La Sentencia de Primera Instancia.- Sin que existan incidencias notables en el proceso, el Juez Hermoza Astete, a cargo del 17 Juzgado Civil de Lima, dicta sentencia. La resolución es sustentada, literal y fundamentalmente, en que: (1) es necesario un acto previo de hermenéutica contractual persecutoria recogiendo para ello el análisis de la voluntad y de la declaración contenidas en el contrato, concluyendo que es un contrato con prestaciones recíprocas; (2) la condición tercera del contrato no es compulsiva ni coercitiva; por consiguiente, no siendo obligatoria, su incumplimiento no es causal de rescisión del contrato; (3) la desposesión de la que ha sido objeto SERMER no puede ser reclamada jurisdiccionalmente porque la demandada no estaba obligada a respetar la cláusula tercera del contrato; (4) el amparo de la demanda resultaría impracticable por no encontrarse la demandada en uso directo de la cosa. En base a ello, el Juez declara INFUNDADA la demanda, sin costas.

5. La Apelación.- La parte demandante interpone recurso de apelación, alegando, literal y fundamentalmente, que la sentencia es contradictoria; que se ampara en un silogismo contradictorio, pues pese a que el Juez reconoce en el considerando 10 de la sentencia que ha existido despojo, termina declarando que no es posible reclamar jurisdiccionalmente la reposición; y que, es ilegal, pues el Juez puede entrar a considerar si la actora tiene o no derecho a la posesión, debiendo limitarse a constatar si estuvo en uso del bien y si fue despojado de él.

6. La Sentencia de Segunda Instancia.- La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, integrada por los Doctores: Martínez Maraví, Canelo Ramírez y Peñaranda Portugal, con la ponencia del Doctor Peñaranda, hace suyos los fundamentos de la recurrida y considera además que: (1) la autorización de uso del tanque de agua para fines publicitarios constituye un derecho personal que no implica posesión y por consiguiente, no existe posesión previa; (2) las acciones posesorias están reservadas a los derechos reales. En base a ello, CONFIRMAN la sentencia apelada, declarando que debe entenderse que es IMPROCEDENTE.

7. Recurso de Casación.- En Audiencia de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventicuatro, esta Sala declaró la procedencia del recurso, por reunir los requisitos previstos en el artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil.

 

II ANALISIS DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECURSO DE CASACION

 

1. PRIMER CARGO: Sostiene el impugnante que el sistema jurídico peruano admite la posesión sin importar el título con que se ejerce dicho poder económico sobre el bien. Como consecuencia de ello, la ley distingue entre la posesión inmediata y la mediata, para, finalmente, conceder protección posesoria interdictal a todo poseedor, sin distinguir la clase de posesión que ejerza, todo lo cual es negado por tales sentencias. Reseña que los artículos ochocientos noventiséis, novecientos cinco y novecientos veintiuno del Código Civil, vigentes repiten casi textualmente los artículos ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco y ochocientos treintiuno del Código abrogado de mil novecientos treintiséis, tal como así los reconoce la Doctora Lucrecia Masich Von Humboldt (Exposición de motivos y comentarios del Libro de Derecho Reales del Código Civil, tomo Quinto, páginas ciento sesentiuno, ciento sesentiséis, y ciento setentidós). Incluye en la fundamentación del Recurso de Casación, que la Exposición de Motivos de dichos artículos, que aparecen publicados en la obra "Código Civil" de Fernando Guzmán Ferrer, tomo segundo, páginas ochocientos sesenticuatro y ss., expresan lo siguiente:

a) "... la doctrina del artículo ochocientos veinticuatro, que es la del Código del Brasil, se inspira en la doctrina de Ihering, que destacó el concepto del corpus abandonando el ánimus de la doctrina de Savigny. Según el Código Alemán la posesión consiste en el poder de hecho sobre las cosas, habiéndose omitido toda expresión sobre el elemento intencional. El Código del Brasil parece partir del mismo pensamiento. El Código Suizo, inspirándose en la doctrina alemana llama poseedor "a quién tiene el poder efectivo sobre la cosa". Es de advertir que los comentaristas de los Códigos Alemán y Suizo relacionan su expresión a la genial crítica de Ihering a la doctrina de Savigny, tendiente a relacionar el concepto de la posesión con el elemento económico, de modo que, el llamado poder de hecho o poder efectivo, es la relación entre la persona y la cosa tal como lo ordena el fin para que ésta se utiliza desde el punto de vista económico ... ello está de acuerdo con el precepto del artículo novecientos noventiuno del Código de Procedimientos Civiles".

b) Como consecuencia de la adopción de esta fórmula el anteproyecto incorpora un precepto en virtud del cual en los casos de usufructo, prenda, arrendamiento u otra relación análoga, la posesión corresponde a todas las personas vinculadas jurídicamente, siendo la posesión de aquellas una posesión directa y la del dueño una posesión indirecta ... La posesión consiste en el poder de hecho sobre una cosa, ora sea este poder total o parcial, ora proceda de un derecho personal o de un derecho real ... No debe prescindirse de la expresión "de hecho", porque en ella reside la diferencia específica de la posesión ... esta expresión "de hecho" revela que cuando se trata de posesión se prescinde del título ... ese calificativo destierra el carácter moral de la posesión, dando lugar al imperio del corpus como poder físico en la idea de la posesión.

c) Uno de los efectos principales de la posesión es el derecho que asiste al poseedor de servirse de los interdictos ...

d) Cita al Doctor Max Arias-Schreiber, quien en su obra "Exégesis", tomo cuarto. Los derechos Reales, páginas noventiocho y ciento veintidós, ratifica que "el nuevo Código sigue la línea del anterior, pronunciándose por la teoría objetiva de la posesión de Rudolf Von Ihering". Agrega que "en la posesión se toma en consideración sólo el ejercicio de un derecho real, pero sin investigar si este ejercicio corresponde a la titularidad de derecho". "En la posesión a nombre ajeno coexisten dos sujetos distintos en un mismo plano temporal. Uno de estos sujetos se encuentra en directo contacto con el bien poseído y se denomina por ello, poseedor inmediato. El arrendatario, por ejemplo, es un poseedor de esta clase, porque ejercita su derecho sobre el bien y está necesariamente vinculado con el derecho del propietario, en cuyo nombre posee". Citando a Enneccerus, Kipp y Wolff, reseña que "la posesión mediata supone, aparte de una posesión del mediador, una cierta relación entre el poseedor superior (poseedor mediato) y el subposeedor (poseedor inmediato). Este tiene que poseer la cosa a título de usufructuario, acreedor pignoraticio, arrendatario, depositaria o en una relación semejante, en virtud del cual esté temporalmente facultado u obligado frente a otro a la posesión". Más adelante, en la página ciento cincuentidós, el mismo autor señala que "la posesión no se agota con la propiedad sino que tiene autonomía propia y presenta caracteres singulares. Esta posesión autárquica, que se objetiviza a través de una acción de hecho, debe estar debidamente protegida para seguridad de la comunidad y no puede ser alterada por otra situación que no sea la que derive del mandato propio de la ley. La protección posesoria tiene por objeto instaurar el orden en las relaciones sociales. El fundamento de la posesión reposa por tanto en el interés colectivo".

e) Agrega un análisis de las normas procesales, alegando que el Código de Procedimientos abrogado establecía reglas aplicables a todos los interdictos, llamando la atención sobre los alcances del artículo novecientos noventa de dicho cuerpo adjetivo, que señalaba que "el usufructuario, el usuario y el enfiteuta pueden promover los interdictos aún contra el propietario. Pueden asimismo, promover los interdictos de retener y de recobrar, dentro de los límites de su respectivo contrato, el arrendatario, el anticresista y en general, el que se encuentra disfrutando de un bien".

f) Glosa en tal sentido a Fernando Guzmán Ferrer, quien en su obra "Código de Procedimientos Civiles", tomo segundo, página mil treintiséis, transcribe la siguiente exposición de motivos del referido numeral: "Teniendo los usufructuarios, usuarios y enfiteutas un derecho real frente a todos, inclusive a los mismos propietarios, porque en su derecho va invívita la posesión de la cosa, es indiscutible su personería para utilizar los interdictos. Los mismo pasa tratándose de los juicios para conservar la posesión que se tiene o para recuperar la que se ha perdido, respecto de los arrendatarios, anticrecistas y demás personas que, a mérito de contrato con el verdadero dueño, ocupan o disfrutan de algún bien".

g) Agrega que es interesante observar que las mismas reglas procesales han sido repetidas por el nuevo Código Procesal Civil, lo cual se explica fácilmente si se tiene presente que el actual Código Civil ha repetido las normas del Código sustantivo abrogado, pues estando a la naturaleza instrumental del proceso, es evidente que las normas procesales deben estar al servicio de la realización de las normas materiales o sustanciales. Es así que el artículo quinientos noventiocho de éste Código señala que: "Todo aquél que se considere perturbado o despojado de su posesión puede utilizar los interditos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación". Por razones de técnica legislativa se ha introducido una variante, pues mientras el anterior Código precisaba cada supuesto de posesión (anticrecista, arrendatario, enfiteuta, etc.). El actual hace una referencia de carácter genérica que involucra todos los supuestos, pues menciona a "todo aquel que sea despojado de su posesión", sin distinguir sobre el título que ampara el disfrute de un bien ajeno.

h) Finalmente resalta que, concordantemente con esta disposición legal, el artículo seiscientos, segundo párrafo establece que "los medios probatorios deben estar referidos, exclusivamente, a probar la posesión y el acto desposesorio. Es decir, no puede ser objeto de prueba y, por ende, no puede ser evaluado en la sentencia, el título que permite dicha posesión, sea cual fuere la naturaleza de dicho acto jurídico: contractual, unilateral, inter vivos, o mortis causa.

 

2. SEGUNDO CARGO: Sostiene el impugnante que las sentencias establecen un absurdo jurídico, cual es, que el poseedor, cuya posesión deriva de un acto jurídico (título) contractual, no tiene derecho a interponer demanda de interdicto.

3. TERCER CARGO: Sostiene el impugnante que las sentencias incurren en: (a) expresiones jurídicas desconocidas, como por ejemplo "hermenéutica contractual persecutoria"; (b) inauditas interpretaciones como por ejemplo que una cláusula contractual, pese a que es válida, no es obligatoria aunque reconoce que las demás si lo son; (c) violación de las leyes del pensamiento, en especial la ley de la coherencia, al sostenerse que el derecho personal no implica posesión y, por tanto, no existe posesión previa, sin considerar que las partes admiten que el bien fue entregado a la poseedora, habiéndose producido la Traditio que hace adquirir la posesión; (d) violación de sus derechos constitucionales al declararse que la desposesión no puede ser reclamada jurisdiccionalmente, negándosele su derecho de petición, género que comprende al derecho de acción; (e) manifiestos errores conceptuales al llamar contrato con prestaciones recíprocas al contrato que concede el uso gratuito de un bien, o al suponer que un contrato sólo origina derechos personales, desconociendo así que la compra venta transmite propiedad, derecho real por excelencia; (f) fragrantes faltas de ortografía incompatibles con la majestad de la Justicia, como ejemplo al escribir la palabra "cohersitiva"; (g) uso equívoco de los conceptos jurídicos al sustituir el concepto incumplimiento por desconocimiento, resolución por rescisión, o cláusula por condición.

Contra estos tres cargos, no existe descargo de la parte demandada.

 

III. EVALUACION Y CONCLUSIONES.

 

PRIMER CARGO: (1) Es evidente que el fundamento jurídico en que se sustenta este primer cargo es claro, preciso e irrebatible, toda vez que la posesión es un hecho protegido por la ley; (2) Precisamente, el nuevo Código Procesal Civil ha derogado las normas relativas al Interdicto de Adquirir, el que se sustentaba en el mejor derecho a la posesión, reafirmando así, que para el Derecho Peruano, en materia posesoria el hecho hace al derecho y no a la inversa; (3) La tesis del anímus domini proyectada por Savigny no ha sido recogida como fundamento de la posesión, aún cuando sea admitida para proteger el derecho a la prescripción adquisitiva cuando se alega la posesión pública y pacífica, pues tiene que ser como propietario; (4) Por otro lado, siendo que la sentencia de primera instancia en el considerando número diez reconoce como hecho probado que ha existido despojo, y la sentencia de segunda instancia confirma este considerando, es evidente que se ha dejado de aplicar las leyes sustantivas y procesales invocadas por el impugnante en este primer cargo.

SEGUNDO CARGO: (1) La sentencia de segunda instancia sostiene, principalmente, que la autorización contenida en la cláusula tercera del contrato que vincula a las partes es de naturaleza personal que no implica en si mismo la posesión del bien, por lo que no existiendo posesión previa, es improcedente la demanda; y además, que las acciones interdictales están reservadas para la defensa de los derechos reales; (2) Que, en efecto, el primer argumento glosado es un eufemismo intelectual, pues si bien es cierto que la sola celebración del contrato supone la posesión efectiva del bien, no es menos cierto que al confirmarse el fundamento número diez de la sentencia apelada, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, admite que se ha probado la posesión del bien por la demandante y el consiguiente despojo, por lo que ha existido la traditio posesoria en su favor, y por tanto existía posesión previa que debió ser protegida; (3) Que, el segundo argumento, siendo cierto deriva en una errada apreciación, ya que los interdictos constituyen un instrumento procesal válido para la defensa de la posesión, típico derecho real; pero, tal verdad no supone que con ellos sólo se protejan los derechos reales adquiridos originariamente y no los adquiridos en forma deriva como lo son aquellos derechos reales que se sustentan en la celebración de actos jurídicos de distinta naturaleza, sean bilaterales o unilaterales, intervivos o mortis causa, como por ejemplo la propiedad derivada de la compra venta, el uso derivado del arrendamiento, el usufructo derivado de un testamento o contrato, etcétera. En consecuencia, este segundo cargo es amparable.

TERCER CARGO: Analizados cada uno de los aspectos involucrados en los fundamentos cuestionados por el impugnante, esta Sala debe reconocer que, (1) en efecto, las sentencias de primera y segunda instancia incurren en errores conceptuales y graves contradicciones argumentales; (2) que todo aquello deriva en un acto arbitrario, pues se niega una debida respuesta jurisdiccional al pedido de tutela del justiciable, llegando a sostenerse que "la desposesión no la hace sujeto para el reclamo jurisdiccional de reposición" y que "la decisión en tal sentido resultaría impracticable por no encontrarse en uso directo de la cosa"; (3) que, ante tales evidencias, es necesario que el Poder Judicial en su conjunto tome conciencia de la importancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, pues no se cumple con la garantía judicial que contiene la Constitución, referida a la debida motivación de las resoluciones, cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del Juzgador. En consecuencia, existe agravio en cada una de las expresiones cuestionadas.

 

IV. SENTENCIA

 

Estando a las conclusiones que arrojan las evaluaciones de los tres cargos formulados contra la sentencia recurrida, la Sala Civil de la Corte Suprema FALLA: declarando FUNDADO EL RECURSO DE CASACION interpuesto por SERMER, Sociedad Anónima y, en consecuencia, casa la sentencia emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, su fecha diez de junio de mil novecientos noventicuatro, que obra a fojas noventinueve, confirmatoria de la expedida por el Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima de fecha dieciocho de marzo del mismo año que obra a fojas setenta, que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas treintiuno, y actuando como órgano de resolución declara FUNDADA la referida demanda, ordenando, por tanto, que SERMER, Sociedad Anónima, sea respuesta en la posesión del bien materia de la litis de que ha sido privada, imponiéndole a la demandada las costas y costos del proceso, causados en cada instancia y con la tramitación del presente recurso.

 

V. ORDENARON

 

La publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial "El Peruano", de conformidad con lo que dispone la última parte del artículo cuatrocientos del Código Procesal acotado y que se devuelvan los autos a la Sala de origen.

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

María Julia Pisconti D.

Secretaria

 

 

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