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FACULTAD DEL REGISTRADOR PARA SUSPENDER INSCRIPCION Y EXTENDER ANOTACION PREVENTIVA

 

"... Los registradores están facultados para suspender una inscripción y extender a cambio una anotación preventiva cuando advierten faltas subsanables en los títulos ...".

 

CASACION Nº 1326-97/LIMA.

Concordancias:

Const.: Art. 138.

C.C.: Arts. 221 inc. 4 y 2014.

D. Ley Nº 22141: Art. 2.

C.P.C.: Arts. 386 incs. 1 y 2 y 397.

 

Lima, veinticuatro de agosto de mil novecientos noventiocho

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la Causa número mil trescientos veintiséis - noventisiete; con el acompañado; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del Recurso de Casación interpuesto de fojas cuatrocientos setentidós, interpuesto por la Empresa "Pesquera Mar" Sociedad Anónima contra sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintinueve, de fecha treinta de abril de mil novecientos noventisiete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera instancia de fojas trescientos sesenta, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventiséis, que declara infundada la demanda de fojas noventiuno, sobre nulidad de acto jurídico, de reivindicación y otros extremos.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La empresa recurrente sustenta su recurso en las causales de interpretación errónea e inaplicación de normas de derecho material previstas en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; que con relación a la primera señala que la Sala Civil interpreta erróneamente el Artículo segundo del Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno, al considerar que la inscripción en los Registros Públicos que dicha norma dispone, tiene el carácter de definitiva y no una anotación provisional; que respecto a la segunda sostiene que la sentencia ha inaplicado el inciso cuarto del Artículo doscientos veintiuno del Código Civil, que se contrae a la anulabilidad de los negocios jurídicos cuando la ley lo declara anulable, alegando que la inscripción de la transferencia a nombre de la Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima -PESCA PERU- estaba condicionada a la conclusión del proceso de expropiación.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, el Decreto Ley número veinte mil, declarando de interés social y necesidad pública la extracción y transformación de la anchoveta en harina y aceite, dispuso la expropiación en favor del Estado de las acciones emitidas por las empresas que extraen este producto marino con el mismo fin; que posteriormente por Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno, se dispuso la traslación de dominio de los bienes inmuebles provenientes de las empresas pesqueras cuyas actividades fueron expropiadas a favor de la Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima -PESCA PERU- con su consiguiente inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble, independientemente, de la conclusión del referido proceso de expropiación.

Segundo.- Que, las instancias de mérito apreciando la prueba actuada han establecido como hecho probado, que por escritura pública del seis de abril de mil novecientos setentinueve, PESCA PERU, previa autorización concedida por Decreto Supremo número ciento cincuenticuatro - setentiocho - PE, transfirió a favor de Inversiones Industriales Carolina Sociedad Anónima, el inmueble ubicado en la unidad no operativa mil doscientos dos del departamento de Ancash, provincia del Santa, distrito de Chimbote, objeto de la controversia.

Tercero.- Que, los títulos de dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles originan por norma general una inscripción definitiva en los Registros Públicos, sin necesidad de precisar en el asiento de su referencia que se trata de una inscripción con este carácter, sin embargo, las anotaciones preventivas que extiende el Registrador en los casos específicamente determinados en los Artículos setentinueve y ochentitrés del Reglamento de Inscripciones, por constituir una excepción a la regla, requieren necesariamente de la indicación expresa en este sentido, tanto más si estas anotaciones tienen una vigencia temporal por el plazo que el reglamento prevé, vencido el cual opera la caducidad.

Cuarto.- Que, los registradores están facultados para suspender una inscripción y extender a cambio una anotación preventiva cuando advierten faltas subsanables en los títulos, lo que no ha sucedido en el presente caso, no sólo porque en el asiento de inscripción de fojas cuarentitrés no se hace referencia a una anotación preventiva sino también porque el Artículo segundo del Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno ordena la inscripción, independientemente, de la conclusión de los correspondientes procedimientos de expropiación; que en consecuencia, hay que admitir que se trata de una inscripción definitiva, por lo tanto no hay error de interpretación en la aplicación de la citada norma, no dándose el caso de la causal invocada en este sentido; máxime, si la interesada tampoco formuló las observaciones pertinentes en su momento exigiendo en todo caso una anotación preventiva hasta la cancelación del justiprecio.

Quinto.- Que, teniendo en cuenta las razones precedentes, cuando Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima adquiere el inmueble en litis a título oneroso de poder de Pesca Perú Sociedad Anónima, esta empresa tenía inscrito su dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble, razón por la que compró bien porque lo hizo bajo la fe registral y en tal virtud no puede responder por los errores u omisiones en que pudo haber incurrido el Estado con motivo del proceso de expropiación que concluyó por resolución judicial que declaró el abandono y caducidad de dicho procedimiento.

Sexto.- Que, la demanda de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre Pesca Perú y Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, se apoya en hechos independientes y anteriores a este negocio jurídico, por lo que no puede afectar al tercero que adquiere bajo la fe registral y en tal sentido el inciso cuarto del Artículo doscientos veintiuno del Código Civil, citado como fundamento de la causal del inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil no resulta pertinente al caso para su aplicación.

Sétimo.- Que, lo propio se puede sostener con relación a la escritura pública de constitución de garantía hipotecaria otorgada por Consorcio Pesquera Carolina Sociedad Anónima a favor del Banco Continental, gravando dicho bien, porque ambos negocios jurídicos se han perfeccionado bajo la fe registral y los daños que ha podido sufrir el propietario originario demandante tendrían que ser reparados en acción contra el responsable que se ha enriquecido indebidamente; siendo de advertir que en tal sentido el actor viene ejerciendo su derecho como consta de las copias presentadas.

Octavo.- Que, la recurrente refiriéndose al Artículo dos mil catorce del Código Civil alega que dicha norma deviene inaplicable al caso, por incompatibilidad con la Constitución Política del Estado que consagra la inviolabilidad de la propiedad, para luego agrega, que aun cuando fuere aplicable, no se aplicó debidamente al fallar la causa; que esta motivación que carece de claridad y precisión ha inducido a error a la Sala para declarar también procedente el recurso por la causal de inaplicación de una norma de derecho material; que en realidad la cita de esta norma sustantiva ha tenido lugar a mayor abundamiento, puesto que la apelada cita en primer orden el Artículo mil cincuentidós del Código Civil de mil novecientos treintiséis, que es la norma aplicable al caso por razones de temporalidad, de modo que la invocación de ambos dispositivos legales resulta pertinente ya que contienen el mismo texto legal; pareciera sin embargo que la demandante hace alusión al Artículo dos mil catorce, bajo el supuesto que la compradora Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima no habría procedido de buena fe, en razón de haber conocido que el proceso de expropiación se encontraba tramitándose aún, pero ya hemos visto que se trata de una inscripción que reviste el carácter de definitiva en cumplimiento de ley expresa, caso en el cual como ya se ha dicho el perjudicado sólo tiene que recurrir a la acción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados, en virtud a que todas las transferencias producidas bajo la fe del Registro con posterioridad a la que se hiciera a nombre de PESCA PERU, gozan de garantía que otorga el Registro;

Que por estas consideraciones, no habiéndose demostrado la existencia de las causales invocadas; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo y de conformidad con lo previsto en el Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil; declararon INFUNDADO el Recurso de Casación de fojas cuatrocientos setentidós, interpuesto por la Empresa "Pesquera Mar" Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintinueve, de fecha treinta de abril de mil novecientos noventisiete; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; MANDARON que se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Pesquera Mar Sociedad Anónima representada por don Pedro Mariano Saavedra Montero con la Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima PESCA PERU y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otros; y los devolvieron.

SS. URRELLO A.; ALMENARA B.; RONCALLA V.; CELIS Z.

 

EL VOTO DEL SEÑOR ECHEVARRIA ADRIANZEN ES COMO SIGUE:

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, la Constitución de mil novecientos treintitrés vigente para el caso por razón de tiempo, dada la época en que se produjo la expropiación de las acciones de la demandante y la transferencia del inmueble en favor de la codemandada Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, y que fuera modificada por la Ley número quince mil doscientos cuarentidós, establecía en su Artículo veintinueve, principalmente que la propiedad era inviolable y que a nadie puede privarse de la suya sino en virtud del mandato judicial o por causa de utilidad pública o de interés social probada legalmente y previa indemnización justipreciada;

Segundo.- Que, el Decreto Ley número veinte mil, considerando que la anchoveta era un recurso natural y aleatorio que pertenece a todo el pueblo peruano, razón por la cual debía administrarse con el interés de la colectividad y en función de las necesidades del país y que existía una deficiente estructura en la industria de harina de pescado que hacía necesario su racionalización, declaró de interés social y necesidad pública la extracción y transformación de la anchoveta en harina y aceite y en consecuencia dispuso la expropiación en favor del Estado de las acciones emitidas por empresas que extraen y transforman la anchoveta en harina y aceite;

Tercero.- Que, por Decreto Ley número veinte mil quinientos veintitrés y considerando que por el Decreto Ley número veinte mil, se había declarado de interés social y necesidad pública la extracción y transformación de la anchoveta en harina y aceite, ordenando en consecuencia la expropiación de las acciones emitidas por las empresas que se dedicaban a dichas actividades y que existiendo algunos bienes provenientes de las empresas expropiadas que no iban a ser utilizados por PESCA PERU, como consecuencia de la racionalización de la industria de harina y aceite de anchoveta que se venía llevando a cabo, así como inversiones en actividades pesqueras de consumo humano directo y procesamiento de residuos y en otras distintas a la actividad pesquera que no corresponden al objeto social de la citada empresa pública y con el fin de proponer a la mejor utilización de los activos que constituyen el patrimonio del Estado, se autorizó a PESCA PERU a transferir previa autorización del Ministerio de Pesquería los siguientes activos que provenían de las empresas cuyas acciones fueron expropiadas por el Decreto Ley número veinte mil: a) los bienes y/o insumos que se apliquen a la extracción y transformación de la anchoveta en harina y aceite de pescado y que no sean utilizados por PESCA PERU dentro de la racionalización que venía efectuando; b) los bienes o insumos que se destinen a la extracción y/o transformación de pescado para consumo humano directo o al procesamiento de residuos; c) las inversiones y/o bienes destinados a actividades distintas a la pesquería;

Cuarto.- Que, por Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno se dispuso la traslación de dominio de los bienes inmuebles y su consiguiente inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble provenientes de las empresas pesqueras cuyas actividades fueron expropiadas por el Decreto Ley número veinte mil se efectuará directamente a favor de PESCA PERU y que dicho registro se efectuará independientemente de la conclusión de los correspondientes procedimientos de expropiación;

Quinto.- Que, por el Decreto Supremo número ciento cincuenticuatro - setentiocho - PE, de fecha siete de noviembre de mil novecientos setentiocho, se autorizó a PESCA PERU a transferir a Inversiones Industriales Carolina Sociedad Anónima, una serie de activos vinculados con la transformación de la anchoveta en harina de pescado y entre ellos el lote de terreno industrial del departamento de Ancash, provincia del Santa, distrito de Chimbote, cuya área y linderos constan en dicho Decreto Supremo y que es materia del presente proceso;

Sexto.- Que, se encuentra reconocido como hecho probado en este proceso, que por escritura pública de fecha seis de abril de mil novecientos setentinueve, otorgada ante el Notario Público Abraham Velarde Alvarez, PESCA PERU transfirió a favor de Inversiones Industriales Carolina Sociedad Anónima el inmueble ubicado en la unidad no operativa número mil doscientos dos del departamento de Ancash, provincia del Santa, distrito de Chimbote, materia de este proceso y que la venta se hacía en uso de la autorización del Decreto Ley número veinte mil quinientos veintitrés;

Sétimo.- Que, las acciones de la demandante fueron expropiadas al amparo del Decreto Ley número veinte mil, porque se dedicaba a la extracción y transformación de la anchoveta en harina de pescado, es decir contaba con una fábrica para tal objeto, lo que se ratifica con el hecho de que sobre el lote del terreno, se había edificado una construcción donde se instaló la industria de transformación de la anchoveta en harina de pescado;

Octavo.- Que, con estos antecedentes es preciso determinar si como afirma la codemandada Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, su compraventa comprendida en el Artículo mil cincuentidós del Código Civil de mil novecientos treintiséis, vigente en la época en que se realizó la transferencia, que dispone que los actos que se ejecuten o los contratos que se otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello, una vez inscrito, no se invalidarán en cuanto a los que con ella hubiesen contratado por título oneroso aunque se anule el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro;

Noveno.- Que, en los Registros Públicos constaba claramente que la traslación de dominio en favor de PESCA PERU se realizó por expropiación establecida por el Decreto Ley número veinte mil y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno;

Décimo.- Que, como el Decreto Ley número veinte mil se mantenía vigente en la época en que la codemandada adquirió el inmueble y ella conocía mediante los Registros Públicos, que era producto de una expropiación, no podía ignorar el Artículo veintinueve de la Constitución de mil novecientos treintiséis (en realidad es del año 1933), modificada por la Ley número quince mil doscientos cuarentidós, que la demandante sólo podía ser privada de su propiedad por causa de utilidad pública o de interés social y previa indemnización justipreciada;

Décimo Primero.- Que, tampoco podía ignorar que por el Decreto Ley número veinte mil, se había declarado de interés y necesidad pública la extracción y transformación de la anchoveta de harina y aceite y que el principal considerando de dicho Decreto Ley se basaba en que la anchoveta pertenecía a todo el pueblo peruano y debía administrarse en armonía con el interés de la colectividad y en función de las necesidades del país;

Décimo Segundo.- Que, la expropiación por interés social y de necesidad pública, supone que el Estado va a explotar o usar el bien expropiado o en cumplimiento de su función social y del interés público lo va a utilizar en beneficio de la comunidad, como por ejemplo sucede cuando se trata de irrigaciones o ensanche o acondicionamiento de poblaciones;

Décimo Tercero.- Que, dentro del concepto de interés social y necesidad pública no puede darse la expropiación de un bien de una empresa por el Estado, para luego transferirlo a otra, lucrando con dicha venta, porque se trataría de un simple cambio de dueño por disposición del Estado en perjuicio del expropiado, y sin que exista para ello interés social o necesidad pública;

Décimo Cuarto.- Que, no puede discutirse el afán de lucro por el Estado de dicha venta, porque de acuerdo con la demanda de expropiación que en copia certificada corre en autos, las acciones expropiadas de la empresa demandante carecían de valor patrimonial, por lo que el expropiante no tenía suma alguna que pagar y en cambio la venta del inmueble solamente se realizó por el precio de veinticuatro millones quinientos mil soles oro;

Décimo Quinto.- Que, más aún la codemandada no podía ignorar tampoco que el Decreto Supremo mencionado anteriormente, que autorizó la transferencia por PESCA PERU a favor de ella, solamente comprendió el lote de terreno y en la escritura de compraventa se incluyó el inmueble, es decir el lote y su construcción, por lo que fue más allá de la resolución autoritativa;

Décimo Sexto.- Que, también hay que considerar que al adquirir la codemandada los bienes autorizados por el Decreto Supremo número ciento cincuenticuatro - setentiocho - PE, eran para dedicarse como lo hizo la transformación de la anchoveta en harina y aceite, mientras se encontraba vigente el Decreto Ley número veinte mil, que precisamente disponía la expropiación de las empresas que se dedicaban a dicha actividad, lo que implicaba que dicha empresa sí podía realizar, autorizada por el Estado, lo que dicho dispositivo le prohibía a la expropiada y que fue el origen de la expropiación de sus acciones y que ello atentaba contra el Artículo veintitrés de la Constitución de mil novecientos treintitrés, que garantizaba la igualdad ante la ley;

Décimo Sétimo.- Que, toda esta situación se agrava, porque por resolución judicial se declaró el abandono y la caducidad del procedimiento de expropiación de las acciones de la expropiada Pesquera Mar Sociedad Anónima, por falta de pago del Estado y se dispuso la restitución de las acciones y bienes muebles e inmuebles de propiedad de Pesca Mar Sociedad Anónima;

Décimo Octavo.- Que, el Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, no podía ignorar tampoco que tratándose de una expropiación, para que ella fuera válida, la Constitución exigía el previo pago de una indemnización justipreciada y que si ello no ocurría, la expropiación no tendría validez, por lo que al disponer el Decreto Ley número veintidós mil ciento cuarentiuno, la inscripción de los bienes inmuebles en los Registros de la Propiedad Inmueble, independientemente de la conclusión de los correspondientes procedimientos de expropiación, afectaba la garantía constitucional y el derecho de propiedad de la expropiada;

Décimo Noveno.- Que, en consecuencia el problema a dilucidar en la presente casación, es esencialmente constitucional, por el respeto que merece el derecho de propiedad garantizado por nuestra Carta Magna, que ha sido afectado en el caso de la demandante por los Decretos Leyes y demás dispositivos legales promulgados y por la actitud del Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima;

Vigésimo.- Que, el tratadista Germán J. Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional, tomo primero, en la página doscientos ocho, expresa: "la Constitución es Suprema y por ser Suprema obliga normativamente a que las ulteriores normaciones jurídicas se ajustan a sus disposiciones, so pena de reputarlas anticonstitucionales y, por ende, afectadas de nulidad. Ya no es una supremacía puramente existencial; no dice que todo el orden jurídico sea de tal modo y no de otro porque la Constitución le confiera un fundamento determinado y no otro; dice que todo el orden jurídico debe subordinarse a las normas de la Constitución y que si así no lo hace se verá privado de validez. La validez de ese orden se imputa a la norma constitucional originaria. Es entonces, un problema de validez y no de facticidad". Además, agrega Bidart en la misma obra, en la página doscientos veintiuno: "La Constitución escrita, además de organizar al Estado, reconoce a los individuos un determinado status de derecho y libertades. Es la parte dogmática, en la cual aparecen las prerrogativas de los hombres y de las instituciones, sus garantías, acciones, etc. Al investir así a los sujetos de derecho de tales facultades jurídicas, la Constitución obliga a los sujetos pasivos a no conculcar esas atribuciones; es decir, veda las violaciones, los abusos, el desconocimiento de los derechos individuales. Y en esa prohibición involucra como sujeto pasivo universal a todos y a cualquiera: a los particulares, al Estado, a sus funcionarios, etc. De tal modo cualquier acto de la autoridad o de los particulares contrario a la Constitución puede y debe ser argüido de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad no es entonces, privativa de las leyes o de las normas jurídicas que vulneran la Constitución, sino de toda actividad que no se ajusta a la Constitución";

Vigésimo Primero.- Que, tratándose de un problema constitucional, resulta de aplicación la segunda parte del Artículo ciento treintiocho de la Constitución vigente, que dispone que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, lo que determina que se prefiera los Artículos veintitrés y veintinueve de la Constitución de mil novecientos treintitrés, modificada por la Ley número quince mil doscientos cuarentidós, a los Decretos Leyes números veinte mil quinientos veintitrés y veintidós mil ciento cuarentiuno y el Decreto Supremo número ciento cincuenticuatro - setentiocho - PE;

Vigésimo Segundo.- Que, para aplicar los Artículos veintitrés y veintinueve de la Constitución Política de mil novecientos treintitrés al caso de autos, es necesario concordarlos con el inciso segundo, del Artículo mil ciento treintitrés del Código Civil de mil novecientos treintiséis, dado que es el que regía cuando el Estado transfirió al Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, el inmueble materia de autos;

Vigésimo Tercero.- Que, el objeto de la venta de PESCA PERU al Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima fue ilícito por infringir los Artículos veintitrés y veintinueve de la Constitución de mil novecientos treintitrés, porque el Estado no podía vender lo que había expropiado, sin el previo pago de la indemnización justipreciada, porque no podía expropiar las acciones de una empresa, para luego transferir los bienes a otra, para realizar las actividades que se le prohibían a la expropiada, porque con ello infringía la garantía constitucional de la igualdad ante la Ley y desaparecían las causas de interés social o de utilidad pública al efectuar la venta;

Vigésimo Cuarto.- Que, por todo lo expuesto el Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima no podía ignorar los dispositivos constitucionales antes referidos y su primacía sobre la ley, porque constaba en los Registros Públicos los Decretos Leyes en virtud de los cuales se realizaba la expropiación, lo que determina que no se puede amparar en el Artículo mil cincuentidós del Código Civil de mil novecientos treintiséis, para justificar su compra;

Vigésimo Quinto.- Que, en relación con la nulidad del acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria y ampliación de la misma, efectuada por la sociedad demandada en favor del Banco Continental del Perú, hay que considerar que dicho crédito fue en beneficio de la planta industrial que forma parte de los bienes que al declararse el abandono y la caducidad del procedimiento expropiatorio se han ordenado devolver a la demandante, por lo que el inmueble materia de la acción debe ser restituido en el estado en que se encuentre, incluyendo la hipoteca que lo grava, lo que determina que la nulidad del acto jurídico, no puede afectar a la hipoteca y su ampliación;

Vigésimo Sexto.- Que, existiendo otra acción de parte de la demandante por pago de indemnización por daños y perjuicios, el pago de los frutos deberá discutirse en dicho proceso, pero no en relación con los otros petitorios de la demanda, que están vinculados al derecho de propiedad;

Vigésimo Sétimo.- Que, sin embargo el Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima, debe tener a salvo su derecho para interponer las reclamaciones judiciales que pudieran corresponderles;

Vigésimo Octavo.- Que, al resultar inaplicados los Artículos veintitrés y veintinueve de la Constitución de mil novecientos treintitrés y el inciso segundo del Artículo mil ciento veintitrés del Código Civil de mil novecientos treintiséis, se ha presentado la causal prevista en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil;

Por lo que de conformidad con el Dictamen Fiscal; y de acuerdo a lo previsto en el inciso primero, del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; MI VOTO es porque se declare FUNDADO el Recurso de Casación de fojas cuatrocientos setentidós, interpuesto por PESCA PESCA MAR Sociedad Anónima; en consecuencia se declare NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintinueve, su fecha treinta de abril de mil novecientos noventisiete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; y Actuando en sede de instancia: se REVOQUE la sentencia apelada de fojas trescientos sesenta, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventiséis, que declaró infundada la demanda de fojas noventiuno y Reformándola se declare Fundada en parte la demanda de fojas noventiuno, en consecuencia Nulo el acto jurídico de compraventa celebrado entre la Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima PESCA PERU como vendedora y la Compañía Inversiones Industriales Carolina Sociedad Anónima, hoy Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima; respecto del inmueble ubicado en La Calera de Coishco, distrito de Chimbote, provincia del Santa; Nula la Escritura Pública celebrada por dichas partes con fecha seis de abril de mil novecientos setentinueve, ante el Notario Público doctor Abraham Velarde Alvarez, por tanto se proceda a la reivindicación y devolución del terreno materia de la presente litis, por parte del Consorcio Pesquero Carolina Sociedad Anónima a la demandante; Nulo el asiento registral número siete del folio trescientos noventinueve del tomo ochenticinco de los Registros Públicos de Chimbote e improcedente la demanda de Pago de Frutos y se CONFIRME la sentencia apelada en cuanto declaró infundada la demanda de nulidad del acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria y ampliación de la misma, efectuada por la Sociedad demandada en favor del Banco Continental y la nulidad de los asientos registrales números veinte y veintidós, y en lo demás que contiene; en los seguidos por Pesquera Mar Sociedad Anónima representada por don Pedro Mariano Saavedra Montero con la Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima PESCA PERU y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otros.

S. ECHEVARRIA A.

FUENTE                                  :   Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, miércoles 23 de diciembre de 1998, Págs. 2273-2275.

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8858 comments

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