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CAUSALES DE INDEMNIZACIÓN POR DENUNCIA CALUMNIOSA

Son dos las causales que individualmente configuran la responsabilidad por denuncia calumniosa: el conocimiento de la falsedad de la imputación; o, la ausencia de motivo razonable para haber formulado denuncia contra una persona o personas; por lo que habiendo la recurrente denunciado la configuración de la causal de ausencia de motivo razonable en el demandado para que haya formulado denuncia penal contra la actora por delito de Difamación por medio de la libertad de prensa; resulta evidente que la actora estaba limitando la controversia y por ende pronunciamiento jurisdiccional a la causal de ausencia de motivo razonable; en consecuencia, correspondía que el juzgador discierna la configuración o no de dicha causal y exprese los razonamientos jurídicos con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que base su decisión, en caso contrario resulta nula la sentencia.

 

 

CAS. Nº 2886-2002-LIMA

 

Demandante: Lupe Maritza Zevallos Gonzáles

Demandado: Jorge Víctor Pollack Merel

Materia: Indemnizacion por daño moral

Fecha: 30 de Mayo del 2003

 

 

Concordancias:

Const.: Art. 139 Inc. 5

C.C.: Art. 1982

C.P.C: Arts. 50 inc. 6), 122 Incs. 3), 4)

 

Lima, diez de febrero del dos mil tres

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa dos mil ochocientos ochentiséis - dos mil dos, en Audiencia Pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia;

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por Lupe Maritza Zevallos Gonzales, contra la sentencia de vista de fojas doscientos uno, su fecha nueve de agosto del dos mil dos, que confirmando la apelada de fojas ciento cuarenticuatro, fechada el veinticinco de marzo del dos mil dos, que declara Infundada la demanda;

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La Corte mediante resolución de fecha treinta de setiembre del dos mil dos ha estimado procedente el recurso por las causales de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso y de inaplicación de normas de derecho material; expresando como fundamentos en cuanto a la primera causal: que la recurrida carece de una debida fundamentación, toda vez que no ha apreciado debidamente los presupuestos de responsabilidad por denuncia calumniosa prevista en el artículo mil novecientos ochentidós del Código Civil, que es en la que se ha basado para formular su demanda de Indemnización por Daño Moral, violando así los incisos tercero y cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil; que asimismo, respecto de la segunda causal se señala: que la recurrida ha inaplicado el artículo mil novecientos ochentidós del Código sustantivo, que es precisamente la norma que regula la responsabilidad por denuncia calumniosa estableciendo la responsabilidad de la persona no solo en caso de haber denunciado falsamente sino cuando no ha existido motivo razonable para ello, que es lo que precisamente se ha configurado;

CONSIDERANDO:

Primero.- Que el principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso quinto artículo ciento treintinueve de la Constitución, y el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida;

Segundo.- Que esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos cincuenta inciso sexto y ciento veintidós inciso tercero del Código adjetivo; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia; y de acuerdo a todos los puntos controvertidos, conforme al artículo ciento veintidós inciso cuarto del referido Código;

Tercero.- Que en el presente caso, la pretensión formulada por la recurrente versa sobre Indemnización por Daño Moral al amparo del artículo mil novecientos ochentidós (1) del Código material; norma que establece que corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible; lo que significa que dos son las causales que individualmente configuran la responsabilidad por denuncia calumniosa: a) el conocimiento de la falsedad de la imputación; o, b) la ausencia de motivo razonable para haber formulado denuncia contra una persona o personas;

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(1) C.C.: Art. 1982o.- Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible.

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Cuarto.- Que de acuerdo a los puntos once y doce de los fundamentos de hecho de la demandada y del punto diez de los fundamentos de derecho de la misma, fluye claramente que ésta denunció la configuración de la causal de ausencia de motivo razonable en el demandado para que haya formulado denuncia penal contra la actora por delito de Difamación por medio de la libertad de prensa; sosteniendo esencialmente: que dicha causal se configura por el hecho de que en el diario "El Cambio" el nombre de la actora, Lupe Maritza Zevallos Gonzáles, no aparecía en ninguna parte bajo ninguna modalidad o forma; que por el contrario aparecía como máximo responsable del mismo el Editor General a cargo del señor Eloy Jáuregui Coronado; y, que entonces, por el solo hecho de tener la actora la calidad de Gerente General de la Empresa Editora Continente Press Sociedad Anónima, que editaba el referido Diario, no resultaba razonable denunciarla junto con Eloy Jáuregui Coronado, si el artículo ocho del Decreto Ley veintidós mil doscientos cuarenticuatro -Ley de Prensa- establece claramente que es el Director el responsable de toda publicación no firmada; Ley que era de perfecto conocimiento del demandado por ser un hombre de prensa, propietario de Radio Libertad;

Quinto.- Que siendo ello así, resulta evidente que la actora estaba eliminando como fundamento de su demanda la invocación de la causal consistente en el conocimiento de la falsedad de la imputación; limitando la controversia y por ende pronunciamiento jurisdiccional a la causal de ausencia de motivo razonable; en consecuencia, correspondía que el órgano jurisdiccional discierna la configuración o no de dicha causal y exprese los razonamientos jurídicos con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que base su decisión;

Sexto.- Que sin embargo, del análisis de la sentencia apelada, cuyo fundamentos han sido reproducidos por la de vista, aparece claramente que el Juez ha discurrido su razonamiento como si se hubiese invocado la causal de conocimiento de la falsedad de la imputación ya que refiere en sus considerandos Cuarto y Quinto: que el demandado hizo un reclamo en la vía penal frente a las publicaciones efectuadas en su contra mediante el diario Cambio; que de lo actuado en la querella se desprende que el hoy demandado no ha procedido con dolo, culpa, ni negligencia alguna al interponer dicha querella, sino más bien hacía un reclamo por los daños ocasionados a su persona mediante las publicaciones ya señaladas, daños que se hallan descritos en la sentencia penal, la cual si bien la absolvió, lo hizo en el transcurso del mismo; y que por tanto, el demandado actuó en el ejercicio regular de su derecho de acuerdo al inciso primero del artículo mil novecientos setentiuno del Código Civil;

Sétimo.- Que, la recurrente en ninguna parte de su demanda ha referido que el demandado no haya sido objeto del delito de Difamación o que el hecho de formular denuncia penal sea un acto doloso o culposo; sino que simplemente se ha limitado a sostener que la denuncia no debió dirigirse también contra ella porque no existían motivos razonables para comprenderla de acuerdo a la ley especial; por tanto, resulta evidente que no existe una debida fundamentación respecto de lo que verdaderamente era punto controversial, señalado en la Audiencia de Conciliación de fojas ciento veintitrés, aunque de modo genérico, conforme correspondía de acuerdo a lo indicado en el primer y segundo considerando de esta sentencia; vicio que la recurrente denunció en su recurso de apelación, no obstante lo cual la Sala Revisora confirmó la apelada sin sanear dicha situación;

Octavo.- Que siendo ello así, se configura la causal denunciada de afectación del derecho al debido proceso; vicio que es suficiente para casar la sentencia de vista, de conformidad con el apartado dos punto tres inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; debiéndose anular también la apelada, a efectos de que el A Quo dicte nueva sentencia con arreglo a Ley; deviniendo entonces sin objeto emitir pronunciamiento respecto de la causal sustantiva invocada;

Estando a las consideraciones que preceden, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos seis; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas doscientos uno su fecha nueve de agosto del dos mil dos; e INSUBSISTENTE la apelada de fojas ciento cuarenticuatro fechada el veinticinco de marzo del dos mil dos; DISPUSIERON que el Juez de la causa dicte nueva sentencia con arreglo a Ley; ORDENARON que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Lupe Maritza Zevallos Gonzáles con Jorge Víctor Pollack Merel; sobre Indemnización por Daño Moral; y los devolvieron.

SS. ECHEVARRIA ADRIANZEN; MENDOZA RAMIREZ; AGUAYO DEL ROSARIO; LAZARTE HUACO; PACHAS AVALOS.

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