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Desalojo: Prueba de la posesión constante del estado en la unión de hecho: procesos en que se puede hacer valer

Desalojo: Prueba de la posesión constante del estado en la unión  de hecho: procesos en que se puede hacer valer

 

 

«... La norma material utilizada (art. 326 del C.C.) (...) establece que la unión de hecho necesita la posesión constante de estado, la cual debe probarse a través de cualquier medio admitido por la Ley Procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. (...) Que, ello significa que la prueba tiene que actuarse dentro en (sic) un proceso judicial, pero no necesariamente distinto a aquél en el que deba sustentarse el derecho, es decir que no siempre debe seguirse un trámite exclusivo para obtener la declaración judicial de existencia de la sociedad de bienes derivada de la unión de hecho, sino que en un proceso como éste (desalojo por ocupación precaria) puede probarse dicha existencia, utilizando principalmente prueba escrita».

 

CASACION Nro.           :           2279 - 98 / AREQUIPA.

 

Lima, doce de julio de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA:

 

VISTOS; con los acompañados; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales: Buendía Gutiérrez, Presidente; Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

RECURSO DE CASACION:

 

Interpuesto por doña Roberta Quispe Apaza, mediante escrito de fojas doscientos cuarentitrés contra la sentencia de vista de fojas doscientos treintitrés, su fecha diez de setiembre de mil novecientos noventiocho, expedida por la Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte Superior de Arequipa, que REVOCANDO la sentencia apelada de fojas ciento setenta, su fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventiocho, declara FUNDADA la demanda, con lo demás que contiene sobre Desalojo por ocupación precaria.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El recurso ha sido declarado procedente mediante resolución emitida por esta Sala Suprema con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventinueve, por las causales previstas en los incisos primero y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando:

 

a) La interpretación errónea del Artículo trescientos veintiséis del Código Civil.

 

b) La violación de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, contenidas en los Artículos cuatrocientos veintiocho y ciento veintiuno del Código Procesal Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, es objeto de análisis de este pronunciamiento casatorio el reconocimiento de la unión de hecho alegada por la recurrente para considerarse titular del dominio del predio que viene ocupando y del cual se pretende desalojarla por razones de precariedad.

 

Segundo.- Que, la recurrida sostiene que el Artículo trescientos veintiséis del Código Civil exige que para que la unión convivencial origine una sociedad de gananciales y produzca efectos patrimoniales, debe haber una declaración judicial que así lo establezca, mientras tanto la demandada no puede reputarse copropietaria del bien sub litis.

 

Tercero.- Que, si bien la norma material utilizada no contiene con exactitud el requerimiento que hace la de vista, sí establece que la unión de hecho necesita la posesión constante de estado, la cual debe probarse a través de cualquier medio admitido por la Ley Procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita.

 

Cuarto.- Que, ello significa que la prueba tiene que actuarse dentro en un proceso judicial, pero no necesariamente distinto a aquél en el que deba sustentarse el derecho, es decir que no siempre debe seguirse un trámite exclusivo para obtener la declaración judicial de existencia de la sociedad de bienes derivada de la unión de hecho, sino que en un proceso como éste puede probarse dicha existencia, utilizando principalmente prueba escrita.

 

Quinto.- Que por esta razón, la Sala de mérito emplea además como argumento para desconocer la unión de hecho alegada, que ni de la documentación que obra en autos, ni la que aparece del expediente administrativo acompañado, se desprende que la emplazada haya intervenido en la adquisición de la parcela, lo que quiere decir que no se ha acreditado suficientemente la existencia de la relación convivencial, que aduce haber tenido con el causante, para participar de la propiedad de sus bienes.

 

Sexto.- Que adicionalmente, se aprecia del expediente acompañado, de fojas setenticuatro a setentinueve, que la demandada solicitó ante el juzgado de Paz de la Irrigación Majes la constatación de su estado de convivencia con don Enrique Benjamín Cáceres, en virtud de la cual se practicó una inspección en el mismo inmueble materia de la controversia, en la cual no apareció el indicado conviviente, pese a que era de una fecha anterior a su fallecimiento, lo que desvirtúa por completo la manifestación de voluntad que debía haber hecho el de cujus para admitir que estaba conforme con la relación convivencial.

 

Sétimo.- Que habiéndose, merituado toda esta prueba referida, carece de trascendencia invalidar el ofrecimiento de un documento con posterioridad a la demanda, para ratificar el derecho de propiedad de las accionantes, en aplicación de principio contenido en el Artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil.

 

Octavo.- Que en consecuencia, la recurrida no ha incurrido en las causales de casación denunciadas, encontrándose su parte resolutiva arreglada a derecho, por lo que de conformidad con el Artículo trescientos noventisiete del Código Adjetivo.

 

RESOLUCION:

 

Declararon INFUNDADO el Recurso de Casación de fojas doscientos cuarentitrés, interpuesto por doña Roberta Quispe Apaza contra la sentencia de vista de fojas doscientos treintitrés, su fecha diez de setiembre de mil novecientos noventiocho, en los seguidos con doña Augusta Matilde Nancy Cáceres Pacheco y otra sobre desalojo por Ocupación Precaria; CONDENARON a la recurrente al pago de una Unidad de Referencia Procesal así como a las costas y costos originados en la tramitación del recurso; ORDENARON que el texto de la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

 

SS. BUENDIA G.; BELTRAN Q.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.;

ZEGARRA Z.

 

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