CARPIO ABOGADOS Y ASOCIADOS
CIVIL
Menu
A+ A A-

Derechos Reales

Derechos Reales

 

Acción reivindicatoria (*)

 

(*) Esta jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 8 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

El propietario de un inmueble interpone acción reivindicatoria contra el poseedor directo del bien, sin embargo se declara la improcedencia pues el poseedor acredita su calidad de propietario con derecho  inscrito anterior al del demandante, poniendo en evidencia la irregular existencia de dos partidas registrales referidas a un mismo inmueble.

 

Expediente 497-96

 

LIMA

 

Lima, trece de Mayo de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS ; por los fundamentos de la recurrida; y CONSIDERANDO: que es improcedente la demanda de autos, ya que la acción de reivindicación sólo procede contra el poseedor no propietario, situación que no se da en favor de la demandada puesto que con el título de propiedad otorgado a nombre de la referida emplazada y que corre a fojas noventicinco y noventiséis de autos y con la copia literal de dominio de fojas ochenta, se acredita que ésta tiene la calidad de propietaria del inmueble sub-litis, habiendo inscrito su derecho con fecha treinta de enero de mil novecientos ochentiséis, es decir, con anterioridad al título del demandante, quien recién registró su derecho con fecha catorce de noviembre de mil novecientos ochentiocho, conforme aparece del asiento dos-C de la Ficha trescientos cuatro mil trescientos nueve del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que corre a fojas treintiocho de autos, que si bien es cierto que resulta irregular la existencia de dos partidas registrales referidas a un mismo inmueble y que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres haya transferido la propiedad del mismo inmueble a dos personas distintas, no corresponde que en la presente acción se emita pronunciamiento alguno sobre el particular, por no tratarse de materia controvertida: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento ochenticinco, su fecha doce de julio de mil novecientos noventiséis, que confirmando la de primera instancia de fojas ciento treinticuatro a ciento treintiséis, su fecha doce de enero del mismo año, declara IMPROCEDENTE la acción reivindicatoria planteada e INFUNDADA la demanda; con lo demás que contiene, dejando a salvo el derecho de las partes para accionar respecto de las irregularidades antes mencionadas y otras que pudieran existir respecto de los hechos a los que las partes hacen referencia en la presente acción, condenaron en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lo interpuso en los seguidos por Hernán Nemesio Anchorena con Marina Zevallos de Galván, sobre restitución de bien inmueble; y los devolvieron.

 

SS.

IBERICO

RONCALLA

SEMINARIO

TINEO

ALMEYDA

 

 

Acción reivindicatoria: concepto (A)

 

Acción reivindicatoria es la que tiene el propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario.

 

Expediente 1322-90-LIMA

 

Lima, 17 de junio de 1992

 

VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: Que conforme a la mejor doctrina, acción reivindicatoria es la que tiene el propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario; que en consecuencia, un extremo de la acción exige la probanza plena del derecho de propiedad de la cosa reclamada y el otro, que quien posee lo hace sin título alguno; que en el presente caso, la reivindicación está dirigida al lote de terreno número veinte de la manzana B dos en Villa María del Triunfo, cuya propiedad adquirió el actor según instrumento que en copia corre a fojas trescientos cuarenta, repetida a fojas cuatrocientos setentinueve, inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble según copia certificada de fojas cuatrocientos ochenta; empero en la inspección ocular de fojas quinientos cincuentinueve se ha constatado que sobre dicho lote de terreno hay una edificación que el demandado y poseedor reclama haber levantado y sobre la que el actor no tiene título, lo que no permite hacer lugar a la reivindicación, pues previamente se debe esclarecer esa situación con la acción correspondiente; que con la demanda acumulada de fojas cuatrocientos sesentisiete, don Evaristo Huari Barraza pretende se anule el título que el Concejo Provincial de Lima otorgó al actor, y que se declare su mejor derecho a poseer; que la anulabilidad de un acto jurídico sólo puede ser deducida por quien ha sido parte en él y tampoco se ha probado vicio de nulidad que invalide dicho título, que el propietario tiene derecho a poseer y este derecho, que es exclusivo y excluyente, constituye el sustento real de la acción real reivindicatoria, por lo que también es infundado que se le reconozca mejor derecho a poseer, en conformidad con los artículos doscientos veintidós, doscientos diecinueve, ochocientos noventiséis y novecientos veintitrés del Código Civil(1) ; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas seiscientos veintinueve, su fecha veintiséis de setiembre de mil novecientos noventa, en cuanto confirmando la apelada de fojas quinientos sesentiuno, su fecha trece de marzo del mismo año, declara fundada la demanda acumulada; en consecuencia nulo el título de compra-venta otorgado por el Gobierno, representado por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social a favor de don Raymundo Huari Barraza; con lo demás que contiene, reformando la primera y revocando la segunda, declararon IMPROCEDENTE la acción reivindicatoria interpuesta a fojas cinco; e infundada las acciones de nulidad y mejor derecho de la demanda acumulada de fojas cuatrocientos sesentisiete; declararon NO HABER NULlDAD en lo demás que contiene y es materia del recurso; y los devolvieron; en los seguidos por don Raymundo Huari Barraza con Evaristo Huari Barraza y otra sobre reivindicación.

 

S.S. CASTILLO/ URRELLO/ BACA/ MENDOZA/ SANCHEZ

 

Acción reivindicatoria: Hechos a ser probados por el sujeto reivindicante

 

«... Aquel que ejercita la acción reivindicatoria debe probar su dominio y demostrar, además que el demandado posee indebidamente el bien...»

 

EXPEDIENTE   :           107 - 96.

 

ORGANO JURISDICCIONAL     :           CUARTA SALA CIVIL (Corte Superior de Justicia).

REFERENCIA LEGAL   :           - Código Civil: Arts. 950 y 1969.

 

Lima, diecinueve de Abril de

mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la Doctora Hidalgo Morán; con los incidentes de tacha que se agregarán a los principales; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que aquel que ejercita la acción reivindicatoria debe probar su dominio y demostrar, además que el demandado posee indebidamente el bien; Segundo.- Que en el caso de autos la propiedad respecto del bien inmueble que mediante la presente acción se pretende reivindicar, constituido por el lote de terreno número cinco, de la manzana Ñ uno, con frente a la calle Cosmos, hoy Hércules ciento sesentitrés de la Urbanización San Roque, corresponde indiscutiblemente al accionante, quien con los instrumentos probatorios aludidos en el tercer considerando de la sentencia recurrida ha probado a plenitud su dominio; Tercero.- Que, de otro lado, ha quedado también establecido de actuados; que la posesión del demandado respecto del mismo inmueble es indebida, no pudiendo pretender convalidarse la misma con el pago de la deuda coactiva referida al terreno, o con cualquier construcción que de manera indebida hubiera hecho el demandado en terreno ajeno; Cuarto.- Que la reconvención planteada en el escrito de contestación de demanda, y que contiene la pretensión de usucapión, no sólo no resulta atendible por la consideración señalada por la A-quo; sino también, porque de autos no fluye probanza alguna que acredite que el demandado reúna respecto del inmueble los requisitos que para ello exige de manera expresa el artículo novecientos cincuenta del Código Civil; Quinto.- Que cabe analizar asimismo, el hecho que en esta instancia, el demandado presente copia simple de resolución emitida con fecha dieciocho de Abril de mil novecientos noventicuatro, por la cual un Juzgado Civil de esta capital habría declarado fundada la solicitud de acumulación solicitada por él, en una acción intentada sobre prescripción adquisitiva de dominio; que al respecto, se tiene que en principio, al tratarse de copia simple no puede ser tomada en consideración como resolución en forma que someta a su contenido, que a mayor abundamiento, de comprobarse su autenticidad, dado el estadio actual de la acción, ya no surtiría los efectos que justamente una acumulación procesal pretende, la cual es sentenciar conjuntamente las pretensiones materia de tal acumulación; y de otro lado, debe puntualizarse además que atender a la pretensión del demandado, de tener a la vista tal expediente, importaría dar cabida a actuaciones procesales evidentemente maliciosas y que por imperio de la ley, deben ser rechazadas de plano, puesto que si consideraba el demandado que tal acumulación resultaba neurálgica para la resolución de la controversia debió proceder a su ejecución inmediata, y no luego de dos años, y coincidentemente luego de la expedición de un fallo que no le resultó favorable; Sexto.- En cuanto a la indemnización solicitada por el demandante, resulta obvio que con la conducta del demandado -materia de la demanda-, ha sido dañado por éste y por ende existe la obligación del dañante de resarcir económicamente al dañado, conforme a lo previsto en el artículo mil novecientos sesentinueve del Código Civil; por tales razones: CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento sesentidós, su fecha veinticuatro de Octubre del año próximo pasado que declara Infundada la reconvención de fojas diecinueve, improcedentes las tachas y Fundada la demanda de fojas siete, en consecuencia que corresponde a don Edilberto Farfán Gutiérrez el lote número cinco, manzana Ñ uno de la calle Cosmos, de la Urbanización San Roque del distrito de Surco, debiendo restituirle el demandado don Hugo Enrique Gamboa Neyra dicho predio y fijando por todo concepto indemnizatorio la suma de mil nuevos soles, más intereses y costas; y los devolvieron.- Señores: TINEO CABRERA / HIDALGO MORAN / CARBAJAL PORTOCARRERO.

 

 

Acción reivindicatoria: patrimonio (A)

 

No es necesaria la intervención de la cónyuge cuando se trata de reivindicar los bienes comunes de la sociedad conyugal

 

Expediente 1301-85

 

APURIMAC

 

Lima, diecinueve de agosto de mil novecientos ochentiséis.

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: que en el caso de autos no se trata de enajenación y gravamen de propiedad común, sino de una acción de reivindicación de la misma en defensa del citado patrimonio; que por lo tanto no es necesaria la intervención de la cónyuge, no siendo de aplicación lo que dispone el artículo ciento ochentiocho del Código Civil derogado(1) : declararon NULA la resolución de vista de fojas setentiocho, su fecha veinte de junio de mil novecientos ochenticinco; MANDARON que la Corte Superior de Apurímac emita nuevo fallo sobre el fondo de la cuestión controvertida; en los seguidos por Gabriel Mendoza Orozco con Teófilo Salinas Chacón; sobre reivindicación e indemnización por daños y perjuicios, y los devolvieron. SS.- GALVEZ - ALFARO - DELGADO - MANRIQUE - GAMERO.

 

SE PUBLICO CONFORME A LEY

 

BERNANDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema.

 

 

Acción reivindicatoria: preferencia

 

La acción reivindicatoria es aquella que permite al propietario no poseedor hacer efectivo su derecho contra el poseedor no propietario, ya sea recuperando lo propio luego de un despojo o indebida posesión, o sólo reconociendo su derecho y calidad de dueño.

No obstante que los demandados tienen un título respecto del bien, sin embargo, el derecho a favor de los accionantes resulta preferente por encontrarse inscrito en los Registros Públicos.

 

Expediente 1003-97

 

Sala Nº 4

 

Lima, tres de julio de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; Interviniendo como Vocal Ponente la doctora Aranda Rodríguez; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además; Primero.- Que la acción reivindicatoria es aquella que permite al propietario, no poseedor hacer efectivo su derecho contra el poseedor no propietario, ya sea recuperando lo propio luego de un despojo o indebida posesión o tenencia, o cuando corresponda sólo reconociendo su derecho y calidad de dueño; Segundo.- Que en el caso de autos ha quedado demostrado que los demandantes Fermín Pedro Capistrano Medina y doña Bernarda Herlinda Medina de Capistrano han adquirido el inmueble sub-materia mediante contrato de Compra-Venta elevado a escritura Pública con fecha seis de setiembre de mil novecientos noventicinco según se aprecia del testimonio correspondiente de fojas tres a cinco, encontrándose inscrito el derecho de propiedad en el código P02007023 del Registro Predial de Lima; Tercero.- Que no obstante que los demandados también tienen un título respecto del bien, según se aprecia del documento de fojas treintiuno, referente a la Compra-Venta celebrada con la anterior propietaria doña Rosalía Auris Marca, sin embargo el derecho a favor de los demandantes resulta preferente por encontrarse inscrito, según la norma contenida en el artículo mil ciento treinticinco del Código Civil; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento cinco a ciento seis su fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventiséis, que declara Fundada la demanda de fojas nueve a once y su subsanación de fojas quince entendiéndose que el dominio sobre el inmueble ubicado en el lote diez de la Manzana (UCV)77 del Asentamiento Humano "Huaycán" distrito de Ate-Vitarte, Lima, materia de la demanda corresponde a los demandantes, el mismo que debe ser restituido a éstos; con lo demás que contiene; Hágase saber y devuélvase al Juzgado de origen.

 

S.S.

ARANDA RODRIGUEZ

DIAZ VALLEJOS

MARTEL CHANG

 

 

Acción reivindicatoria y usufructo

 

Procede la acción reivindicatoria interpuesta por persona jurídica distinta a la que constituyó el usufructo, contra quien ejerce el usufructo temporal de un bien. El pago de frutos no es procedente si el demandado posee en mérito a un contrato con el anterior propietario.

 

Expediente 301-92

 

LA LIBERTAD

 

Lima, catorce de julio de mil novecientos noventitrés.-

 

VISTOS; con el acompañado; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: que consta del documento privado de fojas dieciocho, que don José Octavio Minchola Mantilla, a título de propietario exclusivo de "Galerías Minchola", con fecha primero de diciembre de mil novecientos setentiséis, cedió en venta real y enajenación perpetua los muebles y enseres de los puestos signados con los números siete y ocho del citado edificio, incluyendo la posesión, es decir, el usufructo del área de seis metros cuadrados con sesenta centímetros cuadrados, a favor del demandado Manuel Herrera Salvatierra; que el inmueble en referencia, desde el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta, ha pasado a constituir el capital social de la sociedad denominada "Galerías Minchola" Sociedad Anónima conformada por varios accionistas, es decir, persona jurídica distinta a la persona natural que constituyó el usufructo; que en consecuencia, siendo el usufructo temporal, para gozar del derecho de prelación frente a terceros como ocurre en el presente caso, necesariamente requiere de un título que reúna las exigencias del instrumento público inscrito, para los efectos a que se contrae el artículo dos mil dieciséis del acotado, en razón a que como todo acto jurídico se encuentra sometido a las eventualidades previstas por el numeral dos mil veintidós del mismo cuerpo de leyes; que no encontrándose inscrito el usufructo, pues nuestro ordenamiento jurídico, no prescribe como forma de constitución del convencional la escritura pública, la acción reivindicatoria resulta procedente, más no así, el pago de frutos, puesto que el demandado ha venido poseyendo en mérito a un contrato con el anterior propietario: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento sesenticinco, su fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventiuno, en cuanto confirmando en un extremo la apelada de fojas ciento cincuentidos, su fecha diecinueve de agosto del mismo año, declara INFUNDADA la demanda interpuesta a fojas nueve sobre pago de frutos; declararon HABER NULIDAD en la propia resolución en cuanto revocando la apelada, declara infundada dicha demanda en el extremo sobre reinvindicación; REFORMANDO la primera y CONFIRMANDO la segunda, declararon FUNDADO dicho punto y, en consecuencia, el demandado está obligado a desocupar y entregar a la demandante el área de seis metros cuadrados con sesenta centímetros cuadrados que ocupa en las "Galerías Minchola" Sociedad Anónima, stands números siete y ocho, con salida al jirón Bolívar número seiscientos ochentiocho, primer piso de la localidad de Trujillo; en los seguidos por "Galerías Minchola" Sociedad Anónima con Manuel Herrera Salvatierra sobre reivindicación y otro concepto; y los devolvieron.-

 

SS. URRELLO, MENDOZA, ALMENARA, LANDA, RONCALLA

 

 

Anticresis: formalidad ad solemnitatem (A)

 

El contrato de anticresis debe constar en escritura pública bajo sanción de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 1092 del Código Civil.

 

Expediente 1413-90

 

LA LIBERTAD.

 

EJECUTORIA SUPREMA

 

Lima, once de noviembre de mil novecientos noventiuno.

 

VISTOS; con el acompañado; y CONSIDERANDO: Que el contrato de anticresis tiene que constar en escritura pública, bajo sanción de nulidad, como lo establece el artículo mil noventidós del Código Civil; que esta regla imperativa no ha sido observada en el caso de autos, en que el referido contrato sólo aparece de la minuta de fojas cincuentinueve de veintidós de agosto de mil novecientos ochentinueve, con firmas legalizadas de los contratantes, la que no fue elevada a escritura pública como ordena la ley; que el acto afectado de nulidad absoluta se reputa inexistente, por lo que la resolución del contrato anticrético demandado resulta improcedente, porque ésta deja sin efecto un contrato válido como lo prescribe el artículo mil trescientos setentiuno(1) del acotado y no un acto jurídico nulo ipso jure, por no reunir la forma prescrita por la ley y tratarse de un acto jurídico ad solemnitatem; que, como lógica consecuencia las acciones de daños y perjuicios y entrega de bien, derivadas de la acción anterior tampoco pueden prosperar y la impugnación a la consignación efectuada carece de objeto ante las consideraciones expuestas: declararon HABER NULIDAD en la resolución de fojas setenticinco, su fecha quince de octubre de mil novecientos noventa; que confirmando la apelada de fojas sesentitres, fechada el treintiuno de agosto del mismo año, declarada fundada la demanda de fojas siete; reformando la primera y revocando la segunda: declararon IMPROCEDENTE dicha demanda en todas sus partes, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo ejercite con arreglo a la ley; en los seguidos por don Francisco Vásquez Zanini y otra con don Alejandro Miguel Rosas Fernández y otra, sobre resolución de contrato. -Interviniendo el doctor Roncalla de conformidad con el artículo ciento veintitrés de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y los devolvieron. - S.S. - NUGENT- BELTRAN - PORTUGAL- CASTILLO - RONCALLA - Se publicó conforme a ley.

 

BERNARDO DEL AGUILA PAZ Secretario General de la Corte Suprema

 

 

Bienes particulares y patrimonio cultural de la nación (C) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia  se publicó en el Tomo N° 2 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

PALOMINO MANCHEGO, JOSE F.

 

Con especial referencia a la doctrina más moderna, el autor de estos comentarios afirma que los bienes que son patrimonio cultural de la nación, tienen un tratamiento especial distinto a aquéllos que son regulados por el libro de Derechos Reales del Código Civil. Critica en este sentido las fundamentaciones jurídicas del Tribunal de Garantías Constitucionales porque el fallo se apoya en conceptos que son propios del Derecho Privado, sin tomar en consideración la naturaleza especial del patrimonio cultural.

 

 

Expediente  864-87/AA-La Libertad

 

DICTAMEN 445-87-MP-FS-CA

 

Señor Presidente:

 

Viene a este Despacho en recurso de nulidad, la acción de amparo interpuesta a fojas 27 por don Dragui Nestorovic Markovic contra el Ministerio de Educación, concretando su acción a que se deje sin efecto el mandato administrativo expedido por R.M. Nº 114-85-ED, su fecha 4 de febrero de 1985, por los fundamentos que invoca; demanda que a fojas 112 y en primera instancia es declarada improcedente, y confirmada a fojas 140 por la Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad.

 

La doctrina en Derecho Constitucional contempla como uno de los principios de la acción de amparo la necesidad del agota-

 

miento de la vía previa para su procedencia, requisito indispensable para satisfacer la finalidad del amparo, esto es, ser el último remedio jurídico contra la arbitrariedad, principio que se encuentra plasmado en el artículo 27 de la Ley Nº 23506. Consecuentemente, agotar la vía previa (administrativa) significa que la Administración Pública haya terminado un asunto con respecto a un particular, expidiendo la resolución respectiva, o que el particular cumpla con la reclamación administrativa y ésta se pronuncia al respecto ya sea en forma expresa o tácita; dejando expedito el camino para recurrir a la vía judicial mediante los recursos que la ley le franquea.

 

Lo expuesto, en opinión de esta Fiscalía, fundamenta la improcedencia de la Acción incoada a fojas 27 por lo siguiente:

 

Por escrito que en copia certificada corre a fojas 9, don Dragui Nestorovic Markovic solicita se deje sin efecto la notificación que se le cursó (fojas 1), con lo cual dió por iniciado un proceso administrativo con arreglo a lo que dispone el Reglamento de Procedimientos Administrativos, desprendiéndose de esta manera que aún no se había agotado la vía previa a la que hace mención el artículo 27 de la Ley Nº 23506 al momento de interponerse la presente acción, supuesto que se confirma a fojas 170 en la que corre la Resolución Ministerial Nº 276-86-ED que resuelve la petición formulada.

 

El recurrente sostiene que al haber transcurrido más de un año sin que se resuelva su pedido, procede el silencio administrativo y por lo tanto denegada su petición. Pero tal afirmación es inexacta dado que el artículo 90 del D.S. Nº 006-SC (Reglamento de Procedimientos Administrativos) establece el procedimiento a seguir para que una petición se considere denegada y funcione de esta manera el silencio administrativo, pero en autos no ha demostrado que hubiese dado cumplimiento a lo acotado.

 

Asimismo, el actor no ha acreditado fehacientemente y de manera indubitable estar incurso en alguna de las excepciones previstas por el artículo 28 de la Ley Nº 23506.

 

Por lo expuesto, esta fiscalía opina porque se declare NO HABER NULIDAD en la recurrida de fojas 140, su fecha 3 de febrero de 1987, que confirmando la apelada de fojas 112, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo incoada a fojas 27, en los seguidos por don Dragui Nestorovic Markovic.

 

Se remite copia del presente dictamen para que sea entregado al Sr. Procurador Público encargado de los asuntos del Ministerio de Educación.

 

Lima, 18 de agosto de 1987.

 

MANUEL S. CATACORA GONZALES, Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo.

 

A.A. EXP. 864-87 - LA LIBERTAD

 

Lima, veintiuno de julio de mil novecientos ochentinueve.-

 

VISTOS; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta, su fecha tres de febrero de mil novecientos ochentisiete que, confirmando la apelada de fojas ciento doce, fechada el catorce de octubre de mil novecientos ochentiséis, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta a fojas veintisiete por don Dragui Nestorovic Markovic contra el Ministerio de Educación; MANDARON que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución se publique en el Diario Oficial «El Peruano» por el término que establece el artículo cuarentidós de la Ley número veintitrés mil quinientos seis.- NOTIFICANDOSE.-

 

S.S. UGARTE DEL P. MANRIQUE D. PANTOJA R. HERNANDEZ DE R. ESQUERRA C.

 

Se publicó conforme a Ley

 

SYLVIA ASTETE BENAVIDES, Sub-Secretaria General de la Corte Suprema.

 

TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

 

Expediente 046-91-AA/TGC

 

CASO: DRAGUI NESTOROVIC MARKOVIC

 

SENTENCIA

 

En Arequipa a los seis días del mes de Junio de mil novecientos noventiuno, reunido el Tribunal de Garantías Constitucionales en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados:

 

Centurión Vallejo, Presidente;

Espinal Cruzado, Vicepresidente;

León Seminario;

Valenzuela Astete;

Díaz Valdivia;

Samanamud Rubin;

Mixán Máss; y

Núñez del Prado Cruz;

 

actuando como Secretaria la doctora Gabriela Guillén Fernández, pronuncia la siguiente sentencia en la causa vista en audiencia pública, oído el informe oral del señor defensor del demandante y después de haber deliberado en privado. Con los fundamentos de voto del magistrado doctor Espinal Cruzado.

 

ASUNTO.

 

Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por Dragui Nestrovic Marcovic contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha veintiuno de Julio de mil novecientos ochentinueve que ha declarado NO HABER LUGAR A NULIDAD en la sentencia de vista que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta.

 

ANTECEDENTES.

 

Don Dragui Nestorovic Markovic con su escrito de fojas veintisiete a treintisiete vuelta interpuso con fecha cinco de Junio de mil novecientos ochentiséis, Acción de Amparo contra el Ministerio de Educación a causa de la notificación escrita que le hizo el Procurador Público, el veintiocho de Mayo de mil novecientos ochenticinco invocando la Resolución Ministerial número ciento catorce del cuatro de febrero de mil novecientos ochenticinco, para que en el plazo de diez días hábiles «cumpla con demoler y clausurar las construcciones e instalaciones clandestinas y similares» de la Granja «San Nicolá», efectuadas en la Zona Arqueológica de CHAN CHAN, área intangible reconocida por Resolución Suprema número cero quinientos dieciocho del catorce de Junio de mil novecientos sesentisite. La citada notificación contenía, además, la advertencia de que «en caso de incumplimiento procederá a la ejecución por medio del Juzgado Coactivo».

 

El Juzgado admitió la demanda y corrió traslado.

 

El accionante en su demanda y durante el procedimiento ha sostenido:

 

Que la notificación precitada constituye «una amenaza contra su derecho de propiedad»; que no tiene la calidad de «invasor»; que el terreno lo adquirió lícitamente a título oneroso el treinta de Abril de mil novecientos sesentidós mediante escritura pública y de la Empresa «EL DEAN SOCIEDAD ANONIMA»; que la construcción e instalación en la mencionada Granja son de su exclusiva propiedad; que no son clandestinas dichas edificaciones; que su «propiedad» queda fuera de la Zona Intangible de CHAN CHAN; que en mil novecientos sesentisiete se amplió la zona reservada e intangible, ampliación que incluye su granja; invoca el artículo ciento veinticinco de la Constitución y el artículo novecientos treinta del Código Civil vigente; en definitiva, sugiere que el Estado debe sustituir el procedimiento de demolición por el de expropiación; propone ejemplos de expropiaciones habidas de monumento histórico que fueron de propiedad privada, como Machu Picchu, del Templo de Coricancha, cita la Ley que faculta expropiar el Templo de Chavín.

 

De la documentación presentada por el demandante resulta que: la edificación objeto de la «declaración de fábrica» terminó en Agosto de mil novecientos setenticinco; el auto-avalúo lo ha presentado el veintitrés de Mayo de mil novecientos ochentiséis y el Impuesto al Patrimonio Predial no Empresarial lo pagó también en esa misma fecha; los Certificados de Actividades fueron otorgados en Mayo y Setiembre de mil novecientos ochenticinco y mil novecientos setenticinco, respectivamente; el Certificado de Registro Comercial ha sido expedido el nueve de Noviembre de mil novecientos setentiocho; el Certificado de Saneamiento Ambiental ha sido expedido el veintitrés de Diciembre de mil novecientos ochenticinco; el Certificado en el Registro Agro Industrial es del diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenticinco; la Declaración Jurada de Impuesto de Funcionamiento es del veintitrés de Mayo de mil novecientos ochentiséis; y la historia de la propiedad que alega sobre el predio se retrotrae sólamente a la década del cuarenta del presente siglo como aparece inequívocamente a fojas tres. O sea, la mayoría de sus documentos son posteriores a mil novecientos sesentisiete.

 

El Procurador Público, defensor del demandado, haciendo previo resumen del contenido de la demanda, sostuvo que: la acción interpuesta es extemporánea porque -según él- entre el cuatro de Febrero de mil novecientos ochenticinco que es la fecha de la Resolución Ministerial ciento catorce y el cinco de Junio de mil novecientos ochentiséis que es la fecha de la demanda ha transcurrido con exceso el plazo para interponer la acción de amparo; que dicha acción de garantía constitucional es improcedente contra el mandato del Juzgado Coactivo; agrega que el demandante tuvo conocimiento pleno desde mil novecientos sesentisiete que el inmueble que conduce no es de su propiedad; seguidamente; acotó consideraciones de carácter histórico y una profusa cita de disposiciones legales. Pidió se declare improcedente.

 

La sentencia de Primera Instancia, esgrimiendo como fundamentos la caducidad del derecho para ejercitar la acción y el no agotamiento de la vía previa, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta. El demandante interpuso recurso de apelación. La sentencia de vista confirmó la apelada. Interpuso el recurso de nulidad y elevado el expediente a la Sala Civil Suprema, ésta ordenó vista Fiscal. El Fiscal en lo Contencioso Administrativo opinó por la improcedencia de la acción incoada por considerar que el demandante no ha agotado la vía previa ni está probado que esté «incurso» en la excepción prevista en el artículo veintiocho de la Ley veintitrés mil quinientos seis. La Resolución Suprema de fecha veintiuno de Julio de mil novecientos ochentinueve, «de conformidad con el dictamen fiscal» declaró No Haber Nulidad en la sentencia de vista.

 

El accionante, dentro del plazo legal, ha interpuesto Recurso Extraordinario de Casación contra la Resolución Suprema. Agotada la jurisdicción común (la vía judicial), el Tribunal de Garantías Constitucionales se avoca a resolver el Recurso de Casación interpuesto.

 

CONSIDERACIONES DELTRIBUNAL.

 

1.- La advertencia hecha al demandante por el Procurador Público de que, vencido el plazo concedido, recurrirá al Juzgado Coactivo para la demolición y clausura ordenadas en observancia de la Resolución Ministerial ciento catorce del cuatro de Febrero de mil novecientos ochenticinco, considerado por el accionante como «amenaza a su derecho de propiedad» (sic) está vigente aún: pero no ejercitó la acción dentro del plazo previsto por el artículo treintisiete de la Ley veintitrés mil quinientos seis;

 

2.- Una Resolución Ministerial, sea expedida de oficio o como culminación de un procedimiento administrativo, es una resolución de máxima instancia del Sector; siendo, entonces, inaplicable para el caso el artículo veintisiete de la Ley veintitrés mil quinientos seis. En efecto, la Resolución Ministerial número ciento catorce-ochenticinco-ED ha sido expedida en el Expediente «número cinco-mil trescientos ochenticinco-ochentidós».

 

3.- La notificación hecha al accionante por el Procurador Público, en cumplimiento de la Resolución Ministerial precitada para la desocupación del predio comprendido en la Resolución Suprema cero quinientos dieciocho del catorce de Junio de mil novecientos sesentisiete, es un acto administrativo lícito y necesario por cuanto el demandante sabe que carecce en lo absoluto de legitimidadsu pretendido derecho de propiedad sobre el bien que detenta por ser éste inalienable e imprescriptible por cuanto es parte integrante de los «yacimientos arqueológicos de CHAN CHAN» que está declarado legalmente como Monumento Nacional.

 

3.1 Si bien es cierto que la legislación que tutela los Monumentos Históricos y Restos Arqueológicos reconoce la posibilidad de la propiedad privada sobre alguno de ellos y prevé la expropiación o el derecho de tanteo y de preferencia o el retracto, aplicables según el caso, para revertirlos al dominio del Estado; también es cierto que ese reconocimiento es posible cuando la data (el origen) de la propiedad sea anterior a la Ley seis mil seiscientos treinticuatro; que no es el caso del recurrente;

 

3.2. La Ley seis mil seiscientos treinticuatro, vigente desde el trece de Junio de mil novecientos veintinueve, prescribe: «artículo primero.- Son propiedad del Estado los monumentos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreynato.

 

«Es inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos monumentos».

 

Y, la Zona Arqueológica de CHAN CHAN es uno de los Monumentos anteriores a la época del Virreynato. Por esto, el Estado en el artículo veintidós de la citada Ley declaró «Monumento Nacional» a las «Ruinas de CHAN CHAN».

 

El Estado ha ratificado la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los Monumentos de la época Pre-Incaica mediante el Decreto Ley Número diecinueve mil treintitrés de Noviembre de mil novecientos setentiuno.

 

3.3. El título de propiedad que invoca el accionante carece de legitimidad. Pues, la historia de la ocupación del bien analizada retrospectivamente para identificar la serie de tractos sucesivos, permite constatar que su origen data del nueve de Julio de mil novecientos cuarentiocho, o sea, diecinueve años después de la vigencia de la Ley seis mil seiscientos treinticuatro precitada. Lo cual significa que la entonces «Negociación Azucarera Laredo» procedió ilícitamente al «vender» a «DEAN, S.A.» un predio que forma parte del Monumento Histórico que es de propiedad del Estado, e incluso declarado inalienable e imprescriptible;

 

3.4. Más aún, el Estado cumpliendo con su deber de preservar la Zona Arqueológica de CHAN CHAN, expidió la Resolución Ministerial número mil doscientos sesentitrés del cuatro de Febrero de mil novecientos cincuentiséis comisionando a un funcionario de la dirección de Cultura, Arqueología, e Historia para que preste el apoyo a las autoridades del Departamento de La Libertad en la investigación de denuncias sobre la invasión de agricultores en la Zona Arqueológica de CHAN CHAN. Lo que significa que para la comunidad trujillana, en mil novecientos cincuentiséis, eran hechos notorios tanto los confines hasta donde se extendía la Zona Arqueológica como también las usurpaciones que perpetraban algunos; ese conocimiento tuvo que incluir también al demandante; no obstante el treinta de Abril de mil novecientos sesentidós procedió a contratar con «DEAN, S.A.», sobre un bien cuya enajenación ya desde más de treintidós años anteriores estaba fuera de la capacidad de disposición de los particulares. Ese contrato no tuvo causa justa ni objeto lícito. Pero aún, las edificaciones que realizó fueron terminadas ocho años después de que los Planos de la Zona Arqueológica de CHAN CHAN furon aprobados mediante Resolución Ministerial número cero quinientos dieciocho del catorce de Junio de mil novecientos sesentisiete.

 

3.5. La Resolución Suprema número veinticinco del seis de Febrero de mil novecientos cincuentidós, fue expedida aprobando el Plano Arqueológico de la Ciudadela de CHAN CHAN (del núcleo) de la Zona Arqueológica y por eso es independiente de la Zona que aprobó los Planos de la Zona Arqueológica; o sea ésta no amplió a la primera.

 

3.6 Tanto la Resolución Ministerial ciento catorce-ochenticinco-ED como la notificación del veintiocho de Mayo de mil novecientos ochenticinco han sido expedidas de conformidad con el artículo treintiséis de la Constitución. No existe incompatibilidad entre dicha Resolución y la notificación con el artículo ciento veinticinco de la Constitución porque la historia del dominio que alega el demandante es posterior a la ley seis mil seiscientos treinticuatro; de modo que, resulta evidente que él carece de justo título, actuó de mala fé.

 

3.7. Que la resolución suprema venida en casación en cuanto declara improcedente la acción ha sido expedida con arreglo a Ley y de acuerdo a la naturaleza jurídica del caso.

 

FALLO.- Por las consideraciones precedentes y estando a que la sentencia suprema impugnada en cuanto resuelve declarando improcedente la Acción de Amparo ha sido expedida con arreglo a Ley; el Tribunal de Garantías Constitucionales de conformidad con el artículo cuarentisiete de la Ley veintitrés mil trescientos ochenticinco; FALLA: declarando INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Dragui Nestorovic Markovic contra la resolución suprema de fecha veintiuno de Julio de mil novecientos ochentinueve, en consecuencia, NO HA LUGAR A CASACION de dicha sentencia.

 

Regístrese, Publíquese, Devuélvase y Archívese,

 

ESPINAL CRUZADO, CENTURION VALLEJO, LEON SEMINARIO, VALENZUELA ASTETE, SAMANAMUD RUBIN, MIXAN MASS, DIAZ VALDIVIA, NUÑEZ DEL PRADO CRUZ.

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINAL CRUZADO.

 

En la acción de amparo interpuesta por Dragui Nestorovic Markovic, contra la Resolución Ministerial Nº 114-85-ED 04 de Febrero de 1985, mediante la cual el Ministerio de Educación autorizó al Procurador Público encargado de los asuntos de dicho Ministerio, para que utilizando la vía coactiva consiga «la ejecución forzosa de demolición de las construcciones o similares efectuadas en el área de la Zona Arqueológica de Chan Chan», mi VOTO es por la no casación de la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de la República, expedida de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, el 21 de Julio de 1989, por las siguientes consideraciones;

 

En efecto, de un lado, de acuerdo con el artículo 296 de la Carta Fundamental, el Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la Constitución; y de otro, a tenor del segundo parágrafo del artículo 295 concordado con el Punto 2 del artículo 298 Constitucional, «la acción de amparo cautela los derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona»; y como ente con jurisdicción nacional, es competente, para «conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de hábeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial».

 

Pero, además, para considerar debidamente el parámetro jurídico-constitucional y legal dentro del cual debe examinarse a la resolución cuestionada, también, es preciso considerar: en primer lugar, que el objeto de las acciones de garantía es el de «reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional»; en segundo lugar, que la acción de garantía caduca si no se la ejercita «a los sesenta días hábiles de producida la afectación -artículo 1º y 37º de la Ley 23506-; en tercer lugar, que la casación de la resolución, materia de la controversia, procede, cuando se ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley o no se han cumplido con las formas prescritas para tramitar el procedimiento o para expedir el fallo -artículo 43º de la Ley 23385.

 

Además, igualmente, creemos necesario precisar, que en el caso sub-materia, el bien jurídico que busca proteger el accionante es la granja denominada «San Nicola» y las Areas sobre las que ella se extiende; es decir, con la acción de garantía se defiende el derecho de propiedad que aparece amparado en la primera parte del artículo 125 Constitucional concordado con el Punto 12 del artículo 20 de la Ley 23506. Claro que esta normatividad está referida a la propiedad privada, a la propiedad particular. Sin embargo, para una conceptualización global y cabal del derecho de propiedad del acccionante hay que tener en cuenta interpretativamente la regla del artículo 128 de la Constitución que establece que «los bienes públicos, cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados», así como también el artículo 36 del mismo Texto Constitucional.

 

Ahora bien, como se trata, en realidad, de decidir o declarar el derecho de la Nación sobre bienes que constituyen su Patrimonio Cultural, para una estimación legal y jurídica de la resolución, objeto de la casación, es conveniente hacer: primero, una dilucidación teórica y doctrinaria sobre bienes inmuebles; y segundo, un examen histórico-jurídico-constitucional de nuestro sistema legal para decidir sobre la procedencia e improcedencia del recurso de casación del demandante.

 

Teóricamente, el Derecho Civil atribuye a la propiedad del Estado dos clases de dominio: Uno público y otro privado. Entre los primeros se considera a los bienes que son de uso público y que como tales pertenecen a toda la Nación, por cuya razón son imprescriptibles o inenajenables; y entre los segundos, es decir entre los bienes de dominio privado se considera a los bienes que sirven a los fines del Estado como ente jurídico que representa a la Nación. Sobre estos últimos bienes el Estado tiene facultades de uso y disposición.

 

La Nación como contenido humano del Estado es anterior a él. Nace por decisión de la sociedad, para organizar la atención y la satisfacción de sus necesidades. De suerte que si la «Nación es la titular del dereccho sobre todos los bienes con los cuales actúa el Estado», éste, es decir, «el Estado no es más que un represntante de la Nación», es «un administrador de sus bienes y como tal, sin facultades de propietario; subordinando el uso de los bienes únicamente a las potestades que nacen de la voluntad del mandante que es el pueblo» -Derechos Reales: Carlos Ferdinand Cuadros Villena, pág. 118-.

 

Y, en lo que se refiere a las características del dominio público, ésto, «tiene en razón de su naturaleza y destino,caracteres jurídicos diferentes, de entre los cuales son esenciales la inalienabilidad y la imprescriptibilidad», por la inalienabilidad, se impide que sobre las cosas publicas «haya posesión ni tenencia de particulares o personas privadas que dispondrían de ellas según sus exclusivos intereses»; y de otro lado, por «la imprescriptibilidad de las cosas del dominio público, resulta necesariamente de la inalienabilidad de éstas»; en todo caso, «la imprescriptibilidad es, en substancia, un privilegio que se ha fundado en la necesidad de impedir que el fisco se vea privado de sus cosas, por la negligencia o deslealtad de sus empleados» -Derecho Administrativo: Rafael Bielsa, Tom. III, páginas 475 y 481.-

 

Ahora bien, establecidos estos presupuestos teóricos sobre la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, en nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y legal, encontramos como antecedentes legislativos; en primer lugar, en la Constitución de 1856, tenemos como garantía nacional la norma que establece que «los bienes de propiedad nacional sólo podrán enajenarse para los objetos y en los casos y forma que expresa la ley» (artículo 7º); así como también la significativa declaración de que «es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución» (art. 10º). Los mismos preceptos del artículo 7º de la Constitución de 1856 están reiterados en los artículos 7º y 6º de las Constituciones de 1860-1867; y en los artículos 38º y 33º de las Constituciones de 1820 y 1933, prácticamente, utilizando los mismos términos se consigna que «no pueden ser materia de propiedad privada las cosas públicas cuyo uso es de todos»; agregándose, en esta última en el artículo 82º que «los tesoros arqueológicos, artísticos e históricos, están bajo la salvaguarda del Estado». Mientras que en la Constitución de 1979 en los artículos 36º, 118º y 128º se prescribe: en el primero, que «los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, declarados patrimonio cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado»; en el segundo, que «los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación», y en el tercero que «los bienes públicos, cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados».

 

Y, en segundo lugar, como normas administrativas o legislativas de inferior jerarquía la primera referencia a los bienes de propiedad nacional lo encontramos en el primer considerando de la Resolución Suprema de 12 de Julio de 1872 en el que se expresa que «todos los terrenos existentes son de propiedad nacional». Sin embargo, con anterioridad, mediante el artículo 63º de la Ley de Enero de 1857, de Organización Interior de la República, se encargó a los Prefectos el cuidado y «la conservación de los monumentos públicos y de las antigüedades del País, haciéndolos responsables a los que los deterioren o destruyan».

 

Siguiendo la línea protectiva y tutelar del Estado, se expide la Resolución Suprema de Junio de 1921, a través de la cual se prohibe la extracción, destrucción y explotación de los monumentos arqueológicos acatando la recomendación del Segundo Congreso Panamericano reunido en Washington en Diciembre de 1915, que recomendó a las repúblicas americanas la expedición de leyes y resoluciones «que protejen de manera eficaz los restos arqueológicos que aún quedan, contra su destrucción injustificable», por eso es que en la parte considerativa de dicha medida administrativa expresamente se consigna «que los monumentos, fortalezas, templos, cementerios, tejidos, objetos de uso, instrumentos, huacos, momias y en general, todos los restos que perduran de los antiguos pobladores del Perú, de las épocas prehistóricas e incaicas, SON DE PROPIEDAD DE LA NACION y al Estado incumbe protegerlos y conservarlos; que por diversas resoluciones supremas, desde el 02 de Abril de 1822 se ha prohibido la extracción, destrucción y expotación de las antigüedades peruanas sin que dichas resoluciones hayan tenido verdadera eficacia; que dichos monumentos y objetos, son la fuente más preciosa para el estudio de la prehistoria nacional», decreto que, desde esa fecha quedaba prohibido «en lo absoluto, la extraccción, destrucción y exportación de los monumentos arqueológicos que se lleva hecho referencia» (artículo 1º).

 

Dentro de este lineamiento jurídico por ley 6634 de 13 de Junio de 1929 se crea el Patronato Nacional de Arqueología (art. 13º), en donde expresamente se establece que «son de propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del virreinato. Es inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos monumentos», reputándose como monumentos históricos «los inmuebles comprendidos en la denominación de templos, palacios, fortalezas, edificaciones, ruinas y paredones, monolitos, piedras y rocas labradas, intihuantanas, cementerios, chulpas, sepulcro, nichos construidos en peñas o greda, en cuevas, grutas o subterráneos, dólmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos, canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades en general cuantas construcciones, restos o resíduos de labor humana anteriores a la época mencionada, sirvan de estudio para el conocimiento de las civilizaciones y la historia de los antiguos pobladores del Perú» (artículos 1º y 2º).

 

Mas tarde en la misma perspectiva normativa por ley 8853 de 09 de Marzo de 1939, se crea el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos, consignándose: primero, en su parte considerativa:  «que es deber del Estado velar por la conservación del patrimonio histórico y artístico del Perú»; segundo, se declara «inalienable, salvo a favor del Estado, todo lugar, inmueble u objeto que tenga valor histórico o artístico a juicio» del  Consejo (Art. 8), y tercero, en el Reglamento del 13 de octubre de 1942, del Consejo Nacional citado, se establece que: «no se podrá hacer de los monumentos un uso indecoroso e indigno de su importancia histórica, ni podrán ser aprovechados para fines o en forma que perjudiquen o menoscaben sus méritos» (art. 8º).

 

De otro lado, a diferencia del Código Civil vigente, en el Código derogado de 1936, en el inciso 5 del artículo 822, se consideraba como bienes del Estado «los monumentos históricos y los objetos arqueológicos que están regidos por su ley especial» y en el artículo 823 del mismo cuerpo legal se establecía que «los bienes de uso público son inalienables e imprescriptibles». En relación con este mismo principio es necesario considerar la jurisprudencia que establece que «los bienes de uso público no sólo no pueden ser objeto de propiedad privada, sino también de posesión, por lo que los interdictos que se interpongan para defender la posesión por los particulares, deben declararse infundados» -Sentencia: 13 de julio de 1961, R. de J.P. 1961, 1261-.

 

Apartándose de tales normas el Código Civil de 1984, desde una posición neo-liberal no sólo las deroga sino simplemente consigna: que «las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico» (art. 925); que «no está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado» y que «el tesoro descubierto en terreno ajeno cercado» sólo le son aplicables los artículos 834 y 835 del Código Civil, «cuando no sean opuestos a las normas que regulan el patrimonio cultural de la Nación» (art. 936).

 

Pues bien, dentro de este delimitado por una concepción teórico-doctrinaria sobre bienes inmuebles de dominio público y por una normatividad histórico-jurídico-constitucional que ha informado y consagrado una línea jurídica contínua y permanente de defensa y protección de nuestro patrimonio cultural, la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de la República, sustantivamente, ha declarado el derecho intransfrible e imprescriptible de la nación peruana a su patrimonio cultural. Porque, si como sostiene el Profesor Ferdinand Cuadros «la cultura es resultado del proceso de transformación de la naturaleza y la Sociedad al servicio de las necesidades materiales y espirituales del hombre»; y que, «de este proceso, de la acción del hombre sobre la naturaleza primero y sobre la sociedad después, que dan muestras, restos materiales que tienen un doble valor en el decurso de la historia: primero satisfacen directamente necesidades materiales y espirituales de sus creadores y después con el tiempo, se universalizan, se transforman en bienes de valor histórico, artístico, científico o cívico, al servicio de las necesidades espirituales de generaciones o culturas posteriores». Por lo que se puede definir a los bienes del Patrimonio Cultural «como el conjunto de bienes creado por el hombre para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en cada una de las etapas de su historia» Ob. cit. páginas 139-140-.

 

Entonces aun cuando la resolución cuestionada, literalmente, no ha considerado a los artículos 36, 118, 128 y al Punto 4 del artículo 233 de la Constitución, en realidad, es una resolución que ha hecho justicia a la Nación, al amparar la integridad de su Patrimonio Cultural.

 

Por otra parte, consideramos, que no es aplicable al caso sub litis y en general a los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación los dispositivos pertinentes contenidos en la mal llamada Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación Nº 24047 de 03 de Enero de 1985 y de su modificatoria Ley Nº 24193 de 06 de Junio del mismo año 1985; primero, porque el Patrimonio Cultural de la Nación no es de propiedad del Estado; segundo, porque el Estado no es sino un Administrador de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural; tercero, porque los bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio Cultural de la Nación son inalienables e imprescriptibles; cuarto, porque el Estado, como representante de la Nación, jurídicamente no tiene capacidad legal para transferir o enajenar válidamente bienes que no están en el ámbito de su patrimonio. De suerte que, cuando en una o en otra de dichas leyes se consigna la posibilidad de expropiar «los bienes culturales de propiedad privada», o cuando se dice que «son de propiedad del Estado los inmuebles culturales prehispánicos de carácter arqueológico, descubiertos o por descubrir. Son imprescriptibles e inalienables» -art. 1º de la Ley 24193-, a la luz de la doctrina y de la línea constitucional ilegal de nuestro ordenamiento jurídico, en la parte que se considera como posible propiedad privada y por tanto susceptible de expropiación los dispositivos de las leyes mencionadas devienen ilegales e inconstitucionales.

 

O sea que, como ha quedado establecido desde los primeros días de nuestra vida independiente se expidieron disposiciones legales y administrativas amparando y protegiendo los elementos, objetos y bienes culturales de nuestra Nación. Este principio tutelar continuó a partir de 1822 y posteriormente a partir de la Constitución de 1856 en los Textos Constitucionales, en unos se habla de patrimonio, recursos o bienes de propiedad de la Nación; o de «bienes públicos» que no «son objeto de derechos privados»; o que los «restos arqueológicos, construcciones, monumentos ... declarados Patrimonio Cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado» -art. 36º de la Constitución de 1979-. Los primeros se refieren a bienes físicos brindados por la naturaleza o a bienes destinados al servicio de la Comunidad por el Estado. Pero, en cuanto a los segundos la naturaleza o característica de Patrimonio Cultural de la Nación no nace de un acto administrativo o legislativo del Estado. Nace y sigue naciendo de la acción y el espíritu del hombre peruano de la época pre-inca, incaica, virreinato y de la era republicana. Por esta característica el Patrimonio Cultural que nace de la acción del hombre sobre la naturaleza y sobre la sociedad es un bien inapropiable, inenajenable e imprescriptible. Pertenece a las generaciones pasadas, presentes y futuras del Perú. Definitivamente por ser un bien o Patrimonio Cultural pertenece a la Humanidad.

 

Por lo demás, si es verdad, que el bien o bienes que han originado la acción de amparo han sido objeto de transferencias, convenios o contratos, por tratarse de bienes inalienables e imprescriptibles, ellos son nulos ipso-jure no sólo por lo que establecía el inciso segundo del artículo 123º del Código Civil de 1936 derogado sino también por lo prescrito por el artículo 5 del Título Preliminar e inciso 4 del artículo 219º del Código Civil vigente, y desde luego también por las normas constitucionales de los artículos 87, 101, 236 de la Carta Fundamental del Estado.

 

En consecuencia, en aplicación y cumplimiento de la Convención celebrada con la Unesco en 1972 ratificada por Decreto Ley 22680 de 18 de Setiembre de 1979, sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, y de la Convención de San Salvador de 1976, aprobada por Decreto Ley 22682 de 18 de Setiembre de 1979, la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo con el artículo 47º de la Ley 23385, no ha violado ni ha aplicado falsa o erróneamente la ley; en todo caso, en virtud de lo que reza el preámbulo constitucional se ha ceñido a «mantener y consolidar la personalidad histórica de la Patria» y a «defender su Patrimonio Cultural», MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación; y en consecuencia, no hay lugar a la casación.

 

EFRAIN ESPINAL CRUZADO

Magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales

 

COMENTARIOS

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

 

Hoy en día se viene hablando de «Constitución cultural» o «Estado cultural», en la inteligencia que: «Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversa manera a la misma y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendentes a crear una situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio de las libertades individuales»(1).

 

La jurisprudencia sub-examinepronunciada por el Tribunal de Garantías Constitucionales (El Peruano, 16.VIII.1991) está enmarcada en tal contexto. De ahí que antes de realizar el análisis correspondiente debe ser tomado en cuenta los criterios que nos ofrece el Derecho Comparado. Curiosamente, poco o casi nada se ha escrito con relación al tema en nuestro medio, es decir sobre la naturaleza jurídica del Patrimonio Cultural y su derivado bienes culturales. Seguimos con criterios e ideas carentes de amparo legal, a veces contradictorias (la lectura de la sentencia lo dice todo) no obstante que en Europa el tema se trabaja e investiga con esmero y preocupación.

 

Según la Convención de París de 16 de noviembre de 1972, el patrimonio mundial se desdobla en a) Patrimonio Cultural, y b) Patrimonio Natural. Centrémonos por ahora en el Patrimonio Cultural. Ha sido la doctrina italiana, a través de la Comisión FRANCESCHINI de 1964, la que ha dado nacimiento a una nueva política legislativa y doctrinal sobre los bienes culturales ambientales, sosteniendo al respecto que «Il bene che constituisca testimonio materiale aunte valore di civilità». En conexión con ello están los aportes de MASSIMO S. GIANNINI quien distingue dos titularidades sobre dos elementos del bien cultural: la propiedad privada sobre el soporte físico, o cosa; y la titularidad estatal sobre la utilidad de esa cosa, o bien, abierto a la fruición colectiva.(1 bis)

 

Ahora bien, conforme apunta ESTELLA IZQUIERDO, van siendo frecuentes los litigios que suscitan en relación con la defensa y conservación de nuestro Patrimonio-Histórico-Artístico. Litigios que surgen como consecuencia de las limitaciones que los propietarios de un bien monumental sufren en sus facultades dominicales al subordinar la propiedad privadaa los superiores intereses de la comunidad.(2)

 

No quepa duda que la conservación de los bienes culturales recae en los poderes públicos. Sin embargo, hay bienes culturales de naturaleza privada que deben ser reconocidos como tales, y con mayor razón, respetados. De ahí que diversas Constituciones se ocupan del tema con sumo detenimiento. De igual forma, hay soluciones para respetar la propiedad privada, tales como la expropiación forzosa como potestad conferida a los poderes públicos y como garantía de los particulares, de tal forma que no se haga tabula rasa con los derechos constitucionales correspondientes.(3)

 

Viendo así las cosas, GARCIA DE ENTERRIA, autoridad en la materia, enseña que: «Desde una perspectiva del patrimonio cultural y artístico, es evidente que no se puede eliminar la propiedad, no por ninguna de las razones que el siglo XIX había puesto en pie, sino sencillamente porque esto sería una política que no sólo no fomentaría ese patrimonio, sino que positivamente le perjudicaría a plazo muy corto. Es cierto que acabar con la propiedad privada de bienes artísticos podría permitir para la colectividad una serie de bienes actualmente existentes y singularizados, pero es también claro que esa política cconcluirá perjudicando gravísivamente toda la política de protección (un simple ejemplo: ¿dónde están en Rusia los Museos que continúen la sensibilidad por el arte moderno de que dieron muestra en su tiempo los coleccionistas que reunieron los tesoros de  L'ermitage y análogos?)»(4).

 

II. ANTECEDENTES

 

La presente jurisprudencia constitucional trata de una Acción de Amparo que interpone DRAGUI NESTOROVIC MARKOVIC, contra el Ministerio de Educación, con fecha 5 de junio de 1986, por ante el 2do. Juzgado Civil de Trujillo. El motivo era que el Procurador Público había notificado al accionante para que cumpla en el plazo de 10 días hábiles con «demoler y clausurar las construcciones e instalaciones clandestinas similares» de la Granja «San Nicola», efectuadas en la Zona Arqueológica de Chan Chan que constituye área intangible. Agrega la notificación que «en caso de incumplimiento procederá a la ejecución por medio del Juzgado Coactivo».

 

El justiciable NESTOROVIC MARKOVIC fundamenta su demanda a través de la Acción de amparo(5) para proteger el uso y el disfrute de su derecho de propiedad plasmado en títulos de propiedad firmes y saneados, cuyo tracto sucesivo en forma ininterrumpida tiene más de treinta años. Agrega que desde el año de 1905 existen títulos insertos que nadie ha discutido. Por lo tanto, de ninguna manera puede ser tildado de «invasor» de la ciudadela histórica de Chan Chan. Recuerda el accionante (entre otros casos más) que Chan Chan fue reconocido monumento histórico en 1929 mediante Ley Nº 6634 que la declaró bien del Estado. Hasta esa época algunos monumentos arqueológicos eran de propiedad del Estado y otros de particulares. Pone como ejemplo contundente (que obviaron en el Poder Judicial y en el Tribunal de Garantías Constitucionales) la Resolución Suprema Nº 085-87-VC (El Peruano, 12.XI.87) que declara (art. 1º) «de necesidad y utilidad públicas la expropiación de las áreas que comprenden el monumento arqueológico del Qoricancha, ubicado en la ciudad del Cusco» ..., (art. 2º) «... previa remensura reajuste de área y valorización que practicará, (la Corporación Departamental de Desarrollo del Cusco) a apersonarse, promover y culminar el procedimiento judicial de expropiación respectivo, debiendo solventar los gastos del procedimiento judicial, el pago de la indemnización justipreciada y las acciones de conservación, protección y preservación de la zona arqueológica respectiva». Con lo cual se aprecia meridianamente la existenciay reconocimiento de la propiedad privada, para lo cual hay que tener presente que desde el inicio de la era republicana se reconoció la propiedad de los particulares sobre los bienes arqueológicos, conforme lo establecía el Decreto Supremo Nº 089 de 2 de abril de 1822.

 

La granja que se pretende demoler no se encuentra ubicada en monumento histórico, sino en los alrededores. Es más, recién en 1952, mediante Resolución Ministerial de 6 de febrero se fijaron los límites de la ciudad de Chan Chan, y a partir de esa fecha los propietarios de los bienes colindantes hicieron lotizaciones, como por ejemplo, la Negociación Agrícola Laredo. Y es a una de estas inmobiliarias que el actor compró un bien mediante Escritura Pública de 30 de abril de 1962. Como consecuencia de la dación de la Resolución Suprema Nº 518-67-ED, de 14 de junio de 1967 quedó ampliada la zona aledaña a las ruinas, sin percatarse que habían de por medio títulos de propiedad privada durante más de cien años y tracto sucesivo superior a los ochenta años, conforme se colige de los expedientes que corren en autos. En tal sentido la salida legal (más no coactiva) al amparo de la Ley Nº 6634, era proceder a la expropiación, a la que tenía que allanarse el actor, más no la actitud pretoriana que lo calificaba, craso error, de «invasor». Algo inexplicable. De ahí que el actor recurre a la Acción de Amparo en vista que se encuentra ante una amenaza evidente y grave, que se puede materializar en cualquier momento, que consiste en la destrucción de su propiedad privada legalmente adquirida y conducida.

 

III. POSICION DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA

 

La resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de la República (de fecha 21 de julio de 1989) que pronuncia «no haber nulidad en la sentencia de vista..., que confirmando la apelada..., declara improcedentela acción de amparo...», es totalmente pobrísima y sin ninguna motivación. Se remite -hecho notorio que se ha vuelto moneda corriente- a lo expuesto por el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo (de fecha 18 de agosto de 1987) para quien debió agotarse la vía previa. Empero, con fecha 5 de junio de 1986, se expidió la Resolución Ministerial Nº 276-86-ED que resolvió «Declarar improcedente la petición formulada por don DRAGUI NESTOROVIC MARKOVIC, por los motivos expuestos en el primer considerando de la presente resolución». Con lo cual se agotó la vía previa. Se desprende que no hubo un estudio con detenimiento de la presente causa. Es más, los plazos se excedieron y no se respetaron: la demanda se interpuso el 5 de junio de 1986 y concluyó el 6 de junio de 1991. Y esto es sin contabilizar el plazo que se tomó para tramitar la Acción de Amparo a nivel de jurisdicción supranacional, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a tenor de lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de 1979, y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales Nº 23385. Lo más grave es que la Segunda Sala Civil, en vez de darle el trámite correspondiente, procedió al archivo del expediente. Y cuando la parte accionante, mediante escrito de fecha 30 de enero de 1992, solicita que se reactive el trámite de ley, la Sala Civil, mediante resolución del 13 de febrero de 1992, dispuso lo siguiente: «Entendiéndose que se está recurriendo ante el organismo jurisdiccional internacional que se indica, y estando a lo establecido en el artículo trescientos cinco de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo cuarentisiete de la Ley veintitrés mil trescientos ochenticinco: MANDARON se remitan las copias certificadas provenientes del Tribunal de Garantías Constitucionales a la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José...» (el subrayado es nuestro). O sea, que no tenía la menor idea a qué organismo internacional debía ir el expediente, ya que ahí se refiere al texto sobre derechos humanos, esto es, a la Convención y no al organismo, en concreto la Comisión ... Nos preguntamos ¿cómo se habrán tramitado otros casos similares?

 

IV. LOS SUPUESTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES ¿QUE FUNDAMENTOS?

 

Siempre es bueno recordar que la labor que cumplen los TribunalesConstitucionales es la de interpretar la Constitución, a la par de proteger los derechos constitucionales. En el presente caso el Tribunal de Garantías Constitucionales (en adelante TGC) en la sentencia tomó como referencia (con qué confianza) las resoluciones anteriores, no entrando al fondo del asunto, no obstante tener amparo constitucional para hacerlo. En el Derecho Comparado, los Tribunales Constitucionales, so pretexto del tema que abordan, sientan precedentes y premisas a ser tomadas en cuenta posteriormente. Aquí no sucede todavía lo mismo.

 

Entiende el TGC que el accionante debió interponer la demanda dentro de los sesenta días hábiles de producida la afectación. Sin embargo, se olvida que el plazo se computará desde el momento de la remoción de impedimento. Es más. La caducidad (tema que no tenía por qué discutirse en el TGC), conforme enseña BOREA ODRIA, no se refiere al derecho constitucional, sino a la utilización de este instrumento procesal urgentísimo. El derecho constitucional seguirá siendo el que prime y su restauración deberá de producirse aún en la eventualidad de la caducidad de la Acción de Amparo ya a través de un procdimiento en la vía ordinaria, y a través de cualquiera otra acción que haya precisado la ley común y que sea aplicable dada la naturaleza del derecho trasgredido.(6).

 

Razona el TGC que la notificación hecha al accionante por parte del Procurador Público es un acto administrativo lícito y necesario (¿?), desconociendo, en vez de proteger, su derecho a la propiedad privada. O sea que avaló un acto arbitrario llevado a cabo mediante la vía coactiva, que constituye un procedimiento inusual que utiliza el Estado para proteger el patrimonio cultural. El TGC desconoce también el título de propiedad del accionante por cuanto -en su opinión- se procedió a vender un bien, inalienable imprescriptible, ilícitamente. Nos preguntamos, ¿por qué no se anotó en la ficha registral que el bien en mención no podía ser materia de venta?

 

Por eso que el notario realizó los trámites de inscripción en el Registro Público sin que se presente ninguna observación o tacha. El TGC abordó la cuestión sin ningún criterio de creatividad, ya que la sentencia no está nucleada en armonía con los principios constitucionales y doctrinales. Ni mucho menos ofrece un criterio orientador al tema, por lo demás, interesante.

 

El fundamento del voto del magistrado ESPINAL CRUZADO, por la no casación de la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema se ampara en el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo del cual nos hemos ocupado líneas arriba. Cita algunos preceptos constitucionales para desconocer el derecho a la propiedad privada de los bienes públicos. Los antecedentes que menciona, así también como los aspectos doctrinarios se quedan en el aire. Al comienzo lo apuntábamos, y ahora lo recalcamos: los bienes culturales(7) tienen un tratamiento especial a diferencia pues de los demás bienes, sino habrá que remitirse una vez más a la doctrina italiana, donde precisamente están las líneas maestras. Hay en el voto muchos ruidos y pocas nueces, no escapándose de esta realidad la sentencia del TGC. Lo que pasa es que la burocracia todavía tiene la idea bizantina que «patrimonio cultural de la Nación» es sinónimo de propiedad del Estado, lo cual es totalmente falso(8).

 

En aquella época se tenía al frente la Constitución de 1979, ahora precisemos que el artículo 21 de la Constitución de 1993, dispone que: «Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública»(9). Es más, fomenta la participación privada.

 

V. JUICIO CRITICO

 

El Estado contemporáneo tiene la mentalidad de promover la conciencia turística, más no desconocer la propiedad privada de bienes culturales. Hay soluciones que deben aplicarse a fin de no vulnerar los derechos constitucionales. Urge la necesidad de sentar premisas interpretativas y no arbitrarias para velar por el patrimonio histórico de la Nación. Se debe de empezar por la dación de una ley acorde con nuestra realidad que sea de conocimiento público. Al menos las bases están dadas en la Constitución de 1993, que no es sino el fiel reflejo de lo que sucedió (para mal del justiciable) en la presente sentencia.

 

Lima, 24 de diciembre de 1995.

 

Calidad de ocupante precario por resolución del contrato de arrendamiento

 

« ... Resuelto el contrato de su propósito (arrendamiento), (...) es claro que la demandada perdió el título que tenía para poseer el inmueble legalmente, por lo tanto, ésta resulta ocupante precaria del mismo...»

 

EXPEDIENTE               :           1654 - 95.

 

Lima, cinco de Setiembre de mil novecientos noventicinco.-

 

            VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Tineo Cabrera; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Que resuelto el contrato de su propósito, en virtud de lo pactado por las partes en el inciso a) de la Cláusula Décimo Segunda, es claro que la demandada perdió el título que tenía para poseer legalmente, por lo tanto, ésta resulta ocupante precaria del mismo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo novecientos once del Código Civil; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ochentiuno a ochenticuatro, su fecha veintiocho de Abril de mil novecientos noventicinco, que declara fundada la demanda de fojas veintiuno a treinticuatro, subsanada a fojas treintiocho y en consecuencia ordena que la demandada doña Ingrid Giovanna Ramírez Ferreyra, desocupe los inmuebles materia de litis, en el plazo de seis días; con lo demás que contiene; y los devolvieron.- Interviniendo el Señor Peñaranda Portugal por promoción a una Vocalía Suprema del Señor Urrutia Carrillo.- Señores: VEGA MAGUIÑA / PEÑARANDA PORTUGAL / TINEO CABRERA.

 

 

Concepto de uso precario

 

« ... El concepto de uso precario a que se refiere el artículo quinientos ochentiséis, segundo párrafo, del Código Procesal Civil, es el de ocupante sin título alguno, sin consentimiento del dueño y sin pagar merced conductiva alguna...»

 

EXPEDIENTE               :           921 - 95.

 

Lima, veintinueve de agosto de

mil novecientos noventicinco.-

 

VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución recurrida; y CONSIDERANDO además; PRIMERO: Que el concepto de uso precario a que se refiere el artículo quinientos ochentiséis, segundo párrafo, del Código Procesal Civil, es el de ocupante sin título alguno, sin consentimiento del dueño y sin pagar merced conductiva; SEGUNDO: Que en el caso de autos, el actor ha probado debidamente su calidad de administrador judicial del bien inmueble cuya desocupación solicita; TERCERO: Que de otro lado, el demandado no ha probado de modo alguno la existencia del vínculo contractual o de otra naturaleza que justifique la ocupación del bien; menos aún, el hecho de pagar renta; y CUARTO: Estando a lo dispuesto por el artículo novecientos once del Código Civil y el numeral ciento noventiséis del Código Adjetivo. CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas setentitrés a setenticinco, de fecha trece de febrero último, la misma que corre dentro de la Audiencia Unica de fojas setentidós a setenticinco, que declara fundada la demanda de fojas treintinueve a cuarentiocho; y, en consecuencia, ordena que el demandado don Félix Marcelo Chávez Carranza desocupe el inmueble ubicado en la Avenida Cuba número quinientos setentinueve, departamento «H» -Jesús María, en el término de seis días; con costas y costos; y los devolvieron.- En los seguidos por Mario Sifuentes Olaechea con Marcelo Chávez Carranza, sobre Desalojo.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / VALCARCEL SALDAÑA.

 

Condición de ocupante precario por fenecimiento de titulo en caso de resolución de compraventa

 

« ... Al haberse resuelto (el contrato de compraventa), el título con el que ocupaba el inmueble ha fenecido, en consecuencia tiene la condición de ocupante precaria...»

 

CASACION Nro.           :           790 - 95  /  LIMA.

 

Lima, primero de julio de mil novecientos noventiséis.

 

La Sala de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el veintiséis de junio del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Luz Patricia Ticallacuri Mitac mediante su escrito de fojas trescientos cuarentiocho, contra la sentencia de fojas trescientos treintinueve, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventicinco, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de fojas doscientos treintidós, su fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventicuatro, declara fundada la demanda de desalojo interpuesta por Inversiones y Desarrollo Gamarra Sociedad Anónima.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La demandada Luz Patricia Ticallacuri Mitac fundamenta su recurso en lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; afirmando que se ha interpretado erróneamente el Artículo novecientos once del Código Civil y se ha inaplicado los Artículos mil trescientos setentiuno, mil trescientos setentidós y mil quinientos sesentiuno y siguientes del Código sustantivo.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, concedido el Recurso de Casación a fojas trescientos cincuenticuatro, mediante resolución de fecha once de agosto de mil novecientos noventicinco, y habiéndose declarado su procedencia mediante resolución de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicinco, es necesario examinar los fundamentos del Recurso de Casación.

 

Segundo: Que, la recurrente fundamenta su Recurso de Casación en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis, afirmando que se ha inaplicado al caso de autos lo dispuesto en los Artículos mil trescientos setentiuno, mil trescientos setentidós, mil quinientos sesentiuno y siguientes del Código Civil al interpretarse erróneamente el Artículo novecientos once de la citada norma sustantiva, y considerar que la recurrente tiene la condición de precaria por haber fenecido su título de propiedad en mérito a una resolución unilateral del contrato de compraventa por parte del demandante.

 

Tercero: Que, la presente acción deriva del incumplimiento del contrato de compraventa, que en copia legalizada corre a fojas veintitrés, pactándose en su cláusula octava que el incumplimiento de parte de la compradora daría lugar a que la vendedora resolviera automáticamente el contrato, sin necesidad de mandato judicial alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo mil ciento cuarenta del Código Civil.

 

Cuarto: Que, la accionante apoyándose en el pacto estipulado de común acuerdo entre las partes, da por resuelto el contrato de compraventa cursándole la carta notarial de fojas treinticuatro en la que comunicaba a la demandada de tal acto, y como consecuencia de la citada resolución del contrato, las partes deben restituirse las prestaciones al estado en que se encontraban al momento de suscribir el acto jurídico.

 

Quinto: Que, ante tal situación, y como lo tiene manifestado la demandada, poseyó el inmueble a mérito del contrato de compraventa de fecha quince de octubre de mil novecientos noventitrés, y que al haberse resuelto, el título con el que ocupaba el inmueble ha fenecido, en consecuencia tiene la condición de ocupante precaria, conforme lo establece el Artículo novecientos once del Código Civil.

 

Sexto: Que, con relación a la inaplicación de las normas de derecho material que se mencionan, no le son aplicables al caso materia de autos ya que la resolución del contrato se ha pactado de común acuerdo entre las partes y que dichos acuerdos son válidos.

 

RESOLVIERON:

 

Estando a las conclusiones que anteceden, se declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Luz Patricia Ticallacuri Mitac y, en consecuencia, NO CASAR la sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas trescientos treintinueve, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas doscientos treintidós, su fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventicuatro; declara FUNDADA la demanda de fojas cincuenticinco; y en consecuencia ordena que doña Luz Patricia Ticallacuri Mitac desocupe los inmuebles materia de la litis; en los seguidos por Inversiones y Desarrollo Gamarra Sociedad Anónima sobre desalojo por ocupante precaria; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal y al pago de las costas y costos del juicio; MANDARON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. ORTIZ; ROMAN; REYES; VASQUEZ; ECHEVARRIA

 

 

Copropiedad: derechos y obligaciones de los copropietarios (A)

 

Constituye obligación de todo copropietario el de no practicar actos que importen el ejercicio de la propiedad exclusiva.

 

Expediente 1701-88 LAMBAYEQUE.

 

EJECUTORIA SUPREMA

 

Lima, veintiséis de junio de mil novecientos ochentinueve.

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que se ha demandado el otorgamiento de escritura pública de compra-venta a la condómina que siendo solamente titular del cincuenta por ciento de las acciones y derechos sobre el inmueble en litio, ha vendido la totalidad de dicho predio; que, constituye obligación de todo condómino el de no practicar actos que importen el ejercicio de la propiedad exclusiva; que, si pese a ello, practica algún acto con ese afecto, dicho acto no será válido sino hasta que dicho bien le sea adjudicado, conforme lo establece el artículo novecientos setentiocho del Código Civil(1) ; vale decir, que el acto realizado por el condomino excediendo en sus facultades y derechos está sometido a la condición suspensiva de su adjudicación; que, el caso de autos se encuadra dentro del supuesto contenido en el artículo novecientos setentiocho del Código Civil no pudiendo por el momento, otorgarle la escritura pública de la compra-venta, si no hasta cuando se verifique la condición de su adjudicación; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas doscientos treintidós, su fecha tres de mayo del año próximo pasado, que confirmando la sentencia apelada de fojas doscientos uno, su fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos ochentisiete, declara fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene; reformando la de vista y revocando la apelada declararon IMPROCEDENTE la demanda; y las reconvenciones; en los seguidos por Felícita Ramírez Chávez de Caballero y otro con doña Esther Bulnes Quiñonez viuda de García sobre otorgamiento de escritura; y los devolvieron.- Interviniendo el Señor Urrello Alvarez de conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento veintitrés de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- S.S.- SILVA VALLEJO - VASQUEZ VEJARANO - MONTOYA ANGUERRY - OSORIO BERNUY - URRELLO ALVAREZ.- Se publicó conforme a la Ley.

 

BERNARDO DEL AGUILA PAZ

Secretario General de la Corte Suprema

 

 

Copropiedad: improcedencia de acción de división y partición

 

La acción de división y partición entablada para liquidar la sociedad de gananciales, resulta improcedente porque la ley no concede dicha acción en función de esa situación jurídica. Su liquidación debe efectuarse conforme a las reglas contenidas en el artículo 320 y siguientes del Código Civil.

 

Expediente 1182-90-JUNIN

 

Lima, 03 de abril de 1991.

 

VISTOS; con el cuaderno acompañado, con lo expuesto por el señor Fiscal; y CONSIDERANDO: Que, con la Ejecutoria Suprema de fecha doce de marzo de mil novecientos ochenticuatro que en copia certificada corre a fojas dieciocho, terminó el juicio de divorcio seguido por las partes declarándose fundada la demanda interpuesta por la esposa por la causal de conducta deshonrosa imputable al marido, disolviéndose así el vínculo conyugal y la sociedad legal; que fenecida la sociedad de gananciales su liquidación se efectúa conforme a las reglas contenidas por el artículo trescientos veinte y siguientes del Código Civil vigente que repiten las normas del artículo doscientos y siguientes del Código Civil de mil novecientos treintiséis por lo que la acción de división y partición entablada con ese fin resulta improcedente por que la ley no concede dicha acción en función de esa situación jurídica; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas setentiocho, su fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa, que confirmando la apelada de fojas sesenticinco, fechada el quince de enero de mil novecientos noventa, declara fundada la demanda de fojas tres, reformando la de vista y revocando la apelada: declararon IMPROCEDENTE dicha demanda; en los seguidos por Consuelo Felicia Morales Zarco con Ciro Palomino Aviles sobre división y partición de bienes sociales; y los devolvieron.

 

S.S. NUGENT/ BELTRAN/ PORTUGA/ CASTILLO/ URRELLO.

 

 

Copropiedad: ocupante precario

 

Existiendo un bien indiviso se deben considerar las disposiciones relativas a la copropiedad.

Cualquier copropietario puede reinvindicar el bien, teniendo legitimidad e interés para obrar.

 

Expediente 273-7-97

 

Lima, veinticuatro de junio de mil novecientos noventisiete.-

 

VISTOS; actuando como ponente el señor Medel Herrada; y CONSIDERANDO; Primero.- Que, conforme se constata de los asientos de dominio obrantes de fojas ocho a catorce doña Cecilia Conde Alzamora obtuvo los títulos supletorios del inmueble materia de la litis, luego dicho inmueble fue inscrito a favor de sus hijas, Fidelia Jiménez Conde y Juana Espinoza Conde; Segundo.- Que, las hijas antes mencionadas heredaron acciones y derechos del mencionado bien, conforme consta del asiento número uno, y, de acuerdo a los asientos dos y cuatro respectivamente los hijos de éstas adquieren el bien en un cincuenta por ciento al ser declarados herederos de las indicadas personas; Tercero.- Que, el demandante posteriormente adquiere de sus hermanos la parte que éstos recibieron de su señora madre, conforme es de verse del asiento de fojas tres, por compra venta efectuada por Escritura Pública de fecha once de marzo de mil novecientos noventidós ante Notario Público; Cuarto.- Que, el demandado es hijo de doña Eleodora Sánchez Espinoza quien a su vez es hija de Juana Espinoza Conde, de quien recibió por herencia de su madre al igual que su otra hermana acciones y derechos sobre el bien en litigio, luego la madre del demandado al igual que el demandante tienen derechos sobre dicho bien, el cual aún se encuentra indiviso mientras no se haga la partición y permuten los copropietarios cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los bienes heredados, como en este caso va que cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que le corresponda, pudiendo hacer dicha partición cuando sea solicitada; luego existiendo un bien indiviso se deben considerar las disposiciones relativas a la copropiedad; Quinto.- Que, el demandado ocupa la posesión del bien por así haberlo autorizado su señora madre conforme consta en acta a fojas setenticuatro y que esta situación tiene su origen en el derecho de propiedad de la madre del demandado que surge del título inscrito en los Registros Públicos, por lo que, no resulta contrario a ley el hecho de entregar en uso un bien y menos aún si este bien le corresponde en el porcentaje que se especifica en el asiento cuatro del Tomo mil seiscientos dos, fojas doscientos ochentiuno del Registro de Propiedad de Lima y Callao; Sexto.- Que, siendo la posesión el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, y éste el poder jurídico que permite disponer del bien, la autorización de la madre a favor del hijo está encuadrada a derecho y la posesión que ostenta no es la de un precario; Sétimo.- Que, la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante no debe ampararse por cuanto tanto éste como la madre del demandado tienen legitimidad e intereses para obrar, teniendo un mejor derecho sustancial doña Eleodora Sánchez Espinoza, madre del demandado respecto al bien en la porción que le corresponde, empero de conformidad con el artículo 979 cualquier copropietario puede reivindicar el bien común; CONFIRMARON la resolución que declara infundada la excepción de falta de legitimidad del demandante; REVOCARON la sentencia apelada de fojas setentiséis y setentisiete, su fecha tres de diciembre de mil novecientos noventiséis, que declara fundada la demanda la que declararon infundada; en los seguidos por Tomás Coronado Jiménez y otra con Luis Humberto Paredes Sánchez, sobre desalojo; y los devolvieron.

 

S.S.

BETACOUR BOSSIO

MEDEL HERRADA

GASTAÑADUI RAMIREZ

 

 

Copropiedad: presunción de igualdad de cuotas (A)

 

Se presume la igualdad de las cuotas correspondientes a cada copropietario si no se acredita una participación diferente, en aplicación de la presunción juris tantum prevista en el artículo 970 del Código Civil.

 

Casación 426-95-LA LIBERTAD

 

Lima, seis de noviembre de

mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia integrada por los señores Castillo Castillo, Urrello Alvarez, Buendía Gutierrez, Ortiz Bernardini y Ampuero de Fuertes; verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Alvaro Javier Vereau Meléndez, mediante su escrito de fojas trescientos setentitrés, contra la sentencia de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha trece de octubre del año próximo pasado, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas doscientos noventicinco, fechada el veintitrés de junio del mismo año, declara fundada la demanda de fojas catorce, con lo demás que contiene, pero fija la pretensión de indemnización en la suma de cinco mil nuevos soles; en los seguidos por don Juan Manuel Vereau Paredes y otra contra don Alvaro Javier Vereau Meléndez, sobre División y Partición de bien común e Indemnización por uso total del bien con exclusión de los demás copropietarios; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: el Recurso de Casación invoca los tres incisos del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, en la forma siguiente: a) respecto al primer inciso se expresa que se ha interpretado erróneamente el Artículo novecientos setenticinco del Código Civil(1), porque no habiéndose establecido en la Escritura Pública de compraventa las cuotas ideales de cada copropietario; es ilegal atribuir el cincuenta por ciento del bien a cada parte; b) en cuanto al inciso segundo se dice que no se ha aplicado el Artículo novecientos veintitrés(2) del mismo Código, dado que siendo el único dueño el recurrente, con derecho de disfrutar, usar y reivindicar el bien, mal puede pagar una indemnización por su uso; que, igualmente se ha dejado de lado el Artículo novecientos sesentinueve(3) del acotado, que define la copropiedad, sin embargo, los actores con la Escritura Pública presentada no acreditan su aportación en el contrato para ostentar dicha calidad y así determinar sus cuotas; y, c) que hay afectación del debido proceso al no haberse citado con la demanda a la conviviente del recurrente con la que hace vida en común y tiene cuatro hijos, estando amparado su derecho en el Artículo quinto de la Constitución(4), en los Artículos trescientos veintiséis y doscientos noventidós del Código Civil(5) y sesenticinco del Código Procesal Civil(6) ; CONSIDERANDO: Primero.- que, en el derecho real de copropiedad, la norma ha previsto en su Artículo novecientos setenta(7) una presunción iuris tantum, respecto de las cuotas, sancionándolas como iguales a cada copropietario salvo prueba en contrario; que, siendo esto así, la Sala Superior al haber considerado que el recurrente no ha acreditado una situación diferente, ella entiende que se ha pactado el cincuenta por ciento del bien para cada parte, resultando correctamente interpretado dicho artículo; Segundo.- que, la inaplicación tanto del Artículo novecientos veintitrés como del novecientos sesentinueve del Código Civil invocada como indebida, por el contrario deviene en válida desde que a criterio de la Sala Superior, la calidad de copropietario del actor resulta indiscutible con la Escritura Pública de fojas cuatro; no siendo materia de este especial medio impugnatorio el análisis del criterio valorativo de los Juzgadores formado respecto de las pruebas aportadas; Tercero.- que, la calidad de cónyuge lo ostentan única y exclusivamente las personas que han contraído matrimonio, conforme fluye del Artículo doscientos ochentisiete y siguientes del Código Civil(8), Cuarto.- que, la atribución que dicha norma sustantiva ha dado a las uniones de hecho en su Artículo trescientos veintiséis, corresponde sólo a la esfera patrimonial y de manera restringida, de allí que expresa taxativamente que ellas originan una sociedad de bienes, que se sujetan al régimen de sociedad de gananciales, en lo que le corresponde y tan es así, que esta unión puede terminar por decisión unilateral, lo que no sucede con el matrimonio cuyo vínculo se disuelve sólo por divorcio, Artículo trescientos cuarentiocho(9) del acotado; Quinto.- que, consecuentemente, no gozando de tal calidad la referida conviviente, el emplazamiento efectuado sólo al recurrente resulta válida; lo que significa que la relación jurídico procesal entablada en la presente, es la debida; tanto más si, por los efectos del divorcio del demandado sancionado recién con la sentencia fotocopiada a fojas trescientos setenta, su fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventitrés, su parte en el referido bien ingresó como propia a la sociedad de gananciales de la Unión de Hecho declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos setentitrés contra la sentencia de fojas trescientos cincuentiséis, su fecha trece de octubre de mil novecientos noventicinco CONDENARON al recurrente a las costas y costos del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Juan Manuel Vereau Paredes y otra contra don Alvaro Javier Vereau Meléndez y otra, sobre División y Partición y otro concepto; y los devolvieron.-

 

Ss. CASTILLO C.; URELLO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.; AMPUERO DE F.

 

 

Copropiedad: venta de bien ajeno

 

Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a dicho copropietario.

Tratándose de bienes parcialmente ajenos, corresponde al comprador la opción, entre solicitar la rescisión del contrato, o la reducción del precio. El acto de adquisición efectuado por el comprador no se invalida por el solo hecho que el transfiriente del bien haya sido propietario de una parte de éste, en razón que aquél puede hacerlo valer, por lo menos, en la parte que le correspondía al vendedor.

No tiene la condición de precario si el contrato de compraventa constituye un título válido para poseer el predio de litis, máxime si no se encuentra probado que tal contrato haya sido dejado sin efecto o declarado su invalidez judicialmente.

 

Expediente 832-98

 

Sala Nº 1

 

Lima, veintitrés de julio de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; y CONSIDERANDO:Primero.- Que, el demandado justifica la posesión del predio sub-litis con el contrato de compraventa que celebró con don César Osorio Aguilar el trece de febrero de mil novecientos noventa, que en copia legalizada corre a fojas setentidós a setentitrés, mediante el cual habría adquirido dicho bien; Segundo.- Que, del análisis del citado contrato, se evidencia que el transfiriente realiza el acto jurídico como si el bien fuera de su exclusiva propiedad, recibiendo en esa calidad la totalidad del precio pactado (setenticinco millones de intis), conforme se verifica de la constancia notarial que obra en el reverso del citado documento; Tercero.- Que, la referida persona resulta ser copropietario del referido predio, conforme se verifica de la copia certificada de asientos de dominio expedidos por el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que corren de fojas quince a veinticinco; Cuarto.- Que, si bien el artículo novecientos setentiocho del Código Civil, establece que si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a dicho copropietario, sin embargo tal disposición corresponde ser interpretada sistemáticamente con los artículos mil quinientos treintinueve y mil quinientos cuarenta del mismo cuerpo legal, relativas a la venta de bien ajeno o parcialmente ajeno, Quinto.- Que, efectivamente, estas normas sustantivas establecen que tratándose de venta de bienes parcialmente ajenos, como en el presente caso, corresponde al comprador la opción entre solicitar la rescisión del contrato o la reducción del precio, de lo que se concluye que el acto de adquisición efectuado por el comprador no se invalida por el solo hecho de que el transfiriente del bien haya sido propietario de una parte de éste, en razón de que aquél puede hacerlo valer, de ser el caso, por lo menos en la parte que le correspondía al vendedor; Sexto.- Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando precedente, es de concluir que lo establecido en el artículo novecientos setentiocho de la norma glosada está referida a la validez del acto con relación a la adquisición de la propiedad de la totalidad del bien, y no a la parte, que en todo caso, le pudiera corresponder al que practicó el acto de disposición; Sétimo.- Que, los demandantes no han acreditado que a la fecha de suscripción del contrato de compraventa (trece de febrero de mil novecientos noventa) de fojas cincuenticuatro a cincuenticinco repetido de fojas setentidós a setentitrés, el demandado haya tenido conocimiento que el bien que compraba era también de ellos, pues, han inscrito su derecho en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, recién el tres de marzo de mil novecientos noventicinco, conforme se verifica del asiento registral respectivo que corre a fojas veinticinco de autos; Octavo.- Que, es evidente que la parte demandada no tiene la condición de ocupante precario, pues el contrato de compraventa antes mencionado, constituye título válido para poseer el predio sub-materia, máxime si no se encuentra probado que tal contrato haya sido dejado sin efecto o declarado su invalidez judicialmente; Noveno.- Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos del Código Procesal Civil: REVOCARON la sentencia de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventiocho, obrante de fojas ciento quince a fojas ciento diecisiete, que declara fundada en parte la demanda interpuesta de fojas cuarenticuatro a fojas cuarentiocho; y ordena que el demandado Walter Alcibiades Aguilar Morales cumpla con desocupar el inmueble sito en el Jirón Mariano Carranza número setecientos veintiuno, Urbanización Santa Beatriz, Lima, en el término de ley; sin costas y costos; REFORMANDOLA DECLARARON INFUNDADA la referida demanda; con costas y costos; hágase saber y devuélvase; en los seguidos por Misael Román Osorio Aguilar con Walter Alcibiades Aguilar Morales sobre desalojo.

 

SS. PALOMINO THOMPSON / ARANDA RODRIGUEZ / LAMA MORE

 

 

Copropietaria: facultades

 

Debe ampararse el pedido de la copropietaria de realizar una inspección ocular, vía prueba anticipada, a fin de determinar la privación del ejercicio de sus derechos de uso y disfrute del bien común.

 

Expediente 698-97

 

Lima, veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete.

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como vocal ponente la señora Encinas Llanos; Primero.- A que conforme lo señala el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; Segundo.- A que en el caso de autos Angelina Cecilia Novella Coquis de Bracamonte solicita, vía prueba anticipada, una Inspección Judicial en el inmueble ubicado en Pasaje Tacna número ciento sesenta, distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, manifestando como razón de su pedido en los puntos dos y tres del escrito de fojas nueve que se encuentra impedida del ejercicio de sus derechos de uso y disfrute del bien común dejado por su madre, ubicado en la dirección ante señalada, en el que es copropietaria con la emplazada Alcira Mercedes Novella Coquis, al verse privada del ejercicio de sus derechos y por estar beneficiándose la emplazada con la explotación económica del bien al tenerlo arrendado, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo doscientos ochenticuatro del código acotado; Tercero.- A que al haberse declarado improcedente de plano la demanda se atenta contra lo establecido en el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por lo que siendo así REVOCARON la resolución apelada de fojas trece, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventisiete, que declara improcedente la demanda interpuesta; REFORMANDOLA dispusieron que el juez admita a trámite la demanda con arreglo a ley y a los considerandos precedentes; y los devolvieron; en los seguidos por Angelina Cecilia Novella Coquis de Bracamonte con Alcira Mercedes Novella Coquis sobre Prueba Anticipada.-

 

 

Declaración de propiedad: prescripción adquisitiva

 

Resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, si se afirma haber adquirido ésta por contrato de compraventa.

 

Expediente 3992-97

 

Sala Nº 3

 

Resolución Nº 3

 

Lima, veintitrés de abril de mil novecientos noventiocho.

 

Vistos: Interviniendo como ponente la señora Palacios Tejada; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO:Primero.- Que, la actora acude al órgano jurisdiccional a fin que se le declare propietaria, por prescripción adquisitiva, del inmueble sito en Jirón Trujillo ochocientos noventa y ochocientos noventidós - Rímac; Segundo.- Que, constituye fundamento de hecho de su demanda que con fecha quince de febrero de mil novecientos noventicuatro adquirió la propiedad del inmueble materia de litis mediante contrato de compraventa; Tercero.- Que, resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva si se afirma haber adquirido ésta por contrato de compraventa; por estas consideraciones: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos tres a doscientos cinco su fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventisiete que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas noventiuno a cien; en los seguidos por Zenaida Yolanda Rosales de Cubas con Consuelo Amat y León viuda de Baggio sobre Prescripción Adquisitiva; y los devolvieron.

 

SS. CARRION LUGO / CARBAJAL PORTOCARRERO / PALACIOS TEJADA

 

Declaración judicial de prescripción adquisitiva: reconocimiento de un derecho

 

... la declaración judicial efectuada a favor del que adquiere el dominio de un bien por prescripción a base de la posesión directa y pacífica, no puede considerarse un acto de liberalidad, es el reconocimiento de un derecho que le da esa posesión que es de cinco años cuando se trata de un bien rústico... y de diez años si es un inmueble urbano; y si como en este caso, esa posesión la ejerció por el tiempo requerido, durante la unión matrimonial, vale decir, con la tenencia de la sociedad conyugal, es forzoso colegir que se trata de un bien social...

 

CAS. Nº 2176-99

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, siete de diciembre de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número dos mil trescientos sesentiséis - noventinueve; con el acompañado, en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación de fojas seiscientos cuatro interpuesto por Rosa Flores Altamirano de Durand, contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de fojas quinientos noventa, su fecha veintisiete de julio del presente año, que confirma la sentencia apelada de fojas cuatrocientos sesentiuno, que declara infundada la demanda interpuesta por Rosa Elvira Flores Altamirano de Durand contra Juan Durand Tenorio y otros, sobre nulidad de acto jurídico, nulidad del documento que lo contiene y del asiento registral, con lo demás que contiene.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Que, la Corte Suprema mediante resolución de fecha cuatro de octubre del presente año, ha declarado procedente el Recurso de Casación interpuesto por las causales previstas en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, al sostenerse la interpretación errónea del inciso tercero del Artículo trescientos dos del Código Civil, porque las sentencias de mérito consideran que la adquisición de un bien mediante prescripción posesoria, ocurrida durante el matrimonio, está comprendida dentro de esa norma, esto es, que se trata de un bien adquirido a título gratuito por uno de los cónyuges, y es bien propio del adquirente, cuando esa norma debidamente interpretada no comprende esa adquisición; la aplicación indebida de los Artículos mil doscientos veintinueve y mil quinientos veintinueve del Código Civil porque a la transferencia de la posesión efectuada por el padre del demandado, no puede aplicarse las normas del contrato de compraventa, como el pago del precio, pues no tienen el carácter de tal; y la inaplicación de los Artículos trescientos diez, inciso primero del trescientos once y trescientos quince del Código Civil, normas referentes a la determinación de bienes sociales, la presunción para calificar esos bienes sociales que sólo pueden ser transferidos con la intervención de ambos cónyuges.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, son hechos admitidos por las sentencias de mérito e incluso por los justiciables que Juan Durand Tenorio adquirió el título de dominio del predio rústico «El Cerro» de diez hectáreas, por sentencia del treintiuno de agosto de mil novecientos noventa, expedida en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio que siguió, que en esa oportunidad y desde el treinta de abril de mil novecientos setentitrés se encontraba casado con la demandante Rosa Elvira Flores Altamirano de Durand.

 

Segundo.- Que, las sentencias de mérito consideran que esa adquisición es a título gratuito y como tal está comprendida en el inciso tercero del Artículo trescientos dos del Código Civil, esto es que se trata de una asunción de dominio a título gratuito y como tal constituye bien propio del expresado Juan Durand Tenorio.

 

Tercero.- Que, la declaración judicial efectuada a favor del que adquiere el dominio de un bien por prescripción, a base de la posesión directa y pacífica, no puede considerarse un acto liberalidad; es el reconocimiento de un derecho que le da esa posesión que es de cinco años cuando se trata de un bien rústico, de conformidad con la novena disposición complementaria del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés, y de diez años si es un inmueble urbano; y si como en este caso, esa posesión la ejerció por el tiempo requerido, durante la unión matrimonial vale decir, con la tenencia de la sociedad conyugal, es forzoso colegir que se trata de un bien social por mucho que el Juez haya declarado que el marido ha adquirido privativamente el inmueble por prescripción, decisión ésta que concuerda con lo dispuesto en los Artículos trescientos diez y trescientos once del Código Sustantivo anotado y la presunción legal que lo contiene, y evidentemente por esta razón es que en los Registros de Propiedad Inmueble se inscribió esa adquisición del bien en favor de la sociedad legal integrada por ambos esposos, como se ve de la ficha registral de fojas trece.

 

Cuarto.- Que, siendo esto así, al incluir esa adquisición dominal como bien propio del marido por aplicación del inciso tercero del Artículo trescientos dos indicado, se le está dando un alcance extensivo inadecuado, esto es erróneo.

 

Quinto.- Que, en consecuencia, se ha dado la causal de interpretación errónea de una norma material, y a consecuencia de lo cual se han dejado de aplicar los Artículos trescientos diez inciso primero del Artículo trescientos once y Artículo trescientos quince del Código Civil, que establece cuáles son los bienes sociales y que para su disposición se requiere la intervención de ambos cónyuges.

 

Sexto.- Que, tratándose de la causal de aplicación indebida de los Artículos mil doscientos veintinueve y mil quinientos veintinueve, no es fundada, pues a más de ser extraños a la materia controvertida, se pretende darles una interpretación extensiva sin expresar, cómo ni motivarla en forma alguna: Por las consideraciones expuestas la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República FALLA: declarando FUNDADO el Recurso de Casación de fojas seiscientos cuatro interpuesto por Rosa Flores Altamirano de Durand y, en consecuencia declararon NULA la sentencia de vista de fojas quinientos noventa, su fecha veintisiete de julio del presente año, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y actuando en sede de instancia. REVOCARON la apelada de fojas cuatrocientos sesentiuno su fecha veinte de enero del presente año que declaró infundada la demanda de fojas veintinueve; la que declararon FUNDADA y Nulo el contrato de compraventa celebrado por Juan Durand Tenorio con Leonor Durand Tenorio de Ruiz y nula la escritura pública que la contiene y nulo el asiento registral en que se inscribió esa venta a favor de la compradora. sin costas. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Elvira Flores Altamirano de Durand con Juan Durand Tenorio y otros sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SÁNCHEZ PALACIOS P.;

ECHEVARRÍA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

Derecho de propiedad: derecho excluyente. Tarjeta de propiedad

 

La propiedad es un derecho excluyente, que no admite la coexistencia de dos o más titulares de un bien. En caso de vehículos automotores, la propiedad no se prueba con el contrato de compraventa, sino con la tarjeta de propiedad vehicular.

 

Expediente 479-95

 

SC. Trans. C. S.

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, veintitrés de octubre de mil novecientos noventicinco

 

VISTOS ; con los acompañados; por sus fundamentos pertinentes; y , CONSIDERANDO : que la Sala conoce de esta causa en virtud de la Resolución Suprema de fojas cuatrocientos diecinueve que declaró fundada la queja por denegatoria de Recurso de Nulidad; que conforme es de apreciarse de fojas doce, don Fernando Samuel Vásquez Wong demanda tercería excluyente de dominio para que se levante el embargo trabado en el camión marca Dodge D-trescientos de Placa de Rodaje número WG-dos mil nueve; que si bien el tercer opositor sustenta su derecho accionado en el contrato de compraventa de fojas cinco repetido a fojas ciento treintidós, no menos cierto es que por mandato de la Resolución de fojas dieciséis de los autos ejecutivos que se tiene a la vista, se ha otorgado la tarjeta de propiedad del vehículo sub-matería a nombre de la demanda doña María Dorila Silva con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventitrés; que, por tanto, tratándose del derecho de propiedad no es jurídicamente admisible la coexistencia de dos o más personas titulares del derecho de propiedad, por cuanto éste es excluyente, que, por lo expuesto: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos noventidós, su fecha tres de octubre de mil novecientos noventicuatro, que confirmando la apelada de fojas trecientos doce, su fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventitrés, declara INFUNDADA la demanda de fojas doce; con lo demás que a este respecto contiene; entendiéndose que es IMPROCEDENTE ; dejando a salvo el derecho del accionante para que lo haga valer con arreglo a ley; condenaron en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lo interpuso; en los seguidos por don Fernando Samuel Vásquez Wong con doña Dorila Silva Cayotopa y otro, sobre tercería excluyente de dominio y los devolvieron.-

 

SS. VASQUEZ C. CARRION L. QUIROS A. CERNA S. BACIGALUPO H.

 

 

Derecho de propiedad: interés nacional. Privación

 

La Constitución de 1993 señala que nadie puede ser privado de su propiedad, salvo por seguridad nacional o necesidad pública, habiéndose así modificado la Constitución de 1979 al suprimir el interés social como causal de la privación del derecho de propiedad. Por tanto se debe considerar modificado el art. 923º del Código Civil en cuanto a que el concepto de usar la propiedad en armonía con el interés social no implica privar de su derecho al propietario.

 

Casación 84-94

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, cuatro de julio de mil novecientos noventicinco.

 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los señores Urrello Alvarez, Presidente, Buendía Gutiérrez, Ortiz Bernardini, Castillo La Rosa Sánchez y Quirós Amayo, vio en audiencia pública de la fecha la causa número ochenticuatro-noventicuatro y verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: PRIMERO: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Vicente Sampén Farro, mediante su escrito de fojas ciento cuatro, contra la sentencia de fojas ochenticinco, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventicuatro, expedida por la Segunda Sala Civil Agraria de la Corte Superior de Lambayeque, que confirmando la apelada de fojas cincuenta, su fecha veintinueve de abril del mismo año, declara fundada la demanda de fojas catorce, sobre reivindicación y entrega de bien e infundadas las demandas acumuladas de pago de frutos y daños y perjuicios, formulada por doña María Juana Díaz de Mendoza SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- a) que en la sentencia de vista se ha aplicado con errónea interpretación el Artículo novecientos veintitrés del Código Civil, al no haberse tenido en cuenta su segundo acápite que establece que el poder jurídico que otorga el derecho de propiedad, entre los que está de reivindicar el bien, debe ejercerse en armonía con el interés social, por lo que se ha incurrido en una interpretación errónea o indebida de una norma de derecho material; b) se funda además en que se ha inaplicado los Artículos quince y dieciséis del Decreto Supremo número cero cero cuarentiocho - noventiuno -  AGAG / ODA UT que declara inalterables los derechos de posesión reconocidos en vigencia del Texto Unico Concordado del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis y que pre-existe un procedimiento de afectación del inmueble para ser adjudicado al recurrente; c) que finalmente aduce que no se ha aplicado la doctrina jurisprudencial que exige para ampararse una acción de reivindicación que se haya efectuado una inspección ocular y que se acredite también la propiedad del causante de la actora; d) que los hechos denunciados en las líneas precedentes están inmersos en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, como causales del recurso de casación ejercitado; TERCERO: CONSIDERANDO: Primero.- Que la presente demanda se ha promovido el once de febrero de mil novecientos noventicuatro estando vigente la Constitución de mil novecientos noventitrés, cuyo Artículo setenta establece que a nadie puede privársele de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley; que este dispositivo modifica el Artículo ciento veinticinco de la Constitución Política de mil novecientos setentinueve al suprimir la causa de interés social como causal de la privación del derecho de propiedad, que en consecuencia se ha de considerar modificado el Artículo novecientos veintitrés del Código Civil en cuanto a que el concepto de usar de la propiedad en armonía con el interés social no implica privar de dicho derecho al propietario; Segundo.- Que asimismo el Artículo ochentiocho de la Constitución de mil novecientos noventitrés modifica el Artículo ciento cincuentisiete de la Constitución Política de mil novecientos setentinueve en cuanto garantizaba el derecho de propiedad privada sobre la tierra directamente conducida, lo que implicaba la posibilidad de afectación de las tierras conducidas en forma indirecta como lo establecían el Artículo quince, inciso a) del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés, su Tercera Disposición Transitoria o las normas pertinentes de su Reglamento expedido por Decreto Supremo número cero cero cuarentiocho-AG/ODA UT, normas éstas que también deben considerarse modificadas; Tercero.- Que en el caso presente debe tenerse en cuenta que el proceso de calificación de campesino beneficiario de la Reforma Agraria y el proceso de afectación del bien rústico en cuestión no habían concluido, como lo admite el propio demandado a fojas ciento siete de su Recurso de Casación, siendo una simple expectativa; Cuarto.- Que obran en el juicio acompañado sobre desahucio por vencimiento del plazo del contrato seguido por la anterior propietaria doña Petronila Farro Sampén contra don Vicente Farro Sampén el título de propiedad no impugnado de dicha propietaria que obra a fojas seis y la inspección ocular de fojas diecisiete fechada el veinticinco de agosto de mil novecientos noventidós, siendo de resaltar que en dicha acción el demandado admitió ese derecho de propiedad al sostener haber celebrado contrato de arrendamiento con dicha propietaria; y que esta última transfirió su derecho a la ahora demandante conforme consta de la escritura pública de fojas cuatro de estos autos principales, pruebas éstas que conservan su valor en aplicación del Artículo ciento noventiocho del Código Procesal Civil; Quinto.- Que si bien la actividad casatoria debe circunscribirse estrictamente a los fundamentos expuestos por el recurrente, tal exigencia no impide al juzgador a verificar una correcta calificación de los hechos haciendo uso de la facultad contenida en la parte final del Artículo trescientos noventisiete del citado Código Procesal; Sexto. - Como consecuencia de lo expresado en los considerandos anteriores no existe errónea interpretación o inaplicación de normas de derecho material, ni inaplicación de doctrina jurisprudencial. CUARTO: DECLARARON infundado el Recurso de Casación interpuesto por don Vicente Sampén Farro con el escrito de fojas ciento cuatro, y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos trescientos noventiocho y trescientos noventinueve del Código Procesal Civil condenaron al recurrente a pagar dos Unidades de Referencia Tributaria y a las costas y costos del recurso. QUINTO: ORDENARON: la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial El Peruano y que se devuelvan los autos a la instancia respectiva para los fines a que se contrae el último párrafo del Artículo trescientos noventiséis del Código acotado.

 

SS. URRELO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.; CASTILLO LA ROSA S.; QUIROS A.

 

 

Derecho de propiedad. Límites (A)

 

... el derecho de propiedad es un derecho real, sin embargo la propiedad no es un derecho absoluto, ya que debe ser ejercida dentro de los límites de la ley... los predios rústicos pueden ser materia de parcelación o independización, sin requerir de autorización previa, con la única limitación de que la unidad o unidades resultantes no sean inferiores a la superficie de la unidad agrícola o ganadería mínima, establecida en tres hectáreas...

... el haberse pactado en forma contraria a la ley, genera que el acto jurídico sea nulo, ...siendo manifiesta la nulidad, puede ser declarada de oficio por el juez...

 

Casación 3737-97-La Libertad

 

Lima, diecinueve de julio de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

 

VISTOS; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales: Buendía Gutiérrez, Presidente, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos: verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia;

 

RECURSO DE CASACIÓN:

 

Interpuesto por don Nelo Arturo Alegría Pastor y otro, mediante escrito de fojas trescientos once, contra la sentencia de vista de fojas trescientos uno, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que Confirmando la sentencia de fojas doscientos cincuentidós, fechada el dos de julio de mil novecientos noventisiete, declara Fundada la demanda de fojas veintisiete; en los seguidos por don Jacinto Salazar Ventura y otra sobre Nulidad de Escritura Pública.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El Recurso de Casación ha sido declarado procedente mediante resolución de esta Sala Suprema de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventiocho por las causales previstas en el inciso primero y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando:

 

a) La aplicación indebida de los Artículos siete y dieciocho del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés pues son incompatibles con los Artículos setenta y ochentiocho de la Constitución, ya que estas normas no fijan límite alguno al derecho de propiedad.

 

b) Contravención al debido proceso, pues la sentencia se basa en hechos que no fueron motivo ni razón de la demanda vulnerando el derecho de contradicción y legalidad, concentración preclusión e igualdad de las partes que establece y garantiza el inciso tercero del Artículo ciento treintinueve de la Constitución concordado con el Artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, la cuestión a dilucidar es si existe o no límite en cuanto a la extensión para enajenar a los predios rústicos y si al aplicarse al caso de autos se ha vulnerado el derecho al debido proceso.

 

Segundo.- Que el derecho de propiedad es un derecho real, sin embargo la propiedad no es un derecho absoluto, ya que debe ser ejercida dentro de los límites de la ley, es por ello que la Constitución vigente en su Artículo setenta lo garantiza incidiendo en el límite legal, condición que también es recogida en el Artículo ochentiocho de la misma Carta Magna cuando establece que el Estado garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra en forma privada y que la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

 

Tercero.- Que, los predios rústicos pueden ser materia de parcelación o independización, sin requerir de autorización previa, con la única limitación de que la unidad o unidades resultantes no sean inferiores a la superficie de la unidad agrícola o ganadería mínima, establecida en tres hectáreas como lo establece la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario - Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés, que además prohibe que los Registros Públicos inscriban acto o contrato que lo infrinja.

 

Cuarto.- Que, de la Escritura de compra venta que corre a fojas veinticuatro se desprende que la parte del predio rústico materia de compraventa tiene una extensión de uno punto cinco hectáreas, esto es, inferior al mínimo legal permisible.

 

Quinto.- Que, siendo esto así, se ha pactado la compraventa con una extensión inferior al mínimo establecido por el Artículo sétimo del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés concordante con el Artículo décimo sexto y décimo octavo del mismo cuerpo de leyes, por lo que dichas normas han sido debidamente aplicadas, no habiéndose producido infracción alguna al derecho constitucional de la propiedad, toda vez que es la misma Constitución la que establece la potestad del Estado de fijar límites de la tierra según la peculiaridad de cada una, conforme lo establecen los mismos artículos de la Constitución invocados por el recurrente, siendo infundado este extremo del recurso.

 

Sexto.- Que, con relación a la contravención al debido proceso, es menester tener presente que al haberse pactado en forma contraria a la prevista por ley, el acto jurídico que contiene la Escritura Pública es nulo por lo que, puede ser declarada de oficio por el Juez, por ser ésta manifiesta, no existiendo incluso la posibilidad de que pueda subsanarse por la confirmación, conforme lo establecen los Artículos doscientos diecinueve y doscientos veinte del Código Civil.(1)

 

Sétimo.- Que, al ser manifiesta la nulidad del acto jurídico como el aplicable al presente caso, el Juez está facultado para declarar la nulidad de la Escritura Pública y del acto jurídico que la contiene, por haberse pactado en forma contraria a la prevista por ley, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la defensa del recurrente al haber el Colegiado confirmando la resolución de primera instancia en uso de las facultades conferidas por ley, siendo infundado también este extremo del recurso.

 

Octavo.- Que, siendo así, no se han configurado las causales denunciadas en el Recurso de Casación, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil.

 

RESOLUCIÓN:

 

Declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos once por don Nelo Arturo Alegría Pastor y otro, contra la sentencia de vista de fojas trescientos uno, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete; en los seguidos por don Jacinto Salazar Ventura y otra sobre Nulidad de Escritura Pública; CONDENARON al recurrente a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

 

SS. BUENDÍA G.; BELTRÁN Q.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.

 

Derecho de propiedad: oposición y restitución

 

Frente a un derecho real de propiedad, corresponde oponer otro de igual jerarquía, debiendo éste estar inscrito con anterioridad al de aquél, a quien se opone.

Si de manera accesoria se ha planteado la restitución de la posesión del predio, su procedencia o improcedencia está ligada a la suerte que corra la pretensión principal.

 

Expediente 4026-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, veintiuno de abril de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Carbajal Portocarrero; con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Que mediante demanda de fojas treinticinco a cuarentiuno don Custodio Melgarejo Barrón y doña Marcelina Barrón Olórtegui interponen demanda de mejor derecho de propiedad en contra de doña Eva Delia Estela Mego y don Paul Fernández Olivera, a fin de que se les declare con mejor derecho de propiedad del inmueble sito en la manzana D, lote doce, del Asentamiento Humano Marginal "Jorge Chávez", del distrito de Surco - Provincia y Departamento de Lima, demandando en forma acumulativa el desalojo accesorio, a fin de que se le restituya la posesión del predio antes referido; Segundo.- Que, los demandantes han presentado como instrumento sustentatorio de su pretensión el título de propiedad a su nombre del lote número doce del Asentamiento Humano "Jorge Chávez" expedido por la Municipalidad de Lima Metropolitana, debidamente inscrita en la oficina Nacional de los Registros Públicos en la ficha número cuarentiséis diecinueve sesentiocho del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, con fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos ochentiocho, Tercero.- Que, los demandados han acompañado documentación sustentatoria de la posesión que detentan sobre el inmueble Sub litis, mas no sobre la propiedad del citado bien; que en el presente caso se discute el mejor derecho a la propiedad del lote doce, manzana D del Asentamiento Humano marginal "Jorge Chávez"; y no el relativo al lote número doce del Asentamiento Humano "Jorge Chávez"; Cuarto: Que, frente a un derecho real de propiedad corresponde oponer otro de igual jerarquía, debiendo éste estar inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone tal como lo establece el artículo dos mil veintidós del Código Civil, situación que no se da en el presente caso; Quinto: Que, respecto a la demanda acumulativa que de manera accesoria han planteado los demandantes para que se les restituya la posesión del predio Sub litis es de señalar que siendo una pretensión accesoria a la pretensión principal, su procedencia o improcedencia está ligada a la suerte que corra esta última; por estos fundamentos: REVOCARON: la sentencia de fojas doscientos setentiséis a fojas doscientos setentiocho, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete, que declara infundada la demanda de fojas treinticinco y siguientes; REFORMÁNDOLA: la declararon improcedente dicha demanda en todos sus extremos; sin costos ni costas; y los devolvieron; en los seguidos por Custodio Melgarejo Barrón y doña Marcelina Barrón Olórtegui con doña Eva Delia Estela Mego y Paúl Fernández Olivera, sobre declaración de mejor derecho a la propiedad y desalojo.

 

SS. CARRION LUGO / CARBAJAL PORTOCARRERO / PALACIOS TEJADA

 

Derecho de propiedad: prescripción adquisitiva (A) (*)

 

(*)Esta Jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 5 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

Uno de los modos de adquisición de la propiedad es la prescripción adquisitiva, que se da por posesión contínua, pacífica y pública durante el tiempo que señale la ley. Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se la restituye.

 

Expediente 08-96

 

PIURA

 

Lima, veinte de Agosto de mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS; que esta Sala conoce del presente proceso, al haberse declarado fundada la queja de derecho interpuesto por Augusto Bayona Fiestas según copia certificada de fojas doscientos cincuentisiete; con los acompañados; y por sus fundamentos de la apelada; y CONSIDERANDO ADEMAS: que, se adquiere por prescripción la propiedad de un bien inmueble cuando se ha poseído en forma pacífica, continua y pública conforme se establece en el artículo novecientos cincuenta del Código Civil;(1) que en el caso de autos, con el proceso de reinvindicación iniciado conforme es de verse de las copias que obran a fojas ciento ochentinueve, se ha interrumpido la posesión pacífica; conforme se establece en el Código Civil derogado como en el vigente; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha catorce de Junio de mil novecientos noventicinco, que revocando la apelada de fojas ciento treintiuno, su fecha treinta de enero del citado año; declara IMPROCEDENTE la demanda de prescripción extintiva de dominio; con lo demás que contiene y es materia del grado; CONDENARON en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lo interpuso; en los seguidos por Augusto Bayona Fiestas con la Compañía Agrícola Hermanos Valdiviezo Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada; sobre prescripción extintiva de dominio; y los devolvieron.-

 

SS:

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

 

María Julia Piscanti

Secretaria

 

 

Derecho de propiedad: reivindicación y mejor derecho

 

El proceso de reivindicación de la propiedad no es la vía para determinar el mejor derecho, cuando de lo actuado se desprende que ambas partes tienen igual título, válido y legítimo, para acceder al derecho de propiedad. En este caso debe iniciarse específicamente un proceso para discutir el mejor derecho.

 

Expediente 619-95

 

ICA

 

Lima, trece de marzo de mil novecientos noventiséis.

 

VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: que no es posible mediante una acción judicial, declarar la nulidad de la sentencia expedida en otro juicio, porque ello atentaría contra la cosa juzgada reconocida constitucionalmente, por lo que sólo en el propio proceso judicial debe hacerse valer cualquier irregularidad procesal o causal de nulidad que pudiera existir; que la acción de reivindicación es la que tiene el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, pero en este caso tanto los demandantes como el demandado cuentan con título de propiedad, los primeros derivados de la venta que hizo don Isaías Fabriciano Robles Orozco a favor de don Bartolome Silva Campos, entre otros de los derechos pertenecientes a don Asterio Robles Orosco, por haber sido declarado su heredero según auto de ocho de octubre de mil novecientos veintisiete expedido por el Juzgado de Primera Instancia de Ica y por la venta que efectuó don Bartolomé Silva Campos, en favor de doña María Luisa Campos vda. de Silva y el anticipo de herencia efectuada por esta en favor de los actores; que a su vez el demandado cuenta con el título de propiedad por la escritura de adjudicación de derechos y acciones otorgado por el Juez titular de la Provincia de Nazca doctor Víctor Aguirre Bolívar, derivado del juicio de división y partición, cuya nulidad se ha pretendido en esta acción y a su vez por haber sido declarado heredero de don Asterio Robles Orosco, en su condición de hijo, por auto de cuatro de setiembre de mil novecientos sesenticinco, expedido por el Juez de Primera Instancia de Nazca; que ante esta situación legal, no es en el proceso de reivindicación, donde debe definirse cuál de las partes tiene mejor derecho de propiedad, sino en la acción legal correspondiente, por lo que tampoco cabe la procedencia de la demanda acumulada de fojas ciento cincuenticinco, sobre nulidad de contrato; que en cuanto al aspecto de la demanda relativo a la adquisición por prescripción, no reúne los requisitos del artículo mil trescientos cinco del Código de Procedimientos Civiles aplicable al caso por razón de tiempo; que siendo improcedentes las acciones acumulativas, no cabe el pago por el demandado de las costas del proceso; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas quinientos sesentisiete, su fecha primero junio de mil novecientos noventicinco, que revocando en un extremo y confirmando en otro la apelada de fojas cuatrocientos cuarenta, fecha nueve de febrero de mil novecientos noventicinco, declara IMPROCEDENTE en todos sus extremos la demanda de fojas seis, IMPROCEDENTE la demanda acumulada de fojas ciento cincuenticinco e INFUNDADA la reconvención formulada por don Bernabé Robles Valdivia en el primer otrosi de su recurso de fojas diecinueve; con lo demás que contiene y es materia de grado; condenaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; en los seguidos por Bertha Nelly Silva Montoya y otros, sobre reivindicación; y los devolvieron.

 

SS.

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

URRUTIA

 

Derecho de posesión : Requisitos y prueba (A)

 

... no es suficiente que la causante haya estado en posesión del bien materia de litis, ya que la posesión por su propia naturaleza no es susceptible de transmisión sucesoria, sino más bien por tradición, ya que constituye un ejercicio de hecho, que debe ser probada de la tenencia u ocupación del bien...

 

Cas. 1553-98 HUÁNUCO

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales: Buendía Gutiérrez, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACIÓN: Interpuesto a fojas trescientos ochentinueve por doña Celia Munive Sarmiento viuda de Villarreal, contra la sentencia de vista de fojas trescientos setentinueve, su fecha primero de junio de mil novecientos noventiocho, que Confirma la sentencia apelada de fojas trescientos quince su fecha catorce de enero de mil novecientos noventiocho en cuanto declara Fundada la demanda en el extremo referido a la nulidad de acta de partición y división de bienes inmuebles, la Revocaron en cuanto declara Fundada la demanda sobre Mejor Derecho de Posesión, la que Reformando declara Infundado dicho extremo. en los seguidos por doña Basilia Celia Munive Sarmiento viuda de Villarreal, sobre Acción Posesoria y Nulidad de Acta de Partición y División. CAUSALES DEL RECURSO: El Recurso de Casación ha sido declarado procedente mediante auto de esta Suprema Sala de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventinueve; por las causales de inaplicación del Artículo novecientos veintiuno concordado con los numerales novecientos y novecientos uno del Código Civil; por lo que es menester el pronunciarse al respecto. CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de casación determinar si la recurrida ha incurrido en error al exigir requisitos para una reivindicación, cuando se trataba simplemente de una acción posesoria. Segundo.- Que, para el efecto se tiene que el petitorio de la demanda es que se declare el mejor derecho de posesión de la actora sobre los predios rústicos que menciona, a fin de que se les restituya, amparándose en los Artículos novecientos y novecientos veintiuno del Código Civil(1), lo que evidencia que bastaba establecer que los hechos se encuadraban dentro de los supuestos que legitiman la defensa posesoria, de conformidad a lo establecido en el Artículo quinientos noventiocho del Código Procesal Civil(2). Tercero.- Que la sentencia de vista declara Infundada la pretensión sobre mejor derecho de posesión por cuanto la demandante no ha acreditado el derecho de dominio con el testamento otorgado ante Juez de paz, que corre a fojas tres, lo que según la recurrente constituye un error de derecho que contiene pronunciamiento sobre aspecto no controvertido. Cuarto.- Que, si bien la recurrida contiene esa consideración, se basa en que la demanda sustenta el derecho reclamado en la transmisión hereditaria operada sucesivamente del abuelo al padre de su cónyuge don Félix Villarreal Vara y de éste a favor suyo y el de su hijo, ahora codemandado don Pedro Villarreal Munive, acreditada a través de instrumentos testamentarios y declaratorias de herederos. Quinto.- Que, por el contrario en las instancias de mérito no se ha establecido que la demandante haya estado en posesión del bien materia de litis, no siendo suficiente que lo haya estado su causante ya que la posesión por su propia naturaleza no es susceptible de transmisión sucesoria, sino más bien por tradición, ya que constituye un ejercicio de hecho, que debe ser probada de la tenencia u ocupación del bien. Sexto.- Que, en consecuencia si bien las normas materiales que sustentan el Recurso de Casación serían aplicables al caso, al no existir el supuesto de hecho sobre los que puedan desplegar sus efectos, la pretensión es infundada, por lo que la recurrida ha emitido un fallo arreglado a Ley, no habiendo incurrido en causal de casación, por lo que de conformidad con lo establecido por el Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil. RESOLUCIÓN: Declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos ochentinueve por doña Celia Munive Sarmiento viuda de Villarreal, contra la sentencia de vista de fojas trescientos setentinueve su fecha primero de junio de mil novecientos noventiocho; en los seguidos contra doña Juana Bautista Villarreal Valentín y otro, sobre Acción Posesoria y Nulidad de Acta de Partición y División; CONDENARON a la recurrente al pago de una multa ascendente a dos Unidades de Referencia Procesal; así como al pago de costos y costas originados del recurso; ORDENARON se publique el texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

 

SS. BUENDÍA G; BELTRÁN Q.; ALMEIDA P. SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.

 

 

 

Derecho de retencion: Interpretación

 

... la retención es un derecho real de garantía, que solamente procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión material y jurídica; en el primer caso, el derecho de crédito surge de la inversión material sobre la cosa, como en el caso de las mejoras; en el segundo caso, el derecho del crédito surge como consecuencia de la conservación jurídica del valor de la cosa, como cuando el poseedor ha comprado una servidumbre, ha extinguido una hipoteca.

 

CAS. N° 401-99

 

LIMA

 

Lima, seis de julio de mil novecientos noventinueve.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública en la fecha del año en curso, emite la siguiente sentencia; con el acompañado:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Ana Grace Lam Byrne contra la sentencia de vista expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima a fojas ciento cincuentitrés, su fecha siete de diciembre de mil novecientos noventiocho, que confirma la apelada de fojas ciento nueve, su fecha dieciséis de julio del mismo año, y declara fundada en parte la demanda y fundada en parte la reconvención; infundada la demanda en cuanto al pago de la cláusula penal pactada, e infundada la reconvención respecto a la indemnización.

 

2.         FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha trece de abril de mil novecientos noventinueve, ha estimado procedente el Recurso de Casación por las siguientes causales: a) la interpretación errónea del artículo mil cuatrocientos veintiséis del Código Civil, pues se ha considerado erróneamente que en los contratos con prestaciones recíprocas cuando una parte suspende su prestación de entregar un bien como consecuencia del incumplimiento de la otra parte, se debe sancionar adicionalmente a la parte que suspendió dicha prestación con el pago por concepto de uso del bien; b) la inaplicación de los Artículos mil ciento veintitrés y mil ciento veintisiete del Código Civil, indicando que resulta aplicable al presente caso las normas invocadas, ya que por el derecho de retención el poseedor de un bien está facultado para suspender la entrega del bien hasta que la otra parte cumpla con su parte cumpla con su obligación, señala adicionalmente que por el ejercicio del derecho de retención no se puede sancionar al poseedor al pago por concepto de uso del bien.

 

3.         CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, en las instancias inferiores se ha considerado que la transacción contenida en un contrato con prestaciones recíprocas, siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo mil cuatrocientos veintiséis del Código Civil, interpretándose dicha norma en el sentido que sin bien la compradora tiene derecho a suspender la entrega del inmueble, ello no implica que tenga derecho a un uso gratuito del inmueble, debiendo pagar la suma de seiscientos dólares mensuales a partir de la fecha del incumplimiento de entrega del bien.

 

Segundo.- Que, el Artículo mil cuatrocientos veintiséis del citado cuerpo de leyes, regula la excepción de incumplimiento o exceptio non adimpleti contractus, que es una de las consecuencia más importantes de la interdependencia de un contrato con prestaciones recíprocas, el cual tiene por fundamentos según lo sostiene Luis Diez Picazo en su Obra Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial (Tecnos Segunda Edición. V.I. página quinientos sesentiuno), proteger el mantenimiento del equilibrio patrimonial entre las prestaciones recíprocas que se manifiesta en que cada parte puede rehusar o rechazar el cumplimiento de la obligación prevista a su cargo, mientras la otra parte no cumpla con la suya.

 

Tercero.- Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo mil trescientos treinticinco del Código Civil, uno de los efectos sustanciales de la excepción de incumplimiento es que la suspensión de la prestación a cargo del demandado no genera que éste incurra en mora en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños y perjuicios que ocasione el retraso en el cumplimiento de su obligación.

 

Cuarto.- Que, al haberse considerado que el derecho de suspensión de la prestación no implica el uso gratuito del inmueble así como al condenarse a la compradora al pago por el uso del bien, se ha vulnerado los principios que sustentan la excepción de incumplimiento, es decir, se ha violado respecto al equilibrio patrimonial entre las prestación recíprocas, y que en los contratos con prestaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora, interpretándose erróneamente lo dispuesto en el Artículo mil cuatrocientos veintiséis del Código Civil.

 

Quinto.- Que, en los casos que la parte demandada opone la excepción de incumplimiento corresponde restablecer el equilibrio entre las prestaciones, en consecuencia, debe condenarse a ambas partes al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo de transacción extrajudicial, debiendo la demandada devolver el inmueble y a su vez los demandantes devolver la suma de doce mil ochocientos dólares, sin intereses.

 

Sexto.- Que, en cuanto a la denuncia de inaplicación de normas de derecho material, debe entenderse que la retención es un derecho real de garantía, que solamente procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene, dicha conexión se produce en los casos que existe una conexión material o jurídica; en el primer caso, el derecho de crédito surge de la inversión material sobre la cosa, como en el caso de las mejoras; en el segundo caso, el derecho de crédito surge como consecuencia de la conservación jurídica del valor de la cosa, como cuando el poseedor ha comprado una servidumbre, ha extinguido una hipoteca; siendo esto así, en el presente caso no se cumple con el requisito de conexidad entre el derecho de crédito de la compradora y el bien que se retiene, en tal virtud, no resulta aplicable las normas sobre derecho de retención.

 

4.         SENTENCIA:

 

Estando a las consideraciones que anteceden, la Sala Civil de la Corte Suprema; declarara FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Ana Grace Lam Byrne; en consecuencia CASAR la sentencia de vista de fojas ciento cincuentitrés, su fecha siete de diciembre de mil novecientos noventiocho; y actuando como órgano de instancia, REVOCARON la apelada de fojas ciento nueve, su fecha dieciséis de julio del mismo año, en la parte que se compensa las obligaciones entre la suma que los demandantes debían devolver y lo devengado por concepto de uso del inmueble, ordenado que la demandada pague la suma de cinco mil doscientos dólares, más la suma de seiscientos dólares mensuales por concepto de uso del bien hasta la fecha efectiva de su devolución; REFORMÁNDOLA declararon infundada dicho extremo de la demanda; confirmaron en lo demás que contiene; en los seguidos con César Roberto Li Li y otra, sobre obligación de hacer y otro concepto; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. 

 

SS. PANTOJA; IBERICO; RONCALLA;

OVIEDO DE A.; CELIS

 

Derecho de uso: conclusión del uso (A)

 

El uso se rige por las disposiciones del usufructo. El nuevo propietario pondrá fin al contrato de uso indeterminado, no inscrito, enviando una comunicación vía notarial con una anticipación no menor a treinta días.

 

Casación 2354-97

 

LIMA

 

Lima, once de junio de mil

novecientos noventiocho.

 

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la Causa número dos mil trescientos cincuenticuatro-noventisiete, con el acompañado, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Hugo Reynaldo Mejía Sánchez mediante escrito de fojas ciento diecisiete, contra la resolución emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento diez, su fecha veintiséis de setiembre de mil novecientos noventisiete; que confirmando la apelada de fojas cuarentiocho, fechada el diez de diciembre de mil novecientos noventiséis, declara fundada la demanda de desalojo;

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La casación se fundó en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en la aplicación indebida del artículo mil trescientos sesentitres del Código Civil, por cuanto los aplicables son los artículos mil trescientos cincuentitrés, mil veintiséis, mil veintisiete, mil veintiuno y mil trescientos sesenticinco del Código Sustantivo por cuanto tratándose de un contrato real de derecho de uso y habitación de ejecución continuada, que no tiene plazo convencional o legal, el demandante no le ha dado fin conforme al artículo mil trescientos sesenticinco del Código acotado;

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- que, el Recurso de Casación fue concedido a fojas ciento veintidós y fue declarado procedente por resolución de fecha trece de enero del presente año, sólo por las causales invocadas.

 

Segundo.- que, la resolución de vista reconoce que el demandado gozaba de un contrato verbal gratuito de cesión de uso de inmuebles sublitis, otorgado por la anterior propietaria y que al haber sido transferido el inmueble considera que el plazo de duración de dicho contrato ha vencido y que no puede ser opuesto al nuevo propietario porque no intervino en la celebración de dicho acto jurídico.

 

Tercero.- que, el contrato de uso y habitación se encuentra comprendido entre los contratos reales de acuerdo al Título cuarto del Capítulo cuarto del Libro quinto del Código Civil y se encuentra regulado por los artículos mil veintiséis y mil veintisiete de dicho Código.

 

Cuarto.- que, el artículo mil veintiséis del Código Civil establece que el derecho de uso se rige por las disposiciones del usufructo.

 

Quinto.- que, el artículo mil veintiuno referido al usufructo dispone que se extingue por cumplimiento de los plazos máximos que establece el artículo mil uno del Código Sustantivo(1) o del establecido en el acto constitutivo, por prescripción resultante del no uso del derecho durante cinco años, por consolidación, por muerte o renuncia del usufructuario, por destrucción o pérdida total del bien y por abuso que el usufructuario haga de su derecho enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias.

 

Sexto.- que, tratándose de un contrato verbal de uso sin plazo determinado el convenio no se encuentra sujeto a ninguna de las causales de extinción antes señaladas.

 

Séptimo.- que, esto no significa que al contrato no se le pueda poner fin, pero como se trata de uno de ejecución continuada sin plazo, debió hacerse uso del artículo mil trescientos sesenticinco del Código Civil que requiere aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días.

 

Octavo.- que, en este caso no se ha cumplido con poner fin al contrato, mediante la carta notarial a que se hace referencia, por lo que continua su ejecución.

 

Noveno.- que, resulta así, que el demandado no tiene la condición de ocupante precario, porque tiene título para ocupar el inmueble, derivado de un contrato de uso al que no se le ha puesto fin.

 

Décimo.- que, por las mismas razones resulta aplicado indebidamente el artículo mil trescientos sesentitrés del Código Civil(2) e inaplicados los Artículos mil trescientos cincuentitrés, mil veintiséis, mil veintisiete, mil veintiuno y mil trescientos sesenticinco de dicho Código.

 

Décimo Primero.- que, presentándose las causales de los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo, y de conformidad con el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas ciento diecisiete y en consecuencia declararon NULA la resolución de vista de fojas ciento diez, su fecha veintiséis de setiembre de mil novecientos noventisiete, y actuando en sede de instancia; REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuarentiocho de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventiséis, que declaró fundada la demanda y reformándola declararon infundada la demanda de fojas dieciocho en todos sus extremos; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; en los seguidos por don José Alberto Pacheco Martínez con don Hugo Reynaldo Mejía Sánchez, sobre Desalojo por Ocupante Precario; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ALMENARA B.; RONCALLA V.; VASQUEZ C.; ECHEVARRlA A.

 

 

 

Derechos reales de garantía: hipoteca (C) (*)

 

(*) Esta jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 8 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

SANCHEZ ABANTO, ELENA

 

La sección Actualidad Jurisprudencial  incluye una relación de jurisprudencias tanto  civiles como registrales, ordenadas en forma didáctica de acuerdo a su contenido jurídico. Para facilitar su uso cada sumilla lleva un subtítulo referido al tema central, contiene además una breve reseña explicativa que toma en cuenta los aspectos más relevantes de cada jurisprudencia y la cita textual del juzgador (en negrilla) que podrá ser utilizada por el abogado litigante en apoyo o como fundamento de sus recursos.

 

Expediente 795-95 - LIMA

 

Lima, 24 de Julio de 1995.

 

1.-        Requisito de validez:  individualización del bien.

 

En un proceso de ejecución de garantías que recae sobre dos bienes inmuebles, se declara fundada la ejecución de la hipoteca sobre uno de ellos, en la medida que se cumple con los requisitos para su validez. Así también se declara fundada la tacha deducida por el ejecutado respecto al certificado de gravamen sobre el otro inmueble, pues en este último caso no se estaría cumpliendo con la individualización del bien que sirve de garantía (existe discrepancia en la numeración).

 

Conforme al primer contrato celebrado entre las partes se constituyó hipoteca para garantizar el pago de deudas y responsabilidades en general a favor del Banco (ejecutante), al cumplirse con todos los requisitos para constituir el gravamen hipotecario se procede a la ejecución de la garantía. Pero en lo referente a la segunda hipoteca, si bien la garantía recae en un inmueble específicamente individualizado en el contrato, la ficha  de inscripción de la referida hipoteca en el registro pertinente hace referencia a un inmueble con distinta numeración, por lo tanto el juzgador determina que en este caso no se cumple con la debida individualización del bien. Textualmente sostiene:

 

            "La especialidad es requisito sustancial de la hipoteca, la misma que comprende dos elementos: a) determinación de la obligación garantizada; y b) individualización de la cosa que sirve de garantía (confr.: - Instituciones de Derecho Civil - los Derechos Reales de Garantía, Jorge Eugenio Castañeda -Lima - mil novecientos sesentisiete, tomo tres, página doscientos doce);..."

 

Resolución 463-96-ORLC/TR

 

Lima, 30 de Diciembre de 1996.

 

2.-        Requisito de validez: El gravamen debe ser por cantidad determinada o determinable.

 

Constituyen requisitos de validez de la hipoteca, conforme nuestra legislación, que afecte el bien el propietario o el autorizado para ese fin, que se asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble.

 

En la presente resolución la Registradora deniega la solicitud de inscripción de la hipoteca solicitada, por cuanto:

 

"...de la Escritura Pública presentada no se desprende claramente que cada una de las hipotecas sobre los inmuebles mencionados en la misma sean hasta por la suma allí indicada ($900.00.00); por lo que también deberá corroborarlo de esta manera, además del Banco, el propietario hipotecante mediante una declaración jurada con firma legalizada".

 

El Tribunal Registral confirma la observación señalando como fundamentos:

 

            "...por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero, siendo uno de sus requisitos de validez, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y que se inscriba en el registro de la propiedad inmueble,..."

 

            "...en el presente caso revisado el título presentado, aparece en la primera cláusula del contrato, que se constituyen dos hipotecas por la suma total de $900,000.00 dólares no indicándose el monto que le corresponde a cada una de ellas, ni señalándose que cada una lo sea por dicho monto, no cumpliendo así con lo exigido por el último dispositivo citado en el considerando que antecede;..." (Art.1099 inc 3º).

 

Resolución 392-96-ORLC/TR

 

Lima, 18 de Noviembre de 1996.

 

3.-        Constitución de hipoteca sobre varios  inmuebles.

 

El Tribunal Registral confirma la observación formulada por el Registrador aunque con distintos fundamentos. La observación expresa que se deniega la solicitud de inscripción:

 

"por cuanto el pedido para la inscripción de la hipoteca sólo en el inmueble ubicado en la Av Aviación, debe efectuarse mediante otro instrumento público, con la intervención de todas las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 48 de la Ley del Notariado. Por otra parte, se deja constancia que respecto al otro inmueble existe discrepancia en relación al distrito a que pertenece".

 

El título corresponde al contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria y fianza solidaria, hipoteca que ha de recaer sobre dos inmuebles. Existe discrepancia en la rogatoria, por todo lo cual el Tribunal Registral concluye:

 

            "...el Art. 28 del Reglamento de las Inscripciones dispone que cuando el título comprende varios inmuebles o derechos y se trata de constitución de hipoteca, debe expresarse además, la parte del crédito de que responde cada uno de los bienes hipotecados o si cada uno de éstos responde íntegramente por el crédito;"

 

            "...para efectos registrales, la inscripción de la hipoteca tiene carácter constitutivo, por lo que la rogatoria debe coincidir con el título que se presenta; la expresión de voluntad de las partes plasmada en la escritura pública que le da mérito, no puede ser enervada por decisión unilateral al momento de la rogatoria y tampoco puede modificar el contenido de los derechos afectados, pues entonces se hace necesaria la presentación de título distinto, conforme a lo preceptuado en el Art. 1099 del Código Civil."

 

Resolución 219-96-ORLC/TR

 

Lima, 02 de Julio de 1996.

 

4.-        Constitución de hipoteca por copropietario

 

El Registrador denegó la inscripción de Hipoteca de bienes inmuebles sujetos a copropiedad por cuanto:

 

"El Art. 969 define la copropiedad como la pertenencia de un mismo inmueble por dos o más personas, en cuotas ideales, que como su nombre lo indica son simplemente derechos que tiene un copropietario sobre un inmueble indiviso, de naturaleza abstracta. En el caso de una hipoteca, el Art. 1097 del mismo código la define como la afectación de un inmueble no de cuotas ideales. Concordado con el Art.1100 del Código Civil, la hipoteca recae sobre inmuebles específicamente determinados. La cuota ideal, por su naturaleza, no está determinada por lo que no es susceptible de gravamen".

 

El Tribunal Registral revoca la observación y dispone su inscripción en base a:

 

            "...el Art. 977 del Código Civil establece que cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos, como también puede gravarlos, entendiéndose con ello la posibilidad de afectar tales bienes, de  ser inmuebles, con hipoteca;

 

            "...además el Art. 978 del mismo código señala que si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto,".

 

Resolución 113-95-ORLC / TR

 

Lima, 11 de diciembre de 1995.

 

5.-        Cobertura de la hipoteca

 

Inversiones Banco de Comercio S.A. apela contra la observación formulada por el Registrador de la Primera Sección de Propiedad Inmueble de Lima a la solicitud de Cancelación de Precio y Levantamiento de Hipoteca sobre Inmuebles, la misma que señala: "existe discrepancia en cuanto al monto de  la  hipoteca  a  cancelar  partidas  registrales I/. 510,000 intis, así consta del título archivado que dio mérito para extender el as. 2 y 3 de todas las fichas indicadas (...) y los  partes adjuntados (...) que contiene la escritura pública dice hipoteca a cancelarse por un monto de I/. 596,900.48 intis".

 

El Tribunal Registral resuelve revocar tal observación, e inscribir lo solicitado con los argumentos siguientes:

 

            "...la hipoteca es un derecho real que se extingue conjuntamente con la obligación a la que garantiza, y que la declaración del acreedor, es suficiente expresión para considerar que la hipoteca está efectivamente extinguida, máxime si la suma consignada en los partes notariales excede a la consignada en la partida registral".

 

            "...del estudio del título archivado, referente a la constitución de hipoteca, se puede colegir que la cancelación del gravamen solicitado está referido al mismo crédito y que por lo demás, la hipoteca cubre el capital, los intereses que devengue las primas de seguro pagadas por el acreedor y eventualmente los costos de juicio acorde con lo dispuesto en el art. 1107 del Código Civil".

 

Casación  884-95- LA LIBERTAD

 

Lima, 14 de Octubre de 1996.

 

6.-        Hipoteca constituida para garantizar títulos transmisibles

 

Se declara fundado el Recurso de Casación interpuesto por el Banco Continental, que se sustentaba en la aplicación indebida del artículo 1108 del Código Civil: "La escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador, consignará, además de las circunstancias propias de la constitución de hipoteca, las relativas al número y valor de los títulos que se emitan y que garanticen la hipoteca; la serie o series a que correspondan; la fecha o fechas de la emisión; el plazo y forma en que deben ser amortizados; la designación de un fideicomisario; y las demás que sirvan para determinar las condiciones de dichos títulos."

 

El proceso se inició con la interposición de la demanda por el Banco Continental frente al incumplimiento de pago del crédito hipotecario por parte del deudor Pronorte Contratistas Generales S.R.L. El título que apareja ejecución estaba contenido en escritura pública de crédito hipotecario, hipoteca constituida por sus propietarios para garantizar a Pronorte Contratistas Generales S.R.L en el pago de las deudas y responsabilidades en general que pudieran tener ellos o el deudor frente al Banco Continental por descuentos, pagarés, aceptaciones, advance accounts, avales, créditos en cuentas corrientes, créditos documentarios, fianzas. La Sala de Casación declaró que no se trata por ello de la situación prevista por el Art. 1108 del Código Civil; porque la hipoteca no se constituyó exclusivamente para garantizar título transmisible por endoso o al portador. Concluye:"Tratándose de un crédito hipotecario para garantizar derechos y responsabilidades en general, resulta aplicado indebidamente el artículo mil ciento ocho (1108) del Código Civil, que sólo resulta pertinente cuando la hipoteca se constituye para garantizar exclusivamente títulos transmisibles por endoso o al portador".

 

Expediente 2675-87- HUANUCO

 

Lima, 24 de mayo de 1990.

 

7.-        El gravamen hipotecario no constituye vicio oculto

 

Celebrada una compraventa de inmueble gravado con hipoteca, el comprador consigna el saldo de precio e interpone demanda de otorgamiento de escritura pública acumulada con una acción de saneamiento por evicción contra los vendedores. El juzgador determina que, en el fondo lo que se pretende es la reducción del precio de venta del inmueble, por la existencia de un vicio que disminuye su valor, es decir, estaríamos frente al ejercicio de la acción estimatoria o quantiminoris, sin embargo concluye "que la existencia de un gravamen hipotecario no puede considerarse como una hipótesis de vicio oculto " puesto que como lo establece el artículo mil trescientos cincuentitrés del Código Civil de mil novecientos treinseis: "No se consideran vicios ocultos, los que el adquirente ha podido conocer por si mismo ", y estando a lo dispuesto por el artículo quinto del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos " se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona está enterada del contenido de las inscripciones".

 

Casación  655-95-LIMA

 

Lima, 02 de Setiembre de 1996.

 

8.-        Derecho de preferencia

 

Se interpone recurso de casación por la causal de interpretación errónea del Art. 2016 del Código Civil en el sentido que la prioridad registral sólo es invocable cuando se trata de derechos de la misma naturaleza  y en la inaplicación del Art.2022 del Código Civil en el que se establece que cuando se oponen derechos de distinta naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común.

 

La Sala de Casación desestima las pretensiones, declara infundado el recurso interpuesto y en conclusión no casa la sentencia de la instancia correspondiente. Pese a ello establece importantes presupuestos:

 

            "Si bien es cierto que conforme al Artículo dos mil veintidós se reconoce preferencia para el caso del derecho de propiedad adquirido conforme al Artículo novecientos cuarentinueve del Código Civil frente a un crédito quirografario inscrito mediante embargo, este mismo razonamiento  no puede ser de aplicación al caso de la hipoteca puesto que conforme al Artículo mil noventiocho del mismo Código ésta recién se constituye, en la fecha en que se otorga la correspondiente Escritura Pública".

 

            "En consecuencia,  y de conformidad con los Arts. 140 inc 4, 1098, 2012, y 2019 inc 7 del Código Civil debe concluirse necesariamente que la hipoteca no otorga derecho de preferencia  sobre un embargo  inscrito con anterioridad a la fecha de su constitución".

 

Resolución 086-96-ORLC/TR

 

Lima, 01 de Marzo de 1996.

 

9.-        Derecho de persecución

 

Se solicita la inscripción de traslación de dominio por razón del reconocimiento de deuda y dación en pago, que es denegada por el Registrador con los argumentos siguientes:

 

"Debía intervenir el Banco Latino, para prestar su consentimiento a la presente transferencia"; en virtud a que los inmuebles objeto de la transferencia se encontraban hipotecados a favor de esa institución bancaria (acreedor hipotecario).

 

El Tribunal Registral revoca la observación y dispone su inscripción en base principalmente:

 

            "...es de aplicación al presente caso el Art. 1097 del C.C., que reconoce al Acreedor el derecho de persecución del bien hipotecado, dado que la hipoteca no implica una desposesión del referido bien, y, éste puede ser perseguido aún cuando hubiera pasado a propiedad de terceros, mediante la acción real que plantea el Art. 1117 del mismo Código; por lo que, el hecho que los actuales propietarios transfieran el bien a terceros, no afecta el derecho de hipoteca instituido a favor del Banco Latino;"

 

Expediente 1847-92- JUNIN

 

Lima, 27 de Setiembre de 1993.

 

10.-      Buena fe registral

 

Se declara infundada la demanda sobre nulidad de escritura interpuesta por algunos coherederos, contra el Banco Hipotecario y los actuales propietarios por haberse subastado el inmueble hipotecado por uno sólo de ellos. Los fundamentos del juzgador radican en que si bien quien gravó el inmueble no era el único propietario aparecía como tal en los Registros Públicos, y por ello el predio fue hipotecado en una contratación lícita, luego fue subastado en proceso de ejecución de garantías  conforme a ley, ejerciendo en esa oportunidad, los ahora demandantes su derecho de defensa, por todo lo cual, no se puede afectar el derecho de los terceros adquirentes de buena fe. Textualmente señala "el predio gravado fue subastado en ejecución de garantía como aparece del expediente fenecido que aparece a la vista, obteniendo la buena pro los actuales propietarios demandados, cuyo derecho como terceros adquirentes de buena fe no puede ser afectado".

 

Expediente  685-94 LIMA

 

Lima, 20 de Diciembre de 1994.

 

11.-      Publicidad registral

 

Se declara improcedente la demanda sobre tercería excluyente de dominio pues según fluye de lo actuado, de la fecha de la escritura pública de compraventa, de la ficha registral del inmueble sublitis, y de la correcta interpretación del art.2012 del Código Civil (principio de publicidad registral); que el inmueble fue adquirido con conocimiento del ahora  propietario y tercerista de la existencia del derecho real que recaía sobre aquél. "Por lo tanto el tercerista  adquirió un bien gravado con derecho real que permite a la acreedora hipotecaria perseguir la cosa hasta hacerse pago de su crédito, toda vez que es menester que para interponer esta clase de acciones que la adquisición se haya hecho libre de gravámenes inscritos en los registros públicos".

 

Resolución 089-96-ORLC/TR

 

Lima,  01 de Marzo de 1996.

 

12.-      Cesión de derechos hipotecarios

 

La Registradora denegó la inscripción de Contrato de Cesión de Derechos sobre Mutuo Hipotecario celebrado en el extranjero cuya minuta y posterior Escritura Pública fueron realizadas en territorio peruano y presentadas en la Oficina Registral de Lima y Callao, por lo siguiente:

 

"Al requerir al apelante, la presentación de la Escritura Pública relativa al Contrato de Cesión adecuada a los Arts 1207, 2010, 2088 y 2094 del Código Civil y al Art. 4 del Reglamento de Inscripciones, dejando además constancia que la traducción inserta en la Escritura Pública debe ceñirse a lo establecido por el Art. 30 de la Ley del Notariado además de dar cumplimiento al Art.23 y siguientes de esta Ley por tratarse de un instrumento público notarial".

 

El Tribunal Registral resuelve revocar la observación en la parte expositiva y reformándola declarar el título no inscribible principalmente por:

 

            "...en la primera parte del Art. 2095 se dispone que las obligaciones contractuales se rigen por la Ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la Ley del lugar de su cumplimiento;"

 

            "...del mutuo convenido podrían estar reguladas por leyes distintas a las nacionales, ello no puede por igual aplicarse al extremo del Contrato que se refiere a la garantía hipotecaria de bienes inmuebles ubicados dentro del Perú como son los explicitados en el acto de la Cesión de Derechos a favor del apelante dado que, la ejecución de una garantía inmobiliaria como su correspondiente extinción debe ocurrir en el lugar en que se encuentran los bienes inmuebles..."

 

Resolución 032-95-ORLC/ TR

 

Lima, 06 de Noviembre de 1995.

 

13.-      Jurisdicción del registro predial

 

Banco Internacional del Perú interpone apelación frente a la observación formulada por el Registrador del Registro de Propiedad Inmueble a la solicitud de inscripción de hipoteca con los argumentos siguientes:

 

            "en virtud del Memorándum Nº 149-A-95-ORLC se pone en atención a los Registradores que el Registro Predial ha asumido jurisdicción de determinados predios, dentro de los cuales se encuentra el Lote (...), por lo tanto este Registro ya no tiene jurisdicción sobre dicho inmueble".

 

El Tribunal Registral resuelve confirmar la observación  y en consecuencia declarar que la inscripción del mismo es improcedente principalmente por los  siguientes considerandos:

 

            "de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del D.S. Nº 001-90-VC y el art.48 del D.Leg. Nº495, Ley de Creación del actualmente denominado Registro Predial, este Registro oficiará al Registro de Propiedad Inmueble sobre el inicio de sus actividades, acompañando los listados de Pueblos Jóvenes cuyas partidas matrices hubiera incorporado;"

 

            "... como consecuencia de la recepción del Oficio, las partidas extendidas en el Registro de Propiedad Inmueble correspondientes a esos mismos pueblos jóvenes quedarán automáticamente  cerradas en dicho registro, sin necesidad de que se extienda el respectivo asiento de cierre, así como en forma simultánea quedarán bloqueadas, también automáticamente y sin asiento expreso, todas las partidas de lotes pertenecientes a los Pueblos Jóvenes cuyas partidas se hubieran cerrado, según lo regulado en la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento del D.Leg. Nº495, aprobado por D.S. Nº 001-90-VC de 16.1.90."

 

Resolución 279-96-ORLC/TR

 

Lima, 12 de Agosto de 1996.

 

14.-      Rectificación de inscripción de hipoteca legal

 

El Registrador deniega la rectificación y levantamiento de hipoteca legal por cuanto:

 

"Del examen del título no se desprende que el precio se encuentre totalmente cancelado, pues en su  cláusula  tercera  se  establece  que el  saldo  de  precio  (50%)  restante  de  US$. 5,500.00 será pagado al momento de firmarse la Escritura Pública, situación de la que no se ha dejado constancia, ni fe de entrega, por lo que no es posible determinar si en dicha ocasión se canceló o no el saldo del precio, motivo por el cual se procedió a inscribir la respectiva hipoteca legal";

 

El Tribunal Registral revoca la decisión del Registrador y dispone se proceda a la rectificación principalmente por:

 

            "...en el Contrato del citado título como se ha indicado, el Comprador acordó entregar la mitad del precio a la firma de la Minuta y la otra mitad a la firma de la Escritura Pública, con lo cual se evidencia que ambas partes condicionaron el cumplimiento de sus prestaciones al cumplimiento de dos presupuestos de hecho, esto es, la firma de la Minuta y la firma de la Escritura Pública, siendo que ambos actos quedaron verificados tal como lo prueba la Escritura Pública del 23 de noviembre de 1995, debiéndose considerar que de haberse omitido el pago del saldo del precio, el Vendedor no hubiera suscrito la correspondiente Escritura Pública".

 

Resolución 113-96-ORLC/TR

 

Lima, 18 de Marzo de 1996.

 

15.-      Renuncia expresa a hipoteca legal

 

Se solicita se registre en vía de rectificación la cancelación de hipoteca legal, en virtud de que el título de compraventa, establece en la cláusula sétima la renuncia expresa de la vendedora a la hipoteca legal que surge al existir un saldo del precio de venta, quedando, en consecuencia, extinguida la hipoteca legal.

 

El Tribunal  revoca la observación y dispone vía rectificación la inscripción de la cancelación de la hipoteca legal básicamente:

 

            "...del análisis del título archivado mencionado, se desprende que el Registrador omitió calificar el título íntegramente, toda vez que no ha tomado en cuenta la expresión de renuncia a la hipoteca legal(...) y en consecuencia inscribió la hipoteca legal;"

 

            "...si bien de conformidad con los Arts. 1118 inciso 1) y 1119 del Código Civil surge una hipoteca legal de pleno derecho cuando el inmueble se enajena sin que su precio haya sido pagado totalmente, el Artículo 1120 del mismo cuerpo legal faculta al acreedor para renunciar a dicha hipoteca al momento de contraer la obligación o por acto posterior que puede ser unilateral;"

 

Resolución 022-96-ORLC/TR

 

Lima, 22 de Enero de 1996.

 

16.-      Límites de la calificación registral

 

Se solicita inscripción de hipoteca que fue denegada por el Registrador por cuanto:

 

"1)Debe intervenir el cónyuge de la mutuante (Acreedora) ya que para disponer de los bienes sociales se requiere la intervención de ambos cónyuges; 2)Debe certificarse la firma del Notario ante la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, por no encontrarse su firma en el padrón existente en la institución."

 

El Tribunal resuelve revocar la observación principalmente:

 

            "...la calificación registral debe centrarse en la hipoteca que se pretende constituir, dado que el contrato de mutuo no es acto inscribible, por lo que no corresponde para estos efectos calificarlo  y resulta irrelevante pronunciarse al respecto, por lo que si la hipoteca cumple todos los requisitos para su constitución procede su inscripción;" (Se trata de un bien propio).

 

            "...respecto al segundo punto de la observación registral, no existe sustento legal para exigir la certificación que se indica..."

 

Resolución 305-96-ORLC/TR

 

Lima, 21 de Agosto de 1996.

 

17.-      Facultad especial para levantamiento de hipoteca

 

Se observa la solicitud de inscripción de  cancelación de préstamo y levantamiento de hipoteca en base a que:

 

"De acuerdo al principio de literalidad de los poderes contenidos en el Art. 155 del Código Civil, resulta insuficiente el poder del representante del solicitante, en tanto se encuentra facultado a constituir hipotecas pero no para cancelarlas, estando a que para los actos de disposición se requiere poder especial donde conste el encargo de modo indubitable".

 

El Tribunal Registral confirma la observación señalando:

 

            "...el Art. 156 y el inc. 1º del Art.167, al aludir a los actos de disposición de bienes, se refieren a todos los actos traslativos, constitutivos  y extintivos, no cabiendo hacer distingo entre ellos, dado que la ley no lo hace, advirtiéndose en el uso del término "gravar" una innecesaria redundancia al momento de legislar."

 

            "... no es admisible que la existencia de la facultad de hipotecar signifique necesariamente el otorgamiento de la facultad para levantar hipotecas, toda vez que, la constitución de la hipoteca no es un acto principal respecto al cual su levantamiento se puede considerar como secundario...".

 

Resolución 088-96-ORLC/TR

 

Lima, 01 de Marzo de 1996.

 

18.-      Levantamiento de hipoteca

 

Se solicita inscripción de cancelación y levantamiento de hipoteca, la cual es denegada por el Registrador por cuanto: "Los representantes de la recurrente no cuentan con el encargo específico para cancelar hipotecas con lo cual se transgrede el principio de literalidad de los poderes recogido por los Art. 155 y 156 del Código Civil".

 

El Tribunal Registral resuelve dejar sin efecto la observación y ordenar su inscripción  pues "el motivo de la denegatoria de inscripción a la fecha, ya no existe" y la representación a la fecha de expedir la resolución del Tribunal, se encuentra adecuadamente inscrita en el asiento y ficha correspondiente del Registro Mercantil.

 

Resolución 319-96-ORLC/TR

 

Lima, 06 de Setiembre de 1996.

 

19.-      Reducción de la base material de la hipoteca

 

Se solicita la  inscripción de compraventa y levantamiento de hipoteca de uno de los  inmuebles sobre los cuales recae el gravamen. El Registrador observa la solicitud sustentándose básicamente en lo siguiente:

 

"Habiéndose constituido la hipoteca a favor del Banco Wiese mediante Escritura Pública de 30 de marzo de 1992, por US. $266,255.25, inscrita en el asiento y ficha respectiva, y subdividiéndose (posteriormente) el inmueble, la hipoteca constituida en la matriz tuvo que trasladarse a cada uno de los inmuebles subdivididos e independizados; en consecuencia, no se ha dividido la hipoteca, conservando su integridad jurídica, y no constando pacto en contrario que modifique los efectos de la indivisibilidad, razón por la cual de levantarse la hipoteca  deberá levantarse la hipoteca trasladada a cada uno de los inmuebles independizados.."

 

El Tribunal Registral resuelve revocar la observación formulada por los siguientes fundamentos:

 

            "...si bien el Principio de Indivisibilidad que rige la hipoteca, plasmado en el Art. 1102 del Código Civil, establece que la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados, debe tenerse en cuenta que lo que realmente se está efectuando es una desafectación de parte de los bienes gravados, sustrayéndolos de la hipoteca, pero manteniéndola sobre los restantes inmuebles gravados, y no una transgresión a dicho principio acordando una división de hipoteca por pago parcial de la obligación garantizada, que significaría que la hipoteca quedaría limitada a una parte proporcional del bien y que no subsistiría por entero sobre la integridad de éste;"

 

            "...la hipoteca ha sido establecida en protección del derecho del acreedor, por lo que éste puede inclusive renunciar en forma expresa y por escrito, a dicha hipoteca, produciéndose la extinción de la misma, a tenor de lo dispuesto en el inc 3º del Art. 1122 del Código Civil, pudiendo por tanto y con mayor derecho reducirla unilateralmente en su base material, desgravando uno de los bienes afectados;"

 

Resolución 293-96-ORLC/TR

 

Lima, 19 de Agosto de 1996.

 

20.-      Cancelación de hipoteca por consolidación

 

Se declara procedente la inscripción de hipoteca que se constituye como primera y preferencial no obstante aparecer inscrita una anterior hipoteca en la misma partida registral, en virtud de que fue otorgada con anterioridad a favor de quien aparece como propietario actual. Por lo tanto, la hipoteca se extinguió al operar la consolidación o confusión en una misma persona de las calidades de titular del bien (propietario) y titular del derecho real de garantía sobre el mismo bien (acreedor hipotecario). El Tribunal Registral expresamente señala: "en primer término, la inscripción de la hipoteca que se constituye como primer y preferencial sobre el predio inscrito resulta procedente, no obstante la  circunstancia de aparecer registrada una hipoteca en el asiento 8 de la partida, toda vez que la preferencia de la hipoteca es por razón de su antigüedad conforme a la fecha de registro salvo cuando se ceda su rango, de acuerdo a lo expresamente señalado en el Art. 1112º del Código Civil". Y "en virtud del inciso 5º del Art. 1122 del Código Civil, la hipoteca acaba por consolidación, es decir,  que el derecho real se extingue cuando en una misma persona se da la cualidad de titular dominial y de titular del derecho real que lo grava, pero no opera en perjuicio de terceros, perjuicio que no se produce en el presente caso dado que no existen otros titulares con derecho real en la partida Registral".

 

Expediente 914-95 LIMA

 

Lima, 26 de julio 1995.

 

21.-      Tasación comercial - Valor Actualizado

 

En un proceso de ejecución de garantía hipotecaria se confirma el auto apelado que declara infundada la contradicción formulada por el ejecutado en base a que el artículo 720 del código procesal civil, en que el ejecutado ampara su contradicción, no exige que el estado de la cuenta del saldo deudor sea en documento independiente; y convoca a remate el inmueble materia de hipoteca, señalando expresamente:

 

            "...habiendo las partes convenido el valor del fundo hipotecado en moneda extranjera para responder una deuda, también en moneda extranjera, como lo establece el artículo 1235 del Código Civil, no es necesaria la presentación de nueva tasación tal como lo determina el artículo 720 del Código Procesal Civil, quinto párrafo; ..."

 

Expediente 261-94- LAMBAYEQUE

 

Lima, 14 de Abril de 1994.

 

22.-      Tasación comercial actualizada del inmueble gravado

 

En un proceso sobre ejecución de garantías se declara No Haber Nulidad en el auto que revoca el apelado, Fundadas las oposiciones y nulidades deducidas por los demandados con los fundamentos siguientes:

 

            "La circunstancia de haberse desestimado la acción ejecutiva recaudada con un pagaré que representaba el mismo crédito, por haberse perjudicado dicho título perdiendo su mérito ejecutivo, no impide llevar adelante la ejecución de garantía promovida en cuaderno aparte con la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en tanto y cuanto subsista el mutuo por no haberse cancelado su valor";

 

            "Cosa distinta ocurre si la demanda de ejecución de garantía no ha sido recaudada con la tasación comercial actualizada que disponía el inciso d) del artículo ciento noventa del Decreto Legislativo seiscientos treintisiete y actualmente lo exige el artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil, que es precisamente lo que sucede en el presente caso y que el ejecutante debe cumplir como condición previa para proveer su solicitud".

 

Expediente 794-95

 

Lima, 22 de Junio de 1995.

 

23.-      El proceso de ejecución de garantías culmina con la transferencia del inmueble al adjudicatario.

 

En un proceso sobre ejecución de garantías ya culminado se perpetuaron actos de robo y destrucción con posterioridad al remate, hechos que llevaron al adjudicatario a solicitar se resuelva el contrato y se le devuelva el precio del remate, la Sala declara improcedente el pedido señalando que el adjudicatario tiene expedito su derecho para hacerlo valer de acuerdo a ley, añadiendo además que:

 

            "...el proceso de ejecución de garantías y consiguiente ejecución forzada, culmina con la transferencia del inmueble al adjudicatario mediante auto en  el cual, entre otros, se dispone se dejen sin efecto los gravámenes que pesen sobre el bien y da orden al ejecutado o administrador judicial para que entregue el bien al adjudicatario dentro del plazo de diez días..."

 

            "...la transferencia del bien a favor del adjudicatario en el presente caso, por tratarse de bien inmueble se ha producido en el acto del remate, por lo que el precio depositado corresponde al acreedor ejecutante careciendo de fundamento la oposición del adjudicatario;..."

 

 

Desalojo del poseedor precario: ¿Se pierde la precariedad si se es amparado con un interdicto de retener? (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia se publicó en el Tomo N° 13 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

No se pierde la calidad de precario por el hecho de haber sido amparado por un interdicto de retener, pues no se puede asimilar la defensa de la posesión a lo que es la defensa de la propiedad, debiendo  prevalecer en un supuesto como éste los derechos del propietario.

 

Casación 2398-97-Ica

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPúBLICA

 

Demandante     :           Alejandro Manuel Bocanegra Mejía.

Demandado     :           Gabino Pérez Salinas y otra.

Asunto             :           Desalojo.

Fecha               :           24 de febrero de 1999.

 

VISTOS ; con el acompañado; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia integrada por los señores Vocales; Buendía Gutiérrez, Presidente; Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Villacorta Ramírez; verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Alejandro Manuel Bocanegra Mejía, mediante escrito de fojas doscientos treintinueve, contra la sentencia de vista de fojas doscientos treintiséis, su fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que Revocando la apelada de fojas doscientos veinticinco, su fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventisiete, que declaró fundada la demanda sobre desalojo, de fojas ciento treintiocho, reformándola la declara improcedente.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El recurrente invocando el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil denuncia la inaplicación de los Artículos ochocientos noventisiete, novecientos noventitrés del Código Civil(1) ; siendo declarado procedente el recurso por dicha causal mediante auto supremo de fecha doce de junio de mil novecientos noventiocho.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero .- Que, para la eficacia de la causal de inaplicación de norma de derecho material, es necesario que tal norma sea aplicable al caso de autos y que el colegiado haya omitido su aplicación.

 

Segundo .- Que, la sentencia de vista resuelve declarar infundada la demanda de desalojo por considerar que el demandado no tiene la condición de precario(2) al haber sido amparado judicialmente un interdicto de retener(3) planteado contra el accionante en estos autos, lo que le da un título de posesión que no se debe desconocer(4).

 

Tercero.- Que, de los fundamentos de la sentencia impugnada es de verse que el colegiado ha incurrido en una confusión de conceptos, por cuanto se ha asimilado la defensa posesoria con la defensa de la propiedad, habiendo hecho prevalecer la primera sobre la segunda en un supuesto en el que el legislador nacional claramente hace prevalecer los derechos del propietario.

 

Cuarto .- Que, en efecto, el Artículo novecientos once del Código Civil define al precario como el poseedor que carece de título para ejercer la posesión del bien o que habiéndolo tenido éste ha fenecido, título  que no puede considerar la sentencia de fojas ciento cincuentinueve del acompañado, que ampara a los demandados frente a actos perturbatorios del propietario, toda vez que la misma sentencia deja a salvo el derecho de este último para hacerlo ante el órgano jurisdiccional, lo que se manifiesta en la presente acción.

 

Quinto.- Que, por el contrario, ha quedado establecido en autos que el codemandado Pérez Hurtado era trabajador del demandante y en esa condición recibió la posesión del terreno en el que ha permanecido, por lo que la recurrida debía haber aplicado el Artículo ochocientos noventisiete del Código Civil que señala que no es poseedor quien encontrándose en relación en dependencia de otro, conserva la posesión en nombre de éste.

 

Sexto .- Que, igualmente, no ha aplicado las normas contenidas en los Artículos novecientos once y novecientos veintitrés del mismo código sustantivo para definir la condición de precario de los demandados y de propietario del demandante, las cuales justifica que la demanda sea amparada en la forma como lo hace la sentencia de primera instancia; por las conclusiones antes vertidas y de conformidad con el Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Alejandro Manuel Bocanegra Mejía mediante escrito de fojas doscientos treintinueve y, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos treintiséis, su fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, y Actuando en Sede de Instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos veinticinco, su fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventisiete, que declara FUNDADA la demanda de fojas ciento treintiocho, Ordenaron a los demandados desocupar y entregar el predio sub litis al acto, con costas y costos; ORDENARON que el texto de la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Alejandro Manuel Bocanegra Mejía con don Gabino Pérez Salinas y otra, sobre Desalojo; y los devolvieron.

 

SS. BUENDÍA G.; BELTRÁN Q.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.; VILLACORTA R.

 

Desalojo por ocupación precaria: exigibilidad de titulo de propiedad inscrito

 

« ... Para poder accionar sobre desalojo por ocupación precaria, debe el actor acreditar que su título de propiedad se encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos, a efecto de ser opuesto a un tercero...»

 

EXPEDIENTE               :           1795 - 95.

 

Lima, treinta de abril de

mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución recurrida; y CONSIDERANDO: además; PRIMERO: Que el concepto de uso precario a que se refiere el artículo quinientos ochentiséis, segunda parte, del Código Procesal Civil, es el de ocupante sin título alguno, sin consentimiento del dueño y sin pagar merced conductiva; SEGUNDO: Que para que sea procedente el proceso de desalojo por ocupación precaria, es necesario que el demandante pruebe debidamente su derecho de propiedad sobre el bien cuya desocupación solicita; TERCERO: Que en el caso de autos, el actor ha presentado para acreditar su derecho de propiedad, el documento de fojas sesentidós, cuya copia corre a fojas tres, el mismo que por sí solo no acredita debidamente su derecho de propiedad; CUARTO: Que al respecto, cabe señalar, que si bien es cierto el contrato de compra-venta es de naturaleza consensual, que consiste en la obligación que adquirió el propietario de transferir la propiedad de un bien al comprador y éste de pagar su precio; también lo es, que ese acto se perfecciona o consuma con el otorgamiento del título y la posesión efectiva, si se trata de bienes inmuebles, cuya posterior inscripción en el Registro es garantía contra terceros; QUINTO: Que a mayor abundamiento, existe jurisprudencia que señala que la transferencia del bien debe ser perfeccionada mediante la entrega real del bien vendido y el otorgamiento del título correspondiente, por cuanto que la falta de alguno de dichos actos, haría que el contrato de compra-venta quede en la esfera de lo simplemente ideal; SEXTO: Que existe también uniforme y reiterada jurisprudencia, que establece que para poder accionar sobre desalojo por ocupación precaria, debe el actor acreditar que su título de propiedad se encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos, a efecto de ser opuesto a un tercero; SEPTIMO: Que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; y OCTAVO: Estando a lo dispuesto por el artículo doscientos del Código Procesal Civil. CONFIRMARON la sentencia apelada corriente de fojas setenticinco a setentisiete, de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventicinco, que declara infundada la demanda de fojas cinco a siete, sin costas; y los devolvieron.- En los seguidos por don Luis Allende Sarrin contra don Hernando Cáceres Campos y otra sobre

Desalojo.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / UMPIRE NOGALES.

 

Desalojo por ocupación precaria e intrascendencia de argumentación de concurrencia de acreedores

 

«... El Artículo mil ciento treinticinco del Código Civil, ubicado en el Título de las Obligaciones del (sic) Dar, se refiere a la prelación que tienen los acreedores a quienes un mismo deudor se obligó a entregar un bien inmueble, que podría ser el caso de varias ventas de un mismo bien a favor de distintas personas, u otros contratos que generen obligación de entregar un bien inmueble, como los derechos reales de usufructo, habitación, superficie o anticresis, por lo que su invocación en un proceso de desalojo por ocupación precaria, en el que el demandante acreditando su derecho de propiedad, acciona contra el que ocupa el inmueble sin título, resulta una argumentación secundaria, 'obiter dicta' o 'ex abundantia', y que no trasciende el fallo, que se seguirá manteniendo en atención a sus fundamentos jurídicos principales».

 

CASACION Nro.           :           672 - 97 / LIMA.

 

Lima, dieciocho de agosto de mil novecientos noventiocho.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública, el diecisiete de agosto del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Gloria Arriola de Ubillús, contra la sentencia de vista de fojas ciento setentiséis, su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis, que confirmando la apelada de fojas ciento ocho, su fecha tres de agosto de mil novecientos noventicinco, declara fundada la demanda y ordena que los demandados desocupen el inmueble materia de los autos en el término de ley, con lo demás que contiene y es materia de apelación.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por Resolución de esta Sala Suprema, del primero de setiembre de mil novecientos noventisiete, se declaró la procedente el recurso, por las causales de: a) aplicación indebida del Artículo mil ciento treinticinco del Código Civil, norma relacionada con la concurrencia de acreedores sobre el inmueble, que no es relevante al caso de autos; b) la inaplicación del Artículo mil trescientos setentidós del Código Civil que señala que por la resolución recobra su vigencia el estado anterior a ésta, es decir su calidad de arrendataria; y c) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por falta de pronunciamiento respecto de la apelación formulada contra las excepciones deducidas al contestar la demanda.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que cuando se denuncia contravención al derecho al debido proceso, se impone examinar en primer lugar sus fundamentos, pues de resultar fundada la consecuencia será una declaración de nulidad y ya no será posible examinar las otras causales.

 

Segundo.- Que al contestar la demanda, a fojas cincuentiséis, la demanda dedujo las excepciones de representación insuficiente y de cosa juzgada, las que fueron desestimadas en la Audiencia de fojas ochenticuatro, y la apelación interpuesta concedida sin efecto suspensivo, ha sido declarada nula en la propia sentencia de vista, pues la apelante no cumplió con adjuntar el comprobante de la tasa judicial correspondiente; de tal manera que no se ha incurrido en causal de nulidad, habiendo la Sala Superior actuado en aplicación del dispuesto en el Artículo trescientos sesentiocho «in fine» del Código Procesal Civil.

 

Tercero.- Que el Artículo mil ciento treinticinco del Código Civil, ubicado en el Título de las Obligaciones del Dar, se refiere a la prelación que tienen los acreedores a quienes un mismo deudor se obligó a entregar un bien inmueble, que podría ser el caso de varias ventas de un mismo bien a favor de distintas personas, u otros contratos que generen obligación de entregar un bien inmueble, como los derechos reales de usufructo, habitación, superficie o anticresis, por lo que su invocación en un proceso de desalojo por ocupación precaria, en el que el demandante acreditando su derecho de propiedad, acciona contra el que ocupa el inmueble sin título, resulta una argumentación secundaria, «obiter dicta» o «ex abundantia», y que no trasciende el fallo, que se seguirá manteniendo en atención a sus fundamentos jurídicos principales.

 

Cuarto.- Que la demandada y el demandante celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble, que hoy es materia del proceso de

desalojo, el que se resolvió por las sentencias de fojas diez y once, y como antes de dicha compraventa, la demandada tuvo calidad de inquilina, sostiene que se ha inaplicado el Artículo mil trescientos setentidós del Código Civil, en cuya virtud recobró esa calidad.

 

Quinto.- Que en derecho se distingue la rescisión, que deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo y la resolución, que deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Como señala el Artículo mil trescientos setentidós citado; la primera opera retroactivamente, desde el momento de la celebración del contrato, mientras que la segunda opera ex nunc.

 

Sexto.- Que la demandada fue efectivamente propietaria del bien, en virtud de la compraventa antes referida, y ese derecho lo perdió al declararse la resolución por sentencia ejecutoriada, de tal manera que, a la fecha en que fue emplazada con la demanda de desalojo por ocupante precaria, carecía de título.

 

4. SENTENCIA:

 

Estando a las conclusiones que anteceden, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema; declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Gloria Arriola de Ubillús; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas ciento setentiséis, su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis; CONDENARON al recurrente al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; en los seguidos por don Víctor Llerena Muñoz, sobre desalojo; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; SANCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.; CELIS

 

 

Desalojo por ocupación precaria: intrascendencia de atribución de posesión en sentencia de vista por titulo de propiedad inscrito

 

« ... El hecho de que la sentencia de vista le atribuya a la demandada posesión como propietaria carece de trascendencia ante la existencia de título de propiedad inscrito de la parte actora que le faculta la acción de desalojo por precario...»

 

CASACION Nro.           :           14 - 95  /  AREQUIPA.

 

Lima, siete de noviembre de mil novecientos noventicinco.

 

VISTOS; con el acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los señores Castillo Castillo, Urrello Alvarez, Buendía Gutiérrez, Ortiz Bernardini y Castillo La Rosa Sánchez; verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Benedicta Cornejo de Muñoz, mediante su escrito de fojas doscientos dieciséis, contra la sentencia de fojas doscientos diez, su fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventicuatro, expedida por la Primera Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la apelada de fojas ciento sesenta-A, fechada el dieciséis de setiembre del mismo año, declara Fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria y asimismo confirma la resolución de fojas ochentiocho, de nueve de junio del citado año, que declara Infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción extintiva deducida por la demandada, en los seguidos por don Guillermo Zimmermann Ardúz y otra contra doña Benedicta Cornejo de Muñoz, sobre desalojo; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La demandada doña Benedicta Cornejo de Muñoz sustenta su recurso en la inaplicación de norma de derecho material porque al resolver la excepción de prescripción extintiva de la acción no ha citado el fundamento de derecho como dispone el inciso quinto del Artículo ciento treintinueve de la Constitución de mil novecientos noventitrés, habiendo debido aplicarse alguno de los Artículos desde el mil novecientos ochentinueve al dos mil dos del Código Civil, aludiéndose también a la interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial; que la falta de cita de derecho constituye también afectación del derecho al debido proceso respecto de la excepción de prescripción extintiva de la acción, y en lo referente a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa por haberse admitido una prueba con posterioridad a la realización de la audiencia única; que finalmente señala que se le atribuye posesión como propietaria sin haberlo ella dicho; CONSIDERANDO: Primero.- que la resolución de fojas ochentiocho al pronunciarse sobre la excepción de prescripción extintiva de la acción, alude a que la demandada en el punto dos del escrito de fojas treintisiete deduce tal medio de defensa que funda en el inciso a) del Artículo segundo del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés sobre la seguridad jurídica que el Estado otorga a la tenencia y propiedad de las tierras rústicas indicando que los derechos reales sobre ellas se rigen por el Código Civil, para en seguida expresar que desde la adquisición del fundo en mil novecientos ochentitrés han pasado más de diez años a la fecha de inicio de esta litis, habiendo prescrito la acción real a tenor del artículo dos mil uno del Código Civil; además la indicada resolución establece que durante la vigencia del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis no era procedente incoar las acciones de desahucio y aviso de despedida; la de vista de fojas doscientos diez reproduce los fundamentos de las resoluciones apeladas, que contienen citas legales, pero expresa además que habiendo mediado juicio de retracto entre las mismas partes que terminó en marzo de mil novecientos noventa fundada en la condición de subarrendataria, el plazo de prescripción sólo corre a partir de esa fecha y habiéndose interpuesto la demanda en diciembre de mil novecientos noventitrés no ha corrido el plazo de prescripción; en consecuencia no hay omisión de cita legal y por otro lado no podía correr el plazo prescriptorio para esta clase de acción por no permitirlo el Artículo ciento treinta del Texto Unico Concordado del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis; no hay pues la omisión anotada ni afectación del derecho al debido proceso, ni interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial; Segundo.- que, en lo referente a una prueba admitida después de la audiencia única vinculada a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, debe tenerse en cuenta lo siguiente: que con posterioridad a la demanda se presentaron pruebas por la demandada relativas a su calificación como beneficiaria de la reforma agraria y de afectación del fundo en litigio que aluden a que el predio pertenecía a la testamentaria Macedo Pastor a sabiendas que lo era de don Guillermo Zimmermann Ardúz y señora debido a la acción de retracto que antes se había seguido entre las mismas partes hecho nuevo que motivó el pedido del propietario de fojas cincuentiséis, para que se anule el proceso administrativo seguido a sus espaldas con malicia, que terminó con la expedición de la Resolución Ministerial número cero doscientos cincuentitrés-noventicuatro-AG de veintisiete de mayo de mil novecientos noventicuatro que declaró caduco dicho procedimiento administrativo y de la Resolución Ministerial número cero quinientos cincuenticinco-noventicuatro-AG de catorce de setiembre de mil novecientos noventicuatro, obrantes a fojas setentiséis y doscientos tres, con lo que terminó la vía administrativa conforme a lo dispuesto por el inciso b) del Artículo ocho y ciento diez del Decreto Supremo número cero dos-noventicuatro-JUS Texto Unico Ordenado del Decreto Ley número veintiséis mil ciento once; además la excepcionante ha presentado a su vez los instrumentos de fojas noventiocho y ciento setenticinco relativos a la misma situación que ella hizo valer administrativa y judicialmente; por consiguiente la presentación de la prueba no ha sido indebida, por ser legítimo el derecho de defensa; Tercero.- que el hecho de que la sentencia de vista le atribuya a la demandada posesión como propietaria carece de trascendencia ante la existencia de título de propiedad inscrito de la parte actora que le faculta la acción de desalojo por precario, sin que se haya presentado documento alguno que se oponga a tal derecho; tampoco tiene trascendencia lo relativo a la falta de nombre del predio porque las demandas acumuladas sobre retracto de fojas ocho, setentiséis y ciento cincuentiuno del juicio de retracto acompañado, acreditan que las propias demandantes, entre ellas doña Benedicta Cornejo de Muñoz, sostienen que el predio sin nombre comprado por don Guillermo Zimmermann y esposa es el mismo que ellas conducen bajo el nombre de fundo «La Gonzales»; no hay pues en la cuestión de fondo infracción a las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fojas doscientos diez, su fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventicuatro; CONDENARON a la recurrente a la Multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como a las costas y costos del recurso; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don José María Guillermo Alberto Zimmermann Ardúz y otra con doña Benedicta Cornejo de Muñoz, sobre Desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron.

 

SS. CASTILLO C.; URRELLO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.;

CASTILLO LA ROSA S.

 

 

División y partición

 

La división y partición tiene que referirse a bienes que existan real y físicamente en el caudal, hacienda o patrimonio que pretenda repartirse. No cabe hacer la partición de bienes, que no son parte del patrimonio del causante, por tratarse de bienes ajenos.

 

Expediente 1474-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, dieciocho de mayo de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor García Godos Campos; por sus fundamentos; y, CONSIDERANDO: además: Primero.- Que la división y partición tiene que referirse a bienes que existan real y físicamente en el caudal, hacienda o patrimonio que pretenda repartirse; Segundo.- Que salvo las acciones y derechos en la Empresa Maquinarias y Representaciones Sociedad Anónima (SERCONSA) y las acciones y derechos en la empresa Compañía Inmobiliaria El Progreso del Perú Sociedad Anónima, señalados bajo las letras f) e i) de la demanda de fojas dieciséis a diecinueve, sobre los bienes señalados en los puntos a), b), c), d), e) g), h), j) y k), no se ha probado en autos que al fallecimiento de don Fermín Alberto Molina Lozano hayan pertenecido a éste; Tercero.- Que en consecuencia no siendo parte del patrimonio del causante o que habiéndole pertenecido han salido de su dominio, no cabe legalmente hacerse la partición por tratarse ya de bienes ajenos; que por las consideraciones anteriores, el derecho que alegan los demandantes, podrían hacerlos valer en todo caso, en otra clase de acción, pero no en ésta por no ser procedente; CONFIRMARON: la sentencia apelada de fecha siete de abril de mil novecientos noventisiete corriente en autos de fojas doscientas treinta a doscientas treintidós, que declara fundada en parte la demanda de fojas seis a nueve y en consecuencia ordena la división y partición de las trescientos cuarentiocho acciones que mantenía el causante don Fermín Alberto Molina Lozano en la Compañía Inmobiliaria El Progreso del Perú Sociedad Anónima a que se refiere la Ficha Registral número seis mil novecientos cincuentidós del Registro Mercantil así como en las quinientos acciones que mantenía el referido causante en la Empresa Maquinarias y Representaciones Sociedad Anónima, a que se refiere la ficha once mil novecientos nueve del Registro Mercantil, la que se realizará en ejecución de sentencia y en partes iguales entre todos los herederos, previa intervención pericial a fin de determinar el monto de dichas acciones e infundada en cuanto se refiere a los demás bienes que se señala en el escrito de demanda, con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por Laura Muñante García y otra con Luis Alberto Molina Muñante y otros, sobre División y Partición.

 

SS. FERREYROS PAREDES / VALCARCEL SALDAÑA / GARCIA GODOS CAMPOS

 

 

Edificación en terreno ajeno. Mala fe: efectos, prueba (A)

 

... existe mala fe cuando el que construye sabe que el terreno en el cual edifica no le pertenece, no es de su propiedad; en este caso, el dueño del terreno puede exigir la demolición de lo edificado si le causa perjuicio más el pago de la correspondiente indemnización, o sino, hace suyo lo edificado sin obligación de pagar su valor.

... se considera que hay mala fe cuando el demandado tenía conocimiento que dicho inmueble no era de su propiedad... no es suficiente la afirmación que se construyó porque creyó que él era el propietario al haber comprado el terreno sin firmar documento alguno... el demandado no ha probado que el propietario haya prestado su consentimiento para edificar dicha construcción, ni que por el transcurso del tiempo el demandante haya perdido el ejercicio de sus derechos a la propiedad

 

Casación 1589-99-Huaura

 

HUAURA

 

Lima, nueve de diciembre de mil novecientos noventinueve.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República , Vista la Causa número mil quinientos ochentinueve guión noventinueve en audiencia pública en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Santa Prudencia Sociedad Anónima, contra la resolución de vista de fojas trescientos treinticinco, su fecha nueve de junio de mil novecientos noventinueve, que revoca la apelada de fojas doscientos sesentinueve, de fecha veintinueve de enero del mismo año, que declara fundada en parte la demanda y declara propietaria por accesión a la Empresa demandante Santa Sociedad Anónima respecto de la edificación construida de mala fe por los demandados en terreno ajeno, reformándola la declararon infundada.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por Resolución de esta Sala Suprema del veintiséis de julio de mil novecientos noventinueve, se ha declarado procedente el recurso por la causal contenida en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciado la aplicación indebida del Artículo novecientos catorce del Código Civil, ya que dicha norma señala que se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario, entonces, esta norma está referida a la presunción legal del ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, cual es la posesión conforme lo señala el Artículo ochocientos noventiséis del Código sustantivo, así como la interpretación errónea del Artículo novecientos cuarentitrés del Código material, ya que la Sala Civil ha considerado como consustancial a la edificación, la posesión de los demandados, analizándola con relación al terreno de propiedad de su representada, cuando la mala fe exigida por el citado Artículo novecientos cuarentitrés está referida a la "malicia o temeridad" de los demandados en los actos propios de la construcción de lo indebidamente edificado, vale decir la mala fe advertida en la construcción independientemente y sin perjuicio de que la posesión ostentada por los demandados es de buena o mala fe, con relación al terreno sobre el cual se edifica indebidamente.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, el demandante denuncia la aplicación indebida de una norma de derecho material contenida en el Artículo novecientos catorce del Código Civil, ya que dicha norma señala que se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario, y está referida a la presunción legal del ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, cual es la posesión conforme lo señala el Artículo ochocientos noventiséis del Código acotado.

 

Segundo.- Que asimismo, denuncia la interpretación errónea de una norma de derecho material contenida en el Artículo novecientos cuarentitrés del precitado Código,(1) ya que la Sala Civil ha considerado como consustancial a la edificación, la posesión de los demandados, analizándola con relación al terreno de propiedad de su representada, cuando la mala fe exigida por el citado artículo está referida a la malicia o temeridad de los demandados en los actos propios de la construcción de lo indebidamente edificado, vale decir la mala fe advertida en la construcción indebidamente y sin perjuicio de que si la posesión ostentada por los demandados es de buena o mala fe, con relación al terreno sobre el cual se ha edificado indebidamente.

 

Tercero.- Que, en la resolución impugnada se aplica el Artículo novecientos catorce del Código sustantivo, norma referida a la presunción de buena fe de parte del poseedor, al indicar en sus fundamentos que no ha existido mala fe de parte del demandado en la posesión del inmueble sub litis, afirmando que la ausencia de la misma ha quedado demostrada por hechos propios de la actora, como es el haber reconocido el recurrente la condición de inquilino en otro proceso anterior.

 

Cuarto.- Que, considerando el sentido adoptado por el Colegiado respecto a esta norma y de otro lado, la pretensión subsistente demandada, dicho fundamento no tiene mayor incidencia en lo resuelto en la impugnada.

 

Quinto.- Que, en cuanto a la segunda causal invocada por el recurrente, la Sala Civil arriba a la conclusión de que no se ha configurado la mala fe a que se contrae el Artículo novecientos cuarentitrés del Código material, después de haber apreciado los hechos y medios probatorios actuados, resaltando la fecha en que se obtiene la licencia de construcción, esto es, febrero de mil novecientos ochentisiete, y el largo silencio de diez años de parte del demandante, infiriendo que éste sí prestó su consentimiento de manera cuando menos tácita, para la edificación.

 

Sexto.- Que, cuando una persona edifica en terreno ajeno existe buena fe cuando ignora que el terreno no es de su propiedad, en cuyo caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación o el invasor debe pagar el valor comercial del terreno; de otro lado, existe mala fe cuando el que construye sabe que el terreno en el cual edifica no le pertenece, no es de su propiedad; en este caso, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causa perjuicio más el pago de la correspondiente indemnización, o sino, hace suyo lo edificado sin obligación de pagar su valor.

 

Sétimo.- Que siendo esto así, en el caso de autos se ha interpretado erróneamente el Artículo novecientos cuarentitrés del Código Civil, porque el demandado tenía conocimiento que dicho inmueble no era de su propiedad, no siendo suficiente la afirmación de que construyó porque creyó que él era el propietario al haber comprado el terreno sin firmar documento alguno; el contrato de compraventa debe revestir las formalidades que establece la ley para su validez; que tampoco constituye prueba suficiente lo expuesto por la resolución impugnada porque el demandado no ha probado que el propietario haya prestado su consentimiento para edificar dicha construcción, ni que por el transcurso del tiempo el demandante haya perdido el ejercicio de sus derechos a la propiedad.

 

Octavo.- Que considerando que la resolución que se impugna ha interpretado en forma errónea la norma contenida en el Artículo novecientos cuarentitrés del Código Civil, el Recurso de Casación debe declararse fundado respecto de esta causal.

 

4. SENTENCIA:

 

Por las consideraciones anteriores; declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Santa Prudencia Sociedad Anónima, y en consecuencia, CASARON la resolución de vista de fojas trescientos treinticinco, su fecha nueve de junio de mil novecientos noventinueve, y actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la apelada de fojas doscientos sesentinueve, de fecha veintinueve de enero del mismo año que declara FUNDADA en parte la demanda y declara propietaria por accesión a la Empresa demandante Santa Prudencia Sociedad Anónima respecto de la edificación construida de mala fe por los demandados en terreno ajeno, con lo demás que contiene; en los seguidos con Abdemio Trujillo y otra, sobre adquisición de propiedad; DISPUSIERON que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO DE A.; CELIS: ALVA

 

 

Ejecución de hipoteca: beneficio de excusión (A)

 

No es amparable el beneficio de excusión cuando la ejecución judicial de la hipoteca constituida por los garantes no se encuentra condicionada a la previa ejecución de la prenda legal u otros bienes de la deudora, sino que antes bien los ejecutados se han constituido en directos garantes del cumplimiento de las obligaciones de la deudora admitiendo la posibilidad de la ejecución de la hipoteca por el solo incumplimiento por parte de la garantizada.

 

Expediente : 451-97

 

Lima, veintisiete de noviembre

 

de mil novecientos noventisiete.-

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; y, ATENDIENDO: PRIMERO: que, conforme se verifica de las cláusulas novena, décima y décimo primera de la Escritura Pública de reconocimiento de deuda, constitución de prenda legal y constitución de hipoteca, que corre de fojas once a veintitrés de autos, los coejecutados Urbano Visop Cartagena Ulfe y doña Consuelo Osorio de la Peña, han constituido primera y preferente hipoteca sobre el inmueble de su propiedad, en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa coejecutada Contratistas Subterráneos Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme lo dispone el artículo mil noventisiete del Código Civil(1), precisándose que la referida garantía, estará vigente mientras no se cancelen todas las obligaciones presentes y futuras de la referida empresa; SEGUNDO: que, así mismo la cláusula número quince de la referida Escritura Pública establece que la ejecutante podrá, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de la deudora, considerar vencidos todos los plazos de las cuotas pendientes de pago de la suma adeudada por la empresa ejecutada, proceder a su cobro íntegro y a la ejecución simultánea o no de la prenda legal y/o hipoteca, en su caso; TERCERO: que, estando a los considerandos precedentes, no resulta de aplicación el beneficio de excusión a que se refieren los artículos mil ochocientos setentinueve y mil ochocientos ochenta del Código Civil(2) ; pues la ejecución judicial de la hipoteca constituida por los referidos co-ejecutados, no se encuentra condicionada a la previa ejecución de la prenda legal u otros bienes de la deudora pues éstos emplazados se han constituido en directos garantes del cumplimiento de las obligaciones de su co-ejecutada, admitiendo la posibilidad de ejecutar la citada hipoteca por el solo incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa garantizada; CUARTO: que, por otro lado los documentos de fojas veintinueve y treinta de autos, contienen la información respecto de los gravámenes que afectan el inmueble sub-materia, en consecuencia tiene el mismo efecto y validez que el certificado de gravamen a que se refiere el quinto párrafo del artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil; QUINTO: que, los apelantes no han acreditado en modo alguno, que el valor del cargador frontal prendado tenga un valor mayor del que aparece consignado en la pericia de fojas veinticuatro a veintiséis de autos, no siendo suficiente el dicho de los referidos co-ejecutados; SEXTO: que, estando a la naturaleza del presente proceso las tachas formuladas por los co-ejecutados contra la tasación del bien prendado y saldo deudor adjuntados con la demanda, resultan improcedentes: CONFIRMARON la resolución de fecha trece de agosto de mil novecientos noventisiete que corre de fojas ciento veinticinco a ciento veintiséis de autos, que declara infundadas las contradicciones formuladas por los ejecutados don Urbano Viscop Cartagena Ulfe, Dora Consuelo Osorio de la Peña y Contratistas Subterráneos Sociedad de Responsabilidad Limitada y en consecuencia ordena se proceda al remate de los bienes dados en garantía a que se refiere la resolución número uno; e integrándola, declararon improcedentes las tachas propuestas, por los co-ejecutados, contra la tasación del bien prendado y el saldo deudor anexados con la demanda; y los devolvieron.

 

SS. DIAZ VALLEJOS / LAMA MORE / MARTEL CHANG

 

 

El requisito de la especialidad de la hipoteca (C) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia  se publicó en el Tomo N° 3 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

VASQUEZ RIOS, ALBERTO

 

En base a la ejecutoria que el autor comenta, se desarrolla el principio de especialidad de la hipoteca, que como sustenta el autor, tiene doble sentido. Por un lado significa que la hipoteca garantiza un crédito determinado, y por otro lado significa que se constituye sobre un inmueble o inmuebles determinados.

 

Expediente 795-95

 

QUINTA SALA

 

Lima, veinticuatro de Julio de mil novecientos noventicinco.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Quiroz Amayo: por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: además; que si bien la especialidad es requisito sustancial de la hipoteca, la misma que comprende dos elementos; a) determinación de la obligación garantizada; y b) individualización de la cosa que sirve de garantía (confr.:-Instituciones de Derecho Civil-los Derechos Reales de Garantía, Jorge Eugenio Castañeda -Lima-mil novecientos sesentisiete, tomo tres, página doscientos doce); que en el caso de autos, respecto al primer elemento, se ha convenido en el primer contrato de fojas veinte, que la hipoteca garantiza el pago de deudas y responsabilidades en general, especificando que las mismas se refieren a descuentos, págares, aceptaciones, advances, accounts, avales, créditos en cuenta corriente, créditos documentarios, fianzas para garantizar obligaciones de terceros a favor del banco y demás que se detallan en la cláusula cuarta, hasta por catorce millones de soles oro; que en esta garantía ha sido ampliada y modificada por sucesivos contratos de fojas veintisiete, treintitrés y treintinueve, hasta convertirla en una suma de catorce mil dólares, siempre en idéntica modalidad; que en consecuencia se ha cumplido con este primer elemento; así como también con el segundo, al haber constituido primera hipoteca sobre el departamento trescientos cinco, tercer piso del inmueble situado en la avenida veintiocho de julio mil ciento ochentiuno, La Victoria; que en lo referente a la segunda hipoteca materia del contrato de fojas cuarenticinco; que la garantía grava el bien situado en la Calle Espilón número ciento quince, Urbanización Parque Internacional de Industria y Comercio Lima Callao, con un área superficial de mil metros cuadrados, sin embargo la ficha de inscripción de fojas diecinueve se contrae al inmueble sito en la misma calle, pero en el numero ciento cuarenticinco; que en tal virtud falta el segundo elemento de la relación que es la individualizacion de la cosa que sirve de garantía; y en este sentido la tacha deducida resulta fundada en este extremo; que en el primer caso, se aplica el artículo mil noventinueve del Código Civil y en el segundo al no cumplirse con el artículo mil cien del mismo texto sobre la determinación del bien hipotecado la tacha es fundada; que el A-quono se ha pronunciado sobre la tacha formulada en el otro sí de fojas ochenticinco, siendo susceptible integrarla en esa instancia, de conformidad con la última parte del artículo ciento setentidós del Código Procesal Civil, CONFIRMARON la resolución apelada de fojas ciento diecinueve, qu fecha veintiocho de Diciembre de mil novencientos noventicuatro, en cuanto rechaza la contradicción planteada respecto de la ejecución de la hipoteca a la que se refieren las escrituras públicas de fojas veinte, veintisiete, treintitrés y treintinueve: la REVOCARON en el extremo que rechaza igualmente la contradicción de la ejecución de la hipoteca a la que se contrae la escritura pública de fojas cuarenticinco; REFORMANDOLA la declararon FUNDADA en este punto: e INTEGRANDO la resolución impugnada declararon FUNDADA en parte la tacha deducida a fojas ochenticinco,respecto al certificado de gravamen de fojas diecinueve y sin objeto pronunciarse sobre la tacha formulada a fojas ochenticuatro, por haber la demandante convenido en ella; y los devolvieron.

 

Señores : QUIROS AMAYO/ MANSILLA NOVELLA/VALCARCEL SALDAÑA.

 

COMENTARIO

 

Como dice el texto de la Ejecutoria en comentario, la especialidad es un requisito de la Hipoteca. Boulanger-Ripert manifiestan que la expresión "especialidad de la hipoteca" tiene doble sentido. Significa uno que la hipoteca garantiza un crédito determinado; segundo, que la hipoteca se constituya sobre un inmueble o inmuebles determinados.

 

El primer requisito, que la hipoteca garantiza un crédito determinado está señalado claramente en la Ejecutoria cuando se dice "que la deuda alcanza la suma de U.S.14,000.00", lo que quiere decir entónces, que este es el monto por el que van a responder los inmuebles y aun cuando el crédito pueda luego aumentar o disminuir no se afecta la especialidad de la hipoteca más alla de la cifra en que ha sido gravada.

 

Este planteamiento es concordante también con el artículo 176º del Decreto Legislativo Nº 770 - Ley de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros - cuando prescribe que en caso de siniestro del bien o bienes hipotecados se extiende a la indemnización debida; lo que quiere decir que en este caso, el monto indemnizatorio ocasionado por el siniestro sustituye el valor del bien o bienes hasta por el monto convenido al constituirse el derecho real de garantía.

 

Este primer requisito tiene la virtud de describir una de las características de la hipoteca, su caracter real y accesorio destinada a servir de garantía a un crédito. No se comprende la institución hipotecaria sin un crédito cuyo pago debe asegurar. No pudiando constituirse en forma autónoma.

 

En cuanto al segundo requisito, que la hipoteca se constituya sobre un inmueble determinado, la Ejecutoria dice "que este requisito no está delimitado al no cumplirse con el artículo 1100º del Código Civil, sobre la determinación del bien hipotecado; sin embargo debe agregarse que para que se configure en todo su amplitud este segundo requisito es necesario que al constituirse la hipoteca se establezca la situación en que se encuentra la propiedad; en efecto el contrato hipotecario debe establecer la situación de la propiedad y sus linderos, la calle en que se encuentra, y si fuera rural el distrito a que pertenece.

 

Como lo consagra la Ejecutoria, una designación colectiva de los inmuebles que el deudor hipoteque, con existencia en un lugar o ciudad determinada, no es bastante para dar a la constitución de la hipoteca la condición esencial de la especialidad del inmueble gravado. La escritura hipotecaria debe designar separada o individualmente la naturaleza del inmueble.

 

El deudor podría gravar todos los inmuebles de que es dueño, pero siempre será necesaria la individualización de cada uno de ellos.

 

Quedan excluídas, en consecuencia, las hipotecas generales, o sea las que afectan todos los bienes del deudor, sin especificarlos y, con más razón, las que gravan los bienes futuros; planteamiento concordante con el artículo 1099º del Código Civil; en efecto los incisos 2) y 3) de esta norma dice: "Inc.2: Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable". "Inc.3: Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el Registro de la Propiedad Inmueble".

 

 

Falta de percepción de frutos por la no devolución de un bien dado en comodato. Consecuencia dañosa (A)

 

La falta de percepción de frutos es una consecuencia dañosa del incumplimiento en la devolución de un bien dado en comodato, lo cual guarda correlación con el artículo 892° del Código Civil, en virtud del cual el poseedor de mala fe está obligado a pagar los frutos, es decir, el provecho que ha dejado de percibir el propietario durante el tiempo que la parte incumplidora explotó el bien.

 

Casación 422-99-Junin

 

JUNÍN

 

Lima, trece de julio de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número cuatrocientos veintidós - noventinueve, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Electrocentro Sociedad Anónima: contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín de fojas setenticinco, su fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventiocho, que confirmando la sentencia apelada de fojas treintinueve de fecha veinticuatro de agosto del mismo año, declara fundada en parte la demanda de pago de frutos; en consecuencia, ordena que la Empresa demandada pague al demandante la suma de cuarenticinco mil nuevos soles por el concepto demandado; asimismo declara insubsistente el extremo de la misma sentencia que declara infundada la demanda por el exceso demandado, por ser inoficioso ese pronunciamiento; con lo demás que contiene.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte, mediante resolución de fecha veinticinco de marzo del presente año ha estimado procedente el recurso sólo por la causal prevista en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil(1) al denunciarse la aplicación indebida del Artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil(2), pues no se demanda el pago de daños y perjuicios.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, del examen del expediente que dio origen al Recurso de Casación, se advierte como hechos admitidos por las partes y las sentencias de mérito, que el demandante Guberto Francisco Aquino Lanazca cedió en uso de la demandada Electrocentro un transformador de cien Kilovatios, que debía prestar servicio de alumbrado en tanto se reparase el transformador de esta última; que transcurrido un mes y días de la cesión de uso el demandante solicitó mediante carta que se devuelva el transformador, lo que no fue atendido por Electrocentro Sociedad Anónima habiendo seguido usando el equipo por un espacio de dos años y treinticuatro días; que por esta razón el actor reclama el pago de frutos durante ese tiempo, lo que equivale al pago de lucro cesante por haber dejado de percibir la renta que le hubiera rendido el transformador.

 

Segundo.- Que, siendo esto así, no se ha aplicado indebidamente el Artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, pues la falta de percepción de frutos es una consecuencia dañosa del incumplimiento por parte de la demandada de devolver el transformador al término del comodato, por eso que ese artículo es aplicado en correlación con el Artículo ochocientos noventidós del mismo Código Sustantivo; según el cual, el poseedor de mala fe está obligado a pagar los frutos, es decir el provecho que ha dejado de percibir durante el tiempo que la demandada explotó el transformador, cuando había concluido el comodato o préstamo de uso.

 

Tercero.- Que, en consecuencia, es forzoso concluir que la Sala de mérito no aplicó indebidamente el Artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, causal esta única por la que se declaró procedente el Recurso de Casación; por estos fundamentos, declararon: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por José Miranda Flores en representación de Electrocentro Sociedad Anónima a fojas ochentisiete, contra la sentencia de vista de fojas setenticinco, su fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventiocho; que confirmando la de primera instancia declara fundada en parte la demanda y dispone que la demandada pague al actor la suma de cuarenticinco mil nuevos soles, con lo demás que contiene;CONDENARON al recurrente al pago de los costos y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Marco Antonio Rodríguez Pérez en representación de Guberto Francisco Aquino Lanazca con Electrocentro Sociedad Anónima, sobre pago de frutos; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SÁNCHEZ PALACIOS P.; ECHEVARRÍA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

Formalidad y prueba de la constitución de la prenda

 

«... No habiéndose previsto en la ley la formalidad 'ad solemnitatem' (por la cual el documento se confunde con el contrato) para la celebración de la prenda, sino la formalidad 'ad probatinem' (sic) ya que el instrumento o documento que contiene la prenda es un medio destinado a establecer la existencia del contrato, pero no es condicionante de su realidad, de modo que sí se puede demostrar a través de otros medios que la prenda ha sido celebrada, esta probanza tiene validez y, en suma, la relación obligacional existirá».

 

CASACION Nro.           :           2021 - 97 / LIMA.

 

Lima, doce de octubre de mil novecientos noventiocho.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa vista en audiencia pública el veintinueve de setiembre del año en curso, con el acompañado, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por El Sol Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarentiocho, su fecha nueve de julio de mil novecientos noventisiete, que revoca la sentencia apelada de fojas quinientos, su fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventiséis que declara fundada en parte la demanda y en consecuencia declara nulo el otorgamiento de garantía materia de autos, dispone la restitución de la suma de trescientos cincuentiséis mil noventicinco dólares americanos con diecisiete centavos de dólar y ordena el pago de una indemnización a favor de la actora, y reformándola declara infundados dichos extremos que han sido objeto de apelación; con costas y costos.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha catorce de enero de mil novecientos noventiocho ha estimado procede el recurso por la causal relativa a la aplicación indebida de los Artículos mil ochentinueve del Código Civil, cincuentiuno, cincuentidós, cincuentisiete, doscientos setentisiete y doscientos setentiocho del Código de Comercio y el Artículo ciento sesentisiete del Decreto Ley número siete mil ciento cincuentinueve, siendo de aplicación al presente caso los Artículos ciento cuarenta, ciento cuarenticinco, ciento cincuentiséis, ciento sesentiuno, ciento cincuentisiete, mil cincuentiocho inciso primero y dos mil doce del citado Código Civil, así como el primero del Título Preliminar del mismo Código, Artículos dos y cincuenta del Código de Comercio, Artículos ciento sesentidós y ciento sesenticuatro de la Ley General de Sociedades y el Artículo doscientos doce del Decreto Legislativo seiscientos treintisiete.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que la prenda se constituye sobre un bien mueble, mediante su entrega física o jurídica para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, tal como dispone el Artículo mil cincuenticinco del Código Civil.

 

Segundo.- Que la prenda puede consistir en una suma de dinero, que da lugar a la llamada prenda pecuniaria, por la cual se da derecho a acreedor a hacer efectivo su crédito con cargo al dinero prendado, tal como regula el Artículo mil ochentinueve del citado Código material.

 

Tercero.- Que el Código sustantivo no ha establecido una forma especial o preestablecida para la constitución de la prenda ya que ostenta su carácter de accesoria y subsistente mientras la obligación principal lo haga, sin embargo la prenda requiere que conste en documento de fecha cierta, porque de este modo produce efectos contra terceros y aun entre acreedor y deudor, a tenor de lo dispuesto por el Artículo mil sesentiuno del Código material.

 

Cuarto.- Que sobre la base de lo probado en sede de instancia se ha estimado que la existencia de la constitución de la prenda dineraria se ha originado con las cartas de solicitud de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos ochentinueve y seis de diciembre del mismo año mediante las cuales la recurrente solicita al Banco emplazado otorgar a su cliente Textil San Pedro Sociedad Anónima un crédito por trescientos cincuenta mil dólares para que ésta, pudiera a su vez, pagarle las obligaciones que por igual cantidad le mantenía vigente por primas de seguro, importe que se abonaría a su favor en una cuenta a plazo fijo en moneda extranjera que se mantendría mientras la obligación de Textil San Pedro Sociedad Anónima con el Banco estuviera vigente y se reducirá de acuerdo a como se amortice la obligación.

 

Quinto.- Que no habiéndose previsto en la ley la formalidad «ad solemnitatem» (por la cual el documento se confunde con el contrato) para la celebración de la prenda, sino la formalidad «ad probatinem» ya que el instrumento o documento que contiene la prenda es un medio destinado a establecer la existencia del contrato, pero no es condicionante de su realidad, de modo que sí se puede demostrar a través de otros medios que la prenda ha sido celebrada, esta probanza tiene validez y, en suma, la relación obligacional existirá.

 

Sexto.- Que siendo así, la recurrida ha aplicado correctamente los Artículos cincuentiuno y cincuentidós del Código de Comercio por cuanto considera que la prenda puede acreditar su existencia por cualquier medio probatorio del derecho común salvo que exija formalidad especial que como se ha visto no es el caso de autos.

 

Sétimo.- Que abona a lo expuesto, lo dispuesto por el Artículo ciento sesentisiete del Decreto Ley numero siete mil ciento cincuentinueve -Ley de Bancos- norma bajo cuyo imperio se constituyó la prenda sub litis, cuando señala que la prenda de mercaderías, y demás cosas muebles corporales, en favor de un banco quedará constituida por la entrega de ellas, con intención de darlas en garantía, acreditada por cualquiera de las pruebas legales admisibles por los contratos comerciales.

 

Octavo.- Que de conformidad con el Artículo ochentinueve del Código Civil la prenda de dinero da derecho al acreedor a hacer efectivo su crédito con cargo al dinero prendado, en efecto el contenido de la prenda pecuniaria tiene como particularidad única la de no requerir, para su realización, venta de la cosa, puesto que tal como dicen Enneccerus, Kipp y Wolff, la prenda no se realiza mediante venta y enajenación sino mediante apropiación, una vez vencida la prenda el acreedor pignoraticio está facultado para convertirse, por acto unilateral de voluntad, de poseedor alieno nomine (poseedor en nombre de alguien) en propietario (tratado de Derecho Civil Editorial Bosch, página cuatrocientos sesentiocho - cuatrocientos setenta).

 

Noveno.- Que la recurrida ha estimado sobre la valoración de la prueba que el Banco emplazado hizo ejercicio del derecho referido previsto en la norma antes acotada por lo que concluye que no se aprecia un error de subsunción de la norma citada ya que la hipótesis contenida en ella se adecua a la conclusión fáctica que ha arribado la resolución impugnada.

 

Décimo.- Que sin embargo, en otro extremo de análisis, queda por examinar la denuncia referida al «falsus procurator», toda vez que la Compañía recurrente sostiene que la prenda ha sido constituida por quienes no tenían facultades para hacerlo, y en que su caso, para gravar el dinero se requería que el representante legal ostente poder por escritura pública tal como dispone el Artículo ciento cincuentiséis del Código Civil y el acuerdo válido del órgano interno de la citada Compañía con el objeto de constituir tal prenda, por ello invoca los Artículos ciento cuarenta, ciento cuarenticinco, ciento sesentiuno, ciento sesentisiete y mil cincuentiocho del mismo Código y demás normas invocadas en la denuncia concluyendo que se aplicó indebidamente los Artículos doscientos setentisiete y doscientos ochenta del Código de Comercio por estar derogados por el Código Civil en forma tácita.

 

Décimo Primero.- Que en efecto, según el Artículo ciento cincuentiséis del Código sustantivo señala que para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad, norma que debe ser concordada con el Artículo ciento sesentisiete del mismo Código que señala que el representante legal requiere autorización expresa para disponer o gravar los bienes del representado, de lo que se concluye, también sobre la base de los hechos probados, que los representantes de la demandante no constituyeron la prenda conforme a las formalidades de las normas antes aludidas; lo que daría lugar a una eventual nulidad de la prenda sub litis que por la naturaleza de la sanción no ha lugar a la convalidación o confirmación del acto jurídico; cabe precisarse que las normas invocadas son normas de carácter general que regulan la representación en los negocios del derecho común e incluso a los actos de comercio, siempre que el Código de Comercio no haya previsto regulación al respecto.

 

Décimo Segundo.- Que por otro lado, conforme a lo previsto en el Artículo ciento sesentiuno del Código Civil que regula la figura del llamado «falsus procurator» los actos celebrados por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubieren conferido o violándolas es ineficaz con relación al representado; sin embargo es evidente que aquel acto del representante que actúa conforme a los supuestos que contiene la norma, no es precisamente nulo sino ineficaz con respecto al representado, tal es así que incluso, dicho acto puede ser objeto de ratificación por el representado, como señala el Artículo ciento sesentidós del mismo Código, siendo así, mal se puede invocar como lo hace la recurrente, que se aplique al caso de autos, los Artículos ciento cincuentiséis y cientos sesentiuno del precitado Código cuando ambas normas contienen supuestos efectos distintos.

 

Décimo Tercero.- Que sin embargo, en uno y otro caso, las normas citadas en el considerando anterior son parte de la teoría de la representación regulada en el Título III del Libro de Acto Jurídico que, tal como se tiene expuesto es esencia en normas generales que regulan el derecho común; no obstante ello, se aprecia que el Código de Comercio, ha regulado otras formas de representación mercantil, que por su naturaleza especial, le son aplicables a los actos de comercio, y en este sentido, los Artículos doscientos setentisiete y doscientos ochenta, prevén el caso por el cual el factor de un establecimiento comercial, cuando notoriamente pertenezca a una empresa o sociedad conocidas, entenderán hechos por cuenta del propietario de dicha empresa o sociedad, aun cuando se haya transgredido sus facultades, siempre que los contratos celebrados por el factor recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico del establecimiento comercial; siendo así, no son aplicables al caso de autos, las normas del derecho común sino las normas antes acotadas.

 

Décimo Cuarto.- Que dichas normas no han sido derogadas por el Código Civil, en tanto de haberlo, la intención del legislador del citado cuerpo legal se hubiera puesto de manifiesto en el Artículo dos mil ciento doce de sus disposiciones finales, en la que, deroga expresamente determinados contratos de naturaleza mercantil; corrobora lo expuesto por el Artículo ciento setentinueve de la Ley General de Sociedades Decreto Supremo número cero cero tres - ochenticinco - JUS del catorce de enero de mil novecientos ochenticinco vigente en la época en que se practicó el negocio jurídico, que señala que no puede ser objeto de limitación las facultades que ordinariamente corresponden al gerente o al factor según el Código de Comercio.

 

4. SENTENCIA:

 

Estando a las consideraciones que preceden: declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por El Sol Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarentiocho, su fecha nueve de julio de mil novecientos noventisiete; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; en los seguidos con el Banco del Sur, sobre pago de dólares DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. ORTIZ; SANCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.; VILLACORTA;

 

CELIS

 

Frutos: pago

 

No puede ampararse el pago de frutos dejados de percibir por el uso del bien si la causal sobreviniente para la resolución del contrato de compraventa, no se originó del acto perturbatorio de iniciativa de los compradores sino del mandato judicial, extraño totalmente al desarrollo del contrato y sin control de aquéllos.

 

Expediente 3331-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, treinta de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Alvarez Guillén; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que respecto al pago de frutos dejados de percibir por el uso del bien, es de advertirse de autos que la causal sobreviniente que -para el Juez de la causa- deriva en la resolución del contrato de compraventa y cláusulas adicionales, no se originó del acto perturbatorio de iniciativa de los compradores sino de mandato judicial, extraño totalmente al desarrollo del contrato y sin control de aquéllos, de manera que no puede calificarse el uso del inmueble como indebido ni obligárseles a pagar por una posesión legítima y de buena fe; Segundo.- Que, igual temperamento debe usarse respecto a los costos y costas, agregándose que la participación de los demandados en el proceso ha sido ínfima sin, incluso, apelar de la sentencia; Tercero.- Que, en la demanda se califican como pretensiones una indemnización que el propio demandante se obliga a pagar a los emplazados y una compensación recíproca que no explica debidamente ni en ese acto procesal ni en acto posterior ni en la apelación se argumenta error al respecto; por lo que: CONFIRMARON la sentencia obrante a fojas trescientos veintidós a trescientos treinta, su fecha doce de setiembre de mil novecientos noventisiete, en la parte apelada que declara infundada la demanda respecto a la pretensión de pago de frutos dejados de percibir por el uso del bien, compensación de la deuda y en cuanto no condena con costas a la parte vencida; y los devolvieron; en los seguidos por Ricardo Benjamín Perata Olivos con Mariano Cesti Contreras y otra sobre resolución de contrato y otros.

 

SS. QUIROS AMAYO / ALVAREZ GUILLEN / BRAITHWAITE GONZALES

 

 

Garantía hipotecaria

 

El título de ejecución aparejado en la demanda adolece de nulidad formal, si se acredita con la partida de defunción, que a la fecha de suscripción del contrato de préstamo con garantía prendaria, el demandado había fallecido; pues, es requisito de la hipoteca que quien afecte el bien sea su propietario.

 

Expediente 760-98

 

Sala Nº 2

 

Lima, quince de mayo de mil novecientos noventiocho.

 

AUTOS Y VISTOS ; interviniendo como vocal ponente la doctora Cabello Arce; por sus fundamentos pertinentes; y, CONSIDERANDO además:Primero.- A que el contrato de préstamo con Garantía Hipotecaria aparece suscrito el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventiuno por el señor Rolando Torres Vásquez, quien según se acredita en la partida de defunción de fojas ciento cuatro, había fallecido el día doce de junio de ese año, esto es, con seis meses de anterioridad; Segundo.- A que este solo hecho lleva a concluir que el título de ejecución aparejado a la demanda adolece de nulidad formal, desde que el requisito sine - cua non de la Hipoteca que quien afecte el bien sea su propietario, y en este caso resulta imposible materialmente que don Rolando Torres Vásquez haya afectado el bien de su propiedad el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventiuno si a esa fecha ya había fallecido. Por tales consideraciones en aplicación del artículo setecientos veintidós del Código Procesal Civil:CONFIRMARON el auto apelado de fojas ciento noventitrés su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventisiete que declara fundada la contradicción a la ejecución de garantía formulada por José Vásquez Chumbiauca en su calidad de Tercero Coadyuvante; con lo demás que contiene; y los devolvieron; interviniendo el señor Díaz Vallejos por excusa del señor Ferreira Vildozola.

 

SS. MANSILLA NOVELLA / DIAZ VALLEJOS / CABELLO ARCE

 

 

Garantías: personales y reales

 

La fianza es una garantía meramente personal. Si el garante constituye hipoteca a favor del acreedor, no puede acogerse al beneficio de excusión, puesto que el derecho del acreedor es uno de naturaleza real que se hace efectivo sobre el bien dado en garantía.

 

Expediente 44-97

 

Sala Nº 4

 

Lima, trece de octubre de mil novecientos noventisiete.

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución recurrida; y ATENDIENDO además; Primero.- A que, la fianza es una garantía meramente personal; por eso, cuando el garante constituye hipoteca a favor del acreedor, no puede acogerse al beneficio de excusión, dado que en este caso, el derecho del acreedor es uno de naturaleza real que se hace efectivo sobre el bien dado en garantía; y Segundo.- A que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo setecientos veintidós del Código Procesal Civil. CONFIRMARON el auto apelado corriente a fojas sesentitrés, su fecha veintitrés de junio último, que declara improcedente la contradicción planteada por los ejecutados en su escrito número uno de fecha dos de mayo del presente año; y devuélvase; en los seguidos por el Banco Exterior de los Andes y España Sociedad Anónima contra Charles Cannock Sole y otra sobre ejecución de garantía.

 

S.S.

MANSILLA NOVELLA

FERREIRA VILDOZOLA

DIAZ VALLEJOS

 

 

Gravamen hipotecario (A)

 

La existencia de un gravamen hipotecario, no puede considerarse una hipótesis de vicio oculto.

 

Expediente 2675-87- HUANUCO

 

EJECUTORIA SUPREMA

 

Lima, veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa.-

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que, en el caso de autos se ha acumulado a la demanda de otorgamiento de escritura pública de compraventa, una acción de saneamiento por evicción, con la finalidad de que con parte del saldo del precio consignado se levante la hipoteca que grava al bien objeto de la compraventa cancelándose la deuda garantizada con la hipoteca al Banco de Crédito del Perú, conforme se aprecia en el certificado de gravámenes de fojas once; que, en el fondo, lo que se pretende es la reducción del precio de venta del inmueble, por la existencia de un vicio que disminuye el valor del bien, vale decir, que estaríamos frente al ejercicio de la acción estimatoria o quantiminoris por la existencia de vicios ocultos(1) o redhibitorios; que, en consecuencia no estamos frente a un caso de acción de saneamiento por evicción(2), porque no ha habido ni pérdida del uso o posesión, ni pérdida de la propiedad, sino frente a un caso de saneamiento por la existencia de vicios ocultos; "que, la existencia de un gravamen hipotecario no puede considerarse como una hipótesis de vicio oculto puesto que como lo establece el artículo mil trescientos cincuentitrés del Código Civil de mil novecientos treintiséis, Código aplicable al caso de autos. "No se consideran vicios ocultos, los que el adquiriente ha podido conocer por si mismo", "y estando a lo dispuesto por el artículo quinto del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos" se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona está enterada del contenido de las inscripciones"; que, en consecuencia, el adquiriente sí tenía conocimiento del gravamen que pesaba sobre el bien, debiendo en consecuencia, soportarlo, sin que exista obligación de saneamiento alguno del enajenante; que, en cuanto a la acción de otorgamiento de escritura y la acción de resolución de contrato acumulada a fojas treinticinco, ésta última debe declararse improcedente(3), por cuanto al interponerse la demanda de fojas cinco, se consignó el saldo del precio, sin que se haya producido impugnación a la consignación, por lo que en aplicación del artículo mil doscientos sesenta del Código Civil de mil novecientos treintiséis, "la consignación que no fuese impugnada por el acreedor surte los efectos de pago", desde el día en que tuvo lugar; que, cuando se interpuso la demanda acumulada de resolución de contrato el precio ya estaba legalmente pagado DECLARARON HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas ciento sesentisiete, en cuanto declara obligatorio el saneamiento por vicio oculto; reformando la de vista y revocando la apelada declararon improcedente dicho extremo; DECLARARON NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; aclarando que la acción acumulada de fojas treinticinco sobre resolución de contrato es improcedente y no infundada y los devolvieron; en los seguidos por José de la Torre Aller y otra con Cilos Clodomiro Cachay Silva y otra sobre otorgamiento de escritura.- SS. BELTRAN RIVERA - PORTUGAL RONDON - SILVA VALLEJO - URRELO ALVAREZ - GALLEGOS GUEVARA.- Se publicó conforme a ley.

 

BERNARDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema

 

 

Garantía hipotecaria: levantamiento de hipoteca

 

Si los ejecutados han cumplido con cancelar la deuda que se les ha demandado y si éstos tienen una acreencia pendiente de cancelación, cuyo pago está respaldado también por el contrato de garantía hipotecaria, no resulta procedente se levante la hipoteca hasta que se determine la inexistencia de la deuda pendiente garantizada con la hipoteca.

 

Expediente 1136-98

 

Sala Nº 2

 

Lima, diecisiete de junio de mil novecientos noventiocho.

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como vocal ponente la doctora Cabello Arce; y, CONSIDERANDO además: Primero.- A que conforme puede leerse de la cláusula sexta del contrato de Constitución de Garantía Hipotecaria obrante en autos, se establecía que la hipoteca que allí se constituye cubriría las obligaciones contraídas o las que se puedan contraer a futuro por don Javier Martínez Malpartida y doña María Verne Velaocheaga; Segundo.- A que con las copias corrientes a fojas ciento dieciséis a ciento veintitrés y a fojas ciento treinticinco y ciento treintiséis, la demandante acredita la existencia de deudas diferentes a la que ha sido materia de este proceso que también se hallan garantizadas por la hipoteca constituida por Escritura Pública de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos noventicinco, Tercero.- A que si bien es cierto en este proceso, los ejecutados han cumplido con cancelar la deuda que se les ha demandado, más intereses, costas y costos, no es menos cierto que de las copias antes referidas -no impugnadas por los ejecutados- aparece que tienen una acreencia pendiente de cancelación y cuyo pago está respaldado también por el contrato de garantía hipotecaria que corre en autos, razón por la que no resulta procedente ordenar que se levante la hipoteca sub-materia, hasta que se determine la inexistencia de deuda pendiente garantizada con la hipoteca en referencia. Por tales razones REVOCARON la resolución apelada de fojas ciento cincuentiuno su fecha treintiuno de marzo del presente año que declara improcedente la oposición formulada por la demandante; con lo demás que contiene; REFORMÁNDOLA declararon fundada la oposición formulada a fojas ciento treintisiete, en consecuencia improcedente el pedido de levantamiento de hipoteca formulado por la parte demandada; y los devolvieron.

 

SS. MANSILLA NOVELLA / DIAZ VALLEJOS / CABELLO ARCE

 

Guardianía de terceros previa a ocupación indebida y facultad del propietario para recuperar la posesión

 

«... El hecho de encontrarse el predio bajo la guardianía de terceros en el momento de la indebida ocupación no le impide al propietario ejercer las acciones que la ley le autoriza para recuperar la posesión de su propiedad...»

 

CASACION Nro.           :           1981 - T - 96 / JUNIN.

 

Lima, dieciséis de octubre de mil novecientos noventisiete.

 

LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- vista la causa número mil novecientos ochentiuno-noventiséis, y, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO.- se trata del Recurso de Casación interpuesto por Empresa Nacional de Edificaciones -ENACE- mediante escrito de fojas trescientos treinta, contra resolución de vista de fojas trescientos veintiuno, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, que revocando la apelada de fojas ciento ochenticuatro, su fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventicinco, declara INFUNDADA la demanda, por improbada, absolviéndose a los demandados y dejándose a salvo el derecho de la Empresa demandante para que lo haga valer conforme a ley; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- la Empresa Nacional de Edificaciones -ENACE-, mediante su representante legal, fundamenta su recurso manifestando que, la resolución de vista para declarar fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, sostiene lo siguiente: que el inmueble en litis fue entregado en custodia por la Empresa Nacional de Edificaciones -ENACE- a la firma «Angel Service Empresa Industrial de Responsabilidad Limitada», con la que tiene celebrado contrato de guardianía, que por lo tanto la actora no tiene acción para pedir la restitución del predio, si se tiene en cuenta que la «restitución» consiste en la devolución de un determinado bien que antes se entregó a quien está obligado a la devolución, lo que estaría violando la norma contenida en el Artículo quinientos ochenticinco del Código Procesal Civil; que en igual sentido se habría contravenido la disposición contenida en el Artículo ciento noventiséis del citado Código Procesal, cuando desestima la demanda por no haber probado la demandante que los demandados ocupan el predio después del mes de junio de mil novecientos noventitrés, cuando son éstos quienes afirman estar en posesión de dicho inmueble con anterioridad al treinta de junio del mismo año y que en consecuencia se encuentran amparados por la ley número veintiséis mil cuatrocientos treintiséis, hecho éste que corresponde ser acreditado por los demandados; CONSIDERANDO: Primero.- que, el término de «restitución» usado por el Artículo quinientos ochenticinco del Código Adjetivo, ha sido empleado en la sentencia objeto del grado en su acepción de devolver una cosa, según el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, obviamente prescindiendo de los hechos que pudieran motivar la acción de restitución, puesto que, el Subcapítulo cuarto, del Capítulo segundo, del Título tercero de la Sección quinta del glosado Código, reglamenta el trámite de las acciones de desalojo no sólo por ocupación precaria sino también de otras acciones como por ejemplo la de desalojo por vencimiento de contrato; que en consecuencia el hecho de encontrarse el predio bajo la guardianía de terceros en el momento de la indebida ocupación no le impide al propietario ejercer las acciones que la ley le autoriza para recuperar la posesión de su propiedad; que, en este sentido la resolución ofrece una motivación defectuosa que no sólo va a influir en la actividad y desarrollo regular del proceso sino también en un daño por error en la parte dispositiva; Segundo.- que, los demandados al contestar la demanda afirman estar ocupando el inmueble desde el mes de mayo de mil novecientos noventitrés, como vivienda familiar y si bien reconocen no haber sido beneficiados por la Empresa Nacional de Edificaciones -ENACE- con la adjudicación, según agrega, su derecho está amparado con la Ley número veintiséis mil cuatrocientos treintiséis, que en su Artículo primero faculta a la Empresa Nacional de Edificaciones a adjudicar en forma directa a los actuales ocupantes, que sin haber sido beneficiarios por Sorteo Público, están en posesión de las viviendas de interés social con anterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventitrés; que como es fácil advertir quienes procesalmente están obligados a probar este hecho, son los demandados no sólo por la forma afirmativa como lo proponen sino también porque va a servir para demostrar la razón de sus pretensiones y no la del demandante; que en este aspecto también la motivación de la Sala no es afortunada, pues, da por cierto un hecho que si bien no podría tenerse por inexistentes, por lo menos no está idóneamente demostrado; es decir, una cuestión de derecho que por su inexactitud va a generar consecuencias jurídicas contrarias al mandato de la ley; Tercero.- que, el denominado certificado de posesión de fojas ciento veintiuno, no es tal, simplemente importa la actuación del testimoniales de todos los firmantes, sin las garantías de la ley procesal civil; la constancia domiciliaria policial de fojas ciento veintitrés, carece del esclarecimiento correspondiente, sólo refleja el dicho de los demandados, por tanto no acredita la posesión de éstos con fecha anterior al mes de junio de mil novecientos noventitrés, tal como sostiene la sentencia de primera instancia; Cuarto.- que, por las consideraciones precedentes, la resolución de vista, para revocar la apelada, no sólo no se apoya en el mérito del proceso, sino que además con una motivación inexacta y caprichosa contraviene el criterio legal previsto en los Artículos quinientos ochenticinco y ciento noventiséis del Código Procesal Civil, convirtiendo en írrito el fallo de su referencia; que por lo expuesto, conjurando la amenaza de interés público por la violación de formas esenciales que podrían derivar en un error de derecho en la decisión final; de conformidad con lo previsto en el Artículo ciento veintidós del citado código; Declararon: FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos treinta, en consecuencia; NULA la resolución de vista de fojas trescientos veintiuno, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventiséis; MANDARON que la Sala Civil de la Corte Superior de Junín, expida nueva resolución con arreglo a Ley; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano en los seguidos por la Empresa Nacional de Edificaciones -ENACE- con don Ruddy Abilio Felices Morales y otra, sobre Desalojo; y, los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.; SANCHEZ PALACIOS P.;

ECHEVARRIA A.

 

 

Herederos del arrendatario: exclusión de precariedad

 

«... Los artículos mil setecientos cinco inciso quinto y mil setecientos diez del Código Civil posibilitan implícitamente que los herederos del arrendatario puedan continuar usando el bien, sustituyéndose en las condiciones del contrato; (...) siendo así, dicha emplazada (heredera) no tiene la condición de ocupante precaria, debiendo la actora hacer valer su derecho en la forma de ley...»

 

EXPEDIENTE               :           65 - N - 97.

 

Lima, veintitrés de abril de

mil novecientos noventisiete.-

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Palomino García; y CONSIDERANDO: Primero.- Que conforme aparece de la copia literal certificada de dominio de fojas dos, la demandante, doña Elia Sylvia Carmela Rosas Li, ha adquirido el bien por donación efectuada a su favor por doña Emma Wong Armas viuda de Herrera; Segundo.- Que en la carta notarial de fojas cinco dicha accionante reconoce expresamente que la nombrada Emma Wong Armas tenía convenio contractual de alquiler con doña Georgina Flores Gamarra, madre ya fallecida de la actual demandada, Hilda María Mejía Flores; Tercero.- Que los artículos mil setecientos cinco inciso quinto y mil setecientos diez del Código Civil posibilitan implícitamente que los herederos del arrendatario puedan continuar usando el bien, sustituyéndose en las condiciones del contrato; Cuarto.- Que, siendo así, dicha emplazada no tiene la condición de ocupante precaria, debiendo la actora hacer valer su derecho en la forma de ley; REVOCARON la sentencia apelada de fojas sesentitrés, su fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventiséis, que declara fundada la demanda de fojas ocho y siguientes y ordena que la demandada desocupe el bien sub-litis dentro del sexto día de notificada; REFORMANDOLA la declararon IMPROCEDENTE y sin efecto dicho mandato; en los seguidos por Elia Sylvia Carmela Rosas Li con Hilda María Mejía Flores, sobre desalojo; y los devolvieron.- Señores: PALOMINO GARCIA / AGUIRRE SALINAS / MEDEL HERRADA.

 

EL VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA DOCTORA ANA MARIA ARANDA RODRIGUEZ, ES COMO SIGUE:

 

VISTOS; Y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, la pretensión de la demandante contenida en su demanda de fojas ocho, está dirigida a obtener la desocupación del inmueble de su propiedad, al considerar que la demandada lo conduce de modo precario; Segundo.- Que, las partes intervinientes en el presente proceso, coinciden en señalar que existió un contrato de arrendamiento en donde la madre de la demandada tenía la calidad de arrendataria y ante su fallecimiento, aquélla continuó en el uso del inmueble; Tercero.- Que, si bien es cierto, que el fallecimiento del arrendatario no pone fin al contrato de arrendamiento, si es que los herederos que usan el predio no manifiestan su voluntad de extinguirlo; sin embargo, para que esta situación se produzca, es menester que se acredite la condición de heredero; Cuarto.- Que, en el caso de autos, doña Hilda María Mejía Flores, no ha demostrado que haya sido declarada por disposición legal o testamentaria, heredera de la arrendataria Georgina Flores Gamarra, consecuentemente, carece de título justificatorio de la posesión que detenta; MI VOTO es porque se CONFIRME la sentencia de fojas sesentitrés, su fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventiséis, que declara fundada la demanda.- Señora: ARANDA RODRIGUEZ. 

 

 

Hipoteca: obligación propia o de un tercero

 

Por la hipoteca se afecta un inmueble, en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero.

 

Expediente 252-1-97

 

Sala Nº 1

 

Resolución Nº 6

 

Lima, primero de agosto de mil novecientos noventisiete.

 

AUTOS Y VISTOS; actuando como oponente el señor Betancour Bossio; por sus fundamentos; y, ATENDIENDO además: Primero.- A que, según el artículo 1097 del Código Civil, por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero; y en la cláusula cuarta del Testimonio de la Escritura Pública de otorgamiento de mutuo y garantías del veinticinco de mayo de mil novecientos noventiséis obrante a fojas trece, se establece que las hipotecas y fianzas otorgadas en el mismo garantizan cualquier obligación o responsabilidad actual o futura que existe entre los mutuantes y el mutuatario; Segundo.- A que, en el caso de autos los Testimonios de Escritura Pública de Mutuo y Garantía Hipotecaria y Ampliación de Garantía obrantes a fojas cuatro y siguientes, trece y siguientes y treintiocho, respectivamente, contienen los requisitos formales para su validez establecidos por el artículo 1099 del Código Civil; Tercero.- A que, por escrito de fojas ciento treintidós a ciento treintitrés los demandantes se desistieron del proceso respecto al pago de la penalidad pactada incluida en el estado de cuenta de saldo deudor, la misma que por resolución de fojas ciento treinticuatro excluyó la suma de CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS por dicho concepto; estableciéndose el monto del petitorio en la suma de DOSCIENTOS CUARENTIUN MIL DOLARES AMERICANOS; Cuarto.- A que no se han acreditado los hechos en que se sustenta la contradicción de mandato de ejecución, esto es, en cuanto a la inexigibilidad de las obligaciones garantizadas por las hipotecas; CONFIRMARON el auto apelado de fojas ciento cincuentitrés a ciento cincuenticuatro, su fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventisiete, que declara infundada la contradicción formulada por Constructora e Inmobiliaria Tahití Sociedad Anónima, debiendo entenderse que la ejecución deberá procederse hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTIUN MIL DOLARES AMERICANOS; con lo demás que contiene; y los devolvieron, en los seguidos por José Miguel Giannoni Pérez y otra con Constructora e Inmobiliaria Tahití Sociedad Anónima y otro, sobre Ejecución de Garantías.

 

S.S.

SAEZ PALOMINO

BETANCOURT BOSSIO

MEDEL HERRADA

 

 

Hipoteca: levantamiento

 

El levantamiento de hipoteca y el pago del saldo del precio constituye prestaciones simultáneas, por lo que no puede exigirse que el comprador demandante cancele el mismo si es que no se ha levantado la hipoteca.

La circunstancia de que el comprador adeude el saldo del precio no es óbice para que el vendedor cumpla con su obligación de formalizar el acto.

 

Expediente 662-97

 

Sala Nº 1

 

Lima, treinta de octubre de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la doctora Aranda Rodríguez, y CONSIDERANDO, Primero.- Que conforme se aprecia de la demanda de fojas nueve, la pretensión del demandante está dirigida a que se le otorgue la Escritura Pública respecto al contrato de compra-venta que celebrara con el demandado don Luis Alberto Palomino Cruzado con fecha veinte de julio de mil novecientos noventicinco, según el documento que en copia autenticada corre de fojas dos a fojas cinco; Segundo.- Que de la cláusula tercera del indicado acuerdo fluye que las partes estipularon que el precio de la venta asciende a cincuenta mil dólares americanos habiendo el comprador abonado a la suscripción la suma de treinticinco mil dólares y el saldo de quince mil dólares sería pagado por dicho comprador una vez levantada la hipoteca, situación que daría lugar a la firma de la Escritura Pública correspondiente; Tercero.- Que como quiera que el levantamiento de la hipoteca a favor de Probank y el pago del saldo del precio constituyen prestaciones simultáneas, no puede exigirse que el comprador demandante cancele el mismo si es que no se ha levantado la hipoteca; Cuarto.- Que la circunstancia que el comprador adeude el saldo del precio no es óbice para que el vendedor cumpla con su obligación de formalizar, toda vez que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1412 del Código Civil, las partes pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública; REVOCARON la sentencia de fojas cincuenticuatro a cincuentiséis, su fecha dos de julio del presente año, que declara improcedente la demanda de fojas nueve a fojas doce; REFORMANDOLA , declararon FUNDADA , dicha demanda, en consecuencia DISPUSIERON que el demandado don Luis Alberto Palomino Cruzado cumpla con levantar la hipoteca constituida a favor del Banco del Progreso Sociedad Anónima (Probank) otorgando la Escritura Pública correspondiente y que el demandante don Juan Guillermo Alburqueque Cáceres cumpla a su vez con cancelar el saldo del precio materia de la compra-venta del inmueble sub-litis; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por don Juan Guillermo Alburqueque Cáceres con don Luis Alberto Palomino Cruzado, sobre Otorgamiento de Escritura Pública.

 

S.S.

SAEZ PALOMINO

ARANDA RODRIGUEZ

CASTILLO VASQUEZ

 

 

Hipoteca: efectos

 

La hipoteca es un derecho real establecido en seguridad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles, quedando estos bienes en poder del deudor que aún no ha cancelado la deuda.

Si los accionantes no han cumplido con honrar la deuda contraída, no pueden excluirse del pago de la misma. Amparar dicha pretensión, importaría admitir un abuso del derecho que la Ley recusa. No cabe la extinción de la hipoteca por caducidad.

 

Expediente 3818-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, trece de marzo de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS ; interviniendo como vocal ponente el señor García Godos Campos, por sus fundamentos y además CONSIDERANDO: Primero.- Que, los derechos de garantía, entre los cuales se encuentra la hipoteca, tienen por objeto conceder seguridad al acreedor de que su crédito será cancelado y específicamente la hipoteca es un derecho real establecido en seguridad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles, quedando éstos en poder del deudor que aún no ha cancelado la deuda; Segundo.- Que la extinción de la hipoteca está prevista taxativamente en el artículo 1122 del Código Civil, no estando prevista la extinción por caducidad; Tercero.- Que, los accionantes no han acreditado haber cumplido con pagar la deuda contraída, salvo un pago ínfimo; Cuarto.- Que en el presente caso, el artículo 200 de la Ley 16587 "Ley de Títulos Valores" en la que se fundamenta la demanda, no es de aplicación al presente caso, puesto que la obligación de pago se genera principalmente del contrato de crédito indirecto, Carta Fianza con otorgamiento de garantía, modificado por el Contrato de Descuento de Pagaré con otorgamiento de garantía, cuyas copias corren a fojas cinco y siete de autos; Quinto.- Que los accionantes sin haber cumplido con honrar la deuda contraída, pretenden excluirse del pago de la misma valiéndose de la presente acción; Sexto.- Amparar la demanda judicialmente importaría amparar un abuso del derecho que la ley recusa en el artículo segundo del Título Preliminar del Código Civil: CONFIRMARON la sentencia de fojas setentiséis a ochenta que declara infundada la demanda de fojas diez a veinticinco, incoada por María Berta Quiróz Castañeda y Oscar Vilca Aquino contra el Banco Central de Crédito Cooperativo del Perú en liquidación, sin costas ni costos; y los devolvieron.

 

SS. QUIROS AMAYO / ALVAREZ GUILLEN / GARCIA GODOS CAMPOS

 

 

Hipoteca: efectos

 

La hipoteca no determina la desposesión del bien y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien. Aunque no se cumpla con la obligación, el acreedor no adquiere la propiedad del bien por el valor de la hipoteca, siendo nulo todo pacto en contrario. Por ello, si se ha pactado la dación en pago en caso de incumplimiento, ello no puede operar por ser un pacto en contra de la ley.

 

Expediente 1454-98

 

Sala Nº 2

 

Lima, trece de julio de mil novecientos noventiocho.

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el Señor Ferreira Vildozola; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo mil ciento once del Código Civil, aunque no se cumpla la obligación, el acreedor no adquiere la propiedad del bien por el valor de la hipoteca, siendo nulo el pacto en contrario; Segundo.- Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo mil setentinueve del mismo Código, la hipoteca no determina la desposesión del bien y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien; Tercero.- Que, no obstante haberse pactado la dación en pago en el contrato de reconocimiento de deuda, en caso de incumplimiento, dicha cláusula no puede operar, siendo que ha sido pactada en contra de la ley, que no admite pacto en contrario, sin que obste lo dispuesto en los artículos mil doscientos sesenticinco y mil doscientos sesentiséis del referido Código, que se debe entender sólo en el caso de un pago voluntario; Que, siendo esto así: REVOCARON la resolución de fojas ciento noventicinco, su fecha veintinueve de mayo del año en curso, que declara improcedente la nulidad propuesta por las ejecutadas; REFORMANDOLA declararon FUNDADA la nulidad y, en consecuencia, NULA la resolución de fojas ciento cincuenticinco, debiendo continuarse con el proceso de ejecución forzada conforme a ley; Hágase saber y los devolvieron.

 

SS. MANSILLA NOVELLA / FERREIRA VILDOZOLA / HIDALGO MORAN

 

 

Hipoteca. Alcances. Constitución (A)

 

... la hipoteca es un derecho real, accesorio e indivisible, pues el acreedor tiene el derecho de persecución y de venta del bien, se constituye en garantía de un crédito u obligación, y se extiende a todas las partes del bien hipotecado...

... la hipoteca puede constituirse en garantía de una obligación específica y determinada, y también para garantizar una obligación futura o eventual... dentro de estas últimas encontramos las constituidas para garantizar las líneas de financiamiento otorgadas por una institución financiera a una persona natural o jurídica...

 

Casación 1059-99-Arequipa

 

AREQUIPA

 

Lima, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventinueve.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Vista la causa número mil cincuentinueve - noventinueve, con los acompañados, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Mutual de Vivienda Arequipa en liquidación, contra la sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta, su fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventinueve, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la apelada de fojas doscientos tres, su fecha doce de octubre de mil novecientos noventiocho, declara fundada la demanda y ordena el levantamiento de la hipoteca unilateral otorgada por ADISER, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en favor de la demandada; con lo demás que contiene.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La recurrente sustenta su recurso en: a) la inaplicación de los Artículos mil ciento dos, mil ciento cuatro y mil noventisiete del Código Civil y ciento ochentisiete del Decreto Legislativo número seiscientos treintisiete, pues de dichas normas fluye que las hipotecas otorgadas a favor de las entidades del sistema financiero respaldan todas las obligaciones ya sean directas o indirectas, existentes o futuras asumidas para con ella, que la hipoteca es indivisible y que afecta el cumplimiento de una obligación propia o de un tercero; y, b) la aplicación indebida del Artículo mil ciento ocho del Código Civil, norma que sólo es aplicable cuando se trata de letras de cambio garantizadas con hipoteca como se ha establecido en reiteradas Ejecutorias Supremas.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, concedido el Recurso de Casación a fojas doscientos ochentidós, fue declarado procedente por resolución de esta Sala Suprema del dieciséis de junio del presente año, por las causales invocadas.

 

Segundo.- Que, la hipoteca es un derecho real, accesorio e indivisible, pues el acreedor tiene el derecho de persecución y de venta del bien se constituye en garantía de un crédito u obligación, y se extiende a todas las partes de bien hipotecado, como así resulta de lo dispuesto en los Artículos mil noventisiete, mil noventinueve, mil ciento uno y mil ciento dos del Código Civil,

 

Tercero.- Que, la hipoteca se constituye por el propietario del bien, o quien esté facultado para hacerlo, se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble como requisito de validez y se transmite con el inmueble, de tal manera que una vez constituida, por la relación real establecida con el acreedor hipotecario, respalda las obligaciones asumidas.

 

Cuarto.- Que, una hipoteca puede constituirse en garantía de una obligación especifica y determinada, y también para garantizar una obligación futura o eventual, como lo establece el Artículo mil ciento cuatro del Código acotado.

 

Quinto.- Que, examinado el fondo de la materia controvertida resulta que la escritura política de constitución de hipoteca cuyo levantamiento se pretende, se constituyó por Adiser, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, para garantizar las líneas de financiamiento que mantenía con la Mutual de Vivienda Arequipa en liquidación, hasta por la suma de cien millones de intis, sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la avenida Bolognesi del distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa.

 

Sexto.- Que, no se trata por ello, de la situación prevista en el Artículo mil ciento ocho del Código Civil(1), porque la hipoteca no se constituyó para garantizar título transmisible por endoso o al portador, por lo que su aplicación al caso de autos por las instancias de mérito resulta indebida.

 

Sétimo.- Que, en consecuencia, se han inaplicado los Artículos mil noventisiete, mil ciento dos y mil ciento cuatro del Código Sustantivo, además de lo prescrito en el Artículo ciento ochentisiete del Decreto Legislativo numero seiscientos treintisiete, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros en cuanto dispone que los bienes dados en prenda o hipoteca en favor de una empresa bancaria o financiera respalda todas las deudas y obligaciones directas o indirectas, existentes o futuras, asumidas para con ella por quien los afecte en garantía.

 

4. SENTENCIA:

 

Por las consideraciones expuestas, y en aplicación de lo previsto en el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: declararonFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas doscientos setentitrés por Mutual de Vivienda Arequipa en liquidación, y en consecuencia, CASAR la Sentencia de Vista de fojas doscientos cincuenta, su fecha dieciocho de marzo del presente año, y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos tres, su fecha doce de octubre de mil novecientos noventiocho, que declara fundada la demanda de fojas cincuentidós y ordena el levantamiento de la hipoteca inscrita en el asiento uno, rubro d) de la ficha trescientos cincuentitrés mil doscientos ocho del Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Arequipa; REFORMÁNDOLA declararonINFUNDADA dicha demanda; sin costas ni costos en los seguidos por don José Antonio Farfán Armengol con Mutual de Vivienda Arequipa, en liquidación, sobre levantamiento de hipoteca; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO DE A.; CELIS; ALVA

 

 

Hipoteca: bienes materia de la garantía

 

De conformidad con los artículos 1104 del C.C. y 165 del D. Leg. 670, pueden garantizarse con hipoteca obligaciones futuras, las que son exigibles desde la fecha en que se produce su incumplimiento.

 

Casación 328-94

 

LA LIBERTAD

Lima, diez de noviembre de mil novecientos noventicinco.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en Audiencia Pública el diez de noviembre del año en curso emite la siguiente resolución.

 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú, mediante escrito de fojas quinientos setentiuno contra el auto de fojas quinientos cincuenticinco, su fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventicuatro, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad, que revocando la apelada de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventicuatro, declara fundada las contradicciones basadas en la inexigibilidad de la obligación e improcedente las mismas contradicciones por la causal de nulidad de título.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El Banco de Crédito del Perú fundamenta su recurso en lo dispuesto en el inciso segundo  del  artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil y señalando como motivo que en el fallo impugnado se ha inaplicado el artículo ciento setenticinco del Decreto Legislativo setecientos setenta, Ley General de Instituciones Bancarias financieras y de seguros, en concordancia con el artículo mil ciento cuatro del Código Civil y con los artículos primero y ciento veintinueve de la Ley de Títulos Valores.

 

CONSIDERANDO:

 

1º) Que el recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de veinte de junio de mil novecientos noventicinco, contra el fallo de vista que declara fundadas las contradicciones formuladas por el demandado basadas en la inexigibilidad de las obligaciones, porque las escrituras públicas otorgadas por los ejecutados en favor del banco ejecutante no satisfacen los requisitos exigidos por el artículo seiscientos ochentinueve del Código Procesal Civil, puesto que no contienen obligación cierta ni exigible, limitándose a constituir hipoteca hasta por cuarenta mil dólares americanos por las obligaciones que actualmente tiene o pudiera tener en el futuro el cliente, sin indicar con certeza el monto de la deuda, como tampoco fija el plazo para el cumplimiento de tal obligación, elemento indispensable este último para determinar la exigibilidad y que el pagaré acompañado a la demanda no puede considerarse como título de la ejecución de garantía que se pretende, en razón de la autonomía que tiene todo título valor, no siendo posible establecer que hubiere sido emitido en relación directa con las escrituras en referencia.

 

2º) Que por escritura pública de fojas ocho, de trece de octubre de mil novecientos ochentiocho, otorgada ante el Notario de Trujillo don Abel Alva Zurcher, don Neptalí Felix Peralta Vargas otorgó en favor del Banco de Crédito del Perú primera hipoteca sobre la casa ubicada en la Calle Santo Domingo número doscientos cuarentidós de la Urbanización El Recreo de Trujillo, hasta por la suma de cuarenta mil dólares, para garantizar las obligaciones que tenía o pudiera tener en el futuro a favor del Banco, avales, finanzas y cualesquiera otras obligaciones de cualquier naturaleza en moneda nacional o extranjera, habiéndose posteriormente constituido como fiador solidario del Consorcio Agroindustrial del Norte Sociedad Anónima en el pagaré de fojas veinte, por la suma de ciento sesentisiete mil dólares.

 

3º) Que por escritura pública de fojas catorce, de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa, otorgada ante el Notario de Trujillo don Abel Darío Alva Zurcher, don Manuel Reynaldo Peralta Herrera y su esposa doña Mariana Lázaro Carranza de Peralta, otorgaron hipoteca en favor del Banco de Crédito del Perú, respecto del lote de terreno ubicado en la manzana J del Lote trece de la Urbanización semirústica Mampuesto de la Ciudad de Trujillo, constituyéndose en fiadores solidarios del Consorcio Agroindustrial del Norte Sociedad Anónima, hasta por la suma de cuarenta mil dólares, respecto de las obligaciones que tuviera o pudiera tener en el futuro su fiado.

 

4º) Que el artículo mil ciento cuatro del Código Civil permite que por la hipoteca pueda garantizarse una obligación futura o eventual;

 

5º) Que el artículo ciento setenticinco del Decreto Legislativo número setecientos setenta, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros establece que los bienes dados en hipoteca en favor de una entidad financiera, respaldan todas las deudas y obligaciones, directas, o indirectas, existentes o futuras, asumidas para con ella, por quien los afecte en garantía por el deudor.

 

6º) Que de acuerdo con los dos dispositivos legales antes citados, habiéndose garantizado en las Escrituras a que se ha hecho referencia en los acápites anteriores las obligaciones que podía tener en el futuro el Consorcio Agroindustrial del Norte Sociedad Anónima, no podía contener plazo, ni fijarse el monto de la deuda, pero la garantía se encuentra limitada por el monto de la hipoteca.

 

7º) Que estando permitido que se otorgue hipoteca para garantizar obligaciones futuras, al no haber cumplido el obligado con el pago de la deuda, la obligación es cierta y exigible.

 

8º) Que tratándose de un proceso de ejecución de garantía, el pagaré acompañado, no constituye el título de la ejecución, que está referido a la escritura pública de garantía, por lo que las normas de la Ley de Títulos y Valores no les son aplicables.

 

9º) Que al haber declarado el auto de vista improcedente las contradicciones por la causal de nulidad del título, no existe agravio para la demandante.

 

10º) Que al negar el auto de vista la ejecución de la garantía e inaplicado el artículo mil ciento cuatro del Código Civil y el artículo ciento setenticinco del Decreto Legislativo número setecientos setenta Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, en lo referente a las contradicciones basadas en la inexigibilidad de la obligación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, se resuelve:

 

DECLARARON FUNDADO EN PARTE el recurso de casación de fojas quinientos setentiuno y nulo el auto impugnado de fojas quinientos cincuenticinco de diecinueve de octubre de mil novecientos noventicuatro, en la parte que declaró fundadas las contradicciones basadas en la inexigibilidad de la obligación y declararon infundadas dichas contradicciones formuladas por don Manuel Reynaldo Peralta Herrera, doña Natividad Mariana Lázaro, Carranza de Peralta, don Neptalí Felix Peralta Vargas y Consorcio de Agroindustrial del Norte Sociedad Anónima e infundada la casación respecto a la improcedencia de las mismas contradicciones por la causal de nulidad del título y DISPUSIERON: se proceda al remate del inmueble ubicado en la calle Santo Domingo número doscientos cuarentidós de la Urbanización El Recreo de Trujillo y del lote de terreno de la manzana J, lote trece de la Urbanización semirústica de Mampuesto del Distrito y Provincia de Trujillo, materia de la acción de ejecución de garantía y CONDENARON: a los demandados al pago de las costas y costos en las tres instancias.

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

ECHEVARRIA

URRUTIA

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria

 

 

Hipoteca: buena fe registral

 

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule el del otorgante por causas que no consten en los registros públicos.

 

Expediente 1847-92 - Junín

 

Lima, veintisiete de setiembre de mil novecientos noventitrés.-

 

VISTOS; con el acompañado, por los fundamentos pertinentes de la apelada; y, CONSIDERANDO: que si bien don Víctor Piñas Chuquillanqui, padre de los demandantes, gravó el inmueble en litio a favor del Banco Hipotecario del Perú, según el testimonio de escritura pública de fecha tres de noviembre de mil novecientos ochentidós como consta de la copia de fojas veinticinco del acompañado, sin autorización de éstos que a la sazón eran ya herederos declarados de su madre doña Lucila Camayo Pascual, fallecida el veinte de noviembre de mil novecientos sesentisiete, conforme a la sentencia de fojas ciento trece del mismo expediente; también lo es, que dicho gravamen constituye un acto lícito a tenor de lo previsto en los artículos mil trescientos noventicuatro y mil trescientos noventicinco del Código Civil de mil novecientos treintiséis, conceptos de contratación que han venido a consolidarse con el numeral mil cuatrocientos dos, incisos primero y segundo del Código Civil vigente, tanto más si los actores no han demostrado que su padre haya procedido con dolo o engaño; que en este orden de cosas el predio gravado fue subastado en ejecución de garantía como aparece del expediente fenecido que se tiene a la vista, obteniendo la buena pro los actuales propietarios demandados, cuyo derecho como terceros adquirientes de buena fé no puede ser afectado; que a mayor abundamiento cabe señalar que los demandantes se apersonaron en el expediente adjunto deduciendo la nulidad de lo actuado, artículo que oportunamente fue desestimado; que por lo expuesto: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintiuno, su fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventidós, en cuanto confirmando la apelada de fojas ciento sesenticinco, su fecha doce de julio de mil novecientos noventiúno, declara fundada en parte la demanda de fojas trece; y, en consecuencia nula la escritura pública de fecha tres de noviembre de mil novecientos ochentidós de fojas ciento cuarentitrés, como el acta de Remate y adjudicación de fojas noventa del acompañado; REFORMANDOla primera y REVOCANDOla segunda en estos  extremos:  declararon  INFUNDADA dicha demanda; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; en los seguidos por América Silvia Piñas Camayo y otros con el Banco  Central  Hipotecario y otros sobre nulidad  de  escritura;  y  los  devolvieron.-

 

SS. URRELLO; MENDOZA; ALMENARA; LANDA; RONCALLA

 

 

Hipoteca: constitución

 

La hipoteca recién se constituye cuando se eleva a Escritura Pública. En ese sentido, no otorga un derecho de preferencia frente a un embargo inscrito con anterioridad a la fecha de su constitución.

 

Casación 655-95

 

LIMA

 

Lima, seis de setiembre de

mil novecientos noventiséis.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el cuatro de setiembre del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Karl Heinz Herzog Schmidt, contra la sentencia de fojas doscientos doce, su fecha tres de abril de mil novecientos noventicinco, que confirmando la sentencia de fojas ciento cuarenta, su fecha quince de julio de mil novecientos noventicuatro, declara infundada la demanda de fojas veinticinco a veintiocho interpuesta por don Karl Heinz Herzog Schmidt, en los seguidos con José Enrique Zafra Rendón y otra sobre tercería.

 

2.- FUNDAMENTO DEL RECURSO: La Corte ha declarado procedente el recurso presentado por el recurrente por las causales de interpretación errónea del artículo dos mil dieciséis del Código Civil en el sentido que la prioridad registral sólo es invocable cuando se trata de derechos de la misma naturaleza y en la de inaplicación del artículo dos mil veintidós del mismo Código en el que se establece que cuando se oponen derechos de distinta naturaleza se aplican las disposiciones de derecho común.

 

3.- CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, la pretensión relativa a la interpretación errónea del artículo dos mil dieciséis del Código Civil debe desestimarse de plano, pues de la sentencia apelada obrante a fojas ciento cuarenta fluye que su cita proviene de un error numérico, por estar referida al texto del artículo dos mil doce del mismo Código.

 

Segundo: Que, en la sentencia recurrida que recoge los fundamentos de la apelada se ha establecido como hechos probados no susceptibles de ser revisados en vía de casación que la hipoteca otorgada a favor del recurrente se elevó a Escritura Pública con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventidós, es decir con posterioridad a la fecha de inscripción del embargo preventivo solicitado por la demandada Enedina Acosta Garay.

 

Tercero: Que, en consecuencia, y estando frente a un caso en el que se oponen dos derechos inscritos de distinta naturaleza es necesario recurrir a las disposiciones del derecho común.

 

Cuarto: Que, si bien es cierto que conforme al artículo dos mil veintidós se reconoce preferencia para el caso del derecho de propiedad adquirido conforme al artículo novecientos cuarentinueve del Código Civil frente a un crédito quirografario inscrito mediante embargo, este mismo razonamiento no puede ser de aplicación al caso de la hipoteca puesto que conforme al artículo mil noventiocho del mismo Código ésta recién se constituye, en la fecha en que se otorga la correspondiente Escritura Pública.

 

Quinta: En consecuencia, y de conformidad con los artículos ciento cuarenta inciso cuatro, mil noventiocho, dos mil doce, y dos mil diecinueve inciso siete del Código Civil debe concluirse necesariamente que la hipoteca no otorga derecho de preferencia sobre un embargo inscrito con anterioridad a la fecha de su constitución.

 

Sexta: Que, la pretensión contenida en la demanda de fojas veinticinco es excluyente y no preferente pues a través de ella se persigue se deje sin efecto el embargo en mérito a una transferencia de preferencia de propiedad que es incluso posterior al acto por el que se constituye la hipoteca.

 

4.- SENTENCIA: Estando a las conclusiones a las que se arriba se declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, y en consecuencia, NO CASA la sentencia de fojas doscientos doce, su fecha tres de abril de mil novecientos noventicinco, que confirmando la sentencia de fojas ciento cuarenta, su fecha quince de julio de mil novecientos noventicuatro, declara infundada la demanda de fojas veinticinco; CONDENARON al recurrente al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal y de las costas y costos originados en la tramitación del proceso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; y los devolvieron.-

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

CHEVARRIA

BERNAL.

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria.

 

 

Hipoteca: constitución

 

No resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108º del Código Civil cuando la Hipoteca se constituye para garantizar derechos y responsabilidades en general y no, exclusivamente títulos valores trasmisibles por endosos y destinados a la circulación.

 

Casación 884-95

 

LA LIBERTAD

 

Lima, catorce de octubre de

mil novecientos noventiséis.-

 

La Sala de casación de la Corte Suprema, en la causa vista en audiencia pública el cuatro de octubre del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Continental, contra la resolución de fojas setentisiete de trece de setiembre de mil novecientos noventicinco, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que revocando el auto apelado de fojas cincuentisiete y reformándolo declaró improcedente la demanda de fojas catorce interpuesta contra Pronorte Contratistas Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros, sobre ejecución de garantía.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurrente fundamenta su recurso en las tres causales del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en la aplicación indebida del artículo mil ciento ocho del Código Civil, en la inaplicación del artículo mil trescientos sesentidós y en que se ha contravenido el segundo acápite del artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO.- Que, concedido el recurso de casación a fojas noventiuno, fue declarado procedente por resolución de quince de noviembre de mil novecientos noventicinco por las causales invocadas;

 

SEGUNDO.- Que, es necesario examinar en primer término la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo, porque de declararse fundada, ya no cabe pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida.

 

TERCERO.- Que, el auto de vista no ha declarado improcedente la ejecución porque no se haya anexado a la demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor, por lo que no existe contravención del segundo acápite del artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil;

 

CUARTO.- Que, examinando el fondo de la materia controvertida resulta que la escritura pública de crédito hipotecario, cuya ejecución se ha solicitado en este proceso, la hipoteca se constituyó por don Víctor Benjamín Molina Peña y su esposa doña Aurora Abanto Salazar de Molina, para garantizar a Pronorte Contratistas Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el pago de las deudas y responsabilidades en general que pudieran tener ellos o el deudor frente al Banco Continental, por descuentos, pagarés, aceptaciones, advance accounts, avales, créditos en cuentas corrientes, créditos documentarios, fianzas;

 

QUINTO.- Que, no se trata por ello de la situación prevista por el artículo mil ciento ocho del Código Civil, porque la hipoteca no se constituyó exclusivamente para garantizar título trasmisible por endoso o al portador;

 

SEXTO.- Como además la hipoteca se otorgó por plazo indefinido, no podía figurar en el contrato, en el caso de pagarés que fueron aceptados con posterioridad al otorgamiento del crédito hipotecario datos que exige el artículo mil ciento ocho del Código Civil, por tratarse de hechos futuros.

 

SETIMO.- Que, tratándose de un crédito hipotecario para garantizar derechos y responsabilidades en general, resulta aplicado indebidamente el artículo mil ciento ocho del Código Civil, que sólo resulta pertinente cuando la hipoteca se constituye para garantizar exclusivamente títulos trasmisibles por endoso o al portador;

 

OCTAVO.- Que, en cambio resulta inaplicado el artículo mil trescientos sesentidós del Código Sustantivo, porque los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según los reglas de la buena fe y común intención de las partes y habiendo incumplido el deudor en el pago del crédito hipotecario, debe ejecutarse la hipoteca, porque así se pacto en el contrato.

 

NOVENO.- Que, por las razones expuestas de conformidad con el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, la Sala Civil de la Corte Suprema FALLA:

 

DECLARANDO: FUNDADOel recurso de casación interpuesto por el Banco Continental, de fojas ochenticinco y en consecuencia CASA la resolución pronunciada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad, su fecha trece de setiembre de mil novecientos noventicinco, de fojas setentisiete y actuando en sede de instancia, confirma el auto apelado de tres de agosto del mismo año que corre a fojas cincuentisiete, que declara infundada la contradicción a la ejecución formulada por los co-ejecutados Víctor Benjamín Molina Peña y Aurora Abanto Salazar de Molina mediante escrito de dieciocho de julio de mil novecientos noventicinco; DISPUSIERON: que la presente resolución se publique en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco Continental con Pronorte Contratistas Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros, sobre ejecución de garantías; y los devolvieron.-

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria.

 

 

Hipoteca: constitución bajo modalidad. Inscripción

 

De conformidad con el articulo 1105º del Codigo Civil, la hipoteca puede ser constituida bajo condición o plazo, los mismos que deben cumplirse para efectuar la inscripción.

 

Resolución 083/92-ONARP-JV.

 

Lima, 17 de Diciembre de 1992.

 

Visto, en Sesión de la fecha el recurso de revisión interpuesto por don NILO ADOLFO GARNICA NUÑEZ contra la Resolución Nº 243/92-ONARP-CF de 5 de octubre de 1992, expedida por la Comisión Facultativa;

 

CONSIDERANDO:

 

Que, mediante la referida resolución se confirma la observación formulada por el Registrador Público al Título Nº 44998 del 11 de mayo de 1992, declarando que el mismo no es inscribible por los fundamentos referidos en la parte considerativa de la misma;

 

Que, en el acto de reconocimiento de deuda y otorgamiento de fianza solidaria materia del presente título, existen dos condiciones a las cuales se ha sometido la validez y los efectos de la obligación aludida, la primera que forma parte del artículo quinto y según el acreedor se obliga a no inscribir la hipoteca antes de vencido el día 15 de marzo de 1992 y sólo para el caso de ejecución de garantía por incumplimiento del pago respectivo, y la segunda que es materia de la cláusula adicional y que se concreta a las obligaciones que el acreedor asume cumplir dentro del plazo perentorio de 10 días para obtener los desistimientos, tanto de las acciones judiciales como registrales, y el levantamiento de las anotaciones marginales que por el anterior concepto se hubieran efectuado;

 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1105º del Código Civil la hipoteca puede ser constituida bajo condición o plazo;

 

Que, estando a la expresión de voluntad de los intervinientes en el acto señalado se desprende que ambas condiciones son de naturaleza suspensiva, y los efectos del acto se encuentran pendientes hasta que se cumpla con las condiciones respectivas de conformidad a lo establecido en el artículo 178º del Código Civil;

 

Que, formando parte, ambas condiciones de un solo acto jurídico debe estarse al contenido de las mismas, en tal sentido atendiendo al plazo perentorio conferido al Sr. Nilo Adolfo Garnica Núñez en la cláusula adicional precitada, resulta que dicha condición ha sido incumplida al confrontarse que entre la fecha cierta de la Escritura Pública y la fecha cierta de las resoluciones que aprueban los desistimientos a las apelaciones ha mediado un lapso superior al estipulado subconditione, si esto es así dicho incumplimiento ha acarreado la invalidez del acto de reconocimiento de deuda y fianza solidaria, siendo irrelevante por tanto la alusión a la condición suspensiva de la cláusula quinta, pues la solicitud de inscripción de la garantía hipotecaria presume no sólo la verificación del hecho condicional en sí, esto es el incumplimiento en el pago de la deuda, sino también y fundamentalmente el cumplimiento o verificación dentro de los plazos establecidos de los hechos materia de la condición contenida en la cláusula adicional.

 

Estando a lo acordado;

 

SE RESUELVE:

 

Confirmar la Resolución Nº 243/92-ONARP-CF de 5 de octubre de 1992, expedida por la Comisión Facultativa;

 

Regístrese y Comuníquese

 

(Fdo.) Dra. Ada Patricia Linares Arenaza, Presidenta de la Junta de Vigilancia

Dra. Nelly Calderón Navarro, Representante de la Fiscal de la Nación

 

Dr. Augusto Zapata Ortíz, Representante del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Dr. Manuel Forero García Calderón, Representante del Decano del Colegio de Notarios de Lima

Dra. Nita Gamio de Barrenechea, Jefa de la Oficina Nacional de los Registros Públicos

Dra. Loreta Valdivia Talavera, Directora Ejecutiva Técnica - Secretaria.

 

 

Hipoteca: elementos

 

La determinación de la obligación garantizada y la individualización de la cosa que sirve de garantía constituyen elementos de la hipoteca.

 

Expediente 795-95

 

QUINTA SALA- AÑO: 95

 

Lima, veinticuatro de Julio de mil novecientos noventicinco.- VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Quirós Amayo; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: además; que si bien la especialidad es requisito sustancial de la hipoteca, la misma que comprende dos elementos; a) determinación de la obligación garantizada; y b) individualización de la cosa que sirve de garantía (confr.: -Instituciones de Derecho Civil - los Derechos Reales de Garantía, Jorge Eugenio Castañeda - Lima - mil novecientos sesentisiete, tomo tres, página doscientos doce); que en el caso de autos, respecto al primer elemento, se ha convenido en el primer contrato de fojas veinte, que la hipoteca garantiza el pago de deudas y responsabilidades en general, especificando que las mismas se refieren a descuentos, pagarés, aceptaciones, advances, accounts, avales, créditos en cuenta corriente, créditos documentarios, fianzas para garantizar obligaciones de terceros a favor del banco y demás que se detallan en la cláusula cuarta, hasta por catorce millones de soles oro; que esta garantía ha sido ampliada y modificada por sucesivos contratos de fojas veintisiete, treintitrés y treintinueve, hasta convertirla en una suma de catorce mil dólares, siempre en idéntica modalidad; que en consecuencia se ha cumplido con este primer elemento; así como también con el segundo, al haber constituido primera hipoteca sobre el departamento trescientos cinco, tercer piso del inmueble situado en la avenida veintiocho de Julio mil ciento ochentiuno, La Victoria; que en lo referente a la segunda hipoteca materia del contrato de fojas cuarenticinco; que la garantía grava el bien situado en la Calle Espilón número ciento quince, Urbanización Parque Internacional de Industria y Comercio Lima Callao, con un área superficial de mil metros cuadrados, sin embargo la ficha de inscripción de fojas diecinueve se contrae al inmueble sito en la misma calle, pero en el número ciento cuarenticinco; que en tal virtud falta el segundo elemento de la relación que es la individualización de la cosa que sirve de garantía; y en este sentido la tacha deducida resulta fundada en este extremo; que en el primer caso, se aplica el artículo mil noventinueve del Código Civil y en el segundo al no cumplirse con el artículo mil cien del mismo texto, sobre la determinación del bien hipotecado la tacha es fundada; que el A-quo no se ha pronunciado sobre la tacha formulada en el otrosí de fojas ochenticinco, siendo susceptible integrarla en esta Instancia, de conformidad con la última parte del artículo ciento setentidós del Código Procesal Civil, CONFIRMARON la resolución apelada de fojas ciento diecinueve, su fecha veintiocho de Diciembre de mil novecientos noventicuatro, en cuanto rechaza la contradicción planteada respecto de la ejecución de la hipoteca a la que se refieren las escrituras públicas de fojas veinte, veintisiete, treintitrés y treintinueve; la REVOCARON en el extremo que rechaza igualmente la contradicción de la ejecución de la hipoteca a la que se contrae la escritura pública de fojas cuarenticinco; REFORMANDOLA la declararon FUNDADA en este punto; e INTEGRANDO la resolución impugnada declararon FUNDADA en parte la tacha deducida a fojas ochenticinco, respecto al certificado de gravamen de fojas diecinueve; y sin objeto pronunciarse sobre la tacha formulada a fojas ochenticuatro, por haber la demandante convenido en ella; y los devolvieron.-

 

Señores: QUIROS AMAYO / MANSILLA NOVELLA / VALCARCEL SALDAÑA.

 

 

Hipotecas: ordinaria y de seguridad

 

... en materia de garantías reales debe distinguirse el derecho real de la obligación garantizada; en la hipoteca ordinaria es necesario que la obligación sea determinable en el título en que se constituye la garantía, en cambio la hipoteca de seguridad garantiza  cualquier tipo de obligación, inclusive aquellas contenidas en títulos valores (...).

 

Casación 1897-99-LAMBAYEQUE

 

Lima, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventinueve.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República , vista la causa en audiencia pública en la fecha del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Banco Santander Sucursal Chiclayo contra la resolución de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a fojas ciento diecinueve, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventinueve, que revocando el auto apelado de fojas noventinueve, su fecha cinco de marzo del mismo año, declara fundada la contradicción basada en la nulidad del título valor e improcedente la demanda de ejecución de garantía; dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer conforme a ley, con lo demás que contiene.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha trece de setiembre de mil novecientos noventinueve, ha estimado procedente el Recurso de Casación por la causal de inaplicación de la norma de derecho material contenida en el Artículo ciento setentidós primer párrafo de la Ley número veintiséis mil setecientos dos -Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros- sosteniéndose que las garantías reales constituidas a favor de las entidades del sistema financiero respaldan todas las obligaciones directas e indirectas asumidas frente a ella; inclusive garantizan las obligaciones contenidas en pagarés y en letras de cambio giradas a la vista por el saldo deudor del cierre de cuenta corriente.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, tanto la hipoteca así como la prenda son garantías de carácter real que sirven para responder el cumplimiento de cualquier obligación; por la forma en que garantizan las obligaciones, las hipotecas pueden ser: hipoteca ordinaria y de seguridad, en la primera la existencia y la cuantía de la obligación está determinada en el título en el que se constituye la garantía real; en cambio, la hipoteca de seguridad se constituye por una cantidad máxima, en garantía de créditos indeterminados en su existencia y cuantía, que sólo se indican en sus líneas fundamentales y cuya determinación se efectúa por medios extra-registrales; dentro de las hipotecas de seguridad se encuentran aquellas constituidas en garantía de cuentas corrientes de crédito (Roca Sastre, Ramón "Derecho Hipotecario" Sétima Edición Barcelona mil novecientos setentinueve Tomo Cuarto páginas setecientos ochentinueve a setecientos noventicuatro).

 

Segundo.- Que, en materia de garantías reales debe distinguirse el derecho real de la obligación garantizada; en la hipoteca ordinaria es necesario que la obligación sea determinable en el título en que se constituye la garantía, en cambio la hipoteca de seguridad garantiza cualquier tipo de obligación inclusive aquellas contenidas en títulos valores.

 

Tercero.- Que, el Artículo ciento setentidós primer párrafo de la Ley número veintiséis mil setecientos dos, precisa que los bienes dados en garantía a favor de una empresa del sistema financiero respaldan todas las obligaciones directas e indirectas, existentes o futuras, de lo que se colige que la norma acotada regula una clase de garantía que respalda cualquier tipo de obligación no contenida en el instrumento en el que se constituye la garantía, inclusive respaldan obligaciones contenidas en pagarés y en letras de cambio giradas a la vista por el saldo deudor del cierre de la cuenta corriente.

 

Cuarto.- Que, en el caso sub materia, las garantías reales han sido otorgadas a favor de una entidad financiera, por ello dichos instrumentos garantizan las obligaciones contenidas en el pagaré y en la letra de cambio girada a la vista por el saldo deudor de la cuenta corriente, consecuentemente, al haberse seguido un criterio distinto al expresado, se ha incurrido en la inaplicación de una norma de derecho material, por lo que debe actuarse en sede de instancia, resolviéndose el conflicto de intereses.

 

4. SENTENCIA:

 

Por las consideraciones expuestas, y en aplicación del Artículo trescientos noventiséis inciso primero del Código Procesal Civil, la Sala Civil de la Corte Suprema; declara FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el Banco Santander Sucursal Chiclayo; en consecuencia CASARON la resolución de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventinueve, y actuando como sede de instancia CONFIRMARON la resolución apelada de fojas noventinueve, su fecha cinco de marzo del presente año, que declara infundada la contradicción a la ejecución interpuesta por los ejecutados y dispone sáquese a remate los bienes dados en garantía, en los seguidos con José María Remuzgo Chávez y otra, sobre ejecución de garantía, ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO DE A.; CELIS; ALVA

 

 

Hipoteca sin formalidad: extinción de prestación

 

Es condición sine qua non que el contrato de hipoteca, para su validez, se constituya por escritura pública.

Si dicho contrato no se ha elevado a instrumento público, por falta de diligencia de la parte interesada, la obligación se extingue por causa no imputable al deudor.

 

Expediente 1473-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, diecinueve de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Quirós Amayo; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además Primero.- Que es condición sine qua non que el contrato de hipoteca para su validez se constituya por escritura pública, como lo exige el artículo mil noventiocho del Código Civil; Segundo.- Que en el presente caso no se ha cumplido con dicho requisito y el contrato privado que se firmó no se elevó a instrumento público por falta de diligencia, el mismo que tuvo vigencia solamente hasta el treintiuno de julio de mil novecientos noventicinco, que fue la fecha pactada tal como se verifica con la fotocopia auténtica de fojas ciento treinta y ciento treintiuno, corroborada con el oficio de la Notaría Doctora Ana María Vidal Hermoza de fojas ciento treintidós; Tercero.- Que, en consecuencia, la obligación se ha extinguido al no haberse ejecutado la prestación por causa no imputable al deudor, como lo preceptúa el artículo mil trescientos dieciséis del acotado, no existiendo en autos prueba suficiente en sentido contrario; CONFIRMARON la resolución apelada de fojas ciento setentiuno y ciento setentidós, de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventisiete, que declara infundada la demanda interpuesta por la Empresa Nacional del Tabaco; con lo demás que contiene; y los devolvieron; en los seguidos por la Empresa Nacional del Tabaco con Marino Oré Pizarro y otra sobre obligación de hacer.

 

SS. QUIROS AMAYO / MAC RAE THAYS / RAMOS LORENZO

 

Hipoteca de cédulas: Garantía de título valor (A)

 

... la hipoteca proveniente de la voluntad unilateral, llamada también hipoteca de cédulas, está destinada a garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador, en cuyo caso se debe hacer constar en la escritura los detalles de la emisión de estos títulos ... el artículo 1108º del Código Civil no es aplicable cuando se trata de letras de cambio respaldadas por hipoteca, por ser estos títulos distintos a los títulos hipotecarios...

 

Casación Nº 723-98 AREQUIPA

 

Lima, diecisiete de diciembre de mil novecientos noventiocho.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa de referencia, vista en audiencia pública de la fecha, emite la siguiente sentencia; con el acompañado:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Mutual de Vivienda Arequipa en Liquidación, contra la sentencia de vista de fojas doscientos cincuenticuatro, su fecha veintisiete de enero del presente año, que confirma la apelada de fojas doscientos dieciocho, de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventisiete, que declara improcedente la reconvención y fundada la demanda procediendo al levantamiento de la hipoteca unilateral otorgada por ADISER Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con lo demás que contiene.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por resolución de esta Sala Suprema del veinte de mayo del presente año se ha declarado procedente el recurso por las causales de: a) inaplicación del Artículo mil ciento cuatro del Código Civil, pues la impugnada establece que como la adquisición de la letra en la mesa de negociaciones de la Bolsa de Valores de Arequipa fue con posterioridad a la fecha de celebración de la escritura pública de hipoteca, dicha letra de cambio no se encontraría amparada por la hipoteca; b) inaplicación del Artículo ciento ochentisiete del Decreto Legislativo número seiscientos treintisiete, vigente en el momento de la constitución de la hipoteca, de acuerdo al cual las hipotecas otorgadas en favor de las entidades pertenecientes al Sistema Financiero Nacional respaldan todas las deudas y obligaciones, directa o indirectas, existentes o futuras asumidas para con ella por quien los afecte en garantía; c) inaplicación del Artículo mil ciento dos del Código Civil, pues se sostiene que como no se ha solicitado el levantamiento de la hipoteca en la ficha matriz de la edificación, de concederse éste solo se efectuaría en la ficha de independización, manteniéndose en la partida matriz donde se encuentra inscrito el gravamen respecto de toda la edificación pues no se ha gravado en forma independiente cada departamento de la edificación.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, las sentencias de mérito han establecido como cuestión fáctica que la hipoteca constituida por Adise Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en favor de Mutual Arequipa sobre el inmueble ubicado en la avenida Bolognesi en la ciudad de Arequipa, por escritura pública del veintiséis de setiembre de mil novecientos noventa extendida ante el notario de Arequipa doctor Carlos Enrique Gómez de la Torre y que en testimonio notarial corre a fojas ochentisiete, garantiza, entre otros, líneas de financiamiento otorgadas hasta por cien mil millones de intis; y que estando a lo expresado por la demandada, la única obligación pendiente de pago es una letra de cambio vencida el dieciocho de marzo de mil novecientos noventiuno.

 

Segundo.- Luego sostiene la apelada, que la recurrida confirma, que para que la hipoteca garantice un título transmisible por endoso, la escritura debe expresar entre otros, las condiciones que señala el Artículo mil ciento ocho del Código Civil(1), y que como la escritura en cuestión no contiene esa referencia debe levantarse la hipoteca.

 

Tercero.- Que, la hipoteca es un derecho real, accesorio e indivisible, pues el acreedor tiene el derecho de persecución y de venta del bien, se constituye en garantía de un crédito u obligación, y se extiende a todas las partes del bien hipotecado, como así resulta de lo dispuesto en los Artículos mil noventisiete, mil noventinueve, mil ciento uno y mil ciento cuatro del Código Civil.

 

Cuarto.- La hipoteca se constituye por el propietario del bien, o quien esté facultado para hacerlo, se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble como requisito de validez, y se transmite con el inmueble, de tal manera que una vez constituida, por la relación real establecida con el acreedor hipotecario, respalda las obligaciones establecidas.

 

Quinto.- Que, una hipoteca puede constituirse en garantía de una obligación específica y determinada, y también para garantizar una obligación futura o eventual, como establece el Artículo mil ciento cuatro del acotado.

 

Sexto.- Que, el Artículo mil ciento ocho del Código sustantivo regula la hipoteca proveniente de la voluntad unilateral llamada también hipoteca de cédula, cuyo antecedente es el Artículo mil ciento catorce del Código Civil derogado, que por un error de sistemática no se le ha dado un capítulo aparte, lo que produce confusión en sus alcances, y que está destinada a garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador, en cuyo caso se debe hacer constar en la escritura los detalles de la emisión de esos títulos, que pueden ser bonos, cédulas u otros títulos de deuda, con los cuales se recauda dinero del mercado de capitales, con el atractivo de una tasa de bienes y el respaldo de garantía hipotecaria, como lo fueron en el pasado las cédulas hipotecarias que emitió el Banco Central Hipotecario del Perú, aun cuando éstas tuvieron la garantía general de las hipotecas constituidas en favor de esa entidad; por lo que dicha norma no es aplicable cuando se trata de letras de cambio respaldas por hipoteca, como ya se ha establecido en reiteradas ejecutorias supremas, por ser éstas títulos valores, distintos a títulos hipotecarios; sobre este tema ver: El comentario de la doctora Lucrecia Maish Von Humboldt al Artículo mil ciento ocho del Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios Compilados por la doctora Delia Revoredo, Tomo quinto página doscientos sesentinueve, Lima mil novecientos ochenticinco; Hipoteca en Garantía de Título Endosable, Derecho Hipotecario por Ignacio de Casso, página seiscientos setentiuno, Madrid mil novecientos cincuentiuno: Derechos Reales de Eleodoro Romero Romaña, Tomo segundo página cuatrocientos sesentiocho, Lima, Segunda Edición.

 

Sétimo.- Que, en el caso de autos el demandante reconoce la vigencia de la hipoteca que pesa sobre el inmueble que adquirió de la firma Adiser Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y que ésta tiene una obligación pendiente en favor de Mutual Arequipa constituida por una letra de cambio, aunque sostiene que la hipoteca no la respalda y por eso pide que se ordene su cancelación.

 

Octavo.- Que, en consecuencia es evidente que se han inaplicado los Artículos mil ciento dos y mil ciento cuatro del Código Civil, como ya se ha expresado, por el propio tenor en que se constituyó la hipoteca, lo que se confirma con lo dispuesto en el Artículo ciento ochentisiete del Decreto Legislativo número seiscientos treintisiete, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, pues aún cuando éste inició su vigencia el veinticuatro de abril de mil novecientos noventiuno, sus disposiciones deben aplicarse a las consecuencias de las relaciones jurídicas y situaciones existentes, como preceptúa el Artículo dos mil ciento veintiuno del Código sustantivo.(2)

 

Noveno.- Que, lo resuelto en la Ejecutoria número mil noventa guión noventicinco del primero de agosto de mil novecientos noventisiete, no constituye precedente de obligatorio por no reunir los requisitos del Artículo cuatrocientos del Código Procesal Civil, no prevalece sobre los motivos que sustentan esta decisión.

 

4. SENTENCIA:

 

Por las consideraciones; con lo expuesto por el señor Fiscal y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo trescientos noventiséis inciso primero del Código Procesal Civil, declaración FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Mutual de Vivienda Arequipa en Liquidación, y en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas doscientos cincuenticuatro, su fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventiocho, y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos dieciocho, de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventisiete, en cuanto declara fundada la demanda y dispone se levante la hipoteca otorgada por la firma ADISER Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, reformándola en ese extremo, declararon INFUNDADA la demanda, y la confirmaron en lo demás que contiene; en los seguidos con don Edgar Eddyn Achata Arenas, sobre levantamiento de hipoteca; DIPUSIERON que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; SÁNCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.; CELIS

 

Interdicto de recobrar (A)

 

La toma de posesión de un inmueble con violencia en la cerradura, constituye causal de forma para declarar fundada la acción sobre interdicto de recobrar.

 

Expediente 448-87 LAMBAYEQUE

 

Lima, diez de noviembre de mil novecientos ochentisiete.-

 

VISTOS; por los fundamentos pertinentes de la resolución apelada y del Voto en discordia de fojas ciento cincuentiuno, CONSIDERANDO: además: que, la recurrida contiene una implicancia en la parte considerativa, aunque el fallo en ambas direcciones es por la improcedencia, con lo que no se da el caso de nulidad de la sentencia, pero ni da debida aclaración; que, en efecto, en la última parte de los considerandos, se sostiene que la demanda carece de los elementos de forma, como son la indicación de los actos de despojo, de la fecha y del autor del mismo que sin embargo, en la parte inicial se analiza el fondo de la cuestión, incurriéndose así en contradicción grave, pues si se advierte defecto de forma, no puede pronunciarse sobre el indicado fondo; que, por otro lado, es necesario dejar establecido que no se ha incurrido en esas omisiones, pues en el escrito de demanda claramente aparecen los indicados datos es decir, la toma de posesión del inmueble con violencia en la cerradura, hecho constatado el día veintiuno de marzo de mil novecientos ochenticuatro y efectuado por la demandada, de modo que no existe la improcedencia de la demanda por esa inexistente causal; que en cuanto al fondo de la cuestión, es indispensable señalar que a la devolución del inmueble por el último inquilino, según la demanda, ya no es posible la distinción entre posesión mediata o posesión inmediata, pues estos términos adquieren significación cuando se da la situación doble de un propietario y de un arrendatario pues, solamente en ese caso, el primero posee por o a través o por medio de allí la palabra mediata del segundo; que, en el momento de los hechos ruptura o violación de la cerradura y toma de posesión, que admite expresamente la demandada en el comparendo, no existe otro poseedor que la demandante copropietaria, cuyo encargado, esto es ella misma según el artículo novecientos noventiuno del Código de Procedimientos Civiles(1), tiene la llave y realiza la constatación de la toma de posesión por la emplazada, por todo lo que la demanda resulta fundada; que la acción acumulada de daños y perjuicios no ha sido objeto de prueba en cuanto a la entidad de los daños y su monto, por lo que deberá fijarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos mil ocho y mil nueve del Código de Procedimientos Civiles(2) ; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta, su fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochentisiete que revocando la apelada de fojas cincuenticuatro, fechada el siete de agosto de mil novecientos ochenticuatro, declara improcedente la demanda de fojas cinco; reformando la resolución recurrida, confirmaron la de Primera Instancia que declara FUNDADA la demanda y, en consecuencia, ordena que la demandante sea repuesta en la posesión de la finca materia de litio y se le paguen los daños y perjuicios irrogados que se establecerán en ejecución de sentencia; con costas; en los seguidos por doña Blanca Inés del Solar viuda de Núñez con doña Elsa Yolanda Astudillo Arrincón sobre interdicto de recobrar; y los devolvieron.

 

S.S. ESPINOZA S.- CASTAÑEDA L.- MANRIQUE D.- MONTOYA A.-

 

Se publicó conforme a Ley.-

 

BERNARDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema.

 

Por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO además: que la finalidad de los interdictos es la defensa del poseedor actual temporal, garantizando así el hecho de la posesión, esto es, la relación directa entre la persona y la cosa, con prescindencia de si se tiene o no derecho a la posesión de suerte que en esta clase de acciones la prueba tiende a acreditar dos extremos: el hecho de la posesión y la veracidad de los actos atribuidos al demandado junto a la época y momento en que tuvieron lugar; que, en el caso de autos, los hechos expuestos por la demandante a fojas cinco no han sido acreditados por las siguientes razones: La afirmación que efectúa en el sentido de que el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenticuatro su apoderado, el Mayor don Albertino Villar Cuzcano, se apersonó al inmueble materia de litio para entregarlo a los Oficiales del Ejército con quienes hizo contrato verbal de arrendamiento constatando que la demandada había violentado las cerraduras para tomar posesión", resulta desvirtuada con la copia certificada de la denuncia policial agregada a fojas veintiocho de la que aparece que el veintidós de ese mes y año, el nombrado don Albertino Villar se apersonó que reside" en el indicado bien sin referirse en nada a presunta usurpación y, aún cuando el guardia civil que hizo la constatación consigna que "Posteriormente" llegó a tener conocimiento que había sido cambiada una chapa, nada indica que hubiese efectuado investigación alguna determinante de fractura de cerradura y desposesión atribuida a doña Elsa Yolanda Astudillo Arrincón; y si bien a fojas veinticinco obra la copia de otra denuncia policial a manera de "Ampliación" hecha por el mismo señor Villa con fecha dos de abril de mil novecientos ochenticuatro diez días después para rectificar la fecha en que, según el, acudió al inmueble sosteniendo que el veintiuno de marzo se apersonó y advirtió que dicha demandada "Pudo haber ocupado la finca el día nueve de marzo", es evidente que se trata de apreciación subjetiva y añadidura destinada a cohonestar hechos irreales que en ningún momento fueron esclarecidos por la Policía, por cuya razón carecen de eficacia probatoria, máxima si de los documentos de fojas veintitrés y veinticinco, consistente en solicitudes formuladas para la intervención policial, se desprende que don Albertino Villar consignó como objetivo "Ocupación y constatación para presentar al Juzgado de Lambayeque demostrando así que, por entonces, conocía perfectamente que la casa estaba ocupada; que, por otra parte, es necesario tener en cuenta que al plantear la primera pregunta del pliego de posiciones de fojas treintiocho, doña Blanca del Solar viuda de Núñez sostiene que en mil novecientos ochentitrés otorgó poder a don Alberto Villar Cuscano para administrar el inmueble materia del juicio, así como para cobrar arrendamientos, hechos éstos admitidos por el testigo; sin embargo, el instrumento de fojas veintiuno demuestra que el poder fue conferido al trece de marzo de mil novecientos ochenticuatro y, lo que es más sintomático, del contrato de arrendamiento presentado a fojas quince por la misma actora, se establece que su celebración ocurrió el veinte de Abril de mil novecientos setenticuatro por su propietaria, el Coronel don Oscar Díaz, R., que aún vivía, representado por doña Rosa de Barandiarán; que, siendo esto así, se sigue que la demandante no ha privado la posesión que dice haber ejercido hasta entonces, ni los actos de desposesión atribuidos a la demandada requisitos sine qua non para la procedencia de la acción, estando a lo prescrito en el artículo mil diez del Código de Procedimientos Civiles, poniéndose en evidencia que la actora, indebidamente recurre a la acción interdictal para que se le entregue un bien sobre el que alega derecho de propiedad, cuestión jurídica ajena a este proceso; MI VOTO es porque se declara NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta, su fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochentisiete, en cuanto declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta a fojas cinco por doña Blanca Inés del Solar viuda de Núñez con doña Elsa Yolanda Astudillo Arrincón sobre interdicto de recobrar en todas sus partes; sin costas.

 

Sr. VASQUEZ V.- BERNARDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema.

 

 

Interdicto de retener. Perturbación de la posesión: copropiedad (A)

 

... tratándose de interdicto de retener, éste se interpone cuando el poseedor es perturbado en su posesión, por actos ejecutados por el demandado o por encargo de él, con indicación de la fecha en que se practicaron. ... los actos perturbatorios deben ser comprobados de manera objetiva, siendo para este caso la inspección judicial.

... no prospera la acción, cuando la posesión se viene ejerciendo en forma conjunta, como es el caso de los copropietarios.

 

Casación 1698-97-Ica

 

Lima, veinticuatro de mayo de mil novecientos noventinueve

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

 

VISTOS; con los acompañados; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores, Buendía Gutiérrez, Presidente, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos verificada la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia.

 

RECURSO DE CASACIÓN:

 

Interpuesto por don Concepción Arcenio Murga Mosqueira, mediante escrito de fojas ciento noventicinco, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenticinco, su fecha seis de junio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que Confirmando la apelada de fojas ciento cuarenticinco, fechada el dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete, declara Infundada la demanda acumulativa sobre cobro de Daños y perjuicios; y Fundada la demanda de fojas siete sobre Interdicto de Retener, con lo demás que contiene; en los seguidos contra doña Teresa Murga Mosqueira y otros sobre Interdicto de Retener y otro.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El Recurso de Casación ha sido declarado procedente mediante resolución de esta Sala Suprema de fecha dos de febrero de mil novecientos noventiocho por la causal prevista en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando la interpretación errónea del Artículo ochocientos noventinueve del Código Civil, sosteniendo que la recurrida ha separado de todo el contexto el citado dispositivo, porque el mismo se encuentra íntimamente ligado a los Artículos novecientos setenticuatro y novecientos setenticinco del citado Código Sustantivo.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, la accionante interpone demanda de Interdicto de Retener por los actos perturbatorios que es objeto por parte de las demandadas.

 

Segundo.- Que, el actor denuncia interpretación errónea del Artículo ochocientos noventinueve del Código Civil(1), sustentado que existe coposesión cuando dos o más personas posean el bien conjuntamente.

 

Tercero.- Que, tratándose del interdicto de retener, éste se interpone cuando el poseedor es perturbado en su posesión, ejecutados por el demandado o por encargo de él, con indicación de la fecha en que se practicaron.

 

Cuarto.- Que, estos actos perturbatorios deben ser comprobados de manera objetiva siendo para este caso la inspección judicial realizada por el Juzgador que le permite formarse convicción real de los hechos; en dicha diligencia que obra a fojas ochenticuatro se aprecia que los demandados y demandantes son copropietarios del bien sublitis, donde se constata que, los demandados vienen poseyendo parte del bien por espacio de tres años.

 

Quinto.- Que, en el punto cuarto de dicha diligencia, el Juez deja constancia que la Accionante no demuestra en qué consisten los actos perturbatorios, manifestando solamente que vienen poseyendo el bien de manera conjunta.

 

Sexto.- Que, en la recurrida se ha interpretado incorrectamente el Artículo ochocientos noventinueve del Código Civil, no se ha tomado en consideración que la posesión es conjunta como se ha advertido en la Inspección Judicial no prosperando la presente acción.

 

Sétimo.- Que, las otras normas denunciadas en su recurso no son pertinente al proceso submateria al referirse la acción interdictal a actos posesorios.

 

RESOLUCIÓN:

 

Declararon, FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas ciento noventicinco, por don Concepción Arcenio Murga Mosquerira, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas ciento sesenticinco, su fecha seis de junio de mil novecientos noventisiete, y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento cuarenticinco, fechada el dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete que declara Infundada la demanda acumulativa sobre Cobro de Daños y Perjuicios y Fundada la demanda sobre Interdicto de Retener; Reformándola declararonINFUNDADA la demanda de fojas siete en todos sus extremos; en los seguidos por doña Felisa Fidencia Murga Mosqueira contra doña Teresa Murga Mosqueira y otros sobre Interdicto de Retener y otro; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.

 

SS. BUENDÍA G.; BELTRÁN Q.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.

 

 

Interdicto de retener: perturbación de la posesión de un negocio

 

El interdicto de retener procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión de un bien inmueble o un bien mueble inscrito, pudiendo la perturbación consistir en actos materiales o de otra naturaleza.No procede el interdicto de retener cuando se perturba sólo la posesión del negocio, obligando al poseedor a cerrarlo, pues en este caso aquél no recaería sobre bien inmueble o bien mueble inscrito.

 

Expediente 70-98

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

 

PRIMERA SALA CIVIL

 

Resolución N°.- SEIS

 

Lima, nueve de marzo de mil novecientos noventiocho.-

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Palomino Thompson, por sus fundamentos CONSIDERANDOademás: PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo quinientos noventiocho del Código Procesal Civil: "Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación; SEGUNDO.- Que el artículo quinientos noventinueve del Código acotado establece que el interdicto procede respecto de inmueble, así como de bien mueble inscrito, siempre que no sea de uso público, procediendo también el interdicto para proteger la posesión de servidumbre, cuando ésta es aparente; TERCERO.- Que  en aplicación de lo dispuesto por el artículo seiscientos seis del Código Procesal Civil, el interdicto de retener procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión, pudiendo la perturbación consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso, disponiendo que si así fuera, la pretensión consistirá en la suspensión de la continuación de la  obra o la destrucción de lo edificado, aunque se pueden acumular ambas pretensiones; CUARTO.-   Que el interdicto de retener planteado en la demanda no recae sobre bien inmueble, ni bien mueble inscrito, sino que se refiere a que se perturba la posesión del negocio al manifestar la demandante, que la han obligado a cerrarlo y acompañar una notificación preventiva por utilizar el pasillo de la quinta ubicada en el jirón Huallaga seiscientos siete - Lima; QUINTO.- Que la constatación policial del once de julio de mil novecientos noventisiete, obrante a fojas noventisiete, la  recurrente manifestó que personal de la Municipalidad de Lima sustrajo un andamio de madera de cuatro por dos metros, el mismo que se encontraba empotrado en la pared y un mostrador de madera y el acta de decomiso del once de julio de mil novecientos noventisiete, obrante a fojas noventicinco, da cuenta del decomiso de una madera blanca de cuatro por uno punto setenta metros, utilizada para colgar maletines en el interior de la entrada derecha de la quinta signada con el número seiscientos siete de Huallaga por ocupación indebida de áreas comunes, además de haber sido el primer documento después de la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, pruebas y sentencia, y el segundo documento presentado con el recurso   de apelación; por lo expuesto: CONFIRMARON la resolución apelada número catorce de fojas ciento tres, su fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventisiete, que declara INFUNDADA la demanda interpuesta, con lo demás que contiene; y  los devolvieron, en los seguidos por Marcelina Vilca Quispe de Villalobos con Municipalidad de Lima Metropolitana, sobre interdicto de retener.

 

PALOMINO THOMPSON, LAMA MORE, MARTEL CHANG,

 

 

Interdicto de retener: requisito de procedibilidad

 

El interdicto de retener es un medio de defensa posesoria, consistente en evitar que el poseedor sea despojado de esta condición. Para que proceda el interdicto de retener es indispensable precisar cuáles son los actos materiales perturbatorios de la posesión, las personas que los ejecutan así como la fecha en que se realizaron.

 

Expediente 2380-86 Lima.

 

EJECUTORIA SUPREMASUPREMA

 

Lima, ocho de febrero de mil novecientos noventiuno

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que las acciones interdictales tienen por objeto cautelar el derecho de posesión sobre inmuebles; que la cuestión controvertida no está referida a la posesión, sino básicamente en el propósito de la parte accionante de desconocer un contrato de concesión de servicios por el que el Club Petroperú le dio el uso de las instalaciones de parte de la sede social para que preste servicios de Bar-Restaurante para asociados y familiares; que para que sea operante el interdicto de retener es indispensable precisar cuáles son los actos materiales perturbatorios de la posesión, las personas que los ejecutan así como la fecha en que se realizaron, no procediendo en este caso, que se pretende desconocer el referido contrato en acciones de esta naturaleza; que las cartas notariales enviadas por el Club Petroperú a don Luis Felipe Siles Llanos por la que se le comunica la resolución del contrato de consesorio de Bar-Restaurante, no configura el interdicto de retener; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas cuarentiocho, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochentiséis que, confirmando la apelada de fojas treintinueve, fechada el doce de mayo del mismo año, declarara fundada la demanda interpuesta a fojas once; reformando la resolución recurrida y revocando la apelada; declararon IMPROCEDENTE la referida demanda; sin costas; en los seguidos por don Luis Felipe Siles Llanos con don Leonidas Oviedo Carrasco y otro, sobre interdicto de retener; y los devolvieron.- S.S.- MARTOS B. - SILVA V. - RONCALLA V - CHUMBIAUCA R. - GARRIDO CH. - Se publicó conforme a ley.

 

BERNARDO DEL AGUILA PAZ

Secretario General de la Corte Suprema

 

 

Interdictos : obra nueva y de retener

 

El interdicto de obra nueva persigue la demolición de una edificación que daña la propiedad o posesión de una persona. El interdicto de retener protege al poseedor en caso de perturbación en su posesión.

 

Expediente 418-93

 

LIMA

 

Lima, veintiséis de enero de

mil novecientos noventicuatro.-

 

VISTOS; y CONSIDERANDO : a que la demanda de interdicto de retener se sustenta en el hecho de que la construcción de un edificio de más de cuatro pisos y varios departamentos, vecino a la propiedad del recurrente, tendría virtual acceso o vista sobre la integridad del inmueble de propiedad del actor, hecho que constituye flagrante violación a la privacidad propia que la posesión de un inmueble en zona residencial concede a su propietario; a que estos hechos constituyen en esencia actos que dan lugar al interdicto de obra nueva, máxime si la única forma de proteger adecuadamente el derecho supuestamente violados es impidiendo la continuación de la obra o la demolición de lo ya edificado en cuanto daña la propiedad del actor; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento veinticinco, su fecha veinticuatro de Julio de mil novecientos noventidós, en la parte que confirmando la apelada de fojas ciento tres, de siete  de agosto de mil novecientos noventiuno, declara fundada la demanda interpuesta a fojas veinte; REFORMANDO la primera y REVOCANDO la segunda en este extremo; declararon IMPROCEDENTE dicha demanda, dejando a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer con arreglo a ley, declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; en los seguidos por Máximo Ramón Pérez Prieto con don Marcial Avila y el Concejo Provincial de Lima sobre interdicto de retener; y los devolvieron.-

 

RONCALLA ROMAN REYES VASQUEZ ECHEVARRIA

La precariedad como ausencia de circunstancias que legitimen la posesión

 

«... La precariedad en el uso de bienes inmuebles, no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y las buenas costumbres...»

 

CASACION Nro.           :           1818 - 97 / LIMA.

 

Lima, quince de mayo de mil novecientos noventiocho.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- Vista la causa número mil ochocientos dieciocho - noventisiete; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia;

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el demandado don Luis Muñoz Ramos, mediante escrito de fojas trescientos ochentisiete, contra la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, de fecha treinta de julio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia apelada de fojas trescientos cuarentiuno, de fecha veinte de febrero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas once, subsanada a fojas veintiséis, sobre desalojo por ocupación precaria, formulada por la Junta General de Propietarios del Edificio Santa Beatriz, respecto del departamento sin número de la azotea de dicho edificio;

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El demandado sustenta su recurso en las causales previstas en los incisos primero y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, pero por Ejecutoria Suprema de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventisiete, fue declarado procedente únicamente por la causal del inciso primero que fundamentando esta causal manifiesta que la sentencia de la Sala Civil, ha incurrido en la aplicación indebida del Artículo novecientos once del Código Civil, si se tiene en cuenta que al valorar la prueba producida en autos admite que el emplazado es guardián y portero del Edificio de la calle Mariano Carranza número doscientos veintiséis de Santa Beatriz;

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- que, el representante de la Junta General de Propietarios del Edificio Santa Beatriz, promueve acción de desalojo contra el demandado don Luis Muñoz Ramos, atribuyéndole la condición de ocupante precario, para que desocupe y entregue el departamento sin número de la azotea de dicho edificio, ubicado en el área destinada a servicios de portería;

 

Segundo.- que, la sentencia de primera instancia de fojas trescientos cuarentiuno, apreciando la prueba actuada, especialmente los instrumentos públicos de fojas treintiséis vuelta y cuarentinueve, reconoce que el demandado, actual ocupante del predio en litis, tiene la condición de guardián o portero del referido edificio; que la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, reproduciendo los fundamentos de la resolución venida en grado, agregando por su parte que el demandado ocupa el bien sin título alguno y sin pagar renta, confirma la apelada que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria;

 

Tercero.- que, la precariedad en el uso de bienes inmuebles, no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y las buenas costumbres; que es con amplitud de criterio con el que debe interpretarse la norma contenida en el Artículo novecientos once del Código Civil para su debida aplicación;

 

Cuarto.- que, habiéndose establecido con las resoluciones inferiores que el demandado don Luis Muñoz Ramos ocupa el departamento cuya desocupación se persigue, en su condición de guardián o portero del Edificio de Santa Beatriz, está claro que no tiene la situación jurídica de ocupante precario, puesto que ha demostrado su vínculo laboral con los propietarios del mencionado edificio, resultando en consecuencia que la desocupación por los servicios que viene prestando el emplazado necesariamente requiere el uso de una vía distinta al de autos;

 

Quinto.- que, por naturaleza de los hechos acreditados, la aplicación del Artículo novecientos once del Código Civil, resulta impertinente, puesto que tal como lo estiman las resoluciones inferiores, el demandado no tiene la condición de ocupante precario y en tal virtud de conformidad con lo previsto en el Artículo doscientos del Código Procesal Civil y el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del acotado: declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas trescientos ochentisiete interpuesto por don Luis Muñoz Ramos, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, de fecha treinta de julio de mil novecientos noventisiete; y Actuando en Sede de Instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas trescientos cuarentiuno, su fecha veinte de febrero del mismo año, que declara fundada la demanda de fojas once, subsanada a fojas veintiséis; reformándola declararon INFUNDADA dicha demanda, ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por la Junta General de Propietarios del edificio de la calle Mariano Carranza número doscientos veintiséis de Santa Beatriz con don Luis Muñoz Ramos, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ALMENARA B.; ECHEVARRIA A.; BELTRAN Q.;

VILLACORTA R.

 

 

La publicidad de los Derechos Reales (C) (*)

 

(*)Esta Jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 5 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

CARRASCAL PORTILLA, JUSTO

 

El autor concluye que debido a la crisis que afronta el Poder Judicial y la falta de capacitación de los Magistrados se aprecia el poco conocimiento de la especialidad del Derecho Registral y la importancia y trascendencia jurídica en el tráfico inmobiliario de la publicidad registral, y aprecia que el Juzgador está en la obligación de practicar y ordenar todas aquellas diligencias que conllevan a resolver el problema planteado, el cual como lo sugiere el título se vincula a la publicidad de los derechos reales.

 

COMENTARIO

 

INTRODUCCION

 

El presente tema está referido a la importancia y trascendencia jurídica de la publicidad registral en el tráfico inmobiliario, como forma de protección al Derecho de Propiedad.

 

En el presente proceso judicial el demandante solicita la NULIDAD DE LA INSCRIPCION de un asiento de inscripción que comprendía parte de su propiedad, es decir existía superposición, sobre la propiedad del demandante con respecto al área adjudicada por el Ministerio de Vivienda y Construcción a favor del demandado.

 

El Juez de Primera Instancia acoge la demanda y la declara fundada, de igual opinión es la Tercera Fiscalía Superior Civil y por Sentencia de Vista de la Tercera Sala Civil confirma la Sentencia apelada en todos sus extremos, por sus propios fundamentos y de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal.

 

En vía de Recurso de Nulidad el Fiscal Supremo en lo Civil opina que debe declararse nula e insubsistente la recurrida, así como nulo todo lo actuado, atendiendo a que lo solicitado es la nulidad de un asiento de inscripción debió emplazarse a los Registros Públicos para que a través de su Procurador pueda salir a juicio.

 

Por Ejecutoria Suprema se declara haber nulidad en la sentencia de vista, y reformando la primera y revocando la segunda, declara IMPROCEDENTE LA DEMANDA, considerando que en tanto la Resolución Ministerial que adjudica parte de la propiedad del demandante a favor del demandado, continúe vigente, es decir, no se haya logrado su derogatoria o rectificación en lo pertinente a su anulación, no es posible ejercitar la nulidad de la inscripción.

 

LA PUBLICIDAD Y EL ORDEN JURIDICO

 

El Derecho Registral(1) es hoy una ciencia jurídica con contenido y objetivo propio, exclusivo y excluyente, cual es la posibilidad jurídica, encauzada inequívocamente en toda Europa desde el pasado siglo y actualmente en todo el mundo a través de un órgano operativo especializado: El Registro Inmobiliario o Registro de la Propiedad .

 

La influencia de la idea registral, como instrumento de publicidad jurídica, ha sido tan importante que junto al tradicional Registro Inmobiliario, se han desarrollado otras instituciones registrales, con la común finalidad de lograr la protección jurídica de distintos bienes y derechos o de dar fijeza a situaciones jurídicas que interesan a la vida negocial: Registro de la Propiedad Intelectual, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Industrial, Registro de Hipoteca Mobiliaria, Registro de Prenda sin desplazamiento de la Posesión, Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles... etc., y se piensa ya en la creación de nuevos regímenes jurídicos: de bienes muebles, de sociedades civiles, de regímenes económicos-matrimoniales, etc.

 

Esta irreversible realidad ha llevado a José Antonio Alvarez Capirochipi a hablar de la publicidad registral como «uno de los tesoros más preciosos de la madurez del espíritu jurídico», una «nueva forma de ser el Derecho la propiedad» sobre la que «se asienta el sistema financiero, la tutela del crédito y la banca moderna...».

 

La publicidad jurídica al margen de la idea registral se ha fundado siempre y se ha organizado sobre normas propias, características de su específica naturaleza, independientemente de los requisitos y formas necesarios para el nacimiento y la perfección de los Derechos.

 

Cuando se produce el fenómeno histórico de la dispersión científica del Derecho, la publicidad jurídica -inequívocamente ya bajo el signo registral- no se limita a la publicación de situaciones o instituciones propias del Derecho Civil, sino también a las que, desde las nuevas disciplinas, desenvuelven derecho o situaciones jurídicas afectantes a los bienes muebles.

 

El Derecho Registral es sustancialmente, la publicidad jurídica con alcance material, con efectos sustantivos, derivados directamente del hecho de la publicación y no del negocio o derecho publicados.

 

PUBLICIDAD JURIDICA

 

El concepto publicidad surge por oposición al de clandestinidad.

 

Si la clandestinidad implica ocultación y desconocimiento, la publicidad supone todo lo contrario: difusión y conocimiento, es decir las dos notas que según Pugliatti(2) caracterizan, fundamentalmente, el fenómeno publicitario.

 

Lo que importa directamente es el conocimiento efectivo de la noticia o de la obra; la publicidad agota sus efectos en el hecho mismo de la difusión de la noticia o evento de que se trate.

 

En sentido jurídico, la publicidad es la exteriorización o divulgación de una situación jurídica para producir cognoscibilidad general o posibilidad de conocer.

 

Se trata, como dice Lacruz Berdéjo(3) , no tanto de que las situaciones jurídicas lleguen a conocimiento de todos, como de que todos tengan un medio oficial de conocerla.

 

Por  ello el concepto más estricto y técnico de publicidad en el campo del Derecho, supone un sistema de divulgación encaminado a hacer cognoscibles a todos determinadas situaciones jurídicas para la tutela de los Derechos y la seguridad del tráfico(4) .

 

Cuando ese sistema de divulgación se instrumenta a través de un órgano  operativo, creado y organizado por el Estado para tal fin, dando lugar como señala Hernández Gil(5) , a una heteropublicación o exteriorización de situaciones jurídicas realizada por un sujeto extraño a la verificación del evento publicado, cual es la Administración Pública, estamos ante la publicidad jurídica registral.

 

Ese órgano operativo que lo hace posible es el Registro Inmobiliario, cuando del dominio y demás derechos reales sobre inmuebles se trata, así como, tratándose de otros derechos y situaciones protegibles lo son los demás tipos de registro jurídicos (Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial).

 

En el orden jurídica registral podemos definir la publicidad como nos ofrece Pugliatti(6) : declaración de voluntad dirigida a que un determinado acto se exteriorice a través de un órgano público.

 

PUBLICIDAD JURIDICA REGISTRAL

 

García García(7) , destaca como notas distintivas de la publicidad jurídica registral las siguientes:

 

1.- CONSENTIMIENTO

 

La publicidad jurídica registral no es un trámite o requisito más en el proceso creador de los Derechos sino la elevación del derecho ya creado y perfecto, cumplida la forma exigida por la ley para esa perfección, a un plano superior de legitimación.

 

2.- COGNOSCIBILIDAD LEGAL

 

Esta consecuencia de la publicidad jurídica constituye la esencia misma de su configuración institucional, pues la cognoscibilidad legal implica la presunción de conocimiento por todos del contenido registral.

 

3.-        POSIBILIDAD DE CONOCIMIENTO EFECTIVO

 

El concepto jurídico de publicidad incluye, además la posibilidad, para todo interesado, de lograr el efectivo conocimiento o de hecho del contenido registral mediante el acceso a los libros registrales de cuantos tienen un interés legítimo en consultarlos.

 

4.-        EFECTOS SUSTANTIVOS O MATERIALES

 

Es sin lugar a dudas la nota más importante del concepto de Publicidad Jurídica Registral.

 

La publicidad por sí misma produce consecuencias de derecho material, efectos jurídicos que derivan directamente del hecho publicitario y no del negocio o derechos publicados, pues de no tener estos accesos a la vida registral, aquellos efectos jurídicos no se van a producir nunca.

 

González(8) , afirmaba ya que «todos los títulos mejoran de condición al pasar por el Registro».

 

Vallet de G.(9) , reconoce que «la inscripción ensancha el campo del derecho real».

 

Para Roca Sastre(10) , el registro contiene algo distinto, de lo contenido en el título: el pronunciamiento registral Amorós G.(11) , destaca el carácter propio de la relación jurídica negocial.

 

La inscripción registral , nos muestra el Derecho en un particular Estado el que llamaremos estado registral, del que derivan consecuencias de derechos traducidas en facultades y derechos concretos, inexistentes en su estado extraregistral, esto no sólo, no se opone a la perfección del derecho publicado, sino muy al contrario presupone que al sistema de publicidad tiene acceso los derechos perfectos(12) .

 

El control de legalidad, impuesto en todos los sistemas técnicamente evolucionados tiene como función esencial lograr las máximas garantías de perfección del derecho publicado, pues sería perturbadora la publicación oficial de derechos imperfectos.

 

Pero el Sistema de Publicidad Registral seria inútil sino produjera más consecuencias que el reflejo de los derechos inscritos como si de un particular espejo se tratara.

 

La publicidad eleva los derechos a un grado superior de legitimación, por que la protección jurídica de la apariencia que constituye el contenido registral, legalmente formado, supone necesariamente predicar de ese contenido unos efectos jurídicos propios, inevitablemente superiores a los del Derecho que no se ha acogido al control publicitario.

 

Por estas razones, en el Derecho Registral hay que separar al elemento procesal o procedimental del elemento empírico que nos mostrará los efectos que cada sistema particular de publicidad asigna a ese contenido.

 

Es aquí donde puede hablarse, con todo fundamento del principio del sistema y donde resulta imposible, la vinculación del Derecho Registral, directamente, a ninguna otra ciencia del Derecho, ajena a la realidad jurídica, como objeto exclusivo y excluyente.

 

Para Roca Sastre(13) , publicidad no es otra cosa que la actividad tendiente a lograr que el acto sea público.

 

Y público es lo que resulta manifiesto, conocido o notorio. Cuando se habla de publicidad en el Derecho Privado se alude a una fundamental necesidad de que determinados actos o negocios jurídicos entre partes puedan ser o no conocidos por la comunidad, o por lo menos que se facilite los medios para que pueda serlo.

 

La publicidad jurídica privada puede revestir grados muy diversos.

 

Existen una primera forma de publicidad que equivale a un mero anuncio o noticia. Así como por ejemplo, la publicación que el Alcalde debe hacer del hallazgo de una cosa pérdida, la publicación del extravío de títulos al portador.

 

Existe una publicidad cualificada o de segundo grado : cuando la constancia de un acto o de una situación jurídica se convierte en el único medio de prueba posible de la misma. Alcanzan este grado de publicidad las Actas del Registro Civil.

 

Existe una publicidad de tercer grado , a la que podremos llamar publicidad legitimadora, cuando la publicidad se hace equivaler para los derechos de buena fe a la realidad jurídica, de tal manera que los terceros pueden actuar confiando en que la situación pública o publicada es para ellos inimpugnable.

 

En este plano de la publicidad legitimadora cabe situar a la publicidad que proporciona la posesión y a la publicidad registral inmobiliaria en muchos ordenamientos jurídicos modernos.

 

Existe finalmente una publicidad mucho más vigorosa a la que podríamos llamar de publicidad constitutiva . La publicidad se eleva a la categoría de requisito esencial del acto o del negocio jurídico. La publicidad da el ser del acto, en lo que se refiere a lo que directamente lo delega.

 

LA PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES

 

Fundamento y su función.

 

La importancia de la publicidad en la constitución y en la transferencia de los derechos reales, en especial cuando recae sobre bienes inmuebles es evidente. La mayor o menor seguridad el tráfico está precisamente en función de la publicidad. Es sumamente claro que el desarrollo de la circulación de la riqueza y el fomento de crédito territorial, que son objetivos de índole económico, deseables en una comunidad bien organizada, están precisamente en función de la seguridad jurídica del tráfico. Esto se observa con toda claridad en la transferencia de bienes inmuebles, el adquiriente del bien inmueble sólo habrá realizado la adquisición segura cuando pueda contar con que nadie ha de perturbarle en su propiedad.

 

Para ello tendrá que saber con toda certeza que, quien le ha transmitido la cosa era propietario de ella y que podría transmitirle, para llegar a conocer con certeza que el transmitiente es un legítimo propietario, no basta con que externamente aparezca como tal.

 

Habrá que exigirle una demostración palmaria de que adquirió legítimamente, lo cual supone a su vez, tener que examinar la validez objetiva de la anterior transmisión y la cualidad de dueño en el anterior transmitente.

 

Y de igual manera habrá que conocer todas las cadenas de transmisiones anteriores por lo menos durante el tiempo necesario para la usucapión. No le bastará sin embargo, al presunto adquiriente de un bien inmueble con tener certeza de que el transmitente es propietario.

 

Necesitará además saber que el legítimo propietario podía transmitir la cosa es decir, que no existían limitaciones en la facultad de disponer y que no había sido ya transmitida anteriormente

 

Se comprende que en estas condiciones el tráfico de inmuebles se torna radicalmente inseguro y que, por tanto la circulación de la riqueza se produce en una comunidad así organizada con una gran dificultad.

 

Toda la evolución histórica de la publicidad inmobiliaria es una lucha por alcanzar la seguridad del tráfico y por superar el secreto o el carácter privado de los actos y negocios relativos a bienes inmuebles hasta alcanzar una publicidad legitimadora o constitutiva.

 

La Publicidad de los Derechos Reales y el concepto de legitimación

 

Para entender la función de la publicidad en los Derechos Reales, es importante que se perfile el concepto de legitimación.

 

Este concepto ha sido traído al campo del Derecho Civil procedente del Derecho Procesal, consiste en exigir para que una persona pueda ser parte activa o pasiva en un litigio que su relación con el objeto del litigio sea suficientemente estrecha para justificar su entrada en el pleito en cualquiera de las posturas que se deben adoptar en la relación jurídico procesal.

 

El concepto de legitimación, al trasladarse al Derecho Civil, se yuxtapone al concepto de capacidad jurídica, como actitud general de la persona para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones de derecho y al concepto de capacidad de obrar con actitud efectiva para el ejercicio de los derechos de los que se es titular.

 

La legitimación justifica la razón por que una persona ejercita un determinado derecho.

 

Siguiendo a Ladaría(14) , pueden distinguirse en este campo: tres clases de legitimación:

 

A.- Legitimación Directa. Es el reconocimiento hecho por la norma de la posibilidad concreta de realizar con eficacia un acto determinado en la esfera jurídica propia. Así por ejemplo, el dueño de una casa por el hecho de ser una persona tendrá capacidad jurídica, por el hecho de ser mayor de edad tendrá capacidad de obrar; y por el hecho de ser el dueño tendrá la facultad de vender la casa; es decir, está legitimado para venderla.

 

B.- Legitimación Indirecta.- Es el reconocimiento hecho por la norma de la posibilidad concreta de realizar con eficacia un acto determinado en la esfera jurídica ajena respetando la titularidad, en virtud, de una representación legal o voluntaria. Así un padre o un mandatario por ser persona mayor de edad, tendrá capacidad jurídica de obrar, y por ejercer la patria potestad o por tener un mandato para vender, podrán vender la casa, obrando para la esfera jurídica del hijo o representado. Es decir, estarán legitimados como disponentes de la casa aunque ésta no pertenezca a la esfera de sus propias relaciones patrimoniales.

 

C.- Legitimación excepcional o extraordinaria. Se define como el reconocimiento hecho por la norma de la posibilidad concreta de realizar con eficacia un acto determinado en la esfera jurídica ajena sin respetar la titularidad, en virtud de una representación aparente o de una titularidad aparente.

 

 

PUBLICIDAD JURIDICA REGISTRAL Y SEGURIDAD JURIDICA

 

La Publicidad Registral se justifica por ser el más eficaz instrumento de seguridad jurídica para la constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.

 

La definición de los derechos y su declaración por los tribunales, en vía contencioso voluntaria; las resoluciones administrativas afectantes a derechos sobre bienes inmuebles y la certeza que supone la creación de los derechos en el instrumento público, desde la autonomía de la voluntad implican importantes elementos de seguridad jurídica en el terreno de la perfección y autenticación de los derechos.

 

La Publicidad Registral completa las exigencias de seguridad jurídica, mediante la protección y potenciación de los derechos ya creados, una vez sometidos al proceso de publicidad jurídica de signo registral institucional.

 

Las presunciones de existencia, pertenencia y alcance de los derechos inscritos que establecen todos los sistemas registrales inmobiliarios, más allá de la simple prueba de la existencia del negocio, así como los efectos sustantivos derivados de la inscripción, que colocan los derechos publicados en planos superiores de legitimación, como consecuencias naturales de la idea misma de publicidad jurídica, constituyen el más eficaz instrumento de seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

 

Entre las conclusiones del Octavo Congreso Internacional de Derecho Registral realizado en Buenos Aires en 1,989 figuran las siguientes: La Seguridad Jurídica , valor esencial del Derecho, afianza la justicia, asegura la libertad, propende la paz social, y por todo ello, resulta ineludible para realizar el bien común.

 

Dicha seguridad debe alcanzar tanto la titularidad y el contenido de los derechos como la protección del tráfico sobre los mismos.

 

El Registro Jurídico de Bienes en los términos proclamados por los Congresos de Buenos Aires de 1,972, de México de 1,980 y de Roma de 1,982 sobre su organización y principios contribuyen eficazmente a la disminución de conflictos judiciales.

 

Dice Cuenca Anaya(15) que el Derecho no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino como para colmar una ineludible urgencia de seguridad y de certeza en la vida social.

 

Es la tesis del Derecho como orden que garantice la seguridad y de la seguridad como esencia del derecho frente a la justicia, que es sólo uno de sus fines.

 

Cuenca Anaya dice que al dar certeza al contrato, el notario armoniza las dos cuestiones inherentes a todo hombre: sociabilidad y seguridad: la apetencia de seguridad jurídica en los individuos puede atenderse desde el Estado, bajo el manto del servicio público; o por ellos mismos, desde la autonomía de la voluntad, o lo que es lo mismo, desde la libertad. El Notario adecuando el ordenamiento de la voluntad metida convierte a ésta en jurídica, la hace segura y eficaz.

 

Pero como pone de relieve Rodríguez Adradó(16) , el documento notarial es un medio de prueba del hecho que motiva su otorgamiento, aún contra terceros. Esta es una declaración que hay que referir a los efectos documentales o probatorios, pero no los efectos negociables.

 

Ni, por mucho que se esfuercen en establecer presunciones de exactitud e integridad para las declaraciones contenidas en la escritura pública notarial, acaba reconociendo sus límites. Por ello, en cuanto a la prueba de dominio, la escritura prueba el negocio adquisitivo, pero no que el transmitente sea dueño, ni que continúe siéndolo; la seguridad jurídica ha exigido por ello que el documento notarial sea completado con el registro de la propiedad.

 

Otro tanto ocurre con la validez del negocio documentado, pues si bien la autorización exige la calificación personal del notario de los requisitos de la validez del acto, su control de legalidad no tiene otro cause que la delegación de funciones. De modo que reconoce que tan sólo inicialmente las partes y terceros pueden tener seguridad de que el negocio instrumentado sea válido.

 

Por todo ello, llega a una impecable e irrebatible afirmación: «Hemos llegado, al fin, a la máxima creación jurídica para el tráfico: «la escritura inscrita» .

 

García Herguedas(17) explica cómo el concepto de seguridad jurídica es relativo: Para unos países seguridad jurídica será la existencia de jueces y que no se produzca indefensión. Esta es la seguridad jurídica mínima: los medios iniciales de seguridad de los pueblos primitivos consistían en fingir un pleito para que, de esta manera, dictando el juez sentencia a favor de la parte, consagrara su derecho como válido.

 

Pero, en los pueblos evolucionados jurídica y culturalmente, la seguridad jurídica es algo más que el derecho al juicio o la discusión civil entre las partes, es el Derecho de los particulares para acceder a instituciones de legitimación de sus actos, contratos de adquisiciones, en cuyo ámbito adquieren garantía legal. Entre estas instituciones están el Notariado y el Registro de la Propiedad.

 

El efecto esencial de la intervención notarial consiste en proporcionar una prueba auténtica de la existencia del acto o contrato, con lo cual se evita la discusión y la prueba en juicio, ya que el notario es un testigo oficial.

 

La autenticidad notarial se refiere a las personas y a los actos que hacen las personas, pero no quiere decir ni la validez del acto, ni la legalidad de la adquisición.

 

Si de la transferencia de un bien inmueble se trata, de nada vale que una persona vaya al notario y venda a otro si no es dueño de nada. Sin embargo, el comprador tendrá una escritura tan auténtica como la del verdadero dueño, en otras palabras dice García Herguedas, la autenticidad, los actos y las manifestaciones de las partes no tienen nada que ver con la realidad de la transmisión, ni con la realidad de la finca, ni con que el que vende sea dueño, ni con que tenga o no carga. Por ello la autenticidad no basta para la seguridad jurídica del comprador o adquiriente.

 

La seguridad jurídica que proporciona la publicidad registral va más allá de la autenticidad del acto o contrato, las ventas, las cargas, los embargos, que no estén en el Registro no perjudican al comprador, todos los actos y contratos anteriores, incluidos el del vendedor se dan por válidos, en beneficio del comprador.

 

El estado o los particulares cuando compran o los bancos cuando hipotecan, para tener seguridad no necesitan sino mirar la última inscripción de dominio, y el historial de la finca en el Registro, lo que no está ahí, no está para ellos , una vez que inscriban. El Registro, pues legaliza, inscribe y publica.

 

Legaliza : quien compra del titular registral, inscribe, adquiere y consolida.

 

Publica : publica jurídicamente, de tal modo que las cargas y actos no publicados no existen para el que no inscribe; y,

 

Legaliza : la propiedad inscrita está dotada de legitimación legal y judicial , y tiene unas acciones y garantías de protección muy superiores a la propiedad no inscrita aunque esté escriturada.

 

El sistema de seguridad jurídica que proporciona la publicidad registral, sería no obstante arbitrario y eficaz sino contase con una pieza fundamental: LACALIFICACION REGISTRAL.

 

Como dice Ballesteros(18) : «El Registro no sería el mismo, ni podría la inscripción producir, los efectos que produce, ni lograrse a su través la seguridad jurídica que se consigue, sino no hubiese calificación, si en el Registro pudiesen entrar actos o contratos nulos o anulables.

 

En este sentido, la fuente de legitimidad del sistema de seguridad jurídica en que el ordenamiento registral consiste, es el principio de legalidad o previo examen de los títulos por el jurista encargado del Registro.

 

El examen de la legalidad es la base de todo el sistema del Registro: juicio previo para evitar la contienda sobre el título.

 

El Juez, dice García H.(19) , juzga y manda a las partes a estar y pasar por el juicio.

 

El Registrador juzga e inscribe si es válido estando su inscripción, bajo la salvaguarda de los tribunales; las partes podrán discutir el acto inscrito, pero para los anteriores transmitentes y para los sucesivos adquirientes la inscripción es indiscutible; o lo que es lo mismo, la seguridad jurídica del adquiriente que inscribe y la seguridad jurídica que él dará a los sub-adquirientes será la máxima posible.

 

No obstante debemos de preguntarnos ¿porqué se producen situaciones irregulares en el tráfico inmobiliario?

 

La polémica surgió hace pocos años, en el informe realizado sobre el Fraude Inmobiliario(20) , se pone de relieve que 'este fraude denunciado se produce de espaldas al Registro y precisamente por no haberse acudido a la protección jurídica que la institución ofrece'.

 

Lo cual nos da un indicativo de la importancia de la inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad Inmueble y ésta a su vez, sirve de base para la publicidad registral.

 

CONCLUSIONES

 

La Sentencia de Primera Instancia admite la demanda y la declara fundada, de igual opinión es la Fiscalía Superior, por lo que en Segunda Instancia la Sala confirma a la recurrida de primera instancia, bajo la misión fundamental.

 

Debemos resaltar que de acuerdo al principio de prioridad y de impenetrabilidad los asientos correspondientes a la adjudicación son de fecha anterior a la del demandado, y son opinables erga omnes.

 

Coincido plenamente en la Ejecutoria Suprema, ya que debió ser parte en este proceso el representante de los Registros Públicos a fin de establecer las responsabilidades del caso y por las cuales procedió la inscripción posterior, a pesar del informe de la Oficina de Catastro, existiendo una superposición, en la propiedad, afectando el derecho de propiedad del demandante.

 

Debido a la crisis que afronta el Poder Judicial y la falta de capacitación de los Magistrados se aprecia el poco conocimiento de la especialidad del Derecho Registral y la importancia y trascendencia jurídica en el tráfico inmobiliario de la publicidad registral, ya que apreciamos que el Juzgador está en la obligación de practicar y ordenar todas aquellas diligencias que conllevan a resolver el problema planteado.

 

 

Limitaciones por razón de vecindad (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia  se publicó en el Tomo N° 3 de Diálogo con La Jurisprudencia

 

El propietario o conductor de un inmueble o establecimiento comercial, debe abstenerse de causar ruidos y molestias análogas que excedande la tolerancia que se deben los vecinos en atención a las circunstancias.

 

Expediente 383-95 - LA LIBERTAD

 

Sala de Derecho Constitucional y Social

 

Dictamen Fiscal Nº 251-95

 

Señor Presidente:

 

Estando a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley Nº 26446(1), al Principio Procesal de Aplicación inmediata de las leyes de esta naturaleza, ya que a la fecha de su publicación no había sido resuelta la presente causa por la Sala de su Presidencia, cumplo con emitir el dictamen correspondiente.

 

Por resolución de fojas 215, se ha concedido el Recurso de Nulidad, interpuesto por Aurora Teresa Rodríguez de Tweddle y otra contra la Sentencia de Vista de fojas 208 a 209, que Revoca la sentencia apelada de fojas 143 a 147, que declara Fundada la Acción de Amparo interpuesta a fojas 40 a 52, que Reformándola la declararon Improcedente.

 

Por los fundamentos que expone en su recurso de fojas 40-52, Aurora Teresa Rodríguez de Tweddle y otra interponen Acción de Amparo contra Ursula Beatriz Doig Manucci, a fin de que el Juzgado -en defensa del derecho a la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, que garantiza la Constitución- haga cesar las violaciones que la demandada, por acción intencional, está desarrollando en perjuicio de la salud física y psíquica de las accionantes.

 

Fundamenta la acción en lo dispuesto por el Artículo 2º, Inciso 22) de la Constitución Política del Estado(2), Artículos I y III del Título Preliminar del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo Nº 613(3) y los Artículos 26º y 31º de la Ley Nº 23506(4) ; manifestando que la demandada es conductora del Gimnasio "Forma" en el inmueble que colinda con la parte posterior del domicilio de las actoras; sintiéndose agraviadas por la emisión y propalación de sonidos molestos, estridentes, altisonantes por la actividad propia del referido Gimnasio, sonidos que llegan nítidamente a los ambientes del domicilio de las actoras; actos por demás ilícitos que perturban el sueño, el rendimiento de tareas psicomotrices, la interacción social, pérdida de concentración y atención entre otros; y que estos actos han empezado desde julio de 1993 sin el acondicionamiento técnico que se requiere para este tipo de negocios a fin de evitar molestias al vecindario.

 

De lo actuado se desprende, que con la interposición de la presente Acción de Garantía se pretende que por disposición y Mandato Judicial se paralice toda actividad en el establecimiento denominado "Gimnasio Forma", siendo la agresión hacia las accionantes verificada a través de la actuación de Prueba Anticipada de Inspección Judicial, en la que el Juez constata la emisión de ruidos permanentes, estridentes, etc. que difunde el establecimiento conducido por la demandada.

 

Corrido el traslado de la demanda, es absuelto el trámite en los términos que aparece en el recurso de fojas 130-138.

 

Del análisis de autos se aprecia que el establecimiento denominado "Gimnasio Forma", funciona con la debida Autorización de Apertura de Establecimiento, mediante Resolución de Alcaldía Nº 2876-94-MPT de fecha 5 de mayo de 1994, no consta en autos que las actoras hayan denunciado los hechos submateria ante la Municipalidad de su Jurisdicción o ante la Policía Nacional a fin de aplicar lo establecido por los Artículos 11º, 12º y 13º de la Ordenanza Nº 02-94-MPT; que asimismo, la Inspección Judicial no prueba plenamente el agravio; para tal efecto se requiere de técnicos peritos en medición de sonidos.

 

Por lo tanto, fluye de lo actuado, que los hechos que originan la presente acción, se enmarcan en el inciso 22) del Artículo 2º de la Constitución Política del Estado Peruano, constituyendo ésta, una norma de carácter programático, que requiere se desarrolle a través de una ley, máxime que en el caso de autos, para demostrar si los ruidos son molestos, cuyos niveles necesitan de una medición por parte de órganos competentes, especializados o lo que es lo mismo, requieren de pruebas de medición y que, la opinión que se elabora a través de dichos organismos constituyen pericia técnica susceptible de ser impugnada por el ordenamiento común.

 

Que, la Acción de Amparo por ser una Vía Especial y de Tramitación Sumarísima, no cuenta con Etapa Probatoria; más aún, en el caso de autos deviene preciso iniciar la Causa a Prueba, en la que se puedan discutir situaciones como las anteriormente mencionadas, para formar convicciones y apreciar a cabalidad las pruebas de cargo y descargo, lo que obviamente, desnaturalizaría las características de la Acción de Amparo; que, por el carácter programático de la norma constitucional, mediante la que se invocan los derechos en ella contenidos, se deben discutir en la forma y modo que establecen las leyes; en este caso, la Ley Orgánica de Municipalidades; que siendo así y no tratándose de una violación inminente de una norma constitucional con la cual se pueden conculcar derechos de la persona en forma tal que resulte irreparable por acción del tiempo, la demanda deviene Improcedente, debiendo dejarse a salvo el derecho a accionar en la vía idónea correspondiente para la tutela de los derechos conculcados; y, en la que se pueda hacer uso de técnicos peritos especializados para el caso.

 

Por tanto, esta fiscalía es de Opinión que NO HAY NULIDAD en la recurrida.

 

Lima, 10 de julio de 1995

 

MIGUEL ALJOVIN SWAYNE, Fiscal Supremo en lo Civil

 

SENTENCIA

 

Lima, veintiséis de octubre de mil

 

novecientos noventicinco.

 

VISTOS; con lo expuesto por la señora Fiscal; por los fundamentos de la sentencia de Primera Instancia; y, CONSIDERANDO además: que con la Inspección Judicial practicada como prueba anticipada el dos de setiembre de mil novecientos noventicuatro, quedó acreditado que en el establecimiento denominado "Aeróbicos Forma" conducido por la emplazada se emiten ruidos y sonidos altisonantes, estridentes y continuos, perturbando la tranquilidad y la salud de los demandantes que viven en un predio colindante, violándose el derecho constitucional que tiene toda persona de vivir en paz, con tranquilidad y en un ambiente equilibrado, consagrado en el inciso veintidós del Artículo segundo de la Carta Magna; que, en consecuencia, la Acción de Amparo entablada resulta procedente en virtud del Artículo Segundo de la Ley número veintitrés mil quinientos seis(5) ; que el propietario o conductor de un establecimiento debe abstenerse de causar ruidos y molestias análogas que excedan de la tolerancia que se deben los vecinos en atención a las circunstancias, conforme a lo previsto en el Artículo novecientos sesentiuno del Código Civil(6) ; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas doscientos ocho, su fecha dieciocho de enero último, que revocando la apelada de fojas ciento cuarentitrés, fechada el veintisiete de octubre de mil novecientos noventicuatro, declara improcedente la Acción de Amparo interpuesta a fojas cuarenta por doña Aurora Teresa Rodríguez de Tweddle y otra contra doña Ursula Beatriz Doig Mannucci; reformando la de vista, confirmaron la sentencia de Primera Instancia que declara FUNDADA dicha acción de garantía, en consecuencia ordena que se paralice toda actividad que se desarrolla en el gimnasio "Aeróbicos Forma" mientras genere ruidos como los indicados en la parte considerativa, con lo demás que contiene; y constituyendo la presente resolución final: MANDARON se publique en el Diario Oficial El Peruano dentro del término previsto por el Artículo cuarentidós de la Ley número veintitrés mil quinientos seis; y los devolvieron.

 

SS. CASTILLO C., URRELLO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.; CASTILLO LA ROSA S.

 

 

Mejor derecho a poseer

 

...que los hechos versan sobre el mejor derecho a poseer un inmueble, hechos que no pueden ser ventilados mediante una Acción de Amparo, que por su naturaleza tiene carácter excepcional.

 

Expediente 541-96-AA/TC

 

Lima

 

Caso: Ketty Perpetua Murillo de Núñez

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los veinticinco días del mes de setiembre de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados:

 

Acosta Sánchez,          Vicepresidente, encargado de la Presidencia,

Nugent,

Díaz Valverde,

García Marcelo,

 

actuando como secretaria relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso de nulidad, que en aplicación del artículo 41º de la Ley Nº 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, debe entenderse como recurso extraordinario; interpuesto por doña Ketty Perpetua Murillo de Núñez con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventiséis, contra la resolución Nº 8 de fecha doce de junio de mil novecientos noventiséis, mediante la cual, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró improcedente la acción de amparo incoada por la misma accionante. (folios 180, 181 y 182).

 

ANTECEDENTES:

 

Doña Ketty Perpetua Murillo de Núñez, con fecha once de octubre de mil novecientos noventicinco, interpone acción de amparo contra el Concejo Provincial de Arequipa, en la persona de don Fernando Ramírez Alfaro, el Arzobispado de Arequipa, en la persona de Monseñor Fernando Ruiz de Somocurcio, y, contra el Comité Pro-defensa de la Capilla Nuestra Señora del Carmen, en la persona de don Víctor Bejarano Avila; con la finalidad de que se suspendan los "efectos y aplicación" de la Resolución Municipal Nº 718-95 de fecha veintiuno de julio de mil novecientos noventicinco. (folios 2 y 3)

 

Aduce la demandante, que ella y su hermano Jesús Napoleón Murillo Chávez, son copropietarios de un terreno urbano de 479.33 m2, colindante con la citada Capilla, ubicada en de la Urbanización Los Rosales, del Cercado de Arequipa. Que, no obstante ello, el Arzobispado de Arequipa y el Comité antes citado, pretenden apropiarse de 265.13 m2 de aquel terreno, siendo prueba de ello, la Resolución Municipal Nº 718-95, que ordena a la Dirección de Desarrollo Urbano, otorgar a los demandados, un Certificado de Posesión sobre aquella menor área, configurándose de esa manera una violación constitucional, contra el derecho a la propiedad. (folio 14 a folio 19)

 

Los codemandados contestan la demanda mediante escritos separados. La Municipalidad Provincial de Arequipa deduce la excepción de agotamiento de la "vía administrativa", y solicita, que en aplicación del artículo 27º de la Ley Nº 23506, la demanda sea declarada improcedente (folios 32, 33 y 34). Por su parte, el Arzobispado de Arequipa, solicita se declare la demanda, "improcedente o infundada según corresponda", en base a lo siguiente: a) Que, la actora no cumplió con el requisito formal de agotar la vía previa, según lo dispone el artículo 27º de la Ley Nº 23506; y, b) Que, el terreno, cuyo Certificado de Posesión otorgará la Dirección de Desarrollo Urbano, en cumplimiento de la cuestionada Resolución Municipal Nº 718-95, pertenece al Arzobispado y no a la demandante (folio 41 a folio 44). Finalmente, el Comité Pro-defensa y Desarrollo de la Capilla Nuestra Señora del Carmen, solicita se declare "infundada" la demanda, deduce, al igual que los demás codemandados, la excepción de falta de agotamiento de la vía previa; relievando además, que el terreno sub-litis pertenece desde tiempo inmemorial al entorno y propiedad de la citada Capilla (folio 106 a folio 117).

 

El Tercer Juzgado Civil de Arequipa, mediante la sentencia Nº 12-96-3Jc, de fecha doce de enero de mil novecientos noventiséis, falla declarando fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, y por consiguiente, improcedente la acción de amparo (folios 126, 127 y 128).

 

Mediante la resolución Nº 8, de fecha doce de junio de mil novecientos noventiséis, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, revoca la sentencia de primera instancia, y reformándola, declara infundada la citada excepción, e improcedente la demanda; en base a las consideraciones siguientes: Que, la accionante cumplió con agotar la vía previa, pues interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución Municipal Nº 718-95 al amparo del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, y, al no obtener respuesta en el término de ley, se acogió al silencio administrativo negativo.

 

Que, la presente acción de Amparo está dirigida a proteger el derecho de posesión de la demandante, sobre el inmueble sub-litis; dicha pretensión es impropia, pues la acción de garantía tiene como finalidad restablecer derechos constitucionales protegidos (folio 167 a folio 179).

 

FUNDAMENTOS:

 

Que, con relación a la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, planteada por los co-demandados, se coincide con el fallo de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que la declara infundada, en razón de que, al amparo del artículo 99º del Texto Unico Ordenado, antes citado, la demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Municipal Nº 718-95 que es materia de la presente acción, y, no habiéndose resuelto en el plazo de treinta días útiles dicho recurso impugnativo, la demandante optó por acogerse al silencio administrativo negativo, agotando de esa manera la vía previa a que hace mención el artículo 27º de la Ley Nº 23506.

 

Que, tanto del escrito de demanda, como de los escritos contestatorios, se desprende con claridad, que, el problema consiste en resolver, si los 265.13 m2 objeto de la Resolución Municipal Nº 718-95, se hallan dentro del perímetro de los 479.33 m2, que según la demandante, son de su propiedad; para ello, resulta necesario constatar si aquellos 265.13 m2 materia del Certificado de Posesión, pertenecen a la Capilla Nuestra Señora del Carmen. Por tales razones, queda claro, que los hechos versan sobre el mejor derecho a poseer un inmueble, hechos que no pueden ser ventilados mediante una acción de amparo, que por su naturaleza tiene carácter excepcional.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica le confieren,

 

FALLA:

 

Confirmando la resolución Nº 8 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha doce de junio de mil novecientos noventiséis, que, al confirmar en el aspecto de fondo la sentencia de primera instancia, de fecha doce de enero de mil novecientos noventiséis, declaró improcedente la acción de amparo incoada por doña Ketty Perpetua Murillo de Núñez, contra el Concejo Provincial de Arequipa, el Arzobispado de Arequipa y el Comité Pro-defensa de la Capilla Nuestra Señora del Carmen; dispusieron su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley, y los devolvieron.

 

S.S. ACOSTA SANCHEZ / NUGENT / DIAZ VALVERDE / GARCIA MARCELO.

 

 

Mejor derecho de propiedad

 

Cuando las partes discuten el mejor derecho a la propiedad de un bien, y ambas se encuentran en igualdad de circunstancias, es mejor la condición del que posee el bien.

 

Expediente 2293-92

 

JUNIN

 

Lima, seis de setiembre de

 

mil novecientos noventitres.-

 

VISTOS ; con los acompañados, por sus fundamentos pertinentes, y, CONSIDERANDO ; que consta del expediente fenecido seguido entre las mismas partes sobre nulidad de acto jurídico que se tiene a la vista, que por contrato privado con firmas legalizadas que obra a fojas doscientos cinco, el quince de junio de mil novecientos sesentinueve, doña Julia Quispe Cangalaya de Navarro cedió en venta a doña Luisa Valer Chamorro, el terreno de su propiedad ubicado en la Avenida Camell del Solar con una extensión de trescientos metros cuadrados, por la suma de ciento cincuenta mil soles, objeto de la controversia; que en dicho proceso, no obstante las pretensiones de la actora Victoria Rosado de Arauco y los títulos que presentó, la cuestión en debate se definió a favor de doña Luisa Valer Chamorro, reconociéndole su calidad de propietaria, pues, el documento glosado contenía un contrato de compraventa y no una simple promesa de venta, a título oneroso, mediando incluso la entrega del inmueble como poseedora actual; que en base a estas conclusiones y aplicando el adagio latino "que en igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee", el Organo Jurisdiccional, por sentencia de fojas doscientos sesentiocho, confirmada por la de vista de fojas trescientos siete, desestimó la reconvención de fojas quince vuelta, sobre nulidad del aludido documento privado por caducidad y amparó la demanda sobre otorgamiento de escritura en base a dicho documento, la misma que posteriormente fue otorgada por el personal del Juzgado en rebeldía de la Sucesión emplazada conforme a los términos del testimonio de fojas ciento ochenticinco de autos; que por lo expuesto y estando a la garantía constitucional que prohíbe revivir los procesos fenecidos, la resolución de vista que ampara la excepción de cosa juzgada, se encuentra arreglada a ley, por lo que de conformidad con la última parte del artículo trescientos diecinueve del Código de Procedimientos Civiles; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos treinticinco, su fecha once de octubre de mil novecientos noventiuno, en cuanto revocando la apelada de fojas doscientos setentiseis, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos ochentisiete, declara improcedente la demanda de fojas doce; reformándola en este extremo; declararon INSUBSISTENTE todo lo actuado con relación a la citada demanda del principal; declararon NO HABER NULIDAD en la misma resolución en cuanto revocando la apelada, declara FUNDADA la excepción de cosa juzgada deducida a fojas dos del cuaderno número uno; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; en los seguidos por Victoria Rosado González de Arauco con Luisa Valer Chamorro sobre declaración de mejor derecho de propiedad y otros conceptos; y los devolvieron.-

 

SS. MENDOZA ALMENARA LANDA RONCALLA ROMAN

 

 

Mejor derecho de propiedad. Principios registrales: legitimación y buena fe

 

Que, tratándose de un bien que no puede ser calificado como de dominio público, la causa debe resolverse tal como lo han resuelto las instancias de mérito conforme a las reglas del Código Civil... habiéndose determinado que el demandante adquirió el bien amparado en los principios registrales de Legitimación y Buena Fe, a que se refieren los artículos 2013 y 2014 del Código Civil, resulta de aplicación el principio prior in tempore prior in iuris a que se refiere el artículo 2016 del precitado Código.

 

Casación 1373-99-Piura

 

Lima, tres de diciembre de mil novecientos noventinueve.

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Vista la causa mil trescientos setentitrés guión noventinueve, con los acompañados, en la audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Víctor Alberto Medina Núñez, en representación del Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, mediante escrito de fojas ciento noventa, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha catorce de mayo de mil novecientos noventinueve, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento cincuentitrés, su fecha veintiocho de enero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas treintidós interpuesta por don Luis Alberto Farfán Sánchez en representación de Negocios Agrícolas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sobre reivindicación; con lo demás que contiene.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Que concedido el Recurso de Casación a fojas ciento noventicinco, fue declarado procedente por resolución del siete de julio último por la causal de inaplicación de los Artículos sesentinueve y setenta del Decreto Ley número veintidós mil noventicinco - Ley Especial de Tráfico de Drogas y de los Artículos nueve, diez, once diecinueve y veintiuno de su Reglamento, aprobado por Resolución Ministerial número cero cero uno-IN/OFECOD-F, que establecen que la administración de los bienes incautados por tráfico ilícito de drogas pasarán a dominio del Estado al término del proceso cuando recaiga una sentencia condenatoria, fecha en que se inscribirán en la Dirección General de Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda y Construcción, y no como pretende el Juez de la causa en el Registro Público de conformidad con el Artículo dos mil dieciséis del Código Civil, siendo que en este caso prevalece la ley especial sobre la ley general.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que en el presente proceso, se ha dilucidado la existencia de un mejor derecho sobre un bien en el que dos partes obtengan título de propiedad sobre un mismo inmueble que debe ser calificado como propiedad privada, la particularidad de caso estriba en que una de las partes es el Estado, y que su derecho proviene de una incautación realizada dentro de un proceso de tráfico ilícito de drogas.

 

Segundo.- Que, tratándose de un bien que no puede ser calificado como de dominio público, la causa debe resolverse tal como lo han resuelto las instancias de mérito conforme a las reglas del Código Civil.

 

Tercero.- Que, habiéndose determinado en las instancias correspondientes que el demandante adquirió el bien amparado en los principios registrales de legitimación y Buena Fe, a que se refieren los Artículos dos mil trece y dos mil catorce del Código Civil, resulta de aplicación el principio prior in tempore potior in iurisa que se refiere el Artículo dos mil dieciséis del Código citado.

 

Cuarto.- Que, asimismo, debe señalarse, que las normas cuya inaplicación se denuncia regulan el destino y la administración que deben recibir los bienes incautados en un proceso por tráfico ilícito de drogas, pero no regulan la forma en que debe resolverse el conflicto derivado de la coexistencia de dos títulos de propiedad sobre un mismo inmueble, de ahí que no pueda considerarse que contengan una disposición especial que prevalezca sobre las disposiciones de derecho común.

 

4. SENTENCIA:

 

Estando a las conclusiones precedentes, de conformidad con el Dictamen Fiscal y a lo dispuesto en el Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil: declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Víctor Alberto Medina Núñez, en representación del Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha catorce de mayo de mil novecientos noventinueve; CONDENARON al recurrente al pago de una multa de dos unidades de Referencia Procesal; en los seguidos por Negocios Agrícolas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, representada por su gerente don Luis Alberto Farfán Sánchez, sobre reivindicación;DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO DE A.; CELIS; ALVA

 

 

Mejoras: pago

 

No puede ampararse el pago de mejoras si el demandante no acredita que posee el bien inmueble con título válido, ni que haya contado con la autorización expresa o tácita del demandado para efectuar la edificación que dice haber construido.

El denominado "formulario de declaración de fábrica en vía de regularización" no acredita por sí solo que el actor haya efectuado las obras que allí se precisan, por constituir una declaración jurada unilateral de éste.

 

Expediente N-1108-97

 

Sala Nº 1

 

Lima, catorce de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, el poseedor tiene derecho al pago de mejoras cuando éstas se han efectuado de buena fe, vale decir, cuando se han efectuado con autorización expresa o tácita del propietario del predio, o las efectúa en la creencia que posee el bien con título válido; Segundo.- Que, lo expuesto se corrobora con lo dispuesto en el artículo novecientos cuarentitrés del Código Civil que establece que cuando se edifica de mala fe en terreno ajeno, el propietario no tiene obligación de pagar su valor, pudiendo incluso exigir la demolición de lo edificado si le causara perjuicio; Tercero.- Que, en el presente caso, el demandante no ha acreditado que sea el bien inmueble con título válido, ni que haya contado con la autorización expresa o tácita del demandado para efectuar la edificación que dice haber construido; Cuarto.- Que, asimismo, no ha acreditado haber poseído el predio en octubre de mil novecientos ochentiocho, fecha que, según el documento de fojas tres, elaborado por el propio demandante, se efectuaron las referidas obras; Quinto.- Que, dicho documento, denominado "Formulario de Declaración de Fábrica en vía de Regularización", no acredita por sí solo que el actor haya efectuado las obras que allí se precisan, por constituir una unilateral "Declaración Jurada" de éste y porque la fecha cierta del mismo es el dos de octubre de mil novecientos noventicinco; Sexto.- Que, las demás pruebas aportadas por el actor, consisten en documentos que corren de fojas cuatro a doce de autos no abonan a favor de la pretensión del actor, pues sólo acreditan que éste ocupó el predio sub-materia durante el año mil novecientos noventicuatro y mil novecientos noventicinco: CONFIRMARON la sentencia de fecha primero de octubre de mil novecientos noventisiete, que corre de fojas ciento treinticinco a ciento treintisiete de autos, que declara infundada la demanda de fojas trece a dieciséis; con lo demás que contiene y es materia de la alzada; hágase saber y devuélvase.- En los seguidos por Honorato León con Manuel Pablo Gordillo Carbajal sobre pago de mejoras.

 

SS. ENCINAS LLANOS / LAMA MORE / MARTEL CHANG

 

 

Modos de adquisición de la propiedad: accesión. Consolidación de la propiedad (A)

 

El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él; de modo que, la edificación en terreno ajeno, impone la necesidad de consolidar la propiedad, es decir, reunir en un solo titular el dominio tanto del terreno como de la construcción, para luego poder accionar recuperando la posesión del inmueble.

 

Casación 2552-98-Huaura

 

HUAURA

 

Lima, catorce de abril de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número dos mil quinientos cincuentidós -  noventiocho, con el acompañado; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Liliana Sánchez Pinazo; mediante escrito de fojas doscientos cinco, contra la resolución de vista de fojas ciento noventa, de fecha quince de setiembre de mil novecientos noventiocho, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que confirmando la sentencia apelada de fojas cincuentidós, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventisiete, declara fundada la demanda de fojas dieciséis, sobre desalojo.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La recurrente sustenta su Recurso de Casación en los incisos segundo y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, pero por resolución del cinco de noviembre de mil novecientos noventiocho, se declaró procedente únicamente por la causal de inaplicación de una norma de derecho material; que, manifiesta la justiciable que se ha inaplicado el Artículo novecientos cuarentiuno del Código Civil, y sustenta dicha causal manifestando que al construir su casa sobre terreno ajeno por error no puede tener la condición de precaria puesto que el citado dispositivo legal le reconoce ciertos derechos, como el de exigir un justiprecio por la casa construida, por lo que deviene en improcedente la demanda.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, don Fernando Guillermo Lobatón Gonzales demanda a doña Liliana Sánchez Pinazo, para que desocupe y le entregue el lote de terreno de su propiedad signado con el número diecisiete de la manzana "E" de la lotización «Ismael Colán» del distrito de Huaral, que viene ocupando de modo precario, sin título y sin pagar renta alguna.

 

Segundo.- Que, la demandada no niega encontrarse ocupando el terreno, pero sí refiere que por error ha construido en él, razón por la cual no prosperó la demanda de reivindicación que formuló en su contra el demandante al no haber podido demostrar con título idóneo que fuera propietario de la construcción levantada en dicho terreno.

 

Tercero.- Que, las instancias de mérito apreciando la prueba actuada en el proceso, especialmente el expediente fenecido sobre reivindicación que se tiene a la vista, han establecido que en el lote de terreno en litis de propiedad del demandante según el testimonio de escritura pública de fojas cuatro de autos, existe una edificación de propiedad de la demandada, de modo que tratándose de una edificación en terreno ajeno, la pretensión del accionante, no puede prosperar si previamente no se define el destino de la edificación con arreglo a las opciones que señalan taxativamente los Artículos novecientos cuarentiuno y novecientos cuarentitrés del Código Civil(1).

 

Cuarto.- Que, asimismo el Artículo novecientos treintiocho del citado Código prescribe, que el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él; de modo que, la edificación en terreno ajeno, impone la necesidad de consolidar la propiedad, es decir, reunir en un solo titular el dominio tanto del terreno como de la construcción, para luego poder accionar recuperando la posesión de la totalidad del inmueble.

 

Quinto.- Que, por lo expuesto, en primer lugar, la demandada no puede tener la condición de ocupante precaria respecto del predio que ocupa; en segundo lugar, de ser amparada la demanda no habría forma de ejecutar el fallo y en tercer lugar, es imperativo resolver la situación jurídica de ambas propiedades.

 

Sexto.- Que, en consecuencia, las instancias inferiores han resuelto la causa sin tener presente lo dispuesto en el Artículo novecientos cuarentiuno del Código Civil, por lo que de conformidad con el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el Recurso de Casación de fojas doscientos cinco interpuesto por doña Liliana Sánchez Pinazo; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas ciento noventa, de fecha quince de setiembre de mil novecientos noventiocho; y actuando en sede de Instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas cincuentidós, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda de fojas dieciséis; reformándola declararon IMPROCEDENTE dicha demanda, ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Fernando Guillermo Lobatón Gonzales con doña Liliana Sánchez Pinazo, sobre desalojo; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SáNCHEZ PALACIOS P.; ECHEVARRíA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

Necesidad de probar los hechos de exclusión del acceso al uso del bien común en el reclamo sobre participación o indemnización planteado por el copropietario a causa de tal exclusión

 

«... Cada propietario tiene derecho a servirse del bien común, pues los atributos de la propiedad, el ´jus utendi' y el ´jus fruendi' se encuentran repartidos, lo que importa que deben ejercerse, dentro del margen que a cada uno corresponde o sea respetado (sic) el derecho de los demás, como lo establece el Artículo novecientos setenticuatro del Código Sustantivo. (...) Que, en consecuencia, es necesario que el copropietario que reclama participación o indemnización, acredite los hechos que lo excluyeron del acceso al uso de la propiedad...»

 

CASACION Nro.           :           2316 - 98 / LIMA.

 

Lima, diecinueve de marzo de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa dos mil trescientos dieciséis - noventiocho, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

A fojas trescientos sesenticinco don Mario Bonifaz Ojeda en representación de doña María Teresa Paurinotto Esparza, y a fojas trescientos setenticuatro doña María Luz Salas Pérez, recurren en casación de la sentencia de vista de fojas trescientos sesentitrés pronunciada por la Tercera Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de Lima el veintidós de julio de mil novecientos noventiocho, que confirmando la sentencia de fojas doscientos ochentinueve, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventisiete, declara fundada la demanda interpuesta por doña María Luz Salas Pérez en los extremos en que pide se declare como bien propio de su causante al inmueble submateria, procediéndose a la partición del mismo entre la cónyuge y la única hija en partes iguales, e infundada en el extremo de pago de indemnización por daños y perjuicios, e infundada la reconvención formulada por María Teresa Paurinotto Esparza a fojas ciento dieciséis, subsanado a fojas ciento treinticuatro.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por sendas resoluciones de este Supremo Tribunal, pronunciadas el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, se han declarado procedentes ambos recursos, el primero por la causal de aplicación indebida del Artículo ciento setentisiete del Código Civil de mil novecientos treintiséis por considerar que el bien estaba sujeto a condominio antes de ingresar a la sociedad conyugal, por lo que debió ser tratado al amparo del Artículo ochocientos noventicinco del Código Civil; el segundo por inaplicación de lo dispuesto en el Artículo novecientos setenticinco del Código Civil, indicando que dicha norma establece una retribución objetiva que debe ser pagada por el copropietario que usa el bien común con exclusión de los demás, la misma que no requiere de probanza.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, es un hecho establecido en el proceso, que don José Fermín Salas Vara y doña María Teresa Paurinotto Esparza contrajeron matrimonio durante la vigencia del Código Civil de mil novecientos treintiséis, por lo que son aplicables sus disposiciones para resolver esta litis, a tenor de lo dispuesto en el Artículo dos mil ciento veinte del Código Civil vigente.

 

Segundo.- Que, también es un hecho establecido que don José Fermín Salas Vara adquirió el inmueble materia de la acción el veintisiete de marzo de mil novecientos sesentiocho, según contrato de compraventa, construcción y préstamo hipotecario, que en testimonio notarial corre a fojas treinticuatro, y contrajo matrimonio con la demandada en el mes de abril siguiente, esto es que el bien no era de precio cancelado, sino que estaba gravado con una hipoteca, como se establece en el motivo cuarto de la apelada, que la de vista hace suya.

 

Tercero.- Que, conforme al inciso segundo del Artículo ciento ochenticuatro del Código Civil de mil novecientos treintiséis, son bienes comunes los adquiridos por título oneroso a costa del causal común, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, lo que significa, que cuando un bien se compra y se paga una parte del precio con dinero propio de uno de los cónyuges y el saldo con el causal común, se establece una copropiedad entre uno de los cónyuges y la sociedad conyugal en proporción a los valores invertidos.

 

Cuarto.- Que, participan de esta interpretación el doctor Héctor Cornejo Chávez (ver Derecho Familiar Peruano Tomo Primero, segunda edición, Editorial Universitaria, mil novecientos sesenta, página ciento setentiocho) y el profesor de San Marcos, doctor Emilio Valverde (ver Derecho de Familia en el Código Civil Peruano, Tomo Primero, Lima, mil novecientos cuarentidós, página cuatrocientos sesentiocho) el segundo de los cuales sostiene: «Este dispositivo es una aplicación del precepto genérico de subrogación instituido en el Artículo ciento ochentiséis, y funciona con relación a los bienes comunes con análoga finalidad al caso de los bienes propios de uno y otro cónyuge, en los que las adquisiciones obtenidas mediante el caudal privativo durante la vigencia del matrimonio constituyen bien exclusivo del cónyuge» y «La solución legal dada por este precepto, aunque no existiera, resultaría de las demás disposiciones pertinentes del régimen de bienes, y si se formula en los términos expuestos es, sin duda, para afirmar más, si cabe, en el múltiple y complicado proceso de las operaciones sociales a título oneroso realizadas durante la sociedad de gananciales, ese carácter social de ellos, a fin de evitar la ejecución de actos que por incomprensión o por fraude causen agravio al otro cónyuge, a la comunidad matrimonial o a terceros».

 

Quinto.- Que, a través del Recurso de Casación se puede controlar la calificación jurídica dada por los Jueces de mérito a la situación de los bienes en el régimen de la sociedad de gananciales, lo que no implica control fáctico de modo alguno, sino que es un control de derecho, que corresponde al Tribunal Supremo, pues la calificación jurídica, y el proceso de subsunción, esto es la confrontación del hecho concreto con la norma jurídica aplicable, es siempre «quaestio iuris».

 

Sexto.- Que, en consecuencia, por lo antes expresado, hay error de derecho en las sentencias de mérito al calificar como bien propio del causante un inmueble que fue adquirido un mes antes de la vigencia de la sociedad de gananciales, gravado con una hipoteca en garantía de un préstamo a largo plazo y que es cancelado durante la vigencia de la sociedad conyugal, por lo que es fundada la denuncia de aplicación indebida del inciso primero del Artículo ciento setentisiete del Código Civil de mil novecientos treintiséis.

 

Séptimo.- Que, fenecida la sociedad de gananciales por el fallecimiento de uno de los cónyuges, se ha dado lugar a una situación de copropiedad, como establecen los Artículos trescientos dieciocho y novecientos sesentinueve del Código Civil.

 

Octavo.- Que, el Artículo novecientos setenticinco del Código Civil regula la figura del copropietario que usa el bien con exclusión de los demás, y establece que éste debe indemnizar a los otros en las proporciones que les correspondan salvo lo dispuesto en el Artículo setecientos treintiuno del mismo cuerpo legal, que se refiere a la copropiedad con el cónyuge supérstite, y sobre cuya aplicación no corresponde pronunciarse, pues no es materia de casación, por no existir denuncia al respecto.

 

Noveno.- Que, en principio cada propietario tiene derecho a servirse del bien común, pues los atributos de la propiedad, el «jus utendi» y el «jus fruendi» se encuentran repartidos, lo que importa que deben ejercerse, dentro del margen que a cada uno corresponde o sea respetado el derecho de los demás, como lo establece el Artículo novecientos setenticuatro del Código Sustantivo.

 

Décimo.- Que, en consecuencia, es necesario que el copropietario que reclama participación o indemnización, acredite los hechos que lo excluyeron del acceso al uso de la propiedad, lo que no ha sucedido en autos, por lo que no se establece el supuesto de hecho que haría pertinente la aplicación del Artículo novecientos setenticinco denunciado, y por el contrario, como se anota en el motivo décimo séptimo de la apelada, la demandante ejercita sus derechos al retorno de un viaje, tiempo en el cual no acredita haberse preocupado por la conservación y mantenimiento del bien.

 

Décimo Primero.- Que, hay que agregar, que el ejercicio de la copropiedad, no solamente significa acceder a los beneficios que ésta puede brindar, sino que también establece obligaciones, como la de concurrir a los gastos de conservación, como señala el Artículo novecientos ochentiuno del acotado; por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de fojas trescientos setenticuatro interpuesto por doña María Luz Salas Pérez; y, FUNDADO el recurso de fojas trescientos sesenticinco interpuesto por el apoderado de doña María Teresa Paurinotto Esparza; y en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis, declararon: NULA la sentencia de vista de fojas trescientos sesentitrés de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventiocho; y actuando en sede de instancia: revocaron la apelada de fojas doscientos ochentinueve de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventisiete, en cuanto declara fundada la demanda interpuesta por doña María Salas Pérez en los extremos en que declara como bien propio al inmueble submateria y se proceda a la partición del mismo entre la cónyuge y la única hija en partes iguales; y reformándola en ese extremo declararon: FUNDADA en parte la demanda, y que dicho bien tiene la calidad de bien propio y de bien común en la sociedad de gananciales que formaron la demandada y su causante, en la proporción que se establecerá en ejecución de sentencia, previo informe de peritos, teniendo en cuenta el porcentaje de su precio que se pagó antes y después del matrimonio, de acuerdo a lo cual también se establecerá los porcentajes de participación en la copropiedad y se practicará la división y partición, y la CONFIRMARON en lo demás que contiene; CONDENARON a doña María Luz Salas Pérez a las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por María Luz Salas Pérez con María Teresa Paurinotto Esparza sobre declaración de bien propio y otros; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SANCHEZ PALACIOS P.;

ECHEVARRIA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

 

La necesidad del título para la configuración de la posesión inmediata. El caso de la posesión sin título por sí y para sí (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia se publicó en el Tomo Nº 19 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

El artículo 905 del Código Civil al definir la condición de poseedor inmediato establece como requisito necesario que posea con un título, lo que no se ha dado en autos, pues se ignora la naturaleza y clase de ese título y su existencia, y dada esta situación mal puede considerarse que exista un poseedor mediato, pues según el mismo dispositivo el requisito legal es que el poseedor haya dado el título.

La doctrina es unánime al considerar que cuando alguien posee un bien sin título para sí y por sí, excluye la existencia de un poseedor mediato, además mediante esa posesión puede adquirir el bien por prescripción, aunque haya reconocido que tenga el derecho de propiedad otra persona, incluso aunque el derecho de esta última esté inscrito en los registros públicos.

 

Casación 1040-99-Huaura

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

 

Demandante     :           Julia Conde Nicho viuda de Verano

Demandado     :           Municipalidad Distrital de Hualmay

Asunto :           Título supletorio

Fecha   :           11 de agosto de 1999 (Publicada el 18 de diciembre de 1999)

 

CAS. N° 1040-99 HUAURA

 

Lima, once de agosto de mil novecientos noventinueve.

 

Atendiendo a que el Ministerio Público emite dictamen en autos, en los casos previstos en el segundo párrafo del art. 506º del Código Adjetivo o cuanto el emplazado haya sido declarado en rebeldía, según texto del art. 507º del acotado; no advirtiéndose que el caso de autos se encuentre incurso en ninguno de los supuestos anotados, sin emitir dictamen se devuelven los actuados a fin de que la Sala proceda conforme a sus atribuciones.

 

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA

 

Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Civil

 

Lima, quince de octubre de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA , vista la causa número mil cuarenta-noventinueve, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Berta Rodríguez Flores, contra la sentencia emitida por la Sala Civil  de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas doscientos dieciséis, su fecha doce de abril del presente año, que revoca la sentencia apelada de fojas ciento sesentiuno y reformándola declara fundada la demanda, en consecuencia, que lo actuado constituye título supletorio de dominio a favor de la demandante, respecto al bien sublitis, dispusieron que consentida o ejecutoriada que sea la presente se cursen partes al Registro de la Propiedad Inmueble; sin costas ni costos;

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Que, la Sala Suprema mediante resolución del veintiocho de mayo del presente año, ha estimado procedente el recurso que la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil(1), al denunciarse la interpretación errónea del artículo novecientos cinco del Código Civil(2), pues una correcta interpretación de dicha norma nos lleva a sostener que cuando existe sobre un determinado bien poseedor inmediato y otro mediato, debe existir una relación jurídica entre ambos, porque el que tiene la posesión inmediata debe contar con un título resultado de un acto jurídico derivativo, otorgado por ambos poseedores que asumen derechos y obligaciones; el mediato tiene la obligación de respetar la posesión del poseedor inmediato y éste a su vez, tiene la obligación y éste a su vez, tiene la obligación de devolver el bien cedido dentro de las condiciones establecidas; agrega que dentro de una correcta hermenéutica de la norma material aludida, se infiere que no existirá poseedor mediato cuando el que ejerce el poder de hecho sobre un bien se comporte permanente y públicamente como propietario, sin vehículo que reconozca un derecho superior al suyo, se requiere pues un nexo vinculante entre ambas clases de poseedor;

 

CONSIDERANDO :

 

Primero.- Que, la Sala Civil de la Corte de Huaura para revocar la sentencia del Juez, invoca el artículo novecientos cinco del Código Civil dándole la siguiente interpretación, que el que detenta un bien y reconoce que otro es el que tuvo la propiedad, se convierte por ese hecho en poseedor inmediato y el otro en poseedor mediato;

 

Segundo.- Que, esa interpretación es errónea pues dicho artículo al definir la condición de poseedor inmediato establece como requisito necesario que posea con un título, situación ésta que no se ha dado en autos, pues se ignora la naturaleza y clase de ese título y su existencia; y dada esta situación mal puede considerarse que exista un poseedor mediato, pues según el mismo dispositivo legal el requisito legal es que el poseedor haya dado el título;(3)

 

Tercero.- Que, la Sala Superior al darle esa significación a la norma analizada, considera y declara que la demandante es poseedora mediata del bien y como tal continúa en la posesión al interponer su demanda pese a no tener la tenencia material y directa, y en esa forma justifica la demanda de obtención de títulos supletorios(4) a base de esa posesión;

 

Cuarto.- Que, de otro lado, en la demanda ni durante el juicio se ha debatido que la demandante tenga el carácter de poseedora mediata; en cambio si se reconoce por las instancias de mérito que la que ejerce la posesión directa y fáctica del bien es la litis consorte pasiva Berta Rodríguez Flores y lo ejerce sin título alguno, por lo que en aplicación correcta de ese artículo, su condición es de poseedora, sin el carácter de ser inmediata;

 

Quinto.- Que, la doctrina es unánime al considerar que cuando alguien posee un bien sin título para si por si, excluye  la existencia de un poseedor mediato, además se le reconoce que mediante esa posesión puede adquirir el dominio por usucapion, aunque haya reconocido que tenga el derecho de propiedad otra persona, incluso aunque el derecho de esta última este inscrito en los Registros Públicos, pues la prescripción adquisitiva procede incluso contra ésta por mucho que tenga su dominio inscrito como se infiere de los incisos segundo y tercero del artículo quinientos cinco del Código Procesal Civil(5) ;

 

Sexto.- Que, el requisito substancial para que prospere la formación de títulos supletorios es la posesión y conforme a la prueba admitida en autos es otra la persona que ejerce ese atributo de hecho pues tiene la tenencia del bien; Por estos fundamentos y en aplicación del inciso primero del artículo trescientos y noventiséis del Código Procesal Civil la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con lo expuesto por la señora Fiscal Supremo FALLA declarando: FUNDADO el Recurso de Casación de fojas y, en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas doscientos dieciséis, su fecha doce de abril del presente año, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia del Juez de fojas ciento sesentiuno, su fecha once de diciembre de mil novecientos noventiocho que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas treintiséis; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Julia Conde Nicho viuda de Verano con la Municipalidad Distrital de Hualmay sobre título supletorio; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SÁNCHEZ PALACIOS P.; ECHEVARRÍA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

 

Ocupación precaria: concepto

 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, tal como lo dispone el art. 911º del Código Civil.

 

Expediente 679-95

 

HUANUCO

 

Lima, veinte de marzo de mil

novecientos noventiséis

 

VISTOS; por elevado el expediente rehecho; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: que, el concepto jurídico de ocupante precario a que se refiere el artículo novecientos once del Código Civil; es la del uso del bien sin título ni vínculo contractual alguno con el propietario, y sin pagar renta conductiva; que, en el caso sub-materia los accionantes han acreditado la propiedad del inmueble cuya desocupación demandan con la escritura pública de compra-venta que en copia corre de fojas cinco a siete; que, sin embargo el demandado no ha probado en modo o forma alguna el título con que detenta la posesión del referido inmueble por lo que procede hacer lugar a la demanda; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista que en copia corre a fojas once, su fecha once de agosto de mil novecientos ochentinueve, que confirmando la apelada corriente en copia a fojas diez, fechada el veinticuatro de abril del mismo año, declara FUNDADA la demanda copiada a fojas ocho y, en consecuencia, ordena que los demandados desocupen el inmueble, el lote de terreno ubicado frente a un pasaje común sin número con entrada por el Jirón Leoncio Prado sin número; con lo demás que contiene y es materia del recurso; condenaron en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lo interpuso; en los seguidos por don Félix Huanca Utrilla y otra con don Antonio Manzano Malpartida; sobre desahucio por ocupación precaria; y los devolvieron.

 

SS. ROMAN; REYES; VASQUEZ;

ECHEVARRIA; URRUTIA

 

 

Ocupante precario

 

Debe ampararse la demanda por ocupante precario si los emplazados no acreditan tener título para poseer válidamente el predio de litis, pues, se encuentran dentro de los alcances del art. 911 del C.C.

 

Expediente 97-53758

 

Sala Nº 1

 

Lima, doce de marzo de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO : Primero.- Que, la resolución expedida en la Audiencia Unica, cuya acta corre a fojas treintinueve a cuarenticuatro de autos, que declara infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad de la demandada debe confirmarse, toda vez que, del texto de la propia demanda se evidencia claridad y precisión en la pretensión incoada, la misma que consiste en una de desalojo por ocupación precaria contra don José La Rosa Huamán y su cónyuge Maritza Estrada de La Rosa, para que restituyan el inmueble sito en Jirón Mendoza Merino número trescientos diecisiete, la Victoria; Segundo: Que por otro lado, los demandados no han acreditado que la condición de copropietaria de la actora, respecto del predio sub-litis, que aparece acreditado en la ficha número un millón seiscientos setentitrés mil ochocientos diez del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que corre a fojas nueve haya sido dejado sin efecto judicialmente; Tercero.- Que, no habiendo los emplazados acreditado tener título para poseer válidamente el predio sub-litis, éstos se encuentran dentro de los alcances del artículo novecientos once del Código Civil: CONFIRMARON la resolución expedida en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventisiete, cuya acta corre de fojas treintinueve a cuarenticuatro, que declara infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en la demanda propuesta por el demandado en el segundo otrosí de su escrito de fojas veintiséis a treintiuno de autos; CONFIRMARON la sentencia expedida en la misma audiencia, que declara fundada la demanda de fojas doce a trece; y ordena que la sociedad conyugal formada por don José La Rosa Huamán y cónyuge, doña Maritza Estrada Severino de La Rosa, desocupen el inmueble ubicado en Jirón Mendoza Merino trescientos diecisiete, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, a favor de doña María Erdulfa Reyna Bustos, dentro del plazo de ley; con costas y costos; hágase saber y devuélvase; en los seguidos por María Erdulfa Reyna Bustos con José La Rosa Huamán y otra sobre desalojo por ocupación precaria.

 

SS. LAMA MORE / MARTEL CHANG / DE PIEROLA ROMERO

 

 

Ocupante precario

 

Si el contrato de compraventa ha quedado resuelto, el título que tenía la demandada para poseer legítimamente el predio materia de desalojo, ha fenecido convirtiéndose en poseedora precaria.

 

Expediente 433-98

 

Sala Nº 1

Resolución Nº 5

 

Lima, quince de mayo de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; y por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, la accionante se reservó el derecho de propiedad del inmueble sub-materia hasta la total cancelación del saldo de precio, conforme se verifica de la cláusula novena del contrato de compraventa del referido predio, que en copia legalizada corre de fojas cinco a catorce de autos; Segundo: Que, con la carta notarial de fojas dieciséis y las quince cambiales debidamente protestadas que en original corren de fojas diecisiete a treintiuno, se acredita que la demandada, encontrándose incursa en la causal prevista en la undécima cláusula del citado contrato, fue comunicada de la resolución del mismo, la que operó de pleno derecho, conforme fue pactado en la referida cláusula contractual; Tercero.- Que, el propio apelante en su escrito de fojas doscientos treintidós a doscientos treintitrés ha reconocido expresamente que su incumplimiento ha dado lugar a la resolución de pleno derecho del contrato celebrado con la demandante; Cuarto.- Que, habiendo quedado sin efecto el aludido contrato de compraventa, como consecuencia de la resolución contractual glosada, el título que tenía la demandada para poseer legítimamente el predio materia del desalojo, feneció, convirtiéndose en poseedora precaria, conforme lo prevé el artículo novecientos once del Código Civil; Quinto.- Que, estando a lo expuesto, no resulta atendible los fundamentos de la demandada expuestos en escrito de apelación antes citado, respecto a la vía procedimental, que según ella debió seguirse, toda vez que, la restitución del predio ocupado por un poseedor precario puede lograrse en la vía especial de desalojo, que según el artículo quinientos ochenticinco del Código Procesal Civil, se tramita como proceso sumarísimo; CONFIRMARON la sentencia expedida en audiencia de fecha catorce de enero de mil novecientos noventiocho, cuya acta corre de fojas ciento noventitrés a ciento noventiséis de autos, que declara fundada la demanda de fojas cuarenticuatro a cincuenticuatro y ordena que la empresa Julio César Palma Ferreti Agentes Afianzados de Aduana Sociedad Anónima desocupe el local comercial número ciento diez, sector B, Primera Etapa del Centro Aéreo Comercial, ubicado en la intersección de las Avenidas Elmer Faucett y Tomas Valle, del distrito del Cercado y Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima, restituyéndolo a favor de Vijverhof Constructora Inmobiliaria Sociedad Anónima, dentro del plazo de ley; con costas y costos; hágase saber y devuélvase; en los seguidos por Vijverhof Constructora Inmobiliaria Sociedad Anónima con Julio César Palma Ferreti Agentes Afianzados de Aduana Sociedad Anónima sobre desalojo.

 

SS. ARANDA RODRIGUEZ / ENCINAS LLANOS / LAMA MORE

 

 

Ocupante precario

 

Debe desestimarse la demanda si el emplazado ha accedido a la posesión del predio en calidad de socio de la asociación demandante y no ha perdido dicha condición para que pueda producirse de pleno derecho la pérdida de su título posesorio.

 

Expediente 739-98

 

Sala Nº 2

 

Lima, tres de agosto de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; yCONSIDERANDO:Primero.- Que con la resolución número ciento veintitrés -noventisiete -MML-DMDU, del dieciséis de julio de mil novecientos noventisiete, de fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta, plano respectivo de fojas trescientos treintiuno, la ficha número un millón setecientos cinco mil ciento cuarenticuatro expedida por el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, de fojas ciento noventidós, repetido a fojas trescientos veintiséis, la actora ha acreditado tener inscrito a su nombre el predio que ocupan los demandados, el mismo que es parte de un área mayor y que se ubica en el lote catorce de la manzana D de la Asociación de Vivienda "San Juan Masías"; Segundo: Que, sin embargo, del texto de la misiva notarial de fojas veintiocho, repetida a fojas trescientos noventiuno, que remitiera la actora al demandado Juan Palomino Silvera, se evidencia que éste ha accedido a la posesión del predio sub-materia en su calidad de socio de ella; Tercero.- Que no se encuentra acreditado en autos, con prueba idónea, que la pérdida de la condición de socio respecto de la asociación demandante produzca de pleno derecho también la pérdida de su título posesorio, lo que, en todo caso, corresponde ser verificado en otro proceso; de lo que se concluye que no se encuentra acreditado en autos, que los demandados tengan la condición de poseedores precarios: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha treintiuno de marzo de mil novecientos noventiocho, obrante de fojas trescientos noventiséis a fojas trescientos noventiocho, que declara infundada la demanda interpuesta por Asociación de Vivienda "San Juan Masías"; sin costas ni costos, hágase saber y devuélvase; en los seguidos por Asociación de Vivienda "San Juan Masías" con Sirena Pérez Callupe y otros sobre desalojo.

 

SS. ARANDA RODRIGUEZ / LAMA MORE / AMPUDIA HERRERA

 

 

Ocupante precario

 

No obstante que la demandada ha acreditado haber mantenido vínculo contractual con la arrendataria en relación al inmueble que ocupa; también es que tal relación no genera vínculos con el actual propietario, a quien no abona renta alguna por concepto de alquileres, ni menos acredita la existencia de título o contrato que los involucre, pese a conocer su calidad de propietario del predio.

 

Expediente N-939-97

 

Sala Nº 1

 

Lima, veintisiete de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Hidalgo Morán; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, únicamente corresponde pronunciarse respecto de la posición de doña Santos María Ubillus Moncada; Segundo: Que, si bien dicha demandada ha acreditado haber mantenido vínculo contractual de arrendataria en relación al inmueble que ocupa; también lo es que, tal relación no genera vínculos con el actual propietario, a quien no abona renta alguna por concepto de alquileres, ni menos acredita la existencia de título o contrato que los involucre, pese a conocer cabalmente la calidad de propietario de la misma, tal como fluye del instrumento de fojas doce; Tercero.- Que, el inciso dos del artículo mil setecientos ocho del Código Civil contiene una FACULTAD del propietario adquiriente del bien arrendado, consistente en posibilidad de dar por concluido el arrendamiento si éste no ha sido inscrito; que en tal virtud, no puede exigirse la realización de actos formales encaminados al ejercicio real y material de tal facultad por parte del propietario, tanto más cuando dicho numeral señala en su último párrafo que de manera excepcional, el nuevo adquiriente está obligado a respetar el arrendamiento si asumió dicha obligación; Cuarto.- Que, en todo caso, la instrumental ya glosada de fojas doce constituye el aviso extrajudicial de conclusión de arrendamiento con la cual cumple con dar por concluido el vínculo preexistente entre la demandada y el anterior propietario; Quinto.- Que, a mayor abundamiento, el presente proceso tiene como fin el desalojo del bien; que la exigencia en el sentido que dada la anterior relación de la parte, la precariedad no está probada y por ende debe demandarse por otra causal; no variaría el proceso a seguirse dado que el nuevo proceso estaría sometido a reglas similares a las actuadas, en que las partes están facultadas a ejercer a plenitud sus derechos procesales, que en tal virtud, en todo caso el juzgado debe hacer uso de la facultad prevista en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil; Sexto.- Que, finalmente es pertinente señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo mil trescientos sesentitrés del Código Civil los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan; por tales razones: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento noventicuatro, su fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda de fojas treintisiete a cuarenta, y ordena que los codemandados don Rómulo Bonifaz Carbajo, don José Ubillus Moncada, doña Luz María Ubilluz Moncada, don Felipe Oré Candiotte, doña Yolanda Figueroa Yssuqui, don Enrique Tello Rodríguez, doña Julia Zevallos Pacaya y doña Alicia Carrillo Valladolid, desocupen el inmueble sub litis en el plazo de seis días; hágase saber y devuélvase.- En los seguidos por Edmundo Flores Vásquez con Rómulo Bonifaz Carbajo y otros sobre desalojo.

 

SS. HIDALGO MORAN / LAMA MORE / MARTEL CHANG

 

EL VOTO DEL VOCAL DIRIMENTE, SEÑOR MARTEL CHANG ES COMO SIGUE: Por los fundamentos del voto de la señora Hidalgo Morán; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, el artículo mil setecientos ocho del Código Civil señala la conducta que puede adoptar quien adquiere un bien arrendado, y en él no se encuentra, salvo las excepciones que contiene, la obligación del adquiriente de continuar soportando los arrendamientos pactados por el ex propietario; en tal virtud la demanda incoada es atendible, porque el título que alega la recurrente no es oponible al nuevo propietario por no tener relación sustantiva alguna con él; en consecuencia frente a este último propietario, el título de la apelante ha fenecido; Segundo.- Que, en todo caso la recurrente puede hacer uso de lo previsto en el artículo mil setecientos nueve del Código Civil de considerarlo pertinente: MI VOTO es porque se confirme la sentencia apelada de fojas ciento noventicuatro, su fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventisiete.

 

EL VOTO DEL VOCAL DIRIMENTE, SEÑOR LAMA MORE ES COMO SIGUE:

 

Suscribo el voto del los señores Hidalgo Morán y Martel Chang por sus fundamentos y además por lo siguiente: Primero.- Que, habiendo el actor adquirido el predio sub-materia ocupado por inquilinos, no se encuentra éste obligado a respetar los contratos de arrendamientos que dichos ocupantes hayan celebrado con su anterior propietario, salvo que se encuentren inscritos en los Registros Públicos, conforme lo dispone el artículo mil setecientos ocho del Código Civil; Segundo: Que, en el presente caso, la parte demandante comunicó a la apelante doña María Ubilluz mediante carta de fojas doce que debía desocupar el predio que ocupa y que también es materia de este proceso; en consecuencia, carece de título válido para ocupar el referido bien, y se encuentra dentro de los alcances del artículo novecientos once del Código Procesal Civil.

 

EL VOTO EN DISCORDIA DE LAS SEÑORAS ARANDA RODRIGUEZ Y ENCINAS LLANOS ES COMO SIGUE:

 

Primero.- Que la pretensión contenida en la demanda de fojas treintisiete está dirigida a obtener la restitución del uso del predio ubicado en el Jirón Belisario Carrillo número ciento quince, departamentos del número uno al ocho: Urbanización Matute, Distrito de la Victoria, invocando el demandante que los demandados lo ocupan de modo precario, por lo que corresponde a este último acreditar que la posesión que ostenta se ampara en un título justificativo, en tanto que el demandante debe demostrar que le asiste el derecho a solicitar la devolución del bien; Segundo: Que conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas doscientos trece y subsanación de doscientos veintiséis únicamente ha formulado impugnación contra la sentencia dictada en autos la codemandada Santos María Ubillús Moncada, de modo que sólo es materia de grado la sentencia respecto a dicha emplazada; Tercero.- Que en el caso de autos doña Santos María Ubillús Moncada que es el nombre correcto de la referida codemandada conforme a la resolución de fojas ciento cincuenticinco; ha alegado estar en posesión del departamento materia de la pretensión demandada, en virtud de una relación contractual de arrendamiento originado con los anteriores propietarios del bien don Néstor López Castilla y esposa doña Adelcinda Luján Córdova, presentando al respecto los recibos de fojas cincuenticinco a cincuentisiete, los mismos que no han sido materia de observación alguna por la parte demandante; Cuarto.- Que existiendo un contrato de arrendamiento conforme se ha mencionado, dicho vínculo contractual continúa al permanecer sus ocupantes en el uso del bien por lo que la mencionada codemandada Santos María Ubillús Moncada no tiene la condición de precaria, sin perjuicio que el nuevo adquiriente pueda darlo por concluido conforme lo preceptúa el artículo 1708 del Código Civil, a través del ejercicio de la acción correspondiente; REVOCARON la sentencia apelada de fojas noventicuatro a ciento noventiséis, su fecha veinticuatro de febrero del presente año, en cuanto declara fundada la demanda que se dirige contra doña Santos María Ubillús Moncada, REFORMANDOLA en este extremo la declararon IMPROCEDENTE , y sin objeto pronunciarse respecto a los demás co-demandados; y los devolvieron; en los seguidos por Edmundo Flores Vásquez con Rómulo Bonifaz Carbajo y otros, sobre desalojo.

 

 

Ocupante precario

 

Para amparar la pretensión de interdicto de retener, debe acreditarse que el accionante se encuentra en posesión del bien y que existen actos perturbatorios que impiden el libre ejercicio de su derecho de posesión. El proceso interdictal no admite otra discusión que la posesión material del bien objeto de la acción. La sentencia que resuelve un interdicto, no tiene ningún efecto respecto del derecho de propiedad.

 

Expediente N-735-97

 

Sala Nº 1

 

Lima, veintitrés de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS ; interviniendo como Vocal Ponente la Señora Encinas Llanos; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Sociedad de Beneficencia Pública plantea demanda de Interdicto de Retener contra la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Central Limitada, a fin de que cesen los actos perturbatorios en su contra, consistentes en la demolición de muros y la realización de construcciones en terrenos de propiedad de la demandante: Segundo: Que, para amparar la pretensión de Interdicto de Retener, debe acreditarse que el accionante se encuentra en posesión del bien y que existen actos perturbatorios que impiden el libre ejercicio de su derecho de posesión; Tercero.- Que, el proceso interdictal no admite otra discusión que la posesión material del bien objeto de la acción, consecuentemente, la sentencia que resuelve un interdicto no tiene ningún efecto respecto del derecho de propiedad, para el que la ley expedita otro tipo de acciones; Cuarto.- Que, si bien con las partidas registrales de fojas treintinueve a cuarentisiete, se acredita que la sociedad accionante es propietaria del terreno denominado "La Cuchilla" ubicado en la esquina de las Avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, el requisito fundamental para la procedencia del interdicto, que es la posesión, no ha sido acreditado por la parte accionante; por lo que siendo así REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos cuarenticuatro a doscientos cuarentinueve, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda; REFORMANDOLA la declararon improcedente; dejándose a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer en la forma y modo correspondiente; y los devolvieron; en los seguidos por Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Central Limitada sobre Interdicto de Retener e Indemnización.

 

SS. ENCINAS LLANOS / LAMA MORE / MARTEL CHANG

 

 

Ocupante precario

 

Corresponde a los demandados acreditar que la posesión que ostentan se ampara en un título justificativo, en tanto que los demandantes deben demostrar que les asiste el derecho a solicitar la devolución del bien.

Encontrándose inscrito el derecho de propiedad del bien sub-litis a nombre de los demandantes, dicho acto jurídico se presume cierto y produce todos sus efectos en tanto no se rectifique o declare judicialmente su invalidez.

 

Expediente 916-98

 

Sala Nº 1

 

Lima, catorce de agosto de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la doctora Aranda Rodríguez, por sus fundamentos y CONSIDERANDO;Primero.- Que la pretensión contenida en la demanda de fojas veintiséis a treinta, subsanada a fojas treinticuatro, está dirigida a obtener la restitución del uso del predio ubicado con frente a la Avenida Paseo de la República, en el sector coincidente con la Calle Canta, cuadra once, (Calle Canta con numeración municipal números mil ciento trece, mil ciento quince, mil ciento setenticinco y mil ciento noventitrés; Calle Francia sin número, Primera cuadra y la Avenida Iquitos Cuadra once (Avenida Iquitos con numeración municipal mil ciento cuarentiséis, mil ciento cincuenta, mil ciento cincuentiséis, mil ciento cincuentiocho, mil ciento sesenta, mil ciento sesenticuatro, mil ciento setenticuatro, y mil ciento noventiocho), Distrito de La Victoria, invocando los demandantes que la demandada lo ocupa de modo precario, por lo que corresponde a esta última acreditar que la posesión que ostenta se ampara en un título justificativo, en tanto que los demandantes deben demostrar que le asiste el derecho a solicitar la devolución del bien; Segundo: Que en el caso sub-examen los demandantes acreditan su calidad de propietarios con el Testimonio de Escritura Pública de Adjudicación en Remate Público de fojas tres a diecinueve, destacándose además que dicha transferencia se encuentra inscrita en el asiento dieciséis de la ficha número un millón seiscientos setentidós mil quinientos catorce del Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima; Tercero.- Que la alegación de la parte demandada respecto a que el remate judicial ordenado en el proceso sobre pago de dólares tramitado por ante el Segundo Juzgado Transitorio es nulo, no ha sido probado en autos, señalándose que la resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima a que se contrae la copia a fojas cincuentinueve a sesenta no declaró la nulidad de dicho acto procesal, sino la nulidad de la resolución que desestimó el pedido formulado por los demandados quienes cuestionaban la validez del remate; Cuarto.- Que en todo caso tal carga probatoria corresponde ser ejercitada por los demandados, lo que no ha sucedido en el presente caso, consecuentemente encontrándose inscrito el derecho de propiedad del bien sub-litis a nombre de los demandantes, dicho acto jurídico se presume cierto y produce todos sus efectos en tanto no se declare judicialmente su invalidez, conforme lo dispone la norma contenida en el artículo 2013 del Código Civil, por estas razones; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento veintitrés a ciento veinticinco, su fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventiocho, que declara FUNDADA la demanda de fojas veintiséis a treinta, subsanada a fojas treinticuatro, y ordena que la entidad demandada desocupe el inmueble materia de la acción en el plazo de seis días: con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por Luis Armando Huayta Acuña, apoderado de Tobías Chi Way Otaegui y otra, con la Federación de Choferes del Perú, sobre desalojo.

 

SS. ARANDA RODRIGUEZ / LAMA MORE / AMPUDIA HERRERA

 

 

Ocupante precario: calidad

 

El que ocupa un bien con permiso del co-propietario como comodatario, arrendatario o por contrato de uso, sea verbal o escrito, u otro título con el cual posea para ese condómino, no resulta precario.

 

Expediente 1908-94

 

PRIMERA SALA

 

1995

 

EJECUTORIA Nº 24

 

Lima, dieciocho de Enero de mil novecientos noventicinco. VISTOS; interviniendo como ponente el señor Castillo La Rosa Sánchez; por sus fundamentos y CONSIDERANDO: Que el propio testimonio de venta de fojas cuatro recaudado con la demanda, demuestra que en el bien sub-litis tiene derecho de copropiedad en un veinticinco por ciento don Santos César Carlos Torres; que el condomino ha dado en posesión el bien a don Julio César Campos Castillo, que viene a ser su hijo, conforme a la partida cuyo certificado corre a fojas dieciocho, quien convive con la demandada Juana Lazón Bocota; Que el que ocupa un bien con facultad del copropietario del mismo, como comodatario, arrendatario o contrato de uso verbal o escrito u otro título con el cual posee para ese condomino, evidentemente que no es ocupante precario; Que a ese aserto nos conducen los apersonamientos de fojas cincuenticinco, cincuentiocho y sesenticinco de quienes aparecen como litio consortes voluntarios pasivos; del propio instrumento de compra no contradicho de fojas veintiuno; CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento treintiuno a ciento treintitrés, su fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventicuatro que declara infundada la demanda con lo demás que contiene y es materia del grado y los devolvieron.-

 

Señores: CASTILLO LA ROSA SANCHEZ / ALVAREZ GUILLEN / FERREYRA VlLDOZOLA.

 

 

Ocupante precario: guardián de edificio

 

Si el demandado recibió el inmueble para que lo ocupe en su calidad de guardián del edificio, ese derecho se extingue al dar por terminado el vínculo laboral, pues, el título que tenía el emplazado para ocupar el bien, ha fenecido.

 

Expediente 2-98

 

Sala Nº 1

 

Resolución Nº 3

 

Lima, cinco de marzo de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Palomino Thompson, con el libro de Actas número uno de la Junta de Propietarios del edificio Lexington que se tiene a la vista CONSIDERANDO:Primero.- Que en la declaratoria de fábrica obrante de fojas nueve a veinte, extendida el tres de julio de mil novecientos cincuentinueve, consta que el edificio construido para Comercial de Propiedades e Inversiones Sociedad Anónima tiene en el primer piso un departamento para el portero; Segundo: Que en la sesión del Directorio del veintitrés de marzo de mil novecientos cincuentinueve, la que corre insertada a la mencionada escritura pública, se acordó la venta de departamentos del edificio Lexington: Tercero.- Que la asociación denominada Junta de Propietarios del edificio Lexington se constituye por escritura pública del siete de diciembre de mil novecientos noventicinco, complementada por escritura pública del veintinueve de febrero de mil novecientos noventiséis, rectificada por escritura pública del catorce de mayo de mil novecientos noventiséis tal como consta de fojas veintiocho a treinticuatro: Cuarto.- Que de conformidad con el artículo trigésimo de los estatutos de la referida asociación, obrante en la escritura pública del catorce de mayo de mil novecientos noventiséis, ésta tiene como fin conservar y mantener los bienes de dominio común: Cinco.- Que tal como la misma demandada manifiesta en su carta notarial que en copia corre a fojas cuarentidós, tomó posesión del departamento al habérsele contratado como guardiana y encargada del servicio de limpieza del edificio, cargo que tuvo hasta el once de diciembre de mil novecientos noventicinco en que se contrató un nuevo guardián, por lo que habiéndosele entregado el departamento en relación al vínculo laboral, al terminar éste, se extingue su derecho, debiendo devolverlo; Sexto.- Que de conformidad con el artículo novecientos once del Código Civil, la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido: por tales consideraciones: REVOCARON la sentencia apelada, corriente a fojas noventidós y noventitrés, su fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventisiete, que declara improcedente la demanda interpuesta; REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma, en consecuencia se ordena que la demandada desocupe el inmueble ubicado en el jirón Apurímac número trescientos treintisiete, interior uno-C (Departamento del Portero) del Cercado de Lima, en el plazo establecido por ley; y los devolvieron, en los seguidos por la Junta de Propietarios del edificio Lexington con Leocadia Dionicia Cárdenas Collasco, sobre desalojo.

 

SS. PALOMINO THOMPSON / LAMA MORE / MARTEL CHANG

 

 

Ocupante precario: socio de asociación

 

Debe desestimarse la demanda si el emplazado ha accedido a la posesión del predio en calidad de socio de la asociación demandante y no ha perdido dicha condición para que pueda producirse de pleno derecho la pérdida de su título posesorio.

 

Expediente 739-98

 

Sala Nº 2

 

Lima, tres de agosto de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; yCONSIDERANDO:Primero.- Que con la resolución número ciento veintitrés-noventisiete -MML-DMDU, del dieciséis de julio de mil novecientos noventisiete, de fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta, plano respectivo de fojas trescientos treintiuno, la ficha número un millón setecientos cinco mil ciento cuarenticuatro expedida por el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, de fojas ciento noventidós, repetido a fojas trescientos veintiséis, la actora ha acreditado tener inscrito a su nombre el predio que ocupan los demandados, el mismo que es parte de un área mayor y que se ubica en el lote catorce de la manzana D de la Asociación de Vivienda "San Juan Masías"; Segundo: Que, sin embargo, del texto de la misiva notarial de fojas veintiocho, repetida a fojas trescientos noventiuno, que remitiera la actora al demandado Juan Palomino Silvera, se evidencia que éste ha accedido a la posesión del predio sub-materia en su calidad de socio de ella; Tercero.- Que no se encuentra acreditado en autos, con prueba idónea, que la pérdida de la condición de socio respecto de la asociación demandante produzca de pleno derecho también la pérdida de su título posesorio, lo que, en todo caso, corresponde ser verificado en otro proceso; de lo que se concluye que no se encuentra acreditado en autos, que los demandados tengan la condición de poseedores precarios: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha treintiuno de marzo de mil novecientos noventiocho, obrante de fojas trescientos noventiséis a fojas trescientos noventiocho, que declara infundada la demanda interpuesta por Asociación de Vivienda "San Juan Masías"; sin costas ni costos, hágase saber y devuélvase; en los seguidos por Asociación de Vivienda "San Juan Masías" con Sirena Pérez Callupe y otros sobre desalojo.

 

SS. ARANDA RODRIGUEZ / LAMA MORE / AMPUDIA HERRERA

 

Omisión de indicación de obligación adeudada en testimonio de constitución de hipoteca: exigibilidad de acreditación de obligación

 

«... La hipoteca es un derecho de carácter accesorio que sirve para garantizar una obligación, en tal sentido, en los casos que el testimonio de constitución de hipoteca no contenga la obligación adeudada, es requisito necesario que se acredite aquella (sic)...»

 

CASACION Nro.           :           1771 - 99 / HUAURA.

 

Lima, primero de setiembre de mil novecientos noventinueve.

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: 1°) Que, el Recurso de Casación cumple con los requisitos de forma para su admisibilidad establecidos por el Artículo trescientos ochentisiete del Código Procesal Civil; 2°) Que, tratándose de los requisitos de fondo, el impugnante denuncia: a) la inaplicación de las normas de derecho material contenidas en los Artículos ciento noventiocho, ciento noventinueve, mil noventisiete y mil ciento ocho del Código Civil; b) la contravención al derecho a un debido proceso; en cuanto a la primera, manifiesta que para exigir la ejecución de la garantía hipotecaria basta solamente con adjuntar el testimonio de constitución de la garantía y el saldo deudor, no siendo necesario documento alguno que acredite la existencia de la obligación; respecto a la segunda, la Sala al absolver la apelada no ha invocado ninguna norma de derecho material; 3°) Que, las normas contenidas en los Artículos ciento noventiocho y ciento noventinueve del Código Civil, están comprendidas dentro del capítulo fraude del acto jurídico, en tal sentido, resulta impertinente su aplicación en un proceso de ejecución de garantía; 4°) Que, en cuanto a los Artículos mil noventisiete y mil ciento ocho del Código Civil, la hipoteca es un derecho de carácter accesorio que sirve para garantizar una obligación, en tal sentido, en los casos que el testimonio de constitución de hipoteca no contenga la obligación adeudada, es requisito necesario que se acredite aquella; pese ello, el ejecutante no ha cumplido con dicho extremo, no siendo posible en casación la revaluación de pruebas a fin de acreditar estos hechos, dada la naturaleza extraordinaria del recurso; 5°) Que, en lo referente a la contravención al debido proceso no es suficiente invocarla, pues debe establecerse claramente el agravio causado, en qué ha afectado al recurrente y cuál es el nexo de causalidad entre la denuncia y la sentencia; en consecuencia, ésta adolece de claridad y precisión; 6°) Que, por las consideraciones expuestas, y en aplicación de lo establecido en el Artículo trescientos noventidós del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto el Banco de la Nación a fojas sesenticinco; en los seguidos con Vicente Carrascal Ayala sobre ejecución de garantías; CONDENARON a la recurrente al pago de una multa de tres Unidades de Referencia Procesal originados en la tramitación del recurso; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; bajo responsabilidad; y los devolvieron.

SS. IBERICO; RONCALLA; OVIEDO de A.; CELIS; ALVA

 

 

Pacto comisorio: origen y prohibición

 

El pacto comisorio, "lex comissoria",  de origen romano clásico, es aquel por el cual las partes convienen que el acreedor no pagado se haga propietario de la cosa dada en prenda o hipoteca y, fue prohibido  por Constantino debido al peligro que representaba para el deudor, quien forzado por la necesidad podía entregar en garantía un bien muy superior al monto de la deuda... desde entonces las legislaciones de los países de la tradición del Derecho romano germánico canónico han repudiado el pacto comisorio determinando su naturaleza ilícita.

 

Casación 1492-98

 

LIMA

 

Lima, nueve de abril de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, Vista la Causa número mil cuatrocientos noventidós - noventiocho, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Doña María Consuelo Vásquez Vásquez recurre en Casación de la sentencia de vista de fojas seiscientos ochenticinco, expedida por la Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima el trece de abril de mil novecientos noventiocho, que confirma la sentencia apelada de fojas seiscientos nueve - A, de fecha primero de julio de mil novecientos noventisiete, que declara infundadas las observaciones formuladas contra los dictámenes periciales de fojas doscientos treinta a doscientos cincuentisiete y de fojas cuatrocientos a cuatrocientos nueve, e infundada su demanda de nulidad de acto jurídico de las minutas de compraventa de la tienda signada con el número ciento cinco tipo C del primer piso del edificio J - cero cuatro, de la urbanización Los Próceres, Surco, y de la tienda ciento cuatro del mismo edificio, así como del documento privado de compromiso extracontractual, todas de fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventitrés, bajo la afirmación de que fueron suscritos en blanco.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por resolución de esta Sala Suprema de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventiocho se ha declarado la procedencia del recurso por las causales de: a) inaplicación de lo dispuesto en los Artículos mil ciento once y doscientos diecinueve inciso sétimo del Código Civil, por considerar la recurrente que las minutas de compraventa respecto de las tiendas de litis contienen un pacto comisorio cuya nulidad debió ser declarada; y, b) la inaplicación del Artículo doscientos diecinueve inciso cuarto del Código Civil, por considerar también que al encerrar la operación de venta de las tiendas un pacto comisorio, ese acto tiene una finalidad ilícita.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que el pacto comisorio encuentra su origen en el derecho romano clásico y se denominaba "lex commissoria" al pacto por el cual las partes convenían en que el acreedor no pagado se haría propietario de la cosa dada en prenda o hipoteca y fue prohibido por Constantino, por el peligro que representaba para el deudor, quien forzado por la necesidad podía entregar en garantía un bien muy superior al monto de la deuda (Petit, Derecho Romano, Madrid mil novecientos noventiséis, números doscientos cuarentiséis y trescientos setenta).

 

Segundo.- Desde entonces todas las legislaciones de los países de la tradición del Derecho Romano Germano Canónico han repudiado el pacto comisorio determinando su naturaleza ilícita, como lo declara el Artículo mil ciento once del Código Civil vigente, que es aquel por el cual, cuando no se cumple con la obligación el acreedor adquiere la propiedad del bien por el valor de la hipoteca.

 

Tercero.- Como la demanda no se sustenta en esa causal, la que se ha esgrimido recién en la segunda instancia, a fojas seiscientos sesentitrés se pide su aplicación, por la concordancia con lo dispuesto en el Artículo doscientos diecinueve incisos sétimo y cuarto del Código Sustantivo, lo que requiere que previamente se haya constatado como cuestión de hecho, lo que no aparece del proceso.

 

Cuarto.- En efecto, la sentencia apelada, en su motivo cuarto, establece como cuestión fáctica que hubo una relación jurídica obligacional distinta, derivada de un mutuo hipotecario; y la sentencia de vista, en su motivo sexto, señala que, "en el crédito de doce mil cien dólares americanos el bien otorgado en garantía fue distinto, lo que hace inaplicable el Artículo mil ciento once del Código Civil"; Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas setecientos uno contra la resolución de vista de fojas seiscientos ochenticinco, su fecha trece de abril de mil novecientos noventiocho; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del presente recurso, así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por María Consuelo Vásquez Vásquez con José Yván Mendieta Landeo, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ORTIZ B.; SÁNCHEZ PALACIOS P.; ECHEVARRÍA A.; CASTILLO LA ROSA S.

 

 

Partes integrantes y accesorios

 

No habiéndose cumplido con los términos del contrato, es amparable la pretensión principal de resolución de contrato así como las pretensiones accesorias de indemnización e ineficacia de letras giradas.

 

Expediente 1286-98

 

Sala Nº 3

 

Lima, veinte de julio de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como ponente el señor Carrión Lugo; y CONSIDERANDO: que conforme al artículo mil trescientos setentiuno del Código Civil la resolución contractual deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración; que, en el presente caso, la parte actora demanda la resolución del contrato que corre a fojas dos alegando, entre otros, que la entidad demanda al haberle cursado la carta de fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventiséis, que obra a fojas treinticuatro, le ha expresado en el fondo su decisión de no cumplir con el contrato de compraventa, cuando en ella la emplazada le dice que el pasado miércoles veinticinco de setiembre de la Caja de Pensiones Militar Policial se había adjudicado la propiedad sobre la que está construido el complejo de Tiempo Compartido Serranova en remate judicial efectuado en esa fecha y que el cinco de noviembre del mismo año había tomado posesión del inmueble; que, en efecto, lo expresado por la empresa demandada en dicha carta constituye una manifestación de voluntad clara de no cumplir con las pretensiones contenidas en el contrato de fojas dos, hecho que amerita la declaración de la resolución del contrato, siendo de observancia además lo pactado por las partes en la cláusula sétima del contrato; que la demandada no ha contradicho los términos de la demanda ni ha aportado al proceso pruebas que desvirtúen las afirmaciones contenidas en la demanda, siendo incluso de aplicación al presente caso el sucedáneo a que se refiere la presunción contenida en el numeral cuatrocientos sesentiuno, primer párrafo del Código Procesal Civil, que establece que la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda; que es menester precisar que el demandante apoya su demanda en la afirmación que hace sobre la posición asumida por la demandada de no cumplir con los términos del contrato y no en que el accionante haya sido sorprendido con algún gravamen al celebrar el contrato de compraventa; que, como consecuencia del razonamiento anterior, amparándose la pretensión principal las accesorias deben igualmente ampararse; por tales razones: REVOCARON la sentencia de fojas noventicinco, su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventisiete, que declara: infundada la demanda en todos sus extremos; reformándola, DECLARARON fundada dicha demanda y, en consecuencia, declararon resuelto el contrato de compraventa de fojas dos; dispusieron que la demandada restituye al actor la suma de seis mil cuatrocientos setentinueve dólares con diez centavos entregrado como precio, pague al actor como monto de la indemnización reclamada la suma de tres mil nuevos soles; declararon asimismo la ineficacia de las letras giradas por la demandada como consecuencia de la celebración del mencionado contrato; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por Luis Carlos Antonio Zevallos Paredes con Empresa Turística de la Costa del Pacífico Sociedad Anónima sobre rescisión de contrato.

 

SS. CARRION LUGO / FERREYROS PAREDES / ALVAREZ GUILLEN

 

 

Partición: falta de acuerdo

 

Por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tienen sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se les adjudican.

Si los copropietarios no se encuentran de acuerdo respecto a la división material del inmueble, corresponde para el efecto la ejecución forzada, nombrándose peritos tasadores para tal fin.

 

Expediente 543-97

 

Lima, cinco de setiembre de mil novecientos noventisiete

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la señora Encinas Llanos; y ATENDIENDO además; Primero.- A que, conforme lo establece el artículo 983 del Código Civil, por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tienen sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se le adjudican; Segundo.- A que evidentemente los copropietarios no se encuentran de acuerdo respecto de la división material del inmueble sublitis, correspondiendo para el efecto la ejecución forzada; que en todo caso se deja a salvo su derecho para que lo hagan valer conforme lo dispone el artículo 989 del Código sustantivo; CONFIRMARON el auto apelado que en copia certificada obra a fojas ciento cuatro, su fecha veintitrés de diciembre del año próximo pasado que dispone se proceda a la ejecución forzada nombrándose a los peritos que se precisan para que procedan a la tasación del inmueble submateria, con lo demás que contiene y es materia de apelación; DISPUSIERON que la presente resolución se ponga en conocimiento del a-quo, se notifique a las partes y se archive oportunamente, en los seguidos por José Mori Esquives con Oscar Mori Esquives sobre división y partición (cuaderno de apelación sin efecto suspensivo).

 

S.S.

HIDALGO MORAN

ENCINAS LLANOS

CASTILLO VASQUEZ

 

Posesión precaria: extensión del concepto

 

« ... El concepto de posesión precaria que establece el Artículo novecientos once del Código Civil, comprendiendo en ella al que ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, no se extiende a la posesión inmediata a título de arrendatario; (...) la posesión precaria por fenecimiento del título debe entenderse, entre otros, a los poseedores temporales con título, en los casos del usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético...»

 

CASACION Nro.           :           1022 - 95  /  AYACUCHO.

 

Lima, veinticinco de octubre de mil novecientos noventiséis.

 

La Sala de Casación de la Corte Suprema, en la causa vista en audiencia pública el dieciocho de octubre del año en curso, emite la siguiente sentencia, con los acompañados; con lo expuesto por el señor Fiscal;

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Carmen Romaní Vega, contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas sesentisiete de treintiuno de octubre de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas cincuentiuno, declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria y ordena que la demandada restituya el inmueble sublitis dentro del plazo de seis días de consentida y/o ejecutoriada la apelada.

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO:

 

La casación se funda en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en la interpretación errónea de los Artículos novecientos once, novecientos veintitrés y mil seiscientos ochentiocho del Código Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que concedido el Recurso de Casación a fojas setentitrés, fue declarado procedente por resolución de veinticinco de abril de mil novecientos noventiséis por la causal invocada;

 

Segundo.- Que las sentencias inferiores se fundan que siendo el bien arrendado de propiedad del Estado y durando la locación-conducción más de seis años, el contrato ha quedado resuelto de pleno derecho por imperativo de lo contemplado en el penúltimo y último párrafo del Artículo mil seiscientos ochentiocho del Código Civil, por lo que resultan de aplicación los Artículos novecientos once y novecientos veintitrés del acotado, teniendo la demandada la condición de ocupante precaria;

 

Tercero.- Que el concepto de posesión precaria que establece el Artículo novecientos once del Código Civil, comprendiendo en ella al que ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, no se extiende a la posesión inmediata a título de arrendatario;

 

Cuarto.- Que la posesión precaria por fenecimiento del título debe entenderse, entre otros, a los poseedores temporales con título, en los casos del usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético;

 

Quinto.- Que el hecho de que el inmueble sea del Estado y el arrendamiento dure más de seis años y que el Artículo mil seiscientos ochentiocho del Código Civil en su parte final determine que todo plazo o prórroga que exceda de dicho término se entiende reducido a dicho plazo, significa que el plazo del arrendamiento ha concluido, pero no convierte al conductor en ocupante precario;

 

Sexto.- Que el Artículo mil setecientos del Código Civil dispone que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento;

 

Sétimo.- Que, en consecuencia, habiendo concluido el plazo del arrendamiento y habiendo permanecido el arrendatario en el bien, ha continuado la locación-conducción bajo sus mismas estipulaciones, por lo que el arrendatario no puede tener la condición de ocupante precario;

 

Octavo.- Que esto determina que la vía de desalojo por ocupación precaria, no es la adecuada para solicitar la desocupación de un inmueble, por conclusión o vencimiento del plazo del arrendamiento;

 

Noveno.- Que por ello ha existido una interpretación errónea de los Artículos novecientos once, novecientos veintitrés y mil seiscientos ochentiocho del Código Civil, porque no tiene la condición de ocupante precario, el arrendamiento que continúa en el bien arrendado después de concluido o vencido el plazo del arrendamiento, y que la interpretación correcta de dicha norma es la expresada en los considerandos precedentes, por lo que resulta de aplicación el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo;

 

Décimo.- Por las razones expuestas y de conformidad con el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, la Sala Civil de la Corte Suprema;

 

FALLA:

 

Declarando FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Carmen Romaní Vega, de fojas setenta y en consecuencia, CASA la sentencia pronunciada por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas sesentisiete, de treintiuno de octubre de mil novecientos noventicinco y actuando en sede de instancia revoca la sentencia apelada de fojas cincuentiuno de veintinueve de setiembre de mil novecientos noventicinco, que declaró fundada la demanda de fojas nueve, para en su lugar declarar improcedente dicha demanda; ORDENARON: la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad, en los seguidos por el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, sobre desalojo por ocupación precaria.

 

SS. RONCALLA; ROMAN; REYES; VASQUEZ; ECHEVARRIA

 

Posesión: presunsiones

 

El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él.

 

Expediente 143-97

 

Sala Nº 4

 

Lima, veinte de octubre de mil novecientos noventisiete.

 

AUTOS Y VISTOS , interviniendo como vocal ponente el señor Martel Chang; Por sus fundamentos y ATENDIENDO ADEMAS A; Primero.- Que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él, y que el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario, según lo informa los artículos novecientos doce y novecientos trece del Código Civil; Segundo.- Que la recurrente indica en su escrito de desafectación de fojas treinticinco - treintiocho que el local donde se realizó el secuestro conservativo es compartido con la ejecutada; Por tanto, las presunciones antes anotadas pueden ser invocadas indistintamente por la apelante y la ejecutada, puesto que ambas son posesionarias del inmueble donde se ejecutó la medida cautelar; Tercero.- Que aún más, tampoco favorece a la apelante el hecho de que las facturas recaudadas a su escrito de apelación no prestan convicción, al ser documentos privados que carecen de fecha cierta; Cuarto.- Finalmente, si las especies embargadas no coinciden con los bienes que se especifican en las facturas, como se señala en la recurrida, no pueden ser desafectadas por el mérito de ellas; CONFIRMARON la resolución número dos, de fojas treintinueve - cuarenta, su fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventisiete, que ordena la desafectación sólo del teclado ACER - Serie número K - setenticinco sesentitrés veintisiete diecisiete sesentidós, el Monitor DM145V marca Beltron, e Improcedente respecto de los demás bienes muebles, debiendo hacer uso de su derecho con arreglo al artículo quinientos treintitrés del Código Procesal Civil; y que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en la segunda parte del artículo trescientos ochentitrés del Código Adjetivo.

 

SS.

MANSILLA NOVELLA

LAMA MORE

MARTEL CHANG

 

 

Posesión ilegítima vs. posesión precaria: precisan la diferencia fundamental entre ambas (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia se publicó en el Tomo Nº 19 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

El artículo 911 del Código Civil establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, resultando evidente que el legislador ha hecho una diferenciación entre posesión ilegítima y posesión precaria, ya que en la primera existe un título pero que adolece de un defecto formal o de fondo, y en la segunda no existe título alguno, por lo tanto la posesión ilegítima no puede equipararse con la posesión precaria.

 

Casación 1437-99-Lima

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

 

Demandante     :           María Violeta Carrasco Saavedra

Demandado     :           Ricardo Loreto Marquina Alvarado y otra.

Asunto :           Desalojo por ocupación precaria

Fecha   :           16 de noviembre de 1999 (Publicada el 26 de diciembre de 1999)

 

CAS. N° 1437-99

LIMA

 

Lima, dieciséis de noviembre de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA en la Causa vista en audiencia pública de fecha quince de noviembre del presente año, emite la siguiente sentencia:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Ricardo Loreto Marquina Alvarado contra la sentencia de fojas ciento doce, su fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventinueve, que revocando la sentencia apelada dictada en audiencia única del cuatro de marzo del mismo año, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene.

 

2.         FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Sala mediante resolución de fecha quince de julio de mil novecientos noventinueve ha estimado el recurso por la causal de interpretación errónea del artículo novecientos once del Código Civil,(1) al considerar el Colegiado que los documentos presentados por el recurrente no producen convicción ni califican el título que le faculte a estar en posesión de los inmuebles sublitis, por cuanto la ley sólo obliga al demandado a presentar un título no fenecido, siendo en todo caso de cargo de la actora demostrar que el título presentado por el recurrente haya fenecido, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

 

3.         CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, tal como lo señala el artículo ochocientos noventiséis del Código Civil, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, los cuales se hallan enumerados en el artículo novecientos veintitrés del acotado,(2) por lo tanto "Quien ejerza fácticamente uno o más de estos poderes, es poseedor, con prescindencia de si tiene o no animus domini" (AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Derechos Reales, Materiales de enseñanza, segunda edición, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima mil novecientos noventa, página ciento veintiocho); debiendo recalcarse que el ejercicio de dichos poderes debe ser un ejercicio fáctico.

 

Segundo.- Que, una de las clasificaciones de la institución de la posesión considera a ésta como legítima o ilegítima, siendo la primera "la que se conforma con el derecho mientras que la ilegítima es la contraria con el derecho" (AVENDAÑO VALDEZ Jorge. La posesión ilegítima o precaria, en Themis. Revista de Derecho segunda época, número cuatro Lima, mil novecientos ochentiséis. Página cincuentinueve); siendo la posesión de buena fe y la posesión de mala fe una subclasificación de la posesión ilegítima. 

 

Tercero.- Que, el artículo novecientos seis del Código Civil, establece la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error del hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título, de donde se podría pensar que la ilegitimidad en la posesión sólo estaría dada por al existencia de un título viciado, es decir que adolece de una causal de nulidad o de anulabilidad sin embargo la ilegitimidad en la posesión también se presenta cuando ésta se basa en un título en el que el transfiriente carece de legitimidad para ello, es decir, en este caso el defecto es de fondo, lo que "nos conduce a admitir como causal de ilegitimidad de la posesión no sólo el vicio formal que pudiese invadir el título del adquiriente, sino también su falta de derecho a la posesión" (AVENDAÑO VALDEZ; Jorge. La posesión ilegítima o precaria en la Revista citada, página sesenta); sin embargo, ambos supuestos parten de la existencia de un título, que por presentar defectos de forma o de fondo convierten a la posesión en ilegítima; debiendo entenderse como título al acto jurídico en virtud del cual se invoca una determinada calidad jurídica, es decir hace referencia a la relación jurídica existente.

 

Cuarto.- Que, el artículo novecientos once del Código Civil establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, y en atención a lo expuesto en el considerando precedente, resulta evidente que el legislador ha hecho una diferenciación entre posesión ilegítima y posesión precaria, ya que en la primera existe un título pero que adolece de un defecto formal o de fondo, y en la segunda no existe título alguno por lo tanto la posesión ilegítima no puede equipararse con la posesión precaria.(3)

 

Quinto.- Que, en los procesos de desalojo por ocupación precaria, atendiendo a la definición establecida por el artículo novecientos del Código Civil,(4) el accionante debe acreditar el derecho de propiedad que ejerce sobre el bien materia de litis o cuando menos tener derecho a la restitución del bien, y por su parte, el emplazado debe probar tener título vigente que justifique la posesión que ejerce sobre el mismo predio, no siendo objeto de este proceso dilucidar la validez o no de dicho título.

 

Sexto.- Que, en el caso de autos, el recurrente alega poseer los bienes materia de autos por ser propietarios de los mismos en virtud del contrato de compra venta de fojas cuarentidós del contrato de asociación en participación(5) de fojas treintiocho y de las letras de cambio obrante de fojas cuarenticuatro a fojas cuarentiocho, es decir que el emplazado ha presentado el título con el que justifica su posesión.

 

Sétimo.- Que, el Colegiado ha señalado que dichos documentos no enervan el mérito del título de la accionante porque no producen convicción ni califican de título que faculte a los emplazados a estar en posesión de los inmuebles materia de litis; es decir, la Sala de Revisión se ha pronunciado respecto a la validez o eficiencia del citado instrumento, señalando que éste no puede oponerse al de la accionante, es decir ha resuelto un conflicto sobre la propiedad de los bienes materia de autos, lo que no es objeto del presente proceso, además, si le ha restado valor legal al título del recurrente en todo caso sólo pudo afirmar que su posesión era ilegítima, mas no precaria, tal como se ha explicado en los considerandos precedentes.

 

Octavo.- Que, de lo expuesto se concluye que ha existido una interpretación errónea de la norma contenida en el artículo novecientos once, por cuanto no puede existir ocupación precaria cuando la parte demandada ostenta un título vigente que justifica su posesión, no siendo objeto de discusión la validez o no de dicho instrumento a través del presente proceso, ya que lo único que configura la posesión precaria es que la parte demandada carezca de título o que el que tenía ha fenecido, no que no tenga título.

 

4.         SENTENCIA:

 

Que, estando a las conclusiones arribadas y en aplicación de lo dispuesto por el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Ricardo Loreto Marquina Alvarado; y en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas ciento doce, su fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventinueve, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada expedida en la audiencia única del cuatro de marzo de mil novecientos noventinueve, que declara improcedente la demanda sobre desalojo por ocupación precaria, en los seguidos por doña María Violeta Carrasco Saavedra con don Ricardo Loreto Marquina Alvarado y otra; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO DE A.; CELÍS; ALVA

 

 

Posesión: interdicto de recobrar (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia  se publicó en el Tomo N° 2 de Dialogo con la Jurisprudencia

 

Un problema que siempre ha sido puesto en tela de juicio es el relativo a la falta o deficiencia en la motivación de las resoluciones judiciales. La presente casación resulta una excepcción a tal problema, pues su virtud radica en estar adecuadamente sustentada, con el rigor y el nivel dignos de una sentencia; a tal punto que se equipara a una sentencia extranjera. Para efectos del pronunciamiento, la Corte Suprema analiza el instituto jurídico de la posesión, sus elementos y caracteres, recurriendo a la doctrina nacional y extranjera y al Derecho Comparado.

 

 

 

Casación 166-94 - LIMA

 

Lima, diecinueve de abril de mil novecientos noventicinco.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la presente causa vista en audiencia el cinco de abril de mil novecientos noventicinco, emite la siguiente sentencia:

 

1.- ANTECEDENTES DEL RECURSO.

 

1. La relación jurídica procesal.- Se instaura ante la demanda de Interdicto de Recobrar interpuesta por Servicios Comerciales y Mercadeo Sociedad Anónima, SERMER, contra la Asociación Pro-Vivienda Los Suspiros, en la vía sumarísima.

 

2. La pretensión.- El petitorio de la demandante es la restitución en el uso del bien a que se obligó la emplazada mediante el acto jurídico bilateral denominado «contrato de presencia y compra exclusiva de bebidas gaseosas», celebrado con fecha primero de abril de mil novecientos noventa, en cuya cláusula tercera se le concedió, para fines publicitarios, el arrendamiento del tanque de agua de la asociación hasta el treinta de abril de mil novecientos noventicuatro. Agrega que, sin haber vencido dicho plazo, ha sido despojado del bien por la entidad emplazada, quien actúa así para favorecer a la empresa competidora Crediservicios Sociedad Anónima, al desear ésta publicitar sus productos en el mismo lugar.

 

3. La defensa.- La entidad demandada contradice solo sustancialmente (pues no opone defensa formal alguna) la pretensión sosteniendo que la relación contractual que vincula a las partes no es de arrendamiento del tanque de agua. Agrega que, a título de liberalidad, se autorizó a Sermer Sociedad Anónima la instalación de paneles publicitarios en dicho tanque sin que abone suma alguna por dicho concepto.

 

Admite que ha celebrado contrato con Crediservicios Sociedad Anónima y que por ello, remitió cartas notariales a la demandante para que retire los paneles, por lo que al no haberlo hecho, le retiró la autorización de uso concedida. Sostiene que al haberse revocado la autorización, la demandante había perdido legitimidad y carecía de derecho alguno para poseer, siendo la empresa Crediservicios S.A. la legitimada para poseer el tanque de agua.

 

4. La Sentencia de Primera Instancia.- Sin que existan incidencias notables en el proceso, el Juez Hermoza Astete, a cargo del 17 Juzgado Civil de Lima, dicta sentencia. La resolución es sustentada, literal y fundamentalmente, en que: (1) es necesario un acto previo de hermeneútica contractual persecutoria recogiendo para ello el análisis de la voluntad y de la declaración contenidas en el contrato, concluyendo que es un contrato con prestaciones recíprocas; la condición tercera del contrato no es compulsiva ni coercitiva; por consiguiente, no siendo obligatoria, su incumplimiento no es causal de rescisión del contrato;(2) la desposesión de la que ha sido objeto SERMER no puede ser reclamada jurisdiccionalmente porque la demanda no estaba obligada a respetar la cláusula tercera del contrato;(3) el amparo de la demanda resultaría impracticable por no encontrarse la demanda en uso directo de la cosa. En base a ello, el Juez declara INFUNDADA la demanda, sin costas.

 

5. La Apelación.- La parte demandante interpone recurso de apelación, alegando literal y fundamentalmente, que la sentencia es contradictoria; que se ampara en un silogismo contradictorio, pues pese a que el Juez reconoce en el considerando 10 de la sentencia que ha existido despojo, termina declarando que no es posible reclamar jurisdiccionalmente la reposición; y que, es ilegal, pues el Juez puede entrar a considerar si la actora tiene o no derecho a la posesión, debiendo limitarse a constatar si estuvo en uso del bien y si fue despojado de él.

 

6. La Sentencia de Segunda Instancia.- La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, integrada por los Doctores: Martínez Maraví, Canelo Ramírez y Peñaranda Portugal, con la ponencia del Doctor Peñaranda, hace suyos los fundamentos de la recurrida y considera además que:(1) la autorización de uso del tanque de agua para fines publicitarios constituye un derecho personal que no implica posesión y por consiguiente, no existe posesión previa;(2) las acciones posesorias están reservadas a los derechos reales. En base a ello, CONFIRMAN la sentencia apelada, declarando que debe entenderse que es IMPROCEDENTE.

 

7. Recurso de Casación.- En Audiencia de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventicuatro, esta Sala declaró la procedencia del recurso, por reunir los requisitos previstos en el artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil(1).

 

 

II.  ANALISIS DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECURSO DE CASACION

 

1. PRIMER CARGO: Sostiene el impugnante que el sistema jurídico peruano admite la posesión sin importar el título con que se ejerce dicho poder económico sobre el bien. Como consecuencia de ello, la ley distingue entre la posesión inmediata y la mediata, para, finalmente, conceder protección posesoria interdictal a todo poseedor, sin distinguir la clase de posesión que ejerza, todo lo cual es negado por tales sentencias. Reseña que los artículos ochocientos noventiseis, novecientos cinco y novecientos veintiuno del Código Civil vigente(2) repiten casi textualmente los artículos ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco y ochocientos treintiuno del Código  abrogado(3) de mil novecientos treintiseis, tal como así los reconoce la Doctora Lucrecia Maisch Von Humboldt (Exposición de motivos y comentarios del Libro de Derecho Reales del Código Civil, Tomo Quinto, páginas ciento sesentiuno, ciento sesentiseis, y ciento setentidos). Incluye en la fundamentación del Recurso de Casación, que la Exposición de Motivos de dichos artículos, que aparecen publicados en la obra «Código Civil» de Fernando Guzmán Ferrer, tomo segundo, páginas ochocientos sesenticuatro y ss. expresan lo siguiente:

 

a) «... la doctrina del artículo ochocientos veinticuatro, que es la del Código del Brasil, se inspira en la doctrina de Ihering, que destacó el concepto del corpus abandonando el ánimus de la doctrina de Savigny. Según el Código Alemán la posesión consiste en el poder de hecho sobre las cosas, habiéndose omitido toda expresión sobre el elemento intencional. El Código del Brasil parece partir del mismo pensamiento. El Código Suizo, inspirándose en la doctrina alemana llama poseedor «a quién tiene el poder efectivo sobre la cosa». Es de advertir que los comentaristas de los Códigos Alemán y Suizo relacionan su expresión a la genial crítica de Ihering a la doctrina de Savigny, tendiente a relacionar el concepto de la posesión con el elemento económico, de modo que, el llamado poder de hecho o poder efectivo, es la relación entre la persona y la cosa tal como lo ordena el fin para que ésta se utiliza desde el punto de vista económico ... ello está de acuerdo con el precepto del artículo novecientos noventiuno del Código de Procedimientos Civiles.

 

b) Como consecuencia de la adopción de esta fórmula el anteproyecto incorpora un precepto en virtud del cual en los casos de usufructo, prenda, arrendamiento u otra relación análoga, la posesión corresponde a todas las personas vinculadas jurídicamente, siendo la posesión de aquellas una posesión directa y la del dueño una posesión indirecta ... La posesión consiste en el poder de hecho sobre una cosa, ora sea este poder total o parcial, ora proceda de un derecho personal o de un derecho real ... No debe prescindirse de la expresión «de hecho», porque en ella reside la diferencia específica de la posesión ... esta expresión «de hecho» revela que cuando se trata de posesión se prescinde del título ... ese calificativo destierra el carácter moral de la posesión, dando lugar al imperio del corpus como poder físico en la idea de la posesión.

 

c) Uno de los efectos principales de la posesión es el derecho que asiste al poseedor de servirse de los interdictos ...

 

d) Cita al Doctor Max Arias Schreiber, quien en su obra «Exégesis», tomo cuarto, Los Derechos Reales, páginas noventiocho y ciento veintidós, ratifica que «el nuevo Código sigue la línea del anterior, pronunciándose por la teoría objetiva de la posesión de Rudolf Von Ihering». Agrega que «en la posesión se toma en consideración sólo el ejercicio de un derecho real, pero sin investigar si este ejercicio corresponde a la titularidad de derecho». «En la posesión a nombre ajeno coexisten dos sujetos distintos en un mismo plano temporal. Uno de estos sujetos se encuentra en directo contacto con el bien poseído y se denomina por ello, poseedor inmediato. El arrendatario, por ejemplo, es un poseedor de esta clase, porque ejercita su derecho sobre el bien y está necesariamente vinculado con el derecho del propietario, en cuyo nombre posee». Citando a Enneccerus, Kipp y Wolff, reseña que «la posesión mediata supone, aparte de una posesión del mediador, una cierta relación entre el poseedor superior (poseedor mediato) y el subposeedor (poseedor inmediato). Este tiene que poseer la cosa a título de usufructuario, acreedor pignoraticio, arrendatario, depositario o en una relación semejante, en virtud del cual esté temporalmente facultado u obligado. Lo mismo pasa tratándose de los juicios para conservar la posesión que se tiene o para recuperar la que se ha perdido, respecto de los arrendatarios, anticrecistas y demás personas que, a mérito de contrato con el verdadero dueño, ocupan o disfrutan de algún bien».

 

g) Agrega que es interesante observar que las mismas reglas procesales han sido repetidas por el nuevo Código Procesal Civil, lo cual se explica fácilmente si se tiene presente que el actual Código Civil ha repetido las normas del Código sustantivo abrogado, pues estando a la naturaleza instrumental del proceso, es evidente que las normas procesales deben estar al servicio de la realización de las normas materiales o sustanciales. Es así que el artículo quinientos noventiocho de este Código señala que «Todo aquél que se considere perturbado o despojado de su posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación». Por razones de técnica legislativa se ha introducido una variante, pues mientras el anterior Código precisaba cada supuesto de posesión (anticrecista, arrendatario, enfiteuta, etc.). El actual hace una referencia de carácter genérica que involucra todos los supuestos, pues menciona a «todo aquel que sea despojado de su posesión», sin distinguir sobre el título que ampara el disfrute de un bien ajeno.

 

h) Finalmente resalta que, concordantemente con esta disposición legal, el artículo seiscientos, segundo párrafo establece que «los medios probatorios deben estar frente a otro a la posesión». Más adelante, en la página ciento cincuentidos, el mismo autor señala que «la posesión no se agota con la propiedad sino que tiene autonomía propia y presenta caracteres singulares. Esta posesión autárquica, que se objetiviza a través de una acción de hecho, debe estar debidamente protegida para seguridad de la comunidad y no puede ser alterada por otra situación que no sea la que derive del mandato propio de la ley. La protección posesoria tiene por objeto instaurar el orden en las relaciones sociales. El fundamento de la posesión reposa por tanto en el interés colectivo».

 

e) Agrega un análisis de las normas procesales, alegando que el Código de Procedimientos abrogado establecía reglas aplicables a todos los interdictos, llamando la atención sobre los alcances del artículo novecientos noventa de dicho cuerpo objetivo, que señalaba que «el usufructuario, el usuario y el enfiteuta pueden promover los interdictos aún contra el propietario. Pueden asimismo, promover los interdictos de retener y de recobrar, dentro de los límites de su respectivo contrato, el arrendatario, el anticresista y en general, el que se encuentra disfrutando de un bien».

 

f) Glosa en tal sentido a Fernando Guzmán Ferrer, quien en su obra «Código de Procedimientos Civiles», tomo segundo, página mil treintiseis, transcribe la siguiente exposición de motivos del referido numeral: «Teniendo los usufructuarios, usuarios y enfiteutas un derecho real frente a todos, inclusive a los mismos propietarios, porque en su derecho va invivita la posesión de la cosa, es indiscutible su personería para utilizar los interdictos, referidos, exclusivamente, a probar la posesión y el acto desposesorio. Es decir, no puede ser objeto de prueba y, por ende, no puede ser evaluado en la sentencia, el título que permite dicha posesión, sea cual fuere la naturaleza de dicho acto jurídico: contractual, unilateral, inter vivos, o mortis causa.

 

2. SEGUNDO CARGO: Sostiene el impugnante que las sentencias establecen un absurdo jurídico, cual es, que el poseedor, cuya posesión deriva de un acto jurídico (título) contractual, no tiene derecho a interponer demanda de interdicto.

 

3. TERCER CARGO: Sostiene el impugnante que las sentencias incurren en: (a) expresiones jurídicas desconocidas, como por ejemplo «hermenéutica contractual persecutoria»; (b) inauditas interpretaciones como por ejemplo que una cláusula contractual, pese a que es válida, no es obligatoria aunque reconoce que las demás si lo son; (c) violación de las leyes del pensamiento, en especial la ley de la coherencia, al sostenerse que el derecho personal no implica posesión y, por tanto, no existe posesión previa, sin considerar que las partes admiten que el bien fue entregado a la poseedora, habiéndose producido la Traditio que hace adquirir la posesión; (d) violación de sus derechos constitucionales al declararse que la desposesión no puede ser reclamada jurisdiccionalmente, negándosele su derecho de petición, género que comprende al derecho de acción; (e) manifiestos errores conceptuales al llamar contrato con prestaciones recíprocas al contrato que concede el uso gratuito de un bien, o al suponer que un contrato sólo origina derechos personales, desconociendo así que la compra venta transmite propiedad, derecho real por excelencia; (f) flagrantes faltas de ortografía incompatibles con la majestad de la Justicia, como ejemplo al escribir la palabra «cohersitiva»; (g) uso equívoco de los conceptos jurídicos al sustituir el concepto incumplimiento por desconocimiento, resolución por rescisión, o cláusula por condición.

 

Contra estos tres cargos, no existe descargo de la parte demandada.

 

III. EVALUACION Y CONCLUSIONES.

 

PRIMER CARGO: (1) Es evidente que el fundamento jurídico en que se sustenta este primer cargo es claro, preciso e irrebatible, toda vez que la posesión es un hecho protegido por la ley: (2) Precisamente, el nuevo Código Procesal Civil ha derogado las normas relativas al Interdicto de Adquirir, el que se sustentaba en el mejor derecho a la posesión, reafirmando así, que para el Derecho Peruano, en materia posesoria el hecho hace al derecho y no a la inversa; (3) La tesis del anímus domini proyectada por Savigny no ha sido recogida como fundamento de la posesión, aún cuando sea admitida para proteger el derecho a la prescripción adquisitiva cuando se alega la posesión pública y pacífica, pues tiene que ser como propietario;(4) Por otro lado, siendo que la sentencia de primera instancia en el considerando número diez reconoce como hecho probado que ha existido despojo, y la sentencia de segunda instancia confirma este considerando, es evidente que se ha dejado de aplicar las leyes sustantivas y procesales invocadas por el impugnante en este primer cargo.

 

SEGUNDO CARGO: (1) La sentencia de segunda instancia sostiene, principalmente, que la autorización contenida en la cláusula tercera del contrato que vincula a las partes es de naturaleza personal que no implica en sí mismo la posesión del bien, por lo que no existiendo posesión previa, es improcedente la demanda; y además, que las acciones interdictales están reservadas para la defensa de los derechos reales; (2) Que, en efecto, el primer argumento glosado es un eufemismo intelectual, pues si bien es cierto que la sola celebración del contrato supone la posesión efectiva del bien, no es menos cierto que al confirmarse el fundamento número diez de la sentencia apelada, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, admite que se ha probado la posesión del bien por la demandante y el consiguiente despojo, por lo que ha existido la traditio posesória en su favor, y por tanto existía posesión previa que debió ser protegida; (3) Que, el segundo argumento, siendo cierto deriva en una errada apreciación, ya que los interdictos constituyen un instrumento procesal válido para la defensa de la posesión, típico derecho real; pero, tal verdad no supone que con ellos sólo se protejan los derechos reales adquiridos originariamente y no los adquiridos en forma derivada como lo son aquellos derechos reales que se sustentan en la celebración de actos jurídicos de distinta naturaleza, sean bilaterales o unilaterales, intervivos o mortis causa, como por ejemplo la propiedad derivada de la compra venta, el uso derivado del arrendamiento, el usufructo derivado de un testamento o contrato, etcétera. En consecuencia, este segundo cargo es amparable.

 

TERCER CARGO: Analizados cada uno de los aspectos involucrados en los fundamentos cuestionados por el impugnante, esta Sala debe reconocer que, (1) en efecto, las sentencias de primera y segunda instancia incurren en errores conceptuales y graves contradicciones argumentales; (2) que todo aquello deriva en un acto arbitrario, pues se niega una debida respuesta jurisdiccional al pedido de tutela del justiciable, llegando a sostenerse que «la desposesión no la hace sujeto para el reclamo jurisdiccional de reposición» y que «la decisión en tal sentido resultaría impracticable por no encontrarse en uso directo de la cosa»; (3) que, ante tales evidencias, es necesario que el Poder Judicial en su conjunto tome conciencia de la importancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, pues no se cumple con la garantía judicial que contiene la Constitución, referida a la debida motivación de las resoluciones, cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del Juzgador. En consecuencia, existe agravio en cada una de las expresiones cuestionadas.

 

IV. SENTENCIA.

 

Estando a las conclusiones que arrojan las evaluaciones de los tres cargos formulados contra la sentencia recurrida, la Sala Civil de la Corte Suprema FALLA: declarando FUNDADO EL RECURSO DE CASACION interpuesto por SERMER Sociedad Anónima y, en consecuencia, casa la sentencia emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, su fecha diez de junio de mil novecientos noventicuatro, que obra a fojas noventinueve, confirmatoria de la expedida por el Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima de fecha dieciocho de marzo del mismo año que obra a fojas setenta, que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas treintiuno, y actuando como órgano de resolución declara FUNDADA la referida demanda, ordenando, por tanto, que SERMER, Sociedad Anónima, sea repuesta en la posesión del bien materia de la litis de que ha sido privada, imponiéndole a la demandada las costas y costos del proceso, causados en cada instancia y con la tramitación, del presente recurso.

 

V. ORDENARON.

 

La publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial «El Peruano», de conformidad con lo que dispone la última parte del artículo cuatrocientos del Código Procesal acotado y que se devuelvan los autos a la Sala de origen.

 

S.S. RONCALLA, ROMAN, REYES, VASQUEZ, ECHEVARRIA

 

Se publica conforme a ley.

 

Dra. María Julia Pisconti

 

 

Posesión: interdicto de recobrar (A)

 

La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más de los atributos de la propiedad; por lo mismo, la posesión que ha sido reconocida judicial o contractualmente pero que no existe fácticamente no es posesión. En dicho sentido, el interdicto de recobrar planteado por quien no posee, pero cuenta con título para hacerlo, no es amparable por el juzgador, toda vez que no está en discusión el mejor derecho a la posesión.

 

Casación 282-96

 

ICA

 

Lima, veintiséis de setiembre de mil novecientos noventisiete.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el veinticinco de setiembre del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Luz Matienzo Pardo contra la sentencia de fojas noventicinco, su fecha veintidós de enero de mil novecientos noventiséis, que revocando la apelada de fojas sesentidós, su fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventicinco, declara improcedente la demanda de fojas siete, sin costas y costos; con lo demás que contiene.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha doce de julio de mil novecientos noventiséis ha estimado procedente el recurso por causal relativa a la inaplicación de los Artículos ochocientos noventiséis y novecientos veintidós del Código Civil, en mérito a que la posesión se ejerce de hecho y se extingue por resolución judicial, ya que la demandada se volvió a introducir en el inmueble del que había sido lanzada judicialmente.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- que el interdicto se fundamenta por un lado en la necesidad de restablecer la tranquilidad social alterada por el conflicto posesorio, y por otro, asegura la posesión actual en favor del que la está ejercitando, sin perjuicio de que después se ventile el mejor derecho a la posesión.

 

Segundo.- que de conformidad con el Artículo ochocientos noventitrés del Código Civil, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes de la propiedad, estos son el uso, el disfrute y la disposición, por tanto quien ejerce de hecho uno o cualquiera de estos tributos, en estricto posee.

 

Tercero.- que para la defensa de la posesión por intermedio de los interdictos no es necesario evaluar los títulos de los que nace el derecho a la posesión, consecuentemente desde el punto de vista de la prueba, en el interdicto no tiene significación la prueba escrita de la posesión ni el título posesorio, sino que se discuten únicamente la posesión fáctica y actual del actor y el hecho perturbatorio o de despojo; por lo cual, asumiendo la postura doctrinal predominante respecto de la institución sub exámine, se concluye que la posesión que ha sido contractual o judicialmente reconocida pero que no existe fácticamente no es posesión.

 

Cuarto.- que la accionante invoca su posesión no precisamente en el ejercicio fáctico de ésta sino en el título de la posesión o causa posessionis que deriva de la copia del acta de lanzamiento de fojas seis y que en virtud de ella se ministró posesión a su favor, con lo cual, y en atención a lo expuesto, no es posible la aplicación de las normas invocadas por la recurrente toda vez que el solo hecho de poseer no ha sido estimado como probado en autos salvo que la pretensión tenga por objeto el mejor derecho a poseer, situación muy distinta al ejercicio de los interdictos.

 

Quinto.- que la sentencia recurrida ha fallado la improcedencia de la demanda por defecto de requisitos de forma, además del defecto en el sustento probatorio ofrecido por la accionante, por tal razón y atendiendo a la función nomofiláctica de la casación no es posible revisar los elementos de hecho y la prueba actuada de la causa del que ha sido objeto por las instancias de mérito.

 

SENTENCIA:

 

Estando a las conclusiones que anteceden se declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Luz Matienzo Pardo, en consecuencia NO CASAR la resolución de fojas noventicinco, su fecha veintidós de enero de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en los seguidos con doña Candelaria Cárdenas Almeyda, sobre interdicto de recobrar; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; RONCALLA; MARULL

 

EL VOTO DEL S. CASTILLO LA ROSA SANCHEZ: es como sigue: CONSIDERANDO: Primero.- que el interdicto de recobrar se hace valer precisamente contra el que está en posesión del bien (demandada Candelaria Cárdenas); cuando esa posesión se ha adquirido sin mandato judicial y por la vía de los hechos y no dura más de un año; Segundo.- que en el caso de autos la posesión la ejercía la demandante Luz Matienzo, como surge de la prueba plena de la diligencia de lanzamiento de la demandada y consiguiente entrega de la posesión a la actora después de haber obtenido sentencia favorable en el juicio de desalojo conforme consta del acta que en copia obra a fojas seis; Tercero.- que esa diligencia de efecto legal y material hizo cesar la posesión anterior de la demandada, en aplicación del Artículo novecientos veintidós inciso tercero del Código Civil(1) ; Después de lo cual se introdujo nuevamente al bien; Cuarto.- que ese inciso fue denunciado en la casación como INAPLICADO, causal prevista en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis y por eso se declaró procedente el recurso impugnatorio. MI VOTO es por que se declare FUNDADO el Recurso de Casación y se restituya a la actora en la posesión.

 

S. CASTILLO

 

 

Posesión: ocupación precaria (A)

 

Procede la demanda de desalojo por ocupación precaria cuando el demandado no tiene título o si lo tuviere éste ha fenecido o es nulo. Previamente la nulidad debe ser declarada judicialmente.

 

Casación 345-97

 

Huaura

 

Lima, veintitrés de abril de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; con los acompañados; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Vocales Serpa Segura, Buendía Gutiérrez, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; verificada la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Teresa Mendoza Pretel viuda de Aponte, en los seguidos contra don Rafael Copara Sánchez y otra, sobre Desalojo, contra la resolución de fojas doscientos noventicuatro, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que revocando la sentencia de fojas doscientos cincuentisiete, fechada el treintiuno de octubre del mismo año, declara INFUNDADAS las demandas acumulativas, sobre Desalojo;

 

2.         FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El Recurso de Casación se sustenta en las causales de aplicación indebida de la norma de derecho material, y la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, sosteniendo para ello: a) que se ha aplicado indebidamente el Artículo novecientos once del Código Civil, pues la demandada posee y ejerce el derecho de propiedad en mérito al contrato de cesión de acciones y derechos que no han sido impugnados por los demandantes; y b) que se ha afectado el debido proceso al haberse resuelto un punto no controvertido pues ha declarado la nulidad del contrato de cesión sin que se le haya solicitado en la demanda, máxime aún que dicha nulidad debe debatirse en la vía de acción y no en un proceso de desalojo; recortándoseles así el derecho de defensa pues no han podido deducir la excepción de prescripción en resguardo de sus intereses;

 

3.         CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, en principio, a efectos de que no se interprete que esta Sala casatoria está determinando hechos o revalorando los medios probatorios, lo cual es ajeno al Recurso de Casación, es menester precisar que el Colegiado Superior ha estimado que la emplazada es ocupante precaria en virtud a que si bien ostenta un contrato de cesión de acciones y derechos respecto del inmueble sub judiceotorgado a su favor por el coactor, éste debe estimarse nulo debido a que adolece del mismo vicio por el cual el contrato de compraventa celebrado un año antes entre las mismas partes y respecto del mismo bien fue anulado por el Tribunal Agrario al no haber participado en ella la cónyuge del vendedor, es decir, para la Sala Revisora, si tal contrato de cesión no adoleciera de tal vicio la emplazada seria poseedora y a su vez propietaria del bien, luego, será materia de casación entonces si la aplicación extensiva que se hace de la declaración judicial de nulidad de un contrato anterior debe alcanzar a otro por adolecer del mismo vicio, lo que constituye un análisis estrictamente jurídico.

 

Segundo.- Que, de autos fluye como hechos no controvertibles que pese a que el coactor don Rafael Copara Sánchez suscribiera un contrato de compraventa a favor del que en vida fuera cónyuge de la demandada, don Rufino Aponte Rivera, el veintiuno de octubre de mil novecientos ochentidós, respecto de la totalidad del inmueble sub litis,al año siguiente este mismo señor Rafael Copara nuevamente transfiere la totalidad del bien, vía contrato de cesión de fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochentitrés, a don Rufino Aponte; oportunidades en las cuales no había participado doña Maximina Barreto Pachas en su calidad de cónyuge del vendedor, lo cual la motivó a interponer una demanda de nulidad pero sólo del contrato de compraventa, lo que fue amparado por el Tribunal Agrario mediante sentencia del cuatro de junio de mil novecientos ochenticinco; de forma tal que se tiene un primer contrato que ha merecido la declaración judicial de nulidad y un segundo contrato que, pese a adolecer del mismo vicio que el anterior, no ha sido objeto de demanda, menos de declaración en ese sentido;

 

Tercero.- Que, si un contrato padece de un vicio igual al de otro contrato de similar naturaleza por cuya razón éste fue declarado judicialmente nulo, aquél también resulta nulo; pero para que sea considerado como tal, esto es, tenga efectos erga homnes,debe recaer también declaración judicial expresa de nulidad, ya que si transcurridos diez años dicha pretensión aún no es incoada, un contrato nulo deviene en convalidado por prescripción; tal como se infiere del Artículo dos mil uno, inciso primero, del Código Civil, concordado con el Artículo dos mil ciento veintidós del mismo Código(1) para los hechos ocurridos a la vigencia del Código Civil derogado; situación que es la que se ha producido en el presente caso, ya que si bien el contrato de cesión, al adolecer del mismo defecto, resultaba asimismo nulo por contravenir lo expresamente estipulado en el Artículo ciento ochentiocho del Código Civil derogado, aplicable por la temporalidad de la norma, sólo bastaba la declaración judicial en ese sentido; sin embargo, la co-actora no se preocupó por demandar la nulidad, ocasionando con su proceder que a la fecha en que interpone la demanda de desalojo que nos ocupa, veinte de diciembre de mil novecientos noventicinco, el contrato de cesión resulta válido para todos sus efectos;

 

Cuarto.- Que, siendo ello así, la demandada recurrente acierta al manifestar que el Colegiado Superior no debió desestimar un contrato no impugnado por los demandantes, aplicándose así indebidamente el Artículo novecientos once del Código Civil(2) ; ya que por ningún motivo podría considerársele como ocupante precaria; pero incurre en error al indicar que en la recurrida se ha declarado la nulidad de dicho contrato, dado que tal declaración no aparece en forma alguna en la parte resolutiva de la sentencia y el hecho que haya sido estimado en la parte considerativa cabe como posibilidad en virtud a la citada facultad de oficio, completamente excepcional y estrictamente rigurosa; la cual si bien puede resultar cuestionable a la luz de la doctrina procesal plasmada en el Código Procesal Civil vigente, en tanto no se modifique el referido artículo es legal su aplicación; razón por la cual no se configura el vicio alegado de afectación del derecho a un debido proceso; que por las expuestas y de conformidad con el Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; Declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos once, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos noventicuatro, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventiséis, y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos cincuentisiete, su fecha treintiuno de octubre de mil novecientos noventiséis, que declara INFUNDADAS las demandas de fojas veintiocho, sobre Desalojo por ocupación Precaria y otros; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Rafael Copara Sánchez y otra contra doña Teresa Mendoza Pretel viuda de Aponte, sobre Desalojo; y los devolvieron.

 

SS. SERPA S.; BUENDIA G.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.

 

 

Posesión: ocupación precaria (A)

 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido.

 

Casación 453-95

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, seis de junio de mil novecientos noventiséis.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el cinco de junio del año en curso, emite la siguiente sentencia con el acompañado:

 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Sixtina Cisneros Farfán, mediante, escrito de fojas ciento noventinueve, contra la sentencia de fojas ciento ochentisiete, su fecha nueve de mayo de mil novecientos noventicinco, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque, que confirmando la apelada de fojas ciento cincuentiuno, su fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventicinco, declara fundada la demanda de desalojo por ocupante precario interpuesta por Ciro Arribasplata Bazán.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La demandada fundamenta su recurso en lo dispuesto por el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil(1), señalando que se ha aplicado indebidamente la norma de derecho material contenida en el Artículo novecientos once del Código Civil(2).

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, concedido el Recurso de Casación a fojas doscientos cinco, mediante resolución de fecha dos de junio de mil novecientos noventicinco, y habiéndose declarado la procedencia del recurso por resolución de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventicinco, es necesario analizar los fundamentos del Recurso de Casación.

 

Segundo.- Que, la demandada refiere como fundamento de su recurso que se ha aplicado indebidamente el Artículo novecientos once del Código Civil, al considerarla ocupante precaria.

 

Tercero.- Que, en los instrumentos de fojas sesentiséis y sesentisiete, aparece que la demandada tenía anteriormente la calidad de inquilina de la de cujus Matilde Arribasplata viuda de Arévalo, instrumentos que no fueron tachados por la parte demandante.

 

 

Cuarto.- Que, la demandada ocupaba el inmueble materia de la litis en calidad de propietaria, a mérito de la minuta que suscribiera con doña Matilde Arribasplata viuda de Arévalo, con fecha quince de mayo de mil novecientos ochentidós, conforme es de verse de fojas sesentisiete.

 

Quinto.- Que, con la sentencia de nulidad de la minuta de compraventa, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventicuatro, de fojas treintiuno, resulta ser una sentencia declarativa y que por sus efectos retrotrae al estado anterior.

 

Sexto.- Que, en consecuencia se ha aplicado indebidamente la norma contenida en el Artículo novecientos once del Código Civil al considerarla ocupante precaria, ya que al haberse declarado nulo el instrumento que le otorgaba la calidad de propietaria, retrotrayendo los efectos al estado anterior a la celebración de la minuta de compraventa, la recurrente tenía la calidad de inquilina, en consecuencia no se puede atribuirle la calidad de precaria.

 

SENTENCIA

 

Que, estando a las conclusiones antes citadas y estando a lo dispuesto en el inciso primero del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO en el Recurso de Casación, con relación al inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del código adjetivo, y en consecuencia CASARON la resolución de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha nueve de mayo de mil novecientos noventicinco, que declara fundada la demanda, la que declararon INFUNDADA la demanda de fojas cuarenticuatro; en los seguidos por Ciro Arribasplata Bazán y otros con Sixtina Cisneros Farfán y otro sobre desalojo por ocupante precario.

 

 

Posesión precaria: arrendamiento no inscrito (A)

 

En el caso de enajenación del bien arrendado, si el arrendamiento no ha sido inscrito, éste continua hasta que el adquirente lo dé por concluido... habiéndose probado que el demandado fue inquilino del anterior propietario, no deviene en ocupante precario, pues posee en virtud de un título.

 

Casación 1501-96

 

Lambayeque

 

Lima, veinte de febrero de mil novecientos noventiocho.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en Audiencia Pública el día diecinueve de febrero del presente año, emite la siguiente sentencia:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Moisés Apolinario Valdiviezo Rico contra la sentencia de fojas ciento dieciséis, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventiséis, que confirmando la sentencia apelada de fojas cincuentiuno, su fecha dos de abril del mismo año, declara fundada la demanda de desalojo por ocupante precario; con lo demás contiene.

 

2.         FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La Corte mediante resolución de fecha treinta de abril de mil novecientos noventisiete ha estimado procedente el recurso sólo por la causal relativa a la aplicación indebida del Artículo novecientos once del Código Civil, basada en que al quedar establecida su condición de inquilino del anterior propietario no se le puede considerar como precario, debiendo en todo caso procederse a poner fin mediante aviso judicial o extrajudicial al contrato existente y no demandar por ocupación precaria.

 

3.         CONSIDERANDO

Primero.- Que para que la demanda por ocupación precaria pueda prosperar, no sólo basta acreditar la propiedad del inmueble, sino que la parte demandada ejerza la posesión sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido, conforme lo señala el Artículo novecientos once del Código Civil.

Segundo.- Que en el caso de enajenación del bien arrendado, si el arrendamiento no ha sido inscrito, éste continua hasta que el adquiriente lo dé por concluido, conforme se desprende de lo señalado en el Artículo mil setecientos ocho inciso segundo del Código Civil.

Tercero.- Que en el segundo considerando de la sentencia de vista se llegó a la conclusión de que en el caso de autos se había acreditado que el demandado fue inquilino de la anterior propietaria del inmueble, doña Dora Elina Muro Unzueta de Pita.

Cuarto.- Que, en consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso el arrendatario no deviene en ocupante precario, pues posee con un título, el de arrendatario.

Quinto.- Que a mayor abundamiento, el Artículo novecientos cinco del Código Civil, que determina las clases de posesión y sus efectos, establece que es poseedor inmediato quien ejerce la posesión temporal en virtud de un título.

Sexto.- Que, por las razones expuestas queda claro que se ha aplicado indebidamente el Artículo novecientos once del Código Civil, siendo de aplicación el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis(*).

 

4.         SENTENCIA:

Estando a las conclusiones a las que se arriba: declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas ciento veinticuatro y, en consecuencia, CASAR la sentencia de vista de fojas ciento dieciséis, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventiséis, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque, y actuando en sede de instancia; REVOCARON la sentencia apelada de fojas cincuentiuno, su fecha dos de abril del mismo año, que declara fundada la demanda de fojas trece; REFORMANDOLA declararon IMPROCEDENTE dicha demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer conforme a ley; en costas y costos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en los seguidos por don Segundo Sánchez Cusma, sobre desalojo; y los devolvieron.

 

SS. PANTOJA; IBERICO; ORTIZ;

SANCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.

 

 

Posesión precaria: concepto

 

El concepto de posesión precaria, que comprende a quien la ejerce sin título o cuando éste ha fenecido, no se extiende a la posesión inmediata del arrendatario. La posesión por fenecimiento de título es en relación a los poseedores temporales con título: usufructuario, usuario, superficiario, acreedor anticrético.

 

Expediente 583-92

 

La Libertad

 

Lima, veinte de agosto de mil novecientos noventitrés.-

 

VISTOS; en discordia, por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: que la vía procesal adecuada para dar por concluido el contrato de arrendamiento por enajenación del bien arrendado, de conformidad con el Capítulo Sétimo del Título Sexto del Código Civil, es el desahucio por esa causal; que el concepto de posesión precaria que establece el artículo novecientos once del código citado, comprendiendo en ella al que ejerce sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido, no se extiende a la posesión inmediata a título de arrendatario: que la posesión precaria por fenecimiento del título debe entenderse, entre otros, a los poseedores temporales con título, en los casos del usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético; que adoptar desahucio por ocupación precaria para poner fin al contrato de arrendamiento por enajenación del bien arrendado, aparte de no ser la que con arreglo a ley corresponde, privaría al arrendatario de la facultad de reconvenir por el pago de mejoras que hubiera sido pactado con el locador; que a mayor abundamiento, la acción de desahucio por ocupación precaria no se basa en la terminación de una relación arrenditicia, cuya inexistencia constituye precisamente su fundamento: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas noventitrés, su fecha treintiuno de enero de mil novecientos noventidós, en cuanto revocando la apelada de fojas sesenticuatro, su fecha treintiúno de diciembre de mil novecientos noventiúno, declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas quince; con lo demás que contiene y es materia del grado; condenaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; en los seguidos por Segundo Felipe Villajulca Horna y otra con Magdalena Victoria Torres Urcia sobre desahucio por ocupación precaria:

 

SS. LANDA; SANCHEZ PALACIOS; RONCALLA; ROMAN

 

Posesión precaria: ¿Quien ostenta la calidad de socio es poseedor precario de un predio?

 

... si bien la calidad de socio-trabajador en la empresa demandante sirvió para el otorgamiento de la posesión de una extensión de terreno para vivienda al demandado, se debe tener en cuenta que si bien el recurrente fue posteriormente despedido, en la actualidad sigue ostentando título de socio dentro de la citada empresa... por lo que se llega a la conclusión que el recurrente acredita la titularidad de la posesión del predio con su calidad de socio, a raíz de lo cual no tiene la calidad de poseedor precario.

 

CAS. Nº 1081-98

 

HUAURA

 

Lima, trece de setiembre de mil novecientos noventa y nueve.

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

 

VISTOS; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores vocales Buendía Gutiérrez, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Zevallos; verificada la votación de acuerdo a ley emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don León Cárdenas Moris a fojas doscientos ochentiséis, contra la sentencia de vista de fojas doscientos setentisiete, su fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventiocho, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Huaura, que falla Confirmando la sentencia apelada de fojas ciento ochentitrés, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventisiete, que declara Fundada en todos sus extremos la demanda, en consecuencia ordena que el demandado desocupe el inmueble materia de autos, en el plazo de seis días; en los seguidos por Ganadería Los Tilos Sociedad Anónima sobre Desalojo.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El recurrente invoca como causal la prevista en el inciso primero del Artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, manifestando que existe interpretación errónea del Artículo novecientos once del Código Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, habiendo sido admitido el Recurso de Casación a fojas doscientos noventa y uno, mediante resolución de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventiocho, fue declarado procedente por resolución del treinta de junio de mil novecientos noventinueve, por la causal señalada anteriormente.

 

Segundo.- Que, el recurrente funda su recurso en que se ha interpretado erróneamente el Artículo novecientos once del Código Civil, en el sentido que ha quedado demostrado dentro del proceso que no tiene la calidad de ocupante precario por encontrarse en posesión y conducción del predio materia de litis y por ser socio de la empresa demandante, por lo que sus derechos se hacen extensivos al de uso y habitación de dicho predio.

 

Tercero.- Que, la norma bajo estudio señala que «la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido».

 

Cuarto.- Que, el análisis casatorio debe partir de los supuestos de hecho contenidos en la sentencia de vista por estar el mismo referido a aspectos exclusivamente legales, esto con el objeto de concretar los fines del Recurso de Casación en cuanto a la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional.

 

Quinto.- Que, de acuerdo al acápite anterior se tiene que la sentencia recurrida y su confirmatoria se basan sustancialmente en que la empresa demandante tuvo como antecesora a la Cooperativa Agraria Ganadera Los Tilos dentro de la cual el recurrente se desempeñaba como socio-trabajador, calidad que le sirvió para que la citada Cooperativa le otorgara en posesión una extensión de terreno para fines de vivienda, beneficio que continuó cuando la mencionada persona jurídica con fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, mediante acuerdo de los socios cooperativistas, cambió el giro de la empresa al régimen empresarial en el que se encuentra en la actualidad que es de Sociedad Ganadera con la denominación de Los Tilos Sociedad Anónima.

 

Sexto.- Que, el recurrente fue despedido con fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, por haber cometido falta grave, perdiendo consiguientemente la calidad de trabajador, ostentando en la actualidad sólo la calidad de socio accionista de la empresa; por lo que la sentencia impugnada llega a la conclusión que el recurrente tiene la calidad de precario de acuerdo al Artículo novecientos once del Código Civil por no haber acreditado relación contractual entre su persona y la empresa demandante sobre el inmueble sublitis.

 

Sétimo.- Que, teniendo en cuenta que en la actualidad el recurrente ostenta título de socio dentro de la empresa demanda y que dicho beneficio lo adquirió cuando la empresa tenía la calidad de Cooperativa Agraria bajo la condición de ser socio-trabajador de dicha empresa, la que continuó incluso luego del cambio de la empresa al régimen empresarial de sociedad anónima; por lo que se llega a la conclusión que el recurrente acredita la titularidad de la posesión del predio con su calidad de socio de la empresa, a raíz de lo cual no tiene la calidad de poseedor precario.

 

Octavo.- Que, cabe recalcar que dentro de autos no se encuentra en discusión la propiedad del bien sino la calidad de la posesión del demandado por cuanto la presente acción se trata de un proceso de desalojo por ocupación precaria.

 

Noveno.- Que, teniendo en cuenta que la interpretación efectuada por el recurrente es la correcta y logra debilitar los fundamentos de la sentencia impugnada, resulta amparable el presente recurso.

 

Décimo.- Que, siendo uno de los fines del Recurso de Casación buscar la correcta interpretación de la norma de derecho material y teniendo en cuenta que la interpretación efectuada por el recurrente es la correcta; Por estas consideraciones, en concordancia con lo preceptuado por el Artículo trescientos noventa y seis del Código Adjetivo, actuando en sede de instancia y resolviendo en forma definitiva el fondo del asunto.

 

RESOLUCIÓN:

 

Declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por León Cárdenas Moris a fojas doscientos ochentiséis, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos setentisiete, fechada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventiocho, y actuando como órgano de instancia; REVOCARON la sentencia de primera instancia de fojas ciento ochentitrés, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventisiete, que declara Fundada la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano en el término de Ley; en los seguidos por Ganadería Los Tilos Sociedad Anónima sobre Desalojo; y los devolvieron.

 

SS. BUENDÍA G.; BELTRÁN Q.; ALMEIDA P.;

SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.

 

Posesión precaria: título fenecido

 

Es precaria la posesión de aquél, cuyo título ha fenecido.

 

Casación 11-94

 

CALLAO

 

Lima, veinticuatro de abril de

mil novecientos noventiséis.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el veintitrés de abril del presente año, emite la siguiente sentencia:

 

1.- MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Irene Baca Inofuente mediante su escrito de fojas ciento setentidós, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesentiséis, su fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventicuatro, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior del Callao, que confirmando la apelada de fojas ciento cuarenticuatro de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventitrés, declara fundada la demanda de desalojo interpuesta por don Eteboldo Javier Bejarano Gutiérrez y esposa doña Gladys Gordillo Mercado.

 

2. FUNDAMENTO DEL RECURSO:

 

La demandada doña Irene Baca Inofuente fundamenta su recurso en lo dispuesto en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil en el hecho de que al momento de expedirse la resolución de vista se ha aplicado indebidamente el artículo novecientos once del Código Civil, alegando que no se ha tomado en cuenta los antecedentes, ya que los perjudicados socios panderistas que hoy constituyen la agrupación de moradores que conforman la Urbanización "La Macarena", les asiste el legítimo derecho de posesión en calidad de cuasi propietarios sobre los bienes que están ocupando sin que pueda tildárseles de ocupantes precarios; y precisa que la norma aplicable al presente caso son los artículos novecientos veintitrés y novecientos veintisiete del Código Sustantivo.

 

3. CONSIDERANDO;

 

PRIMERO.- Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento ochenticinco por Resolución de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventicuatro, se declaró Procedente dicho recurso por Resolución de diez de agosto de mil novecientos noventicinco, por lo que es del caso examinar los fundamentos del recurso de casación.

 

SEGUNDO.- Que, la recurrente funda su recurso de casación en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, expresando que al momento de expedirse la resolución de vista se ha aplicado indebidamente el artículo novecientos once del Código Civil, pues alega que no se ha tomado en cuenta los antecedentes, ya que los perjudicados socios panderistas que hoy constituyen la agrupación de moradores que conforman la urbanización «La Macarena», les asiste el legítimo derecho de posesión en calidad de cuasi propietarios sobre los bienes que están ocupando sin que pueda considerárseles de ocupantes precarios; y que precisa que la norma aplicable al presente caso son los artículos novecientos veintitrés y novecientos veintisiete del Código Sustantivo.

 

TERCERO.- Que, versando el petitorio de la demanda sobre el desalojo de un inmueble por la causal de ocupación precaria correspondía establecer si los justiciables reunían las condiciones de sujetos activos y pasivo en el desalojo.

 

CUARTO.- Que, en la sentencia cuestionada se ha establecido con la Escritura Pública de compraventa corriente a fojas trece a veinte, inscrita en el Registro de Propiedad Inmueble del Callao conforme a la copia literal de dominio de fojas treintiséis, que los demandantes tienen título vigente que acredita su condición de propietarios del inmueble sub-litis y con derecho a solicitar su restitución.

 

QUINTO.- Qué, en cuanto a la demandada, el título que tenía ha fenecido en mérito de la Resolución de Concejo número cero diez-noventitrés de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventitrés recaído en el Expediente Administrativo de Declaratoria de Fábrica número novecientos once mil setecientos cuarentiocho, seguido ante la Municipalidad Provincial del Callao, que declaró fundado el recurso de apelación formulado por el actor, declarando la nulidad del acto administrativo constituido por la autorización de Declaratoria de Fábrica número cuatrocientos noventisiete-noventa-ODF de veintitrés de abril de mil novecientos noventa expedida a favor de la demandada, deviniendo por consecuentemente en precaria.

 

SEXTO.- Que, por consiguiente, perteneciendo el inmueble a los demandantes y no a la demandada, no puede argumentarse válidamente que se está afectando su derecho sobre el bien que viene ocupando, que por lo tanto son impertinentes a la resolución de la litis los artículos novecientos veintitrés y novecientos veintisiete del Código Civil, invocadas por la recurrente.

 

SETIMO.- Que, en consecuencia, la sentencia de vista que ampara el desalojo ha sido expedida de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que es de aplicación lo dispuesto por el artículo novecientos once del Código Civil.

 

SE RESUELVE:

 

Estando a las conclusiones que anteceden:

 

DECLARARON: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Irene Baca Inofuente y, en consecuencia, NO CASAR la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior del Callao de fojas ciento sesentiséis, su fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventicuatro, que confirmando la apelada de fojas ciento cuarenticuatro, su fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventitrés: declara FUNDADA la demanda de fojas treintisiete y, en consecuencia, ordena que doña Irene Baca Inofuente desocupe el inmueble sub-litis; en los seguidos por don Eteboldo Javier Gutiérrez y otra, sobre desalojo por ocupación precaria; CONDENARON: a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del proceso y a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON: que la presente resolución se publique en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; y los devolvieron.-

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria.

 

 

Posesión precaria: título fenecido

 

Es precaria la posesión de aquel cuyo título ha fenecido.

 

Casación 300-94

 

LA LIBERTAD

 

Lima, veinte de mayo de

mil novecientos noventiséis.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el tres de noviembre de mil novecientos noventicinco, emite la siguiente sentencia, teniendo a la vista los acompañados:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Corresponde al recurso de casación interpuesto por Víctor Manuel Gonzáles Rodríguez en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán Limitada número cuarenticinco, contra la sentencia de fojas doscientos cincuenta, expedida el doce de octubre de mil novecientos noventicuatro integrada a fojas doscientos cincuentiuno el trece del mismo mes, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad que confirmando la apelada de fojas ciento ochenticinco, declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria interpuesta por Rodrigo Alfredo Carranza Torres y otra.

 

2. FUNDAMENTO DEL RECURSO: La parte demandada sustenta su recurso en lo dispuesto por los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, señalando que se ha aplicado indebida o interpretado erróneamente norma de derecho material, asimismo se han inaplicado el artículo trescientos treintiuno -tercer párrafo- del Decreto Legislativo seiscientos treintisiete y la Ley veintiséis mil doscientos ochentinueve.

 

3. CONSIDERANDO:

 

PRIMERO.- Que, concedido el recurso casatorio, sólo fue declarado procedente, mediante resolución de dieciséis de junio de mil novecientos noventicinco, respecto a la causal prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo.

 

SEGUNDO.- Que, por consiguiente debe examinarse si efectivamente no ha aplicado las normas invocadas para resolver la controversia.

 

TERCERO.- Que, versando el petitorio de la demanda sobre el desalojo de un inmueble por la causal de ocupación precaria, correspondía establecer si los justiciables reunían las condiciones de sujetos activo y pasivo en el desalojo.

 

CUARTO.- Que, en la sentencia cuestionada, se ha establecido con la Escritura Pública corriente de fojas cinco a treinta, que los demandantes tienen título vigente que acredita su condición de propietarios del predio y con derecho a solicitar su restitución.

 

QUINTO.- En cuanto a la demandada, el título que tenían ha fenecido en mérito al remate y venta judicial a que se refiere la mencionada escritura pública, deviniendo su posesión en precaria.

 

SEXTO.- Por consiguiente, perteneciendo el inmueble a lo demandantes y no a la Cooperativa en liquidación, no puede argumentarse válidamente que se está afectando sus bienes, por lo tanto son impertinentes a la resolución de la litis el artículo trescientos treintiuno en su tercer párrafo del Decreto Legislativo seiscientos treintisiete y la ley veintiséis mil doscientos ochentinueve invocados por el recurrente, así como lo previsto en los artículos ciento noventicuatro y ciento noventicinco del Decreto Legislativo setecientos setenta a que se remite la mencionada ley.

 

SETIMO.- En consecuencia, la sentencia de vista que ampara el desalojo ha sido expedida de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que es de aplicación lo dispuesto por el artículo trescientos noventisiete del citado Código Procesal;

 

SE RESUELVE:

 

DECLARANDO INFUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos cincuentisiete; en los seguidos por Rodrigo Alfredo Carranza Torres y otra con la Cooperativa de Ahorro y Crédito «Santo Domingo de Guzmán» Limitada número cuarenticinco, en liquidación, sobre desalojo; CONDENARON a la recurrente al pago de costas y costos originados en la tramitación del proceso, así como al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON que la presente resolución se publique en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; y los devolvieron.-

 

SS.

RONCALLA

GIUSTI

ROMAN

ECHEVARRIA

URRUTIA.

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria.

 

Precariedad por fallecimiento del ocupante titular del bien

 

« ... Al haberse producido el fallecimiento del Ocupante Titular del bien, ha fenecido el título que autorizó la legítima posesión del mismo y por consiguiente la demandada tiene la condición de ocupante precaria...»

 

EXPEDIENTE               :           1074 - 95.

 

Lima, ocho de Noviembre de

mil novecientos noventicinco.-

 

VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Braithwaite Gonzáles; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas ciento veintiocho a ciento treintiuno; por sus fundamentos y CONSIDERANDO: ADEMAS: PRIMERO: A que el artículo ciento noventiséis del Código Procesal Civil establece que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; SEGUNDO: Que el acta de entrega de fojas uno no constituye un contrato de arrendamiento propiamente, sino una autorización para la ocupación del inmueble sujeto a materia por quien pertenece a la Fuerza Aérea del Perú; TERCERO: A que al haberse producido el fallecimiento del Ocupante Titular del bien, ha fenecido el título que autorizó la legítima posesión del mismo y por consiguiente la demandada tiene la condición de ocupante precaria; CUARTO: Que siendo esto así la parte demandante ha acreditado las preces de su acción, en aplicación de lo normado en el artículo novecientos once del Código Sustantivo, concordante con los artículos quinientos ochenticinco y quinientos ochentiséis del Código Procesal Civil; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento diecisiete a ciento diecinueve, su fecha doce de junio de mil novecientos noventicinco; que declara fundada la demanda de fojas ocho a trece, interpuesta por la Fuerza Aérea del Perú y en consecuencia que la demandada doña Cipriana Aedo Guerrero Viuda de Carhuapoma cumpla con desocupar el inmueble materia de litis ubicado en el Agrupamiento F-Cuarentisiete del Conjunto Habitacional «San Roque», Distrito de Santiago de Surco; con lo demás que contiene; en los seguidos por la Fuerza Aérea del Perú con Cipriana Aedo Guerrero Viuda de Carhuapoma sobre Desalojo; y los devolvieron.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / VALCARCEL SALDAÑA.

 

 

Precariedad por fenecimiento de titulo derivado de vinculo laboral

 

«... El derecho de posesión le ha sido otorgado al demandado como consecuencia de su vínculo laboral con la empresa actora, de allí el porque (sic) no pagaba ningún arriendo; es decir, ha sido como consecuencia del contrato laboral, por ende resulta indisolublemente ligado a éste, convirtiéndose entonces a (sic) un elemento accesorio de dicho vínculo; (...) por consiguiente, al haberse producido la extinción del vínculo laboral por despido del trabajador, el contrato de derecho de habitación también ha corrido la misma suerte, conforme al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, recogido en el Artículo ochocientos noventinueve del Código Civil; de tal forma que el título de posesión del trabajador demandado ya feneció, convirtiéndose en precario...»

 

CASACION Nro.           :           113 - T - 97 / ICA.

 

Lima, cuatro de noviembre de mil novecientos noventisiete.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- Vista la causa número ciento trece - noventisiete; en la Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO; Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Julio César Seminario Martino, por la Empresa  Minera Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima mediante escrito de fojas ciento treintinueve, contra la resolución de vista de fojas ciento treintidós, su fecha doce de diciembre de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Ica, que confirmando la apelada de fojas ciento dieciocho, fechada el nueve de octubre del mismo año, declara infundada, debiendo entenderse como improcedente la demanda de fojas veintidós, revocaron la recurrida en el extremo que condena al pago de costas y costos, reformándola eximieron de dicho pago; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- la actora recurrente se sustenta en la causal prevista en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; sosteniendo para ello: que existe interpretación errónea del Artículo novecientos once del Código Civil, debido a que al haber terminado la relación laboral ha fenecido el título justo para que el trabajador demandado siga ocupando la casa habitación asignada por razón del vínculo laboral y que al haberse despedido al trabajador por falta grave, no puede condicionarse los resultados que un proceso civil por desalojo a los resultados aleatorios del proceso laboral sobre nulidad de despido iniciada por el trabajador que se encuentra en trámite; CONSIDERANDO; Primero.- que, estando a que es ocupante precario también el que pese a haber tenido justo título para poseer un bien, éste ha fenecido, resulta menester analizar el origen jurídico del título con el cual el demandado viene poseyendo el inmueble que se reclama en el presente proceso; y, en ese orden, se tiene que no es punto controvertido que el emplazado ingresó a ocupar la vivienda sub júdice vía un Contrato de derecho de habitación libre de merced conductiva, por haber sido contratado como trabajador de la empresa actora, hoy despedido; Segundo.- que, en tal virtud el derecho de posesión le ha sido otorgado al demandado como consecuencia de su vínculo laboral con la empresa actora, de allí el porque no pagaba ningún arriendo; es decir, ha sido como consecuencia del contrato laboral, por ende resulta indisolublemente ligado a éste, convirtiéndose entonces a un elemento accesorio de dicho vínculo; Tercero.- que, por consiguiente, al haberse producido la extinción del vínculo laboral por despido del trabajador, el contrato de derecho de habitación también ha corrido la misma suerte, conforme al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, recogido en el Artículo ochocientos noventinueve del Código Civil; de tal forma que el título de posesión del trabajador demandado ya feneció, convirtiéndose en precario; Cuarto.- que, no es indispensable para dicha declaración esperar el resultado de un proceso laboral sobre nulidad de despido; toda vez que a través de ese proceso se persigue la reincorporación al centro de trabajo, vía la declaración de nulidad de un despido por cuyo efecto justamente el trabajador ya no labora en la empresa, esto es, se pretende revivir el vínculo laboral, consecuentemente, el razonamiento del derecho expectaticio de reincorporación del trabajador, es conferir al trabajador despedido el derecho de seguir trabajando y recibiendo su remuneración hasta las resultas del proceso laboral, lo cual no tiene sustento lógico jurídico; máxime si la propia legislación laboral, en el Artículo cincuentitrés del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés, regula expresamente la devolución de la casa habitación ante la ruptura del citado vínculo; Declararon: FUNDADO el Recurso de Casación de fojas ciento treintinueve; en consecuencia CASARON la resolución de vista de fojas ciento treintidós, su fecha doce de diciembre de mil novecientos noventiséis; NULA la apelada de fojas ciento dieciocho, fechada el nueve de octubre del mismo año; y resolviendo en Sede de Instancia; Declararon: FUNDADA la demanda de fojas veintidós; en consecuencia, que el demandado desocupe el inmueble sub júdice dentro del plazo previsto en el Artículo quinientos noventidós del Código Procesal Civil; ORDENARON que el texto de la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano, en los seguidos por la Empresa Minera Shougang Hierro Perú Sociedad Anónima, contra don Juan de Dios Ramírez Canchari sobre Desalojo; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; BUENDIA G.; ORTIZ B.; SANCHEZ PALACIOS P.;

ECHEVARRIA A.

 

Preferencia de derechos sobre inmuebles (A)

 

La preferencia de derechos reales sobre inmuebles requiere que el derecho que se opone esté registrado con anterioridad al de aquél a quien se opone. Es decir, la prelación de la inscripción en el tiempo determina el grado de preferencia aplicable a los derechos en oposición respecto de un mismo bien.

 

Casación 837-95-Lambayeque

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, tres de octubre de mil novecientos noventiséis.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista el dos de octubre del año en curso, emite la siguiente sentencia; con los acompañados.

 

MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Magdalena Salazar Fanning, mediante escrito de fojas ciento veintinueve, contra la resolución de fojas ciento diecinueve, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventicinco, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declara fundada la demanda de Tercería de Propiedad, interpuesta por Blanca Saucedo Bernabé a fojas diez.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La demandada fundamenta su recurso en lo dispuesto por el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, señalando que se ha inaplicado al caso de autos el artículo dos mil dieciséis del Código Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, concedido el Recurso de Casación a fojas ciento treintitrés, mediante resolución de fecha dieciocho de setiembre de mil novecientos noventicinco, y habiéndose declarado la procedencia del recurso por resolución de fecha veintiséis de enero último, es necesario examinar los fundamentos del Recurso de Casación.

 

Segundo.- Que, el Recurso de Casación se declaró procedente por la causal contenida en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, indicando que al momento de trabarse el embargo sobre el inmueble materia de la litis, este aparecía a nombre de Marcela Gonzales Nolazco, libre de gravámenes, motivo por el cual se procedió a la inscripción de la citada medida, por lo que resulta de aplicación al caso de autos lo dispuesto en el artículo dos mil dieciséis del Código Civil.(1)

 

Tercero.- Que, la citada norma establece la preferencia de los derechos que otorga el Registro, teniendo en cuenta la prioridad en el tiempo de la inscripción, que, en el caso de autos la demandante inicia la presente acción de tercería por el mérito de la escritura pública que fue suscrita con fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventicuatro y que corre a fojas tres, la que no aparece inscrita en Registros Públicos.

 

Cuarto.- Que, para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone; que, en consecuencia, en el caso de autos el embargo trabado sobre el inmueble materia de la presente litis que se llevó a cabo el cuatro de octubre de mil novecientos noventicuatro, y que corre a fojas ciento sesentiocho del expediente acompañado, fue presentado en Registros Públicos con fecha siete de octubre del citado año, conforme es de verse de fojas ciento setentiséis vuelta, del acompañado, por lo que a la fecha de presentación de la escritura pública de compraventa, la medida cautelar ya estaba inscrita, por lo que tiene preferencia la citada inscripción.

 

Quinto.- Que, en consecuencia resulta de aplicación al caso de autos lo dispuesto en el artículo dos mil dieciséis del Código Civil.

 

RESOLVIERON:

 

Estando a las conclusiones antes vertidas, la Sala declara FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Magdalena Salazar Fanning; y en consecuencia SECASE la resolución de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventicinco, en el extremo que renovando la apelada de fojas sesentinueve, su fecha veinticuatro de abril del año próximo pasado, declara fundada la demanda, y actuando como Instancia, declara INFUNDADA la demanda de fojas diez; en los seguidos por Blanca Saucedo Bernabé con Marcelo Arnulfo Gonzales Nolazco y otro sobre tercería de propiedad; DISPUSIERON que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. RONCALLA; ROMAN; REYES;

VASQUEZ; ECHEVARRIA

 

 

Prenda: validez y constitución

 

Es requisito para la validez de la prenda, que el bien sea entregado física o jurídicamente al acreedor, a la persona designada por éste o a la que señalen las partes.

Para la constitución de la prenda se requiere necesariamente acuerdo de las partes. En la prenda con entrega jurídica, ésta surte efecto a partir de su inscripción en los antecedentes registrales de los bienes afectados.

 

Expediente 335-97

 

Sala Nº 1

 

Lima, cinco de setiembre de mil novecientos noventisiete.

 

AUTOS Y VISTOS; actuando como oponente el señor Betancour Bossio; y ATENDIENDO: Primero.- A que, es requisito para la validez de la prenda, entre otros, que el bien sea entregado física o jurídicamente al acreedor, a la persona designada por éste o a la que señalen las partes; Segundo.- A que, cuando se trata de una entrega de naturaleza jurídica, se debe tener en cuenta que ésta procede sólo respecto de bienes inscritos, y surte sus efectos a partir de su inscripción en el Registro respectivo, de conformidad con lo previsto por el artículo mil cincuentinueve del Código Civil; Tercero.- A que, de lo expuesto anteriormente se desprende que, para la constitución de la prenda se requiere necesariamente acuerdo de partes, es decir, convención entre deudor y acreedor, y además que cuando se trata de una prenda con entrega jurídica, ésta surte efecto a partir de su inscripción en los antecedentes registrales de los bienes afectados; Cuarto.- A que, en el caso de autos, la prenda otorgada por la demandante Compañía Petrolera Río Bravo Sociedad Anónima, no cuenta con los requisitos esenciales para su validez; Quinto.- A que, siendo esto así, la solicitante no ha cumplido con ofrecer la garantía suficiente conforme lo previene el artículo seiscientos veintiocho del Código Procesal Civil, de modo que la sustitución solicitada deviene en inamparable: REVOCARON el auto apelado, obrante a fojas treintiocho del presente cuaderno, su fecha treintiuno de octubre de mil novecientos noventiséis, que declara FUNDADA la sustitución que se solicita, y ordena dejar sin efecto la medida cautelar de embargo en forma de retención hasta por el cincuenta por ciento de las sumas de dinero que Petro Perú Sociedad Anónima abona a la Compañía Petrolera Río Bravo Sociedad Anónima en forma quincenal por concepto de la venta de petróleo crudo como consecuencia del contrato de suministro de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventicinco, y la sustituye por la prenda otorgada por la demandante sobre sus bienes que se detallan en el testimonio de otorgamiento de escritura de prenda mercantil hasta por la suma de un millón ciento treinta mil dólares americanos; REFORMANDOLA declararon IMPROCEDENTE la solicitud de sustitución formulada por la demandante en mención; en los seguidos contra Compañía Pan Americana Internacional Petroleum Corporatión Peruvian Branch, sobre Indemnización; DISPUSIERON que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto por la segunda parte del artículo trescientos ochentitrés del Código Procesal Civil.

 

Prenda legal de participaciones sociales

 

 

«... La falta de acreditación del pago del precio de la transferencia de participaciones no impide la inscripción del presente título, pero sí genera la constitución de prenda legal en aplicación de lo establecido en el artículo 1065 concordado con el artículo 1118 inciso 1) del Código Civil, la misma que se constituye de manera automática y es inscribible de oficio, bajo responsabilidad del Registrador, simultáneamente con los contratos de los cuales emanan...»

 

RESOLUCION   :           147-98-ORLC/TR.

 

            Lima, 06 de abril de 1998.

 

Vista, la apelación interpuesta por don FLORENTINO MORE CARRANZA (Hoja de Trámite Nro. 4592 de fecha 2 de marzo de 1998) formulada contra la observación de la Registradora del Registro de Personas Jurídicas, Dra. Corina Milagros Gonzáles Barrón, a la solicitud de inscripción de renuncia y nombramiento de Gerente, transferencia de participaciones y modificación parcial de Estatuto de VIAJES Y TURISMO ESHEKINA TOURS S.R.Ltda, en mérito a partes notariales de escritura pública. El título se presentó el 26 de enero de 1998 con el Nro. 13413. La Registradora denegó la inscripción por cuanto: «La aclaración de haberse efectuado el pago por la transferencia de participaciones debe hacerse mediante otro instrumento público protocolar, de conformidad con la Ley del Notariado»; interviniendo como Vocal ponente el Dr. Walter Poma Morales; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que, mediante el título venido en grado se solicita la inscripción de renuncia y nombramiento de Gerente, transferencia de participaciones y modificación parcial de Estatuto de «Viajes y Turismo Eshekina Tours S.R.Ltda.», inscrita en la ficha Nro. 94930 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en mérito a partes notariales de escritura pública de fecha 11 de diciembre de 1997, extendida ante el Notario del Callao, Dr. Oscar E. Medelius Rodríguez, instrumento en el que corre inserta el acta de la Junta General Extraordinaria de Participacionistas realizada el 09.12.97;

 

Que, del título presentado se aprecia que mediante observación de fecha 28 de enero de 1998, la Registradora solicitó se acredite el pago del precio de transferencia de 10 participaciones de propiedad de la sociedad conyugal conformada por José Mercedes Semaqué Valencia y Victoria Alata Sánchez a favor de Martín Teodoro Farfán Valencia mediante documento notarial protocolar y no por declaración jurada en documento privado con firmas legalizadas por Notario del 4 de febrero de 1998, es decir, en un momento posterior al del asiento de presentación;

 

Que, se advierte del título, que el mismo fue primeramente objeto de una observación por la cual la Registradora requirió se acredite el pago de la transferencia de las participaciones, pues de la escritura pública de 11 de diciembre de 1997 no se desprendía que se haya cancelado el precio y en todo caso no se insertó documento alguno en el que conste haberse efectuado el pago, pues de no ser así se inscribiría el título como prenda legal;

 

Que, si bien es cierto, el referido documento privado no constituye documento idóneo para proceder a su inscripción, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2010 del Código Civil y el artículo 286 de la derogada Ley General de Sociedades (artículo 291 de la actual Ley General de Sociedades), debiéndose cumplir con la formalidad de constar en escritura pública para la procedencia de su inscripción, debe señalarse que la falta de acreditación del pago del precio de la transferencia de participaciones no impide la inscripción del presente título, pero sí genera la constitución de prenda legal en aplicación de lo establecido en el artículo 1065 concordado con el artículo 1118 inciso 1 del Código Civil, la misma que se constituye de manera automática y es inscribible de oficio, bajo responsabilidad del Registrador, simultáneamente con los contratos de los cuales emanan, según lo preceptuado en el artículo 119 del citado Código; supuesto al cual también se refiere el apelante en su escrito impugnativo al indicar «Si es el caso como dice el Registrador de que al no haberse pagado el precio en ese acto se ha convertido en una prenda legal, si esta fuera la hipótesis, tal prenda legal de ninguna manera impide que se inscriba el acto de transferencia ... «(sic); consecuentemente, no correspondía efectuar observación al no existir defecto alguno en el referido título;

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2011 del Código Civil, numeral IV del Título Preliminar, artículos 150 y 151 del Reglamento General de los Registros Públicos, resulta procedente acoger la solicitud de inscripción; y,

 

Estando a lo acordado:

 

SE RESUELVE:

 

Dejar sin efecto la observación formulada por la Registradora del Registro de Personas Jurídicas al título referido en la parte expositiva, y ordenar su inscripción por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

 

Regístrese y comuníquese.

 

Dra. ELENA VASQUEZ TORRES,

Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Registral.

 

Dr. WALTER POMA MORALES,

Vocal del Tribunal Registral.-

 

Dr. LUIS ALIAGA HUARIPATA,

Vocal (e) del Tribunal Registra

 

 

Prescripción adquisitiva (A)

 

Debe desestimarse la demanda si los accionantes acreditan tener la calidad de propietarios por instrumento privado sobre el predio cuya prescripción adquisitiva solicitan.

 

EXPEDIENTE  4301-94

 

SEXTA SALA - AÑO: 95

 

Lima, dieciséis de Mayo de mil novecientos noventicinco.- VISTOS; con el acompañado; interviniendo como Vocal ponente el señor Seminario Valle; por sus fundamentos; y, CONSIDERANDO: además que, la prescripción adquisitiva de dominio, se plantea en los casos que por el transcurso del tiempo se ejerza la posesión de manera contínua, pacífica y pública como propietario; que, en el caso sub-júdice el demandante y su esposa adquirieron seiscientos catorce metros cuadrados con cuarenta centímetros, de una extensión mayor por contrato privado de compra-venta, de su vendedora doña Elsa Hernández Célis, pagando cuatro millones novecientos quince mil nuevos soles, el cinco de Febrero de mil novecientos setentiocho, como consta de fojas seis, refiriendo además en la demanda de fojas dieciséis y teniendo la calidad de propietario por instrumento privado, no funciona la pretensión por acción prescriptiva de dominio a tenor del artículo novecientos cincuenta del Código Civil vigente y artículo ochocientos setentiuno del Código Civil de mil novecientos treintiséis(1) ; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento sesenticinco a ciento sesentiocho, su fecha cinco de Julio de mil novecientos noventicuatro, que declara INFUNDADA la demanda de Prescripción adquisitiva de domino de fojas dieciséis y diecisiete; sin costas; con lo demás que contiene y es materia de la alzada; y los devolvieron.-

 

Señores: FERREYROS PAREDES / SEMINARIO VALLE/ PALOMINO THOMPSON.

 

 

Prescripción adquisitiva

 

La existencia de posterior resolución judicial que rectifica el área del inmueble objeto de usucapión, no afecta el pronunciamiento judicial respecto al fondo de la pretensión procesal amparada, es decir, la adquisición de propiedad por sentencia de prescripción adquisitiva de dominio sino que, permite la adecuación del título con los antecedentes registrales.

 

Resolución 011/93-JUS-JVR.

 

Lima, 18 de Noviembre de 1993.

 

Vista, en Sesión de la fecha el recurso de revisión interpuesto por doña MARIA LUISA LA TORRE DE LUNA contra la Resolución Nº 098/92-ONARP-CF de 8 de abril de 1992 expedida por la Comisión Facultativa;

 

CONSIDERANDO:

 

Que, mediante la Resolución Nº 098/92-ONARP-CF de 8 de abril de 1992 la Comisión Facultativa confirma la observación registral formulada al Título Nº 91358 de fecha 5 de setiembre de 1991 por el cual se solicitó la inscripción de la sentencia de Prescripción Adquisitiva de Dominio a mérito de los partes judiciales que contienen las resoluciones judiciales de 6 de diciembre de 1989, 14 de mayo de 1990 y la ejecutoria suprema de 4 de diciembre de 1990, expedidas en primera, segunda y última instancia, así como la resolución de 22 de abril de 1991 sobre rectificación de área expedida por el Doce Juzgado Civil de Lima, en su denegatoria la Comisión Facultativa sostiene en primer término que de los actuados judiciales no se ha acreditado que la acción de Prescripción Adquisitiva de Dominio se haya entablado contra el Estado en su calidad de titular del predio conforme a lo dispuesto en el Artículo 952º del Código Civil y Artículo 70º del Reglamento de las Inscripciones, asimismo se sostuvo que la resolución judicial de 22 de abril de 1991 precitada al haber sido expedida por un Juez de Primera Instancia no puede enervar los efectos de una ejecutoria suprema en razón de jerarquía;

 

Que, en el caso materia de la presente alzada el derecho a prescribir de doña María Luisa La Torre de Luna ha sido declarado en un juicio terminado con Ejecutoria Suprema, la misma que ordena en forma expresa la cancelación del asiento 4 rubro c de la Ficha Nº 37883 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima donde corre el dominio del Estado;

 

Que, en todo caso la rectificación del área del predio materia de prescripción resuelta con posterioridad por un Juzgado de Primera Instancia no afecta el pronunciamiento judicial respecto al fondo de la pretensión procesal amparada, sino se limita a adecuar el título respectivo a los antecedentes registrales, más aún si tal solicitud de rectificación se ha seguido como consecuencia de una denegatoria de inscripción formulada con anterioridad a la presentación del título materia de grado;

 

Que, en consecuencia el presente título se adecua a sus antecedentes y a las normas legales que rigen su admisión al registro conforme dispone el Artículo 2011º del Código Civil ampliado por la Primera Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 768 y su concordante el Numeral IV del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos; y,

 

Estando a lo acordado y de conformidad a lo opinado por la Dra. Carmen Rosa Villa Quintana, representante de la Fiscal de la Nación;

 

SE RESUELVE:

 

Revocar la Resolución Nº 098/92-ONARP-CF de 8 de abril de 1992, expedida por la Comisión Facultativa y disponer la inscripción del Título Nº 91358 de 5 de setiembre de 1991.

 

Regístrese y comuníquese:

 

(Fdo.) Dr. Jorge Orihuela Iberico, Presidente de la Junta de Vigilancia Registral.- Dra. Carmen Rosa Villa Quintana, Representante de la Fiscal de la Nación.- Dr. Carlos Gamarra Ugaz, Representante del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.- Dr. Manuel Reátegui Tomatis, Representante del Decano del Colegio de Notarios de Lima.- Dr. Hernán Martínez Quiñones, Director de la Dirección Nacional de los Registros Públicos y Civiles.- Dra. Martha Silva Díaz, Directora General de los Registros Públicos - Secretaria.

 

 

Prescripción adquisitiva: justo título (A)

 

No puede admitirse que opere la prescripción de cinco años para la adquisición de la propiedad inmueble si no se viene poseyendo con justo título. No constituye justo título la escritura pública declarada nula por el Poder Judicial.

 

Expediente 941-95

 

Piura

 

Lima, veinticuatro de junio de mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que el demandante sustenta su pedido de prescripción adquisitiva mediante justo título y buena fe en el contrato de compra-venta celebrado en su favor por doña Eulalia Lachira Nizama, según escritura pública imperfecta de fecha treintiuno de mayo de mil novecientos ochenticinco; que sin embargo, dicha escritura fue objeto de un proceso judicial de nulidad de la misma, en los seguidos por don Lorenzo Lachira Sánchez y doña Rosa Nizama Franco de Lachira, con don Sebastián Coronado Garrido, en donde por ejecutoria suprema de veintiséis de febrero de mil novecientos noventidós que corre a fojas cuarentiséis se declaró nula dicha escritura pública imperfecta; que por ello no constituye justo título una escritura pública declarada nula por el Poder Judicial, por lo que en este caso no puede admitirse la prescripción corta de cinco años; que reconociendo el actor en su demanda de fojas diez que posee el inmueble desde el año de mil novecientos ochenticuatro, a la fecha de interposición de la demanda el veinticuatro de junio de mil novecientos noventidós, no han transcurrido los diez años que exige el artículo novecientos cincuenta del Código Civil antes citado para la prescripción larga: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos seis de veintiséis de abril de mil novecientos noventicinco(1), que confirmando la apelada de fojas doscientos treintitrés, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventicuatro, declaró fundada la demanda y que el actor adquiría por prescripción el inmueble ubicado en el jirón Libertad número doscientos veinticuatro del distrito de Pueblo Nuevo de Colán y reformando la primera y revocando la segunda, declararon IMPROCEDENTE la demanda de fojas diez; en los seguidos por Sebastián Coronado Garrido con Rosa Nizama Franco, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron.- Señores RONCALLA / ROMAN / REYES / VASQUEZ / ECHEVARRIA.

 

 

Prescripción adquisitiva: justo Título

 

Para la prescripción corta en el caso de inmuebles, no constituye justo título una escritura pública declarada nula por el Poder Judicial.

 

Expediente 941-95

 

PIURA

 

Lima, veinticuatro de junio de mil novecientos noventiséis.

 

VISTOS; y CONSIDERANDO: que el demandante sustenta su pedido de prescripción adquisitiva mediante justo título y buena fe en el contrato de compra venta celebrado en su favor por doña Eulalia Lachira Nizama, según escritura pública imperfecta de fecha treintiuno de mayo de mil novecientos ochenticinco; que sin embargo dicha escritura fue objeto de un proceso judicial de nulidad de la misma, en los seguidos por don Lorenzo Lachira Sánchez y dona Rosa Nizama Franco de Lachira con don Sebastián Coronado Garrido, en donde por ejecutoria suprema de veintiseis de febrero de mil novecientos noventidós que corre a fojas cuarentiseis se declaró nula dicha escritura pública imperfecta; que por ello no constituye justo título una escritura pública declarada nula por el Poder Judicial, por lo que en este caso no puede admitirse la prescripción corta de cinco años; que reconociendo el actor en su demanda de fojas diez que posee el inmueble desde el año de mil novecientos ochenticuatro, a la fecha de interposición de la demanda el veinticuatro de junio de mil novecientos noventidós, no han transcurrido los diez años que exige el artículo novecientos cincuenta del Código Civil antes citado para la prescripción larga; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos seis de veintiseis de abril de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas doscientos treintitrés, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventicuatro, declaró fundada la demanda y que el actor adquiría por prescripción el inmueble ubicado en el Jirón Libertad número doscientos veinticuatro del Distrito de Pueblo Nuevo de Colán y reformando la primera y revocando la segunda, declararon IMPROCEDENTE la demanda de fojas diez; en los seguidos por Sebastian Coronado Garrido con Rosa Nizama Franco, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron.

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARRIA

 

 

Prescripción adquisitiva: pacificidad de la posesión (A)

 

Para adquirir la propiedad por prescripción es esencial la posesión pacífica del bien, entendida como la posesión que se ejercita sin generar conflictos con los derechos de los demás. Esa pacificidad se vulnera cuando la posesión del actor es cuestionada por el propietario a través de un proceso judicial o administrativo.

 

Casación 78-96

 

HUANUCO

 

Lima, treinta de mayo de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; con los acompañados; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, integrada por los señores Buendía Gutiérrez, Ortiz Bernardini, Román Santisteban, Echevarría Adrianzén y Beltrán Quiroga, verificada la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto a fojas seiscientos setenta por don Alejandro Bravo Espinoza y otra contra la sentencia de vista de fojas seiscientos sesentisiete, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas quinientos sesenticinco, fechada el diecisiete de agosto de dicho año, declara fundada la demanda de fojas treintidós, subsanada a fojas cincuentiuno, incoada contra los recurrentes por don Esteban Tiburcio Albino sobre Prescripción Adquisitiva y otros; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- el recurrente sustenta su recurso en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, fundamentando que se ha interpretado erróneamente el Artículo novecientos cincuenta del Código Civil(1) y la Ley numero veintiséis mil quinientos cinco(2) , respecto a los requisitos exigidos para la Prescripción Adquisitiva de Dominio; CONSIDERANDO: Primero.- que, concedido el Recurso de Casación a fojas seiscientos setentitrés, fue declarado procedente por resolución del veinte de enero del presente año, por la causal invocada, Segundo.- que, la sentencia de vista de fojas seiscientos sesentisiete invoca el Artículo novecientos cincuentidós(3) del Código Adjetivo para señalar que el que adquiere un bien por posesión continua tiene derecho a entablar un juicio para que se le declare propietario y también menciona que a través de la Ley numero veintiséis mil quinientos cinco el estado protege y garantiza los derechos posesionarios debidamente calificados como es el caso; Tercero.- que, sin embargo, al utilizar tales disposiciones legales no se ha interpretado el sentido integral de las mismas, las cuales exigen ciertos requisitos que el demandante no ha acreditado para el amparo de su pretensión, tan es así que el Artículo novecientos cincuentidós del Código Civil invocado señala que para que la posesión continua permita acceder al derecho de propiedad, debe ser fundamentalmente pacífica, lo que significa que debe transcurrir sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás, precepto que se vulnera cuando aparece de autos que la posesión del actor ha sido cuestionada a través de una serie de procesos judiciales que se han instaurado en su contra, actualmente acompañados; Cuarto.- que, por otra parte la protección que brinda la Ley número veintiséis mil quinientos cinco está dirigida a los posesionarios debidamente calificados, aspecto que tampoco fluye de lo actuado, ya que el demandante no ha recibido una calificación expresa de autoridad competente, que califique su posesión en aptitud para generar nuevos derechos, por lo que el sentido contenido en la recurrida para amparar la demanda no responde a las disposiciones de la Ley; Quinto.- que, en consecuencia, la recurrida se encuentra comprendida en la causal prevista por el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, por lo que en aplicación del Artículo trescientos noventiséis del mismo: Declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas seiscientos setenta; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas seiscientos sesentisiete, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventicinco, y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas quinientos sesenticinco fechada el diecisiete de agosto de dicho año, que declara Fundada la demanda de fojas treintidós, subsanada a fojas cincuentiuno, reformándola declararon INFUNDADA la referida demanda en todos sus extremos; MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Esteban Tiburcio Albino contra don Alejandro Bravo Espinoza y otros sobre Prescripción Adquisitiva y otros; y los devolvieron.

 

SS. BUENDIA G.; ORTIZ B.; ROMAN S.; ECHEVARRIA A.; BELTRAN Q.

 

 

Prescripción adquisitiva : prueba del animus domini

 

Para adquirir la propiedad de un inmueble por prescripción es necesario que el poseedor se haya comportado con ánimo de propietario, ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a ello; y una de las pruebas fundamentales es el haber cumplido con el pago del impuesto predial.

 

Expediente 1889-92

 

APURIMAC

 

Lima, treintiuno de agosto de mil novecientos noventitrés.-

 

VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: que uno de los requisitos para adquirir la propiedad de un inmueble por prescripción es haber poseído "como propietario" es decir, haberse comportado como tal, cumpliendo las obligaciones y ejerciendo los derechos inherentes a ello; que en el presente caso, si bien la actora ha acreditado haber estado en posesión del inmueble desde el fallecimiento de su padre ocurrido el siete de abril de mil novecientos sesentiseis como aparece de la copia de declaratoria de herederos que corre a fojas ciento once de la instrucción que se tiene a la vista; sin embargo, ella misma ha reconocido a fojas ciento veintiuno de los mismos autos que detenta el bien en calidad de co-propietario con los demás herederos de la que fue doña Isidora Tapia Viuda de Alarcón, primitiva propietaria del inmueble, el mismo que aparece inventariado y por el que se pagó impuestos sucesorios; que igualmente ha reconocido en el mismo escrito, que tanto su padre como ella han ejercido la administración del bien y que los derechos y acciones de los otros herederos han sido vendidos al opositor don Ignacio Dávila Quevedo, estableciéndose una co-propiedad entre ambos; que siendo ello así y no habiendo acreditado la actora haber ejercido los derechos de propietaria única del inmueble, pues no ha cumplido con el pago de la contribución predial durante los veinte años que exigía el artículo ochocientos setenticuatro del Código Civil de mil novecientos treintiséis en su última parte no cabe ampararse la demanda; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cincuenticuatro, su fecha doce de agosto de mil novecientos noventidós, que declara infundada la oposición de fojas sesenta y fundada la demanda de fojas nueve; REFORMANDO la primera y REVOCANDO la segunda en estos puntos, declararon FUNDADA la oposición e INFUNDADA la demanda; en los seguidos por Lucía Alarcón Silva con Ignacio Dávila Quevedo sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron.-

 

SS. URRELLO, MENDOZA, ALMENARA, LANDA, RONCALLA

 

 

Prescripción adquisitiva de dominio: elemento subjetivo.Fundamento (A)

 

El animus domini, como elemento subjetivo, equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. Si bien el fundamento de la prescripción es la posesión, también es fundamento la propiedad o la simple tenencia. La posesión inmediata o precaria no convierte al titular del derecho, a quien no ha poseído el bien como propietario por el tiempo que establece la norma, en propietario del bien.

 

Casación 58-98

 

LAMBAYEQUE

 

Lima, diecisiete de junio de mil novecientos noventiocho.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- Vista la Causa número cincuentiocho-noventiocho; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación de fojas cuatrocientos dos, interpuesto por la demandante doña Clorinda Gervasi Cortez, contra la sentencia de vista de fojas trescientos noventidós, su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventisiete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirmando la sentencia apelada de fojas trescientos cuarentinueve, su fecha quince de agosto del mismo año, declara infundada la demanda de fojas cincuentisiete, sobre prescripción adquisitiva de dominio.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La recurrente sustenta su recurso en las causales previstas en los incisos primero, segundo y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, pero por Resolución del treinta de enero del presente año, se declaró procedente únicamente por la causal del inciso primero, que fundamentando esta causal refiere la interesada que en Sala Civil al expedir su resolución interpreta erróneamente el Artículo novecientos cincuenta del Código Civil, alegando, que para adquirir la propiedad por prescripción sólo es suficiente poseer por el tiempo que prevé el mencionado numeral, dejando de lado la intencionalidad, salvo que se trate de un poseedor inmediato o de un servidor de la posesión.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- que, el inmueble materia de la controversia constituye una unidad inmobiliaria signada con los números ochocientos sesentinueve y ochocientos setentiuno de la calle Alfredo Lapoint de la ciudad de Chiclayo, advirtiéndose de los términos de la demanda, que la solicitud de la actora para adquirir la propiedad por prescripción se contrae a la parte que se ingresa por el número ochocientos setentiuno; que asimismo refiere la demandante que el bien fue de propiedad de doña Catalina González Ruídiaz y a su fallecimiento ocurrido el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenticinco le sucedió don Mario Méndez Díaz, quien por escritura pública de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventiséis, transfirió el mismo bien en anticipo de legítima a sus hijos los ahora demandados, sosteniendo finalmente que posee dicho bien como propietario por más de veinte años;

 

Segundo.- que, el Artículo novecientos cincuenta del Código Civil vigente mantiene en su texto la calificación de la posesión para usucapir tal como lo exigía el Artículo ochocientos setentiuno del Código derogado, esto es, que se debe poseer "como propietario", aludiendo ni "animus domini" como elemento subjetivo, que equivale a la intencionalidad de poseer; que este criterio de orden legal lo comparte incluso la propia demandante cuando en su demanda manifiesta que posee como propietaria, aun cuando esta condición que se atribuye no lo ha demostrado en forma alguna, según anotan uniformemente las instancias inferiores como resultado del estudio y valoración de la prueba actuada;

 

Tercero.- que, si bien el fundamento de la prescripción es la posesión, como lo es también el fundamento de la propiedad, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la simple tenencia, la posesión inmediata o precaria, no convierte en titular del derecho a quien no ha poseído el bien como propietario por el tiempo que establece la ley en forma expresa;

 

Cuarto.- que, en consecuencia, estando a los caracteres de la posesión para prescribir, entre los que se encuentra el hecho de poseer a título de dueño, hecho afirmado y no acreditado por la actora, como sostiene el inferior, es obvio que al haberse desestimado la demanda conforme a lo previsto en el Artículo doscientos del Código Procesal Civil(1), la aplicación del Artículo novecientos cincuenta del Código Civil se ha verificado siguiendo el criterio de interpretación que mejor sugiere el propósito del legislador y la realidad nacional; que por estas consideraciones, en uso de la facultad que confiere el Artículo trescientos noventisiete del citado Código Procesal; declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas cuatrocientos dos, por doña Clorinda Gervasi Cortez, contra la sentencia de vista de fojas trescientos noventidós, su fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventisiete; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos del recurso así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por doña Clorinda Gervasi Cortez con don Mario Méndez Noriega y otros; sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ALMENARA B.; VASQUEZ C.;

ECHEVARRIA A.; BELTRAN Q.

 

 

Prescripción adquisitiva de dominio: finalidad (A)

 

Por la prescripción adquisitiva de dominio se consolida el derecho del poseedor que se creía propietario exclusivo de la cosa, por entender haberla recibido de su legítimo propietario, mediante un acto traslativo que, con el fin de transmitir la propiedad, estaba revestido de las solemnidades exigidas para su validez.

 

Casación 1106-98

 

LA LIBERTAD

 

Lima, veinticinco de enero de mil novecientos noventinueve.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Vista la Causa número mil ciento seis - noventiocho; con el acompañado, en Audiencia Pública de fecha cuatro de setiembre último; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Soledad Moreno Lozano, mediante escrito de fojas doscientos noventisiete, contra la sentencia de vista de fojas doscientos ochentinueve, su fecha diecisiete de abril del presente año, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que revocando la apelada de fojas doscientos cuarenticinco, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventisiete, declara improcedente la demanda de fojas ciento treintidós, sobre prescripción adquisitiva de dominio.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La recurrente sustenta su recurso en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando la interpretación errónea del Artículo novecientos cincuenta del Código Civil, al haberse estimado que el contrato de promesa de venta así como el de compraventa la descalifican para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio; argumentando además que su demanda se sustenta tanto en la posesión con justo título, como en la posesión continua, pacífica y pública como propietaria por más de diez años.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, por resolución de fojas trescientos seis se concedió el Recurso de Casación y con fecha doce de junio último fue declarado procedente por la causal invocada, razón por la cual, es menester analizar sus fundamentos.

 

Segundo.- Que, el proceso que motiva la interposición del Recurso de Casación es uno de prescripción adquisitiva de dominio iniciado por doña Soledad Moreno Lozano, respecto del bien inmueble sito en la calle Guatemala número cuatrocientos ochentiséis, de la urbanización Antonio Torres Araujo, de la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, sustentada, además de otros medios probatorios ofrecidos y actuados, en el documento de fojas cincuentidós denominado promesa de compraventa, de fecha veinte de junio de mil novecientos ochentiuno, y en el de fojas cincuentitrés, repetido a fojas doscientos trece, consistente en una minuta de compraventa de fecha veinte de junio de mil novecientos ochenticuatro, ambos suscritos por don César Augusto Rosales Miranda y la recurrente.

 

Tercero.- Que, como lo establece la doctrina, por la prescripción adquisitiva de dominio se consolida el derecho del poseedor que se creía propietario exclusivo de la cosa, por entender haberla recibido de su legítimo propietario, mediante un acto traslativo que, con el fin de transmitir la propiedad, estaba revestido de las solemnidades exigidas para su validez.

 

Cuarto.- Que, en la sentencia impugnada ha quedado establecido, como hechos probados: a) que la minuta de compraventa antes citada no pudo ser elevada a escritura pública, porque el bien objeto de compra estuvo a nombre del causante del vendedor; y, b) que la demandante ha demostrado la posesión continua, pacífica y pública del bien.

 

Quinto.- Que, en base a los hechos establecidos y refiriéndose a los contratos aludidos en el segundo considerando de la presente resolución, la Sala Civil Superior concluye, para declarar improcedente la demanda, que la demandante ostenta documentos probados que califican la compra del bien, hechos que la descalifican para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, conforme al Artículo novecientos cincuenta del Código Civil(1).

 

Sexto.- Que, es evidente que dicho razonamiento emerge como consecuencia de la interpretación errónea del Artículo novecientos cincuenta citado, precisamente respecto al concepto de justo título contenido en el segundo párrafo de la mencionada norma, que regula la institución de la prescripción corta; que, en ese sentido, debe precisarse que justo título es el título traslativo que por sí habría bastado para operar la transferencia del dominio

reuniendo las condiciones legales, pero en el cual falta la calidad de dueño en la persona que opera la transmisión.

 

Séptimo.- Que, la Sala de Mérito no ha tomado en consideración, en base a los hechos que ha determinado como probados, que los documentos ameritados carecen de eficacia para la transmisión de la propiedad y por cuya razón la accionante ha recurrido a la prescripción adquisitiva de dominio como alternativa para la consolidación de su derecho de propiedad;

 

Octavo.- Que, además, la existencia de justo título hace presumir la buena fe del adquirente del bien;

 

Noveno.- Que, habiendo acreditado la impugnante los fundamentos de su Recurso de Casación respecto a la interpretación errónea del Artículo novecientos cincuenta del Código Civil y de conformidad con lo establecido en el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal mencionado; declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas doscientos noventisiete; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas doscientos ochentinueve, de fecha diecisiete de abril del presente año, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos cuarenticinco, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda; en consecuencia que la mencionada accionante es propietaria única y exclusiva del inmueble, con lo demás que contiene MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por doña Soledad Paulina Moreno Lozano con don César Augusto Rosales y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron.

 

SS URRELLO A.; ALMENARA B.; RONCALLA V.; VASQUEZ C.; ECHEVARRIA A.

 

 

Prescripción adquisitiva de dominio: imprecisión en el bien a usucapir (A) (*)

 

(*) Esta Jurisprudencia se publicó en el Tomo N° 18 de Diálogo con la Jurisprudencia

 

Habiéndose cumplido con los presupuestos legales exigidos para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio de un bien inmueble, cabe declararse judicialmente aunque exista imprecisión en la identificación del bien a usucarpir, debido a que éste se encuentra edificado en una construcción mayor.

 

Expediente 3378-98

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

 

Demandante     :           Luis Raúl Muñoz Cabrera

Demandado     :           Alfredo Ricardo Bahamonde Vidal y otros

Asunto :           Prescripción adquisitiva

Fecha   :           20 de octubre de 1998

 

VISTOS: Oído el informe oral, con el cuaderno de excepción; interviniendo como Vocal ponente el señor Álvarez Guillén; por sus fundamentos; CONSIDERANDO: Además; Primero: Que, los demandados Alfredo Ricardo Bahamonte Vidal, Juana Bahamonde Rivas, Clorinda Bahamonde Rivas y María Luisa Bahamonde Buendía reconocen en sus escritos de fojas ochentisiete y ciento seis que tanto su causante Jorge Bahamonde Delpratt como ellos mismos toleraron la posesión primero del fallecido César Augusto Muñoz Valderrama y luego de sus hijos, entre los que se encuentra el actor, admitiendo también que entre mil novecientos noventa y mil novecientos noventiuno fue el demandante quien ocupó exclusivamente el predio, por lo que se concluye que al posesión data de, por lo menos, fecha anterior al treintiuno de mayo de mil novecientos setentinueve oportunidad del fallecimiento del primigenio poseedor y causante del demandante(1) (partida de defunción de fojas veintisiete); Segundo: Que, siendo así, se dan los presupuestos legales que previene el artículo novecientos cincuenta del Código Civil(2), es decir: posesión continua, pacífica y pública durante más de diez años y por consiguiente cabe la declaración de prescripción adquisitiva de dominio(3), sin que afecte su derecho el proceso tramitado en su contra sobre desalojo(4) que cuenta con la sentencia de vista copiada a fojas doscientos setentitrés que favorece sus preces; Tercero: Que, cierto es que se percibe imprecisión en la demanda respecto a la identificación del bien a usucapir, pues se afirma que el terreno donde está edificado el departamento inmobiliario es de propiedad de los demandados y que esa construcción es suya al ser heredero de César Augusto Muñoz Valderrama; empero, sea o no cierta esa afirmación, lo real es que la posesión se ejerce sobre ambos componentes del bien inmueble y, por consiguiente, es fundada la petición, por lo que: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos cuarentisiete a doscientos cuarentinueve, de fecha veinte de julio de mil novecientos noventiocho, que declara Fundada la demanda de fojas veintinueve a treintitrés, subsanada a fojas treintisiete, en consecuencia declara que don Luis Raúl Muñoz Cabrera, es propietario del departamento signado con el número tres  del inmueble ubicado en el número mil doscientos ochentiséis del jirón García Naranjo, La Victoria, provincia y departamento de Lima; constituido por un inmueble de ochenta metros cuadrados, cuyos linderos y medidas perimétricas se encuentran descritos a fojas treinta, conforme al escrito de demanda y a los planos de fojas dieciocho y diecinueve; y los devolvieron; en los seguidos por Luis Raúl Muñoz Cabrera con Alfredo Ricardo Bahamonde Vidal y otros sobre Prescripción Adquisitiva.-

 

CARRIÓN LUGO / ÁLVAREZ GUILLÉN / TELLO DE ÑECCO

 

 

Prescripción adquisitiva: copropiedad, sucesión

 

Ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes porque quien posee el bien, lo efectúa personalmente pero no en nombre de los otros copropietarios. La coexistencia de un poseedor mediato y un propietario negligente que permite, tolera e ignora el hecho de la posesión por un tercero, son los elementos básicos para la usucapión.

 

Expediente 2086-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, veintisiete de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: actuando como Vocal Ponente el señor doctor Betancour Bossio, en parte por los fundamentos de la apelada y de conformidad con el Dictamen Fiscal de fojas trescientos veintiocho y siguientes y, CONSIDERANDO: además, Primero.- Que, los accionantes, en su pretensión de fojas treintiséis admiten expresamente que la azotea ubicada en el quinto nivel del inmueble de la Avenida Angamos Este número setecientos cincuentisiete, distrito de Surquillo, fue propiedad de los abuelos de la codemandante quienes en vida fueron don Adrián Rojas Fernández y doña Viviana Rojas Aguilar de Rojas y que le permitieron el ingreso al bien y, a cuyo fallecimiento, los han sucedido sus hijos -entre los que se incluye el padre de la misma codemandante Carmen Laura Rojas Ruiz- tal como se infiere de fojas treintiuno (copia literal de dominio acompañada) y de la ficha número dieciséis treinta setecientos cuatro de fojas doscientos cuarentidós: Segundo: Que, asimismo, la citada codemandante, en concurrencia con su madre y hermanas, han adquirido mortis causa los derechos y acciones que sobre el mismo inmueble correspondió a su padre don Adrián Humberto Rojas Rojas según el asiento C-tres de la ficha registral antes mencionada; Tercero.- Que, siendo así, estamos frente al impedimento contenido en el artículo novecientos ochenticinco del Código Civil en cuanto dispone que "ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes", cuyo fundamento está en que, quien posee el bien lo efectúa personalmente pero en nombre de los otros copropietarios, no para sí como si fuera único propietario; en consecuencia, no se da el elemento, básico de la usucapión: la coexistencia de un poseedor mediato y un propietario negligente que permite, tolera e ignora el hecho de la posesión por un tercero, -aclarándose que el copropietario poseedor no es tercero-; Cuarto.- Que, en cuanto al otro codemandante Santos Guillermo Montoya Chauca, no acredita poseer como propietario, exigencia prevista en el artículo novecientos cincuenta del Código Civil, como requisito concurrente para la prescripción adquisitiva del bien inmueble; Quinto.- Que, en el primer considerando de la apelada se advierte un error material de cita legal (dice artículo novecientos noventitrés), que debe entenderse referida al artículo novecientos veintitrés del Código Civil, que señala las características del derecho de propiedad, lo cual no gravita en la motivación del mismo; CONFIRMARON : la sentencia apelada de fojas trescientos uno y siguientes, su fecha seis de junio de mil novecientos noventisiete que declara INFUNDADA la demanda: y los devolvieron; en los seguidos por Santos Guillermo Montoya Chauca y otra con Carlos Eduardo Rojas Rojas y otros sobre prescripción adquisitiva de dominio.

 

SS. CARRION LUGO / BETANCOUR BOSSIO / EYZAGUIRRE GARATE

 

 

Prescripción adquisitiva: improcedencia

 

Resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva si se afirma haber adquirido ésta por contrato de compraventa.

 

Expediente 2774-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, veinte de mayo de mil novecientos noventiocho.

 

Vistos: interviniendo como ponente la señora Palacios Tejada; por sus fundamentos, y; CONSIDERANDO , además: Primero.- Que, los actores acuden al órgano jurisdiccional a fin que se les declare propietarios, por prescripción adquisitiva, del inmueble sito en Lote veinticuatro, Manzana T, Urbanización La Virreyna del Distrito de Santiago de Surco; Segundo.- Que, constituye fundamento de hecho de su demanda que con fecha quince de agosto de mil novecientos setentiséis adquirieron la propiedad del inmueble materia de litis mediante contrato de compraventa; Tercero.- Que, resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva si se afirma haber adquirido ésta por contrato de compraventa; por estas consideraciones: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento cincuentidós a ciento cincuenticuatro su fecha dos de setiembre de mil novecientos noventisiete que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas treinta a treintiocho y que modificada obra a fojas setentiséis a setentisiete, con lo demás que contiene y es materia de grado; en los seguidos por Consuelo Olivares Bilbao con Rosa Eyzaguirre Reyes y otro, sobre Prescripción Adquisitiva; y los devolvieron.

 

SS. CARRION LUGO / CARBAJAL PORTOCARRERO / PALACIOS TEJADA

 

 

Propiedad: acuerdo de voluntades

 

Si existe acuerdo de voluntades respecto al bien que se enajena y al precio, convierte a la demandante en propietaria del inmueble, no siendo necesario que el Juez así lo declare.

 

Expediente N-1239-97

 

Sala Nº 1

 

Resolución Nº 2

 

Lima, diecinueve de enero de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS, interviniendo como Vocal Ponente la doctora Aranda Rodríguez, y CONSIDERANDO: que conforme a la demanda de fojas veintinueve a treinta la pretensión de la demandante doña Liliana María Balbina Alvarez Gonzáles está dirigida a que el Organo Jurisdiccional declare que ha adquirido por prescripción el departamento doscientos uno de la Calle Manuel Ugarte y Moscoso número quinientos treintidós- San Isidro, así como el estacionamiento numero ocho del referido lugar; Segundo: Que respecto al departamento doscientos uno conforme se aprecia de la Escritura Pública de compraventa de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos ochentiuno cuyo testimonio corre de fojas catorce a diecinueve éste fue transferido por don Renzo Massari Aliatis y dona Juanita Matellini Schmitt de Massari en calidad de vendedores a favor de la demandante y su esposo don Fernando Chang Chávez, por lo que al existir acuerdo de voluntades respecto al bien que se enajena y al precio, convierte a la demandante en propietaria del inmueble no siendo necesario que el a-quo así lo declare; Tercero.- Que en cuanto al estacionamiento número ocho de la calle Manuel Ugarte y Moscoso número quinientos treintidós- San Isidro, no puede sostenerse que la demandante lo posee con justo título habida cuenta que éste es tal cuando el poseedor cree haber adquirido legítimamente el derecho, lo que no puede sostenerse en el caso de autos, toda vez que el indicado estacionamiento según la copia literal de fojas diez está registrado a nombre de Sud-América Sociedad Anónima, y de acuerdo al artículo 2012 del Código Civil se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; Cuarto.- Que consecuentemente el plazo prescriptorio para usucapir el mencionado estacionamiento es de diez años el mismo que no se ha cumplido al momento de interponer la demanda; DESAPROBARON la sentencia consultada de fojas doscientos cuarentinueve a doscientos cincuentitrés, su fecha veintidós de abril de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda de fojas veintinueve a treinta, REFORMANDOLA la declararon IMPROCEDENTE respecto al departamento doscientos uno ubicado en Manuel Ugarte y Moscoso quinientos treintidós - San Isidro e INFUNDADA en cuanto al estacionamiento número ocho del inmueble sub-litis; y los devolvieron; en los seguidos por Liliana María Balbina Alvarez Gonzáles con Renzo Massari Aliatis y otra, sobre prescripción adquisitiva.

 

SS. ARANDA RODRIGUEZ / ENCINAS LLANOS / LAMA MORE

 

 

Propiedad  horizontal: ¿Abuso del Derecho?

 

Fluye de la resolución que el tema principal de la demanda era el abuso del derecho; sin embargo, se puede apreciar con meridiana claridad que no se está ante un auténtico caso de abuso del derecho en el concepto técnico y jurídico de la expresión, sino simplemente frente a una transgresión de las normas que protegen los derechos de los copropietarios de zonas comunes en un régimen de propiedad  horizontal.

 

Expediente 716-95

 

LIMA

 

Lima, dieciocho de abril de mil novecientos noventiséis

 

VISTOS; por los fundamentos pertinentes de la apelada; CONSIDERANDO: 1) Que, el dictamen pericial de fojas noventiuno, ha sido dispuesta de oficio y no fue materia de impugnación, teniéndose por aprobada en los términos que se indican, en la resolución de fojas ciento veintisiete, sin embargo, la parte demandada, pretendió vía articulación de nulidad, se deje sin efecto el nombramiento de los peritos así como el dictamen correspondiente, pretensión que fue desestimada por resolución de fojas ciento veintisiete, el que si bien es materia de apelación y se concede en un sólo efecto por resolución de fojas ciento cincuenticuatro vuelta, sin embargo no aparece que se haya expeditado la misma; 2) Que, de la licencia que obra a fojas ciento cuarentitrés, aparece que se concede autorización para la apertura de un vano, a fin de unir dos ambientes anteriores, adecuándose a las normas técnicas de reforzamiento, empero, no consta en la misma, la demolición del muro portante y construcción de los póticos, por lo tanto para dicha obra no existe autorización; 3) Que, tratándose d un inmueble sujeto a condominio, debe sujetarse al régimen de propiedad horizontal establecido por el Decreto Ley veintidós mil ciento doce y su reglamento, inciso b del Decreto Supremo cero diecinueve guión setentiocho VC, que señala que constituye bienes de dominio común los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales, y que sobre dichos bienes comunes, los propietarios tienen la obligación de no ejecutar obra o instalación alguna que afecte el dominio común, sin la aprobación previa de la Junta de propietarios; tiene la obligación de no ejecutar obra o instalación alguna que afecte el dominio común, sin la aprobación previa de la Junta de propietarios; que en el caso de autos efectivamente no existe dicho acuerdo constituyendo una inobservancia de una disposición reglamentaria; 4) Que, en relación a la pretensión de indemnización, si bien cierto se ha procedido a la demolición sin la autorización del actor, empero, los demandados Carlos Julio y Lizardo Pinillos Ganoza han actuado en ejercicio regular de un derecho, pues también son propietarios del inmueble materia de litis, por lo que dicho extremo deviene en infundada, declararon: HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas doscientos sesentisiete, su fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventicinco, en cuanto revocando la apelada de fojas ciento cincuentiocho, su fecha quince de agosto mil novecientos noventicuatro , declara infundada la muro portante, reformando la primera, CONFIRMARON la segunda en este punto; declararon FUNDADA la demanda en este extremo; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del grado; en los seguidos por Fernando Pinillos Ganoza con Lizardo Pinillos Ganoza y otros sobre abuso de derecho y otro concepto; y los devolvieron.

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

VASQUEZ

ECHEVARIA

 

 

Propiedad horizontal: arrendamiento de zona común

 

No pueden ser materia de arrendamiento o transferencia las áreas que forman parte de la zona común, sin acuerdo previo de la Junta de Propietarios.

 

Casación 13-95

 

CALLAO

 

Lima, veintiséis de diciembre de

mil novecientos noventicinco.-

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el día diez de octubre de mil novecientos noventicinco, emite la siguiente sentencia, con el expediente acompañado.

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Marcial Rojas Zea, contra la sentencia de fojas ciento veintidós, expedida el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventicuatro por la Sala Civil de la Corte Superior del Callao, que revocando la apelada de fojas ochentisiete de fecha siete de octubre del mismo año, declara improcedente la demanda de desalojo por ocupación precaria, interpuesta por el citado recurrente y Flora Ochoa Puclla.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

El demandante Marcial Rojas Zea sustenta su impugnación en la causal prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, precisando que se ha inaplicado el artículo novecientos setentinueve del Código Civil.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO.- Que, admitido el recurso de casación a fojas ciento treintiuno, y habiéndose declarado su procedencia mediante resolución expedida el veintiséis de junio de mil novecientos noventicinco, corresponde examinar los fundamentos del mencionado recurso.

 

SEGUNDO.- Que, el recurrente fundamenta el recurso de casación, afirmando que se ha declarado improcedente la acción de desalojo que ha interpuesto en contra de Germán Caballero Zambrano, sin tomar en cuenta lo previsto por el artículo novecientos setentinueve del Código Civil, que le concede facultades para interponerla.

 

TERCERO.- Que, la acción deriva del contrato de compraventa, cuyo testimonio corre de fojas diez a diecisiete, otorgado el primero de febrero de mil novecientos ochenticuatro, en donde aparece que el inmueble materia de la acción, ha sido subdividido en varios sub-lotes, y que Marcial Rojas Zea junto con su cónyuge Flora Ochoa Puclla de Rojas han adquirido el signado con el número tres, sub-lote al que se tiene acceso por un pasaje común entrando por el Jirón Arequipa Norte trescientos cuatro-Callao.

 

CUARTO.- Que, la cláusula tercera del contrato establece que la venta comprende el área del sub-lote, sus aires, usos, costumbres, entradas y salidas, servidumbres y todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, sin reserva ni limitación alguna.

 

QUINTO.- Que, la inspección judicial practicada según acta de fojas cuarentinueve ha establecido que el inmueble constituye una quinta o casa de vecindad, y que en el mencionado pasaje común, existe una construcción levantada con material precario, que ocupa parte del sub-lote número dos perteneciente a Luz Elena Sánchez Fernández y parte del pasaje común que da acceso al área que pertenece a los demandantes.

 

SEXTO.- Que, la mencionada construcción que obstruye el acceso al sub-lote de los demandantes, está ocupada por el demandado Germán Caballero Zambrano, y los recibos de arrendamientos de alquiler de un cuarto, corrientes en el expediente acompañado, no tienen eficacia en cuanto al área del pasaje que ocupa y es materia de la litis, porque forma parte de la zona común de los propietarios de los sub-lotes y no puede ser objeto de transferencia o arrendamiento, sin previo acuerdo de la Junta de Propietarios.

 

SETIMO.- Que, siendo esto así, los demandantes tienen derecho a interponer la presente demanda, en virtud del derecho consagrado por el artículo novecientos setentinueve del Código Civil que es aplicable al caso, porque está dirigida a proteger una zona del inmueble que es común y pertenece a los propietarios de los sub-lotes, acción que protege el derecho de todos éstos, sin que sea necesario su concurso para interponerla; por lo que corresponde amparar el petitorio, en cuanto se refiere al pasaje común.

 

SE RESUELVE:

 

DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Marcial Rojas Zea, en consecuencia CASAR la sentencia expedida por la Sala Civil del Callao corriente a fojas ciento veintidós, su fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventicuatro, que revocando la apelada de fojas ochentisiete expedida el siete de octubre del mismo año, declara infundada la demanda de fojas dieciséis; y actuando como órgano de resolución;declararon FUNDADA la demanda, ordenando que el demandado desocupe y entregue la parte del pasadizo común que ocupa en el inmueble materia de la acción, en el plazo de seis días; DISPUSIERON: que la presente resolución se publique en el Diario Oficial «El Peruano», bajo responsabilidad; y los devolvieron.-

 

SS

RONCALLA

ROMAN

REYES

ECHEVARRIA

URRUTIA

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria

 

 

Propiedad: restricciones

 

La voluntad de las partes tiene su límite en las normas legales de orden imperativo. Si la restricción a la propiedad no se basa en necesidad pública o interés social, no resulta legítima.

 

Expediente 184-97

 

Sala Nº 1

 

Resolución Nº 6

 

Lima, veintinueve de agosto de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; actuando como ponente la señora Hidalgo Morán; con el acompañado por sus propios fundamentos; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, respecto de la tacha formulada por escrito de fecha tres de enero de mil novecientos noventisiete, deviene en inatendible por haberse formulado de manera extemporánea, sin haber acreditado que el incumplimiento del plazo observado se hubiera debido al conocimiento sobreviniente de la causal, tal como lo exige el artículo 302 del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, la omisión de pronunciamiento no acarrea nulidad de actuados por cuanto, la misma no genera perjuicio a ninguna de las partes, tanto más cuando por la consideración anterior la tacha formulada debió declararse inadmisible de plano como de modo expreso lo enuncia el numeral 301 del mismo cuerpo legal citado; y a mayor abundamiento, la misma fue cobrada en su oportunidad por los pretensores demandantes; Tercero.- Que, la voluntad de las partes tiene su límite en las normas legales de orden imperativo, y como tal la restricción a la propiedad impuesta, no sustentada en dispositivo legal basado en necesidad pública o interés social no resulta legítima; dado que son dichas razones las únicas que la ley admite, conforme fluye del artículo 925 del Código Civil, tanto más cuando tampoco se trata de una restricción referida a terceros; Cuarto.- Que, dado el concepto que contiene el artículo 1370 del Código Civil, pese a que la pretensión demandada es la rescisión de contrato, obviamente al sustentarse en causal sobreviniente a su celebración la misma es la de resolución expresamente prevista en el artículo 1371 del Código Civil; Quinto.- Que, habiéndose acreditado el pago de más del cincuenta por ciento del precio pactado, el vendedor ha perdido el derecho a optar por la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 1562 del Código Civil; CONFIRMARON la sentencia apelada obrante a fojas ciento ochentiuno y siguientes, su fecha diez de febrero de mil novecientos noventisiete, que declara infundada la demanda de fojas veintisiete a veintinueve, subsanada a fojas treintidós y treintitrés y fundada la reconvención interpuesta por la demanda y en consecuencia, declara nula la cláusula octava del contrato de compra venta del veinte de octubre de mil novecientos noventicuatro, con costas y costos del proceso; INTEGRANDOLA Declararon INADMISIBLE la tacha formulada por escrito de fojas ciento setenticuatro; y los devolvieron; en los seguidos por Carlos Ayala Badajos con doña Carmen Vega Palomino, sobre rescisión de contrato y otros.

 

S.S.

BETANCOUR BOSSIO

HIDALGO MORAN

AGUIRRE SALINAS

 

Prueba del derecho de propiedad en el proceso de desalojo por ocupación precaria

 

« ... Para que sea procedente el proceso de desalojo por ocupación precaria, es necesario que el demandante pruebe debidamente su derecho de propiedad sobre el bien cuya desocupación solicita...»

 

EXPEDIENTE               :           193 - 96.

 

Lima, once de abril de

mil novecientos noventiséis.-

 

VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propios fundamentos de la resolución recurrida; y CONSIDERANDO además; PRIMERO: que el concepto de uso precario a que se refiere la segunda parte del artículo quinientos ochentiséis del Código Procesal Civil, es la de ocupante sin título alguno, sin consentimiento del dueño y sin pagar merced conductiva; SEGUNDO: Que para que sea procedente el proceso de desalojo por ocupación precaria, es necesario que el demandante pruebe debidamente su derecho de propiedad sobre el bien cuya desocupación solicita; TERCERO: Que de otro lado, el demandado debe probar la existencia del vínculo contractual o de otra naturaleza que justifique la ocupación del bien; CUARTO: Que en el caso de autos, la entidad demandante ha probado debidamente con el documento de fojas ciento ochentiocho, su derecho de propiedad sobre el bien sub-litis; derecho que se encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos; QUINTO: Que asimismo, la empresa demandada no ha acreditado de modo alguno tener vínculo contractual o de otra naturaleza sobre el predio sub-materia; y menos aún, el hecho de pagar renta; SEXTO: Que si bien es cierto, el artículo ciento ochentinueve del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios; también lo es, que el numeral cuatrocientos veintinueve del propio texto legal autoriza ofrecer medios probatorios referidos a hechos nuevos y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda -como es el caso de autos- o reconvenir; y SETIMO: Estando a lo dispuesto por los artículos ciento ochentiocho, ciento noventiuno, doscientos treintitrés, doscientos ochentiuno y doscientos ochentidós del Código Procesal Civil. CONFIRMARON la sentencia apelada corriente a fojas ciento veinticuatro y ciento veinticinco, de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventicinco, que declara fundada la demanda interpuesta; y, en consecuencia, ordena que la Empresa de Transportes Patria Sociedad Anónima cumpla con desocupar el inmueble sito en Edmundo Moreau número novecientos treintiuno de la Urbanización Industrial Roma, Distrito del Cercado de Lima; con costas; y los devolvieron.- En los seguidos por PANDERO Sociedad Anónima sobre Desalojo.- Señores: MANSILLA NOVELLA / BRAITHWAITE GONZALES / UMPIRE NOGALES.

 

Reembolso de mejoras al poseedor: exigibilidad de buena fe

 

«... El poseedor tiene derecho al pago de mejoras cuando éstas se han efectuado de buena fe, vale decir, cuando se han efectuado con autorización expresa o tácita del propietario del predio, o las efectúa en la creencia que posee el bien con título válido...»

 

EXPEDIENTE               :           N - 1108 - 97.   

 

Lima, catorce de enero de

mil novecientos noventiocho.-

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Lama More; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, el poseedor tiene derecho al pago de mejoras cuando éstas se han efectuado de buena fe, vale decir, cuando se han efectuado con autorización expresa o tácita del propietario del predio, o las efectúa en la creencia que posee el bien con título válido; Segundo.- Que, lo expuesto se corrobora con lo dispuesto en el artículo novecientos cuarentitrés del Código Civil que establece que cuando se edifica de mala fe en terreno ajeno, el propietario no tiene obligación de pagar su valor, pudiendo incluso exigir la demolición de lo edificado si le causara perjuicio; Tercero.- Que, en el presente caso, el demandante no ha acreditado que posea el bien inmueble con título válido, ni que haya contado con la autorización expresa o tácita del demandado para efectuar la edificación que dice haber construido; Cuarto.- Que, asimismo, no ha acreditado haber poseído el predio en octubre de mil novecientos ochentiocho, fecha que, según el documento de fojas tres, elaborado por el propio demandante, se efectuaron las referidas obras; Quinto.- Que, dicho documento, denominado «Formulario de Declaración de Fábrica en vía de Regularización», no acredita por sí solo que el actor haya efectuado las obras que allí se precisan, por constituir una unilateral «Declaración Jurada» de éste y porque la fecha cierta del mismo es el dos de octubre de mil novecientos noventicinco; Sexto.- Que, las demás pruebas aportadas por el actor, consisten en documentos que corren de fojas cuatro a doce de autos no abonan a favor de la pretensión del actor, pues sólo acreditan que éste ocupó el predio sub-materia durante el año mil novecientos noventicuatro y mil novecientos noventicinco: CONFIRMARON la sentencia de fecha primero de octubre de mil novecientos noventisiete, que corre de fojas ciento treinticinco a ciento treintisiete de autos, que declara infundada la demanda de fojas trece a dieciséis; con lo demás que contiene y es materia de la alzada; hágase saber y devuélvase.- En los seguidos por Honorato León con Manuel Pablo Gordillo Carbajal sobre pago de mejoras.- Señores: ENCINAS LLANOS / LAMA MORE / MARTEL CHANG.

 

Reembolso de mejoras en el arrendamiento

 

«... En relación al derecho de reembolso de las mejoras debe observarse que el inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente, expresa que el arrendatario está obligado a no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del arrendador. A contrario sensu, debe entenderse que las mejoras, cualquiera sea su modalidad, pueden realizarse siempre y cuando cuenten con la autorización del arrendador, por imperio de lo establecido en dicha norma; por consiguiente, el derecho de reembolso de mejoras del arrendatario o subarrendatario estará supeditado a la previa autorización del arrendador, en estricto cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del contrato de arrendamiento».

 

CASACION Nro.           :           1516 - 96 / LIMA.

 

Lima, tres de diciembre de mil novecientos noventisiete.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el dos de diciembre del año en curso, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Elsa Lariena Julca, mediante escrito de fojas seiscientos sesenticinco, y por don Carlos Florián y Lorenzo Mario Lariena Julca, mediante escrito de fojas seiscientos setentisiete, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cincuentinueve, su fecha once de julio de mil novecientos noventiséis, que confirmando la apelada de fojas cuatrocientos sesenticuatro, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventicinco, declara fundada en parte la demanda de pago de mejoras, con lo demás que contiene.

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha ocho de mayo del presente año ha declarado la procedencia de tales recursos por las causales de aplicación indebida de la norma material contenida en el Artículo dos mil ciento veinte del Código Civil, pues los recurrentes indican que la sentencia de vista parte de considerar que la prohibición contenida en el inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del mismo Código no tiene un correlato en el Código Civil de mil novecientos treintiséis, obviando considerar que dicha norma estaba incluida dentro del Artículo mil quinientos treintinueve del referido Código Sustantivo, agregando que estando regulada la materia en ambos Códigos era de aplicación la teoría de los hechos cumplidos y por tanto se debía aplicar el Artículo dos mil cientos veintiuno del Código Civil vigente.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que la cuestión que motiva la presente controversia está referida al reembolso de las mejoras introducidas en el bien sub litis, que solicita el subarrendatario demandante a los copropietarios del inmueble.

 

Segundo.- Que en relación al derecho de reembolso de las mejoras debe observarse que el inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente, expresa que el arrendatario está obligado a no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del arrendador. A contrario sensu, debe entenderse que las mejoras, cualquiera sea su modalidad, pueden realizarse siempre y cuando cuenten con la autorización del arrendador, por imperio de lo establecido en dicha norma; por consiguiente, el derecho de reembolso de mejoras del arrendatario o subarrendatario estará supeditado a la previa autorización del arrendador, en estricto cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del contrato de arrendamiento.

 

Tercero.- Que se configura un error de interpretación en la sentencia recurrida, que recoge los fundamentos de la apelada, cuando interpreta el derecho de reembolso de mejoras como un tema independiente y que al encontrarse regulado en el Libro de Derechos Reales, se rige por sus propias normas; sin duda tal interpretación ignora que el núcleo de la relación jurídica entre arrendatario y arrendador está dado por el contrato de arrendamiento, siendo éste el que establece la posibilidad de introducción de mejoras por el arrendatario y subarrendatario y su consiguiente derecho al reembolso. Lo anterior no enerva la aplicación de las normas relativas a mejoras contenidas en el Libro Tercero (en realidad es el Libro V) del Código Civil, en cuanto regula aquellas que introduzcan los poseedores de inmuebles.

 

Cuarto.- Que el derogado Código Civil de mil novecientos treintiséis en el Artículo mil quinientos diecisiete establecía como parte de las obligaciones del conductor del predio, en su inciso quinto, hacer los reparos que determine la costumbre, si no hay pacto en contrario, y a poner en conocimiento del locador la necesidad de las reparaciones que a éste le incumbe; asimismo, en el Artículo mil quinientos treintinueve se dispuso que ninguna mejora es abonable al arrendatario, si no se pone en virtud de convenio por escrito, en que el dueño se halla obligado a pagarla; fluyendo de la redacción del mismo y de su ratio legis que el legislador determinó expresamente que el derecho de reembolso de las mejoras introducidas por el arrendatario, sólo podría darse en aplicación de un acuerdo escrito, donde constará el consentimiento del dueño del inmueble.

 

Quinto.- Que entonces debe entenderse que el indicado Artículo mil quinientos treintinueve del Código Civil de mil novecientos treintiséis viene a ser el correlato de la disposición consignada en el inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente que dispone, que el arrendatario está obligado a no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del arrendador; con la única acotación que la actual norma permite otras formas de manifestación del consentimiento que expresa al arrendador, a diferencia del derogado Artículo mil quinientos treintinueve, que exigía que fuera por escrito.

 

Sexto.- Que por consiguiente, en el marco del contrato de arrendamiento la citada norma del Artículo mil quinientos treintinueve concordado con el Artículo mil quinientos diecisiete del Código Civil de mil novecientos treintiséis también se encuentra regulada en el inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del actual Código Civil.

 

Sétimo.- Que además, según lo prescrito en el Artículo dos mil ciento veintiuno del vigente Código Civil, sus disposiciones son aplicables inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, por lo que dicho cuerpo legal es aplicable al caso de autos.

 

Octavo.- Que en la sentencia recurrida, que asume los fundamentos de la apelada, se ha establecido como un hecho acreditado que la parte demandante introdujo las mejoras sin autorización de los copropietarios del inmueble, por lo que aplicando el citado inciso octavo del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente la demanda de pago de mejoras debe declararse infundada.

 

Noveno.- Que habiéndose presentado la causal del inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil en el presente caso, resulta de aplicación el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del acotado.

 

4. SENTENCIA:

 

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sala Civil de la Corte Suprema, declara FUNDADOS los Recursos de Casación interpuestos por doña Elsa Lariena Julca, por una parte, y por don Carlos Florián y Lorenzo Mario Lariena Julca, por otra parte, y en consecuencia CASA la sentencia apelada de fojas cuatrocientos sesenticuatro, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventicinco, que declararon fundada en parte la demanda, REFORMANDOLA declararon INFUNDADA dicha demanda; en los seguidos por don Jorge Gonzales Vigil Pimentel, sobre pago de mejoras;  ORDENARON la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. IBERICO; CASTILLO L.R.S.; MARULL; BELTRAN

EL VOTO DEL SEÑOR RONCALLA VALDIVIA; ES COMO SIGUE:

 

 

CONSIDERANDO: 1º) Que la Corte mediante resoluciones de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventisiete ha estimado procedente los recursos interpuestos sólo por la causal relativa a la aplicación indebida del Artículo dos mil ciento veinte del Código Civil por considerarse erróneamente que la prohibición contenida en el inciso ocho del Artículo mil seiscientos ochentiuno del mismo Código no tenía un correlato en el Código Civil de mil novecientos treintiséis, y que el recurrente estima que dicha norma estaba incluida dentro del Artículo mil quinientos treintinueve del referido Código, para que finalmente señalar que estando regulada la materia en ambos Códigos es de aplicación la teoría de los hechos cumplidos y por tanto se debía aplicar el Artículo dos mil ciento veintiuno del Código Civil vigente; 2º) Que el Artículo mil quinientos treintinueve del Código Civil de mil novecientos treintiséis disponía que ninguna mejora era abonable al arrendatario, si no se pone en virtud de convenio escrito, en que el dueño se obligaba a pagarla; 3º) Que dicha disposición no implica la prohibición de introducir cambios ni modificaciones en el inmueble; 4º) Que conforme al Artículo mil quinientos treintisiete del Código Civil de mil novecientos treintiséis el arrendatario tenía la facultad de hacer mejoras en la cosa arrendada sin alterar su forma, que es la norma que se debe concordar con lo dispuesto en el inciso ocho del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente y no la que erróneamente citan los recurrentes; 5º) Que los recurrentes parten del presupuesto que resulta de aplicación del Código Civil de mil novecientos ochenticuatro; 6º) Que el Artículo novecientos diecisiete del Código Civil vigente reconoce el derecho del poseedor al pago de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución; 7º) Que en la sentencia recurrida se ha establecido la existencia de mejoras útiles introducidas en el predio; 8º) El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso ocho del Artículo mil seiscientos ochentiuno del Código Civil vigente no supone la pérdida del derecho al pago de las mejoras útiles introducidas en el predio, sino el incurrirse en causal de resolución contractual conforme al inciso cinco del Artículo mil seiscientos noventisiete e inciso tres del Artículo mil ciento cincuentiocho del Código Civil; 9º) Que en consecuencia y en la medida que el error en la motivación de la recurrida no modifica el sentido de la resolución resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil. Estando a las precedentes consideraciones MI VOTO es por que se declaren  INFUNDADOS los Recursos de Casación interpuesto por doña Elsa Lariena Julca, por don Carlos y don Lorenzo Lariena Julca, en consecuencia NO CASAR la sentencia de fojas seiscientos cincuentinueve, su fecha once de julio de mil novecientos noventiséis y que se condene a los recurrentes al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal y de las costas y costos originados en la tramitación de los mencionados recursos.

 

S. RONCALLA

 

 

Reivindicación (A)

 

La acción de reivindicación faculta al propietario de un bien determinado y no poseedor de éste, solicitar la entrega al poseedor no propietario. La solicitud versa sobre la entrega física de la totalidad del bien, por lo que no es procedente la reivindicación de  acciones y derechos dado su carácter inmaterial.

 

Expediente 823-95

 

AREQUIPA

 

Lima, diecisiete de mayo de mil novecientos noventiséis.

 

VISTOS; con los acompañados, por sus fundamentos; y CONSIDERANDO ADEMAS: que de los acompañados sobre división y participación, ha quedado establecido un condominio sucesoral entre don Arturo Ibañez Gonzáles, en la proporción del cincuenta por ciento con sus hijas Laura e Elizabeth Ibañez Díaz; asimismo, también se declaró la nulidad de la declaración de fábrica respecto del bien sub litis hecho sólo a nombre del padre de estas últimas, el co-demandado Arturo Ibañez Gonzáles; que la acción de reivindicación faculta al propietario de un bien determinado e identificado con sus respectivos linderos y medidas perimétricas, solicitar la entrega al poseedor no propietario, conforme se establece en el artículo novecientos veintitrés del Código Civil (1) , en consecuencia, no resulta amparable la reinvindicación de acciones y derechos; que asimismo, por los fundamentos de la sentencia de vista respecto al pago de frutos, extremos que si bien no se menciona en el fallo de la sentencia de vista, en aplicación del principio de integración debe entenderse que la revocatoria comprende al extremo en que se declara fundada en totalidad la demanda de fojas diez, para considerarlo sólo fundada en parte, así como infundadas los extremos de la demanda ampliada a fojas trece; declararon NO HABER NULIDAD en los extremos de la sentencia de vista, de fojas quinientos noventiocho, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventicinco en cuanto revocando en parte la apelada de fojas cuatrocientos cuarentitrés, su fecha nueve de mayo de mil novecientos noventicuatro, declara fundada en parte la demanda de fojas diez, en consecuencia nula la escritura pública celebrada por don Arturo Ibañez González e Igerborg Weiss de Ibañez con don Santos Obada Tairo y Claudia Ttito Huayhua de Obada con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos ochentiséis, en cuanto comprende la venta de la parte del bien, que corresponde a Laura Georgina Beatriz y Elizabeth Octavia Jesús Ibañez Díaz, por sus derechos de herencia sobre el mismo inmueble, fincados a la muerte de su madre doña Laura Cristina Díaz Vinatea de Ibañez, constituido por el cincuenta por ciento del terreno y el cincuenta por ciento de las edificaciones levantadas al nueve de agosto de mil novecientos cuarentitrés, subsistente la mencionada venta en cuanto comprende los derechos de don Arturo Ibañez González e Igerborg Weiss de Ibañez que les corresponde como condóminos en el terreno y construcciones del inmueble urbano materia de la litis; y asimismo nulo el acto jurídico en lo que le corresponde a Laura Georgina Beatriz y Elizabeth Octavia Jesús Ibañez Díaz; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del grado; en los seguidos por Laura Ibañez Díaz con Santos Obada Tairo y otros, sobre nulidad de escritura y otros conceptos; y los devolvieron.

 

 

Reivindicación

 

Las relaciones de una comunidad campesina con los miembros que la integran, respecto de la posesión de las parcelas familiares no pueden resolverse mediante acciones reivindicatorias, sino en el marco de la Ley 14656, Ley General de Comunidades Campesinas, su reglamento y de los estatutos comunales.

 

Expediente 1406-7-96

 

Resolución Nº 8

 

Lima, treinta de junio de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; con los acompañados; actuando como ponente el señor Betancour Bossio; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, la demanda de fojas once interpuesta con fecha catorce de enero de mil novecientos noventicuatro por la Comunidad Campesina de Villa Pampilla es una acción reivindicatoria dirigida contra Félix Palomares Torres, quien ha sido calificado como comunero por las siguientes sentencias ejecutoriadas: la primera, de fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos dieciséis del acompañado (Expedientes acumulados números ciento cincuenticuatro-setentiocho sesenta-setentinueve y treintiséis-ochenta) sentencia dictada por el Primer Juzgado de Tierras de Lima de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta confirmada por Ejecutoria del Tribunal Agrario de seis de febrero de mil novecientos ochentiuno, de fojas cuatrocientos treinta a cuatrocientos treintiuno, autos seguidos por la Comunidad Campesina Villa Pampilla con Comunidad Campesina de Cochahuayco y otros sobre reivindicación y otros; la segunda, de fojas ciento veintisiete a ciento treintidós del acompañado (Expediente número treintidós-ochentidós), mediante sentencia del Primer Juzgado de Tierras de Lima de fecha treinta de mayo de mil novecientos ochentiséis, confirmada por Ejecutoria del Tribunal Agrario de fecha dos de febrero de mil novecientos ochentiocho de fojas ciento cuarentidós, autos seguidos por la misma Comunidad Campesina de Villa Pampilla, contra Nicolás Huaringa Inza, Félix Palomares Torres y otros, sobre restitución de posesión; Segundo.- Que, las partes están conformes en que el demandado se encuentra en posesión de las tierras litigadas desde que éstas pertenecían a la comunidad matriz de Cochahuayco, antes del reconocimiento de la actora como comunidad autónoma, según Resolución número ciento treintinueve-setentiocho SINAMOS , de fecha diecinueve de setiembre de mil novecientos setentiocho, expedida por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, obrante a fojas dos; Tercero.- Que, esta situación fue debidamente apreciada en las resoluciones judiciales anteriormente citadas, las que disponen la incorporación del demandado al seno de dicha comunidad; Cuarto.- Que, las relaciones de una Comunidad Campesina con los miembros que la integran, respecto de la posesión de parcelas familiares, no pueden resolverse mediante acciones reivindicatorias, sino en el marco de la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, su Reglamento y de los estatutos comunales; Quinto.- Que, no existe en autos prueba que sustente la afirmación de la demanda en el sentido de haberse cursado carta notarial al demandado instándolo a incorporarse a la comunidad demandante; Sexto.- Que, la pretensión de la demanda es, en esencia, la misma que ha sido debatida y resuelta en los juicios sobre reivindicación y restitución de posesión que vienen acompañados, y en los que se expidieron las ejecutorias antes comentadas; Sétimo.- Que, el inciso 13 del artículo 139 de la Constitución Política prohíbe revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, precepto que concuerda con el artículo 4º, segundo párrafo, del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: REVOCARON la sentencia de fojas doscientos quince, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventiséis, que declara fundada la demanda de fojas once sobre reivindicación y ordena que la Comunicación demandante sea respuesta en la posesión de la parcela sub litis; REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA y SIN LUGAR el mandato de restitución de posesión; la REVOCARON , asimismo en la parte que declara fundada la reconvención interpuesta a fojas cincuentinueve y ordena la incorporación del demandado a la comunidad demandante y, en cuanto la declara fundada en lo referente al pago de la plantaciones o cultivos y, en la parte que declara infundada la misma reconvención sobre pago de mejoras; REFORMANDOLA , Declararon SIN OBJETO pronunciarse sobre dichos extremos; y los devolvieron; en los seguidos por Comunidad Campesina de Villa Pampilla con don Félix Palomares Torres, sobre reivindicación y otros.

 

S.S.

SAEZ PALOMINO

BETANCOUR BOSSIO

MEDEL HERRADA

 

 

Reivindicación

 

El requisito de la desposesión previa para la procedencia de la acción reivindicatoria no existe en la doctrina como regla general.

Aún no existe doctrina  jurisprudencial con las formalidades señaladas en el artículo  400 del C.P.C.

No constituye contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso la falta de actuación de prueba por inercia de parte.

 

Casación 377-95

 

TACNA

 

Lima, veinte de octubre de mil novecientos noventicinco.-

 

VISTOS, a que de lo actuado aparece que doña Julia Liu Paredes, ha cumplido con todos los requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación y, por tanto para la admisión del mismo; y ATENDIENDO: 1) Que conforme al artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil, son requisitos de fondo para la procedencia del recurso de casación los que a continuación se señalan: a) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; b) Que se apoye en las causales descritas en el artículo trescientos ochentiséis según sea el caso; c) Que se exprese con claridad y precisión los fundamentos o razones en las cuales el impugnante apoya la causal o causales que invoca en el recurso; d) Si las causales invocadas son las señaladas en los incisos uno y dos del precitado artículo trescientos ochentiséis, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál la interpretación correcta de la norma de derecho material en el primer supuesto o cuál debe ser la norma igualmente de derecho material aplicable al caso en el segundo supuesto; e) Si la causal invocada es la establecida en el inciso tres del numeral trescientos ochentiséis, debe expresarse en qué consiste la afectación del derecho al debido proceso o cuál es la formalidad procesal incumplida; 2) Que con el escrito de fojas ciento ochentinueve, la recurrente, invocando el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis, interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia de fojas ciento sesenticuatro, su fecha treintiuno de marzo del presente año, que declara fundada la demanda de reivindicación de fojas treintidós, sustentándolo en las siguientes alegaciones: a) que se ha inaplicado una norma de derecho y la doctrina jurisprudencial, que ha establecido claramente que reivindicar es la recuperación de lo propio, luego del despojo o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de propiedad sobre la cosa y que la acción reivindicatoria corresponde al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario; b) que jamás ha cometido despojo alguno en contra de los demandantes, requisito previo fundamental para que pudieran ejercitar la acción reivindicatoria y que tanto en el fallo de primera como el de segunda instancia se ha inaplicado indebidamente la norma que contiene el artículo novecientos veintitrés del Código Civil y que la norma aplicable al caso es la contenida en el artículo setecientos treintinueve, inciso tres del Código Procesal Civil; c) que se ha incurrido en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al no haber tenido a la vista el Juez al sentenciar, el expediente número cuatrocientos treintiséis del año mil novecientos noventitrés, seguido por la Cooperativa San Pedro de Tacna sobre ejecución de garantías, no obstante haber sido ofrecido y admitido oportunamente como prueba y que tampoco se ha tomado en cuenta todas sus pruebas para acreditar que es legítimo propietario del inmueble: 3) Que como se aprecia del segundo considerando de la sentencia impugnada, en ella se señala que la demandante admite que la acción reivindicatoria es la que compete al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario; que el requisito de desposesión alegado no existe en la doctrina como regla general, desde que cualquier dueño que no tenga la posesión como hecho, puede reivindicar la cosa, sea mueble o inmueble, la haya poseído antes o no y la haya perdido o entregado o le ha sido arrebatada la posesión a él o a otro; que por lo demás no existe doctrina jurisprudencial con las formalidades señaladas en el artículo cuatrocientos de nuestra ley procesal; que no es exacta que haya sido inaplicada la norma contenida en el Artículo novecientos veintitrés del Código Civil y no es pertinente que se alegue que la norma aplicable sea una de carácter procesal; y en lo que respecta a la contravención al derecho a un debido proceso, al no haberse tenido a la vista para resolver el expediente en el que se remató el inmueble objeto del pleito, no existe pronunciamiento sobre esta alegación y además no ha sido denunciado previamente este vicio, por lo que la Corte no puede suplir la inercia de la parte en la actuación de las pruebas ofrecidas, desde que la recurrente ha podido solicitar se reitere oficio para que le sea remitido al Juez dicho expediente; 4) Que las alegaciones que se detallan en el considerando que antecede no son idóneas para considerar que la recurrente ha cumplido con los requisitos que el inciso dos del artículo trescientos ochentiocho del citado Código Procesal establece para la procedencia del recurso de casación; por estas razón, en uso de la facultad conferida en el artículo trescientos noventidós del aludido cuerpo legal: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Julia Liu Paredes, en los seguidos por doña Gilma Liendo de Pinto y otro sobre reivindicación; CONDENARON a la recurrente al pago de tres Unidades de Referencia Procesal y de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; MANDARON se publique esta resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; y los devolvieron.-

 

SS.

RONCALLA

ROMAN

REYES

ECHEVARRIA

URRUTIA

 

María Julia Pisconti D.

Secretaria

 

 

Reivindicación

 

Para la procedencia de la reivindicación se debe probar la propiedad del bien, su identidad y que el mismo sea poseído por persona que no tiene título legítimo.

 

Expediente 629-93

 

HUANCAVELICA

 

Lima, doce de enero de mil novecientos noventicuatro.

 

VISTOS; por los fundamentos de la sentencia de primera instancia; y CONSIDERANDO además: que son requisitos esenciales para amparar la acción reinvindicatoria que el actor justifique la propiedad de los bienes reclamados con títulos legítimos de dominio; que demuestre la identidad de tales bienes y que los mismos se hallen poseídos por quienes no tienen título; que en el caso de autos, el demandado, con los documentos que corren a fojas cincuenticinco, cincuentiseis y setenticinco ha probado en forma fehaciente que tiene la condición de inquilino del inmueble cuya reinvidicación se demanda; que, en consecuencia, la emplazada, tiene título legítimo para poseer, razón por la cual, no se da uno de los requisitos para que prospere la acción reinvindicatoria: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas noventa, su fecha veintinuno de mayo de mil novecientos noventitrés, que declara fundada la demanda de fojas dieciseis en sus dos extremos; REFORMADOLA: CONFIRMARON la apelada de fojas sesentitrés, su fecha treintiuno de marzo del mismo año, que declara INFUNDADA la referida demanda; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del grado; en los seguidos por Carlos Enrique Ruiz Duran y otros con Zósima Palomino Mora sobre reinvindicación; y los devolvieron.

 

SS.

URRELLO RONCALLA

ROMAN VASQUEZ CARRION

 

 

Reivindicación: rectificación de linderos

 

El derecho de reivindicación de la propiedad reside en el título legítimo y en la prueba de aquel derecho. No obstante, la reivindicación no es posible si previamente no se han rectificado los linderos del inmueble o terreno que se pretende reivindicar; pues se requiere determinar si se trata del mismo bien.

 

Expediente 489-95

 

LIMA

 

Lima, ocho de abril de mil  novecientos noventiséis.

 

VISTOS; con los acompañados; de conformidad en parte con lo dictaminado por el Señor Fiscal Supremo y CONSIDERANDO: que la actora interpone la demanda de fojas trece solicitando la reivindicación del inmueble de su propiedad inscrito a su favor en los asientos trece y catorce de fojas doscientos trece del Tomo mil ciento cuarentiocho del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; la nulidad de los títulos supletorios obtenidos por la co-demandada doña Margarita Angela Pizzino Díaz respecto del inmueble indicado en el punto precedente; la nulidad de la inscripción del título supletorio obtenido por dicha persona, así como de las transferencias de dominio efectuadas a favor de terceros y la restitución de frutos; que la acción de reivindicación se funda en que la demandante sostiene que es propietaria de un inmueble de seis mil veintidos metros cuadrados cuarenta decímetros cuadrados encerrado entre los siguientes linderos y medidas perimétricas: por el frente con la Avenida Baquíjano y Carrillo antes La Fabril con setentisiete metros lineales quince milímetros lineales; por la derecha entrando con propiedad de Deterperú con setentiocho metros lineales; por la izquierda con la Avenida Materiales con setentiocho metros lineales, y por el fondo con propiedad de  Deterperú con setentisiete  metros  lineales doscientos quince milímetros lineales, adquirido por escritura pública de dieciseis de julio de mil novecientos setentiocho ante el Notario Ricardo Fernandini Arana, que corre de fojas doscientos trece a doscientos treintiuno; que sin embargo de acuerdo con la copia literal certificada de dominio que corre de fojas cincuentinueve a ochenta, el inmueble a que se refiere la demanda se encontraba inscrito en el registro de la propiedad inmueble de Lima, con área y linderos diferentes, como consta del asiento once, donde figura con un área de seis mil veintidos metros cuadrados cincuentiocho decímetros cuadrados, colindando por el frente con la Avenida La Fabril con setentisiete metros dos mil ciento veinticinco milímetros; por la derecha entrando con propiedad de don Matías Gildemeister con setentiocho metros, por la izquierda con el resto del sub-lote dos-B de propiedad de los mismos señores Vogt con setentiocho metros y por el fondo con terreno que se independizó, con setentisiete metros dos mil ciento veinticinco milímetros; que resulta evidente que esencialmente el lindero izquierdo que se menciona en la escritura de venta, no coincide con el de la inscripción en el registro, mas aún cuando fueron los propios vendedores los que otorgaron la escritura pública de independización y determinaron el área y linderos a que quedaba reducido el inmueble, después de otra venta efectuada a terceros; que ante esta situación legal lo que ofrece certeza son los linderos inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble; que en cambio el área y linderos del inmueble de los demandados, de acuerdo a la escritura pública de protocolozación del expediente sobre formación de título supletorio que corre de fojas doscientos sesentiocho a fojas trescientos setentiuno es de una extensión superficial de cinco mil novecientos cuarentisiete metros cuadrados ochentisiete decímetros cuadrados, colindando por el frente con la Avenida Baquijano y Carrillo con setentisiete metros; por la izquierda con la Avenida Materiales con setentisiete metros cincuenta centímetros; por la derecha entrando con propiedad de Deterperú con setentiocho metros y por el fondo con propiedad de Deterperú con setentiseis metros, lo que determina que estos linderos y área no coincidan con el inmueble de propiedad de la actora, de acuerdo a su inscripción en los Registros Públicos; que si existió error en la inscripción del inmueble de propiedad de la demandante, la no rectificación de dicha equivocación en tiempo oportuno es de su  única  y  exclusiva   responsabilidad, lo que determinó que cuando en el expediente de títulos supletorios se solicitó información a los Registros Públicos, acerca de que si el inmueble materia del procedimiento con el área y linderos antes indicado, se encontraba inscrito en los Registros de la Propiedad Inmueble a nombre de don Guillermo Schiess Brennscheidt, que posteriormente lo transfirió a la actora, se contestara que no tenía el derecho de propiedad inscrito sobre el bien, que en consecuencia no se trató de un error del registrador al proporcionar este informe, sino que la propiedad de la actora colindaba por la izquierda con el sub-lote dos-B y el de títulos supletorios con la avenida Los Materiales y que cuando se interpone la demanda reivindicatoria, que ha dado lugar a este proceso los linderos inscritos en los Registros Públicos de las dos propiedades continúen siendo diferentes; que la demandante reconoce este error, al solicitar la rectificación de los linderos de su propiedad en los Registros Públicos, pero lo hace después de mas de seis años de interpuesta su demanda de reivindicación, como consta de fojas trescientos treintiseis; que la acción reivindicatoria es la que le corresponde al propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario, pero como al incoarse la demanda los linderos de las dos propiedades no coincidían, la actora no resultaba propietaria del inmueble de los demandados; que al efectuarse la rectificación de los linderos, si se tratara de la misma propiedad y, la rectificación se hubiera realizado en la forma legal correspondiente, resultaría que las dos partes litigantes cuentan con título de propiedad inscrito del mismo inmueble, por lo que la demanda de reivindicación no es la procedente, porque la demandada tiene un título válido, derivado de un procedimiento judicial, que mientras no se invalide surte todos sus efectos y no es en el proceso reivindicatorio donde debe definirse quién tiene mejor derecho a la propiedad, por lo que la demanda en este extremo resulta improcedente y no infundada; que en lo referente a la nulidad de los títulos supletorios, como el artículo ciento cincuenticuatro de la Ley de Reforma Agraria le da la categoria de cosa juzgada a lo resuelto por el Tribunal Agrario, no puede intentarse en vía de acción, la nulidad de dicho procedimiento, porque se atentaría contra la cosa juzgada por lo  que  de  existir  alguna irregularidad procesal o causal de nulidad, es en el mismo procedimiento de títulos supletorios, donde debío hacerse valer el derecho, pero no en acción aparte, lo que determina que este extremo de la acción también sea improcedente y por consiguiente también la nulidad de la inscripción en los Registros Públicos del título supletorio y de las trasferencias de dominio efectuadas a favor de terceros y la restitución de frutos; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas quinientos sesentinueve, de veintidos de marzo de mil novecientos noventicinco, en el extremo que confirmando la sentencia apelada de fojas cuatrocientos noventiuno, de seis de junio de mil novecientos noventicuatro, declara infundada la demanda de reivindicación; reformando la primera y revocando la segunda en dicho extremo; la declararon IMPROCEDENTE; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del grado; en los seguidos por Eurasian Mercantil A.G. con Margarita Angela Pizzino Díaz y otros sobre reivindicación y otros conceptos; y los devolvieron.

 

 

Reivindicación: requisitos

 

Son requisitos esenciales para la procedencia de la acción reinvindicatoria, que el demandante justifique la propiedad de los bienes reclamados con un título legítimo de dominio y que acredite que los mismos se hallan en posesión del demandado.

 

Expediente 265-95

 

LIMA

 

Lima, dieciséis de mayo de mil novecientos noventiséis.

 

VISTOS; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: que en la demanda no se ha precisado el acuerdo que se impugna, por lo que dicho extremo de la demanda debe declararse procedente por falta de determinación del acuerdo cuya impugnación se ejercita en la demanda; que, en consecuencia, los acuerdos de fojas ciento dos y ciento siete mantienen plena vigencia en especial el de fojas ciento siete, en el que se acordó la forma de pago del terreno y del impuesto de alcabala del mismo; que debe tenerse en cuenta, asimismo, que el fin del acto jurídico celebrado entre las partes no es ilícito, toda vez que la propia municipalidad, que es encargada de determinar el uso del terreno ha dispuesto su redención a cambio del pago de su tasación; que de acuerdo a la conclusión que antecede, la demanda de nulidad del contrato compraventa resulta infundada; que son requisitos esenciales para el exito de la acción reivindicatoria, según la jurisprudencia de esta Corte Suprema, que el demandante justifique la propiedad de los bienes reclamados por un título legítimo de dominio y que acredite que los mismos se hallan poseídos o detentados por el demandado; que en el presente caso no se dan tales hechos para amparar la demanda en este extremo; que la reconvención deducida por la demandada en su escrito de fojas setenta para el otorgamiento de la escritura pública no puede ser amparada hasta que se acredite el cumplimiento de las obligaciones conducentes al cambio de uso del terreno, cuyo cumplimiento no es exigible a la demandante conforme aparece de la Resolución Municipal de fojas noventa y el oficio de fojas noventitrés; que al no haber sido apelada la sentencia de primera instancia por la demandante ha quedado consentida respecto a ella: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cincuentitrés, su fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventicuatro, en cuanto confirmando la apelada de fojas trescientos cuarenticuatro, su fecha tres de enero de mil novecientos noventiuno, declara fundada la demanda de fojas treintitrés, en los extremos relativos a la nulidad de contrato de compraventa, reivindicación e impugnación de acuerdo; REFORMANDO la primera y REVOCANDO la segunda en esos extremos: declararon INFUNDADAS la nulidad del contrato de compraventa y la reivindicación del inmueble materia de la litis e improcedente la impugnación de acuerdo; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del grado; en los seguidos por la Asociación Pro-Vivienda Santa Elizabeth con la Asociación de Trabajadores del Mercado Santa Elizabeth, Municipalidad de Lima Metropolitana y otros conceptos; y los devolvieron.

 

 

Restitución de posesión

 

Para acceder al pedido de restitución es indispensable que la peticionante haya sido desposeída del bien, esto es que no haya sido emplazada o citada como corresponde.

No resulta suficiente para acceder al pedido la sola condición del cónyuge del demandado sino que debe ser ocupante del predio.

 

Expediente 1173-97

 

Sala Nº 4

 

Lima, veintidós de agosto de mil novecientos noventisiete.-

 

AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Lama More; y ATENDIENDO; Primero.- Que, para acceder al pedido de restitución de doña Aída Horna de Vílchez, es indispensable que se encuentre acreditado en autos que ésta haya sido desposeída del bien, vale decir, que encontrándose ocupando el predio materia del desalojo, no haya sido emplazada o citada como corresponde; Segundo.- Que, en autos no se encuentra acreditado que la referida señora haya venido ocupando el predio sub-litis, ni que éste haya sido el domicilio conyugal, que según refiere, tiene con el demandado; Tercero.- Que, no resulta suficiente, para acceder al referido pedido, la sola condición de cónyuge del demandado, sino que debe ser ocupante del predio sub-materia; Cuarto.- Que, así mismo no resulta válido el argumento expuesto por la solicitante, en el sentido que ella y su cónyuge (demandado) adquirieron el predio a mérito de un contrato de compra-venta y que fue materia de pronunciamiento en un proceso judicial sobre otorgamiento de Escritura Pública que siguió contra los padres de la demandante, en razón de que dicho contrato no fue admitido como vigente por Ejecutoria Suprema expedida en dicho proceso, cuya copia certificada corre a fojas diez a once de este cuaderno, y porque además, en este proceso dicho contrato fue materia de evaluación, concluyéndose que éste había quedado rescindido automáticamente y que el título había fenecido; Quinto.- Que, la existencia de dicho contrato y del referido proceso judicial, no convierte a la solicitante en ocupante del predio que fue materia del desalojo, toda vez que para que esto suceda, debe existir posesión inmediata del mismo, es decir ocupación fáctica de éste; Sexto.- Que, tratándose de un proceso de desalojo por ocupación precaria, el sujeto activo es el propietario y el sujeto pasivo es el ocupante del predio, y el objeto es la restitución del bien; no subyace en esta relación jurídica procesal, respecto de los que deben ser demandados, otro elemento que la condición de ocupantes acreditado este hecho, respecto de doña Aída Horna de Vílchez no se ha producido despojo judicial, por lo que el pedido debe desestimarse, por no cumplirse el requisito previsto en el artículo 605 del Código Procesal Civil; sin embargo debe dejarse a salvo el derecho de ésta, a efectos de que lo haga valer con arreglo a ley; Sétimo.- Que, las conclusiones precedentes se ven corroboradas, con el propio comportamiento del demandado, quien en ningún momento formuló denuncia civil, como lo dispone el artículo 102º del acotado, así como con la propia información proporcionada por la solicitante en su escrito de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventiséis que en copia certificada corre a fojas ciento cuarentisiete a ciento cincuenta de este cuaderno, en donde señala como su domicilio real un lugar distinto al que, posteriormente fue materia del lanzamiento; REVOCARON la resolución número treinticuatro, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventiséis, que en copia certificada corre a fojas ochentiuno a ochentidós de este cuaderno, que declara fundada la solicitud de restitución de posesión del inmueble sito en Avenida Arica número quinientos cuarenta a quinientos cuarentiséis- Distrito de San Miguel formulada por doña Aída Horna de Vílchez, que en este cuaderno corre de fojas setenta a ochenta en copia certificada; REFORMANDOLA , la declararon infundada; MANDARON, que por la Secretaría se dé cumplimiento a lo ordenado por el segundo párrafo del Artículo 383 del Código Procesal Civil.

 

S.S.

ARANDA RODRIGUEZ

DIAZ VALLEJOS

LAMA MORE

 

Rectificación de linderos: declaración de la propiedad (A)

 

... la pretensión de rectificación o delimitación de áreas o linderos procede a favor del propietario o poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos de un predio cuando dichos datos han sido registrados en forma equivocada, o para que se limiten éstos mediante deslinde cuando su delimitación no es precisa...es improcedente pretender se declare la rectificación sobre un área de terreno mayor al indicado en la escritura de venta de su transferente.

 

Cas. 1088-2000 AYACUCHO

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa número mil ochentiochodos mil, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por apoderado de doña María Quispe Pacheco viuda de Oblitas contra la sentencia de vista de fojas trescientos tres, del trece de abril último, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas doscientos cuarentitrés, de fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventinueve, declara improcedente la demanda de rectificación de área con lo demás que contiene; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de esta Sala Suprema fechada el treinta de mayo del año en curso se ha declarado la procedencia del recurso por las causales de los incisos primero y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentado el primero en que se ha aplicado indebidamente el Artículo mil trescientos sesentidós del Código Civil, el que se refiere a los contratos, indicando que éstos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, pues lo controvertido es determinar respecto al inmueble de autos que consta de una tienda y trastienda, la propiedad o posesión del actor y la existencia de discrepancia entre el área que señala la escritura de compraventa y el área real, se tiene presente además que al producirse tracto sucesivo de los contratos no se ha modificado o introducido al inmueble de los colindantes, ya que desde entonces se mantienen las paredes que delimitan el área; que, para la segunda alega que existe infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, por haberse vulnerado los Artículos siete y nueve del Código Procesal Civil, pues la recurrida se ha referido a la capacidad para enajenar de la anterior propietaria, considerando que ningún vendedor puede enajenar más allá del derecho que tiene siendo que lo controvertido no es la capacidad de dicha vendedora ni ha sido materia del presente proceso resolviéndose de manera extrapetita, vulnerándose el principio de congruencia al pronunciarse la de vista sobre aspectos que no han sido controvertidos por las partes; CONSIDERANDO: Primero.- Que, cuando entre las causales por las que se ha declarado la procedencia del recurso se encuentra la de vicios in procedendo, ella debe ser analizada primeramente, pues de ampararse acarrearía la nulidad de la impugnada resultando innecesario pronunciarse sobre las demás; Segundo.- Que, el recurrente denuncia que la sentencia de vista se ha expedido extrapetita, sin embargo mediante dicho fallo se declara la improcedencia de la demanda, es decir, se emite un pronunciamiento non liquet, con el que no se puede producir tal afectación al no resolver pretensión alguna, por lo que debe desestimarse desde ya la causal adjetiva; Tercero.- Que, también se acusa la aplicación indebida del Artículo mil trescientos sesentidós del Código Civil, que refiere sobre la buena fe con que deben actuar las partes contratantes, pues se indica que lo controvertido es determinar la propiedad o posesión del actor y la existencia de discrepancia entre el área que señala la escritura de compraventa y el área real; Cuarto.- Que, como se aprecia de autos, la actora solicita la rectificación del área del inmueble sublitis señalando que existe discrepancia entre la escritura de compraventa celebrada a favor de su transferente Alejandra Gutierrez García en el año de mil novecientos cincuenticuatro, y la escritura que ésta le otorga a ella en mil novecientos setentisiete, por cuanto en la primera se consigna una extensión de treintiséis punto cincuenta metros cuadrados y en la última un área de sesentiocho punto ochentidós metros cuadrados siendo que desde la primera fecha a la actualidad han cambiado las colindancias; Quinto.- Que, al respecto, la sentencia de vista ha establecido: a) Que, en la escritura de venta otorgada a favor de la señora Gutiérrez se precisó un área de treintiséis punto cincuenta metros cuadrados, y en el que «se mensura específicamente el área que se enajena y con las precisiones de su colindancia»; b) Que, en la escritura de venta a la actora se consignó efectivamente un área mayor, de sesentiocho punto ochentidós metros cuadrados, resultando una diferencia de treintidós punto treintidós metros cuadrados; y c) Que, el Registrador Público observó la escritura pública de venta a favor de la accionante, señora Maria Quispe Pacheco, y no la registró por no estar inscrito el derecho de la vendedora; Sexto.- Que, la pretensión de rectificación o delimitación de áreas o de linderos procede a favor del propietario o poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos de un predio cuando dichos datos han sido registrados en forma equivocada, o para que se limiten éstos mediante deslinde cuando su delimitación no es precisa; Sétimo.- Sin embargo, como puede apreciarse, con la acción incoada lo que realmente se pretende es que se declare la propiedad de la actora sobre la extensión de terreno mayor al indicado en la escritura de venta de su transferente; es decir, lo que se encuentra en debate es la propiedad sobre los treintidós punto treintidós metros cuadrados de diferencia, existentes entre una y otra escritura, siendo que ellos han sido reclamados como propiedad por la colindante demandada Eulogia Roca de Peralta (considerando sétimo de la de vista); Octavo.- Que, no existiendo conexión lógica entre los hechos y el petitorio es de aplicación al caso el Artículo cuatrocientos veintisiete inciso quinto del Código Procesal Civil(1); Noveno.- Que, en consecuencia resulta evidente la impertinencia de la norma denunciada como aplicada indebidamente mas no cabe casarce la sentencia a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo trescientos noventisiete del Código Adjetivo; Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas trescientos doce contra la sentencia de vista de fojas trescientos tres su fecha trece de abril del presente año; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; así como a la multa de una Unidad de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por María Quispe Pacheco viuda de Oblitas con Patrocinia Barra Soldevilla y otros, sobre Rectificación de Area; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ROMAN S.; ECHEVARRIA A.; ALVA S.; DEZA P.

 

Reversión: mejor derecho de propiedad

 

La acción de reversión de un predio expropiado es de naturaleza eminentemente real, que importa la dilucidación de un mejor derecho de propiedad entre expropiado y expropiante.

La retroactividad de una norma importa que ésta rija hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir antes de su aplicación inmediata.

 

Expediente 1397-7-96

 

Sala Nº 1

 

Lima, veintisiete de julio de mil novecientos noventisiete.

 

VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Braithwaite Gonzales; con lo expuesto con el señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas quinientos dieciséis a quinientos dieciocho; y CONSIDERANDO: Primero.- Que la acción de reversión de un predio expropiado es de naturaleza eminentemente real, que importa la dilucidación de un mejor derecho de propiedad entre expropiado y expropiante; Segundo.- Que el Decreto Legislativo trescientos trece promulgado el doce de noviembre de mil novecientos ochenticuatro entró en vigencia a partir del día catorce del mismo mes y año; Tercero.- Que si bien los artículos cincuentidós y cincuentitrés del referido Decreto Legislativo señalan el procedimiento de la reversión de la propiedad en concordancia con el artículo treintinueve del Decreto Supremo cero cuarentisiete guión ochenticinco estableciendo el plazo de noventa días para presentar la solicitud, también lo es que el artículo sesentiocho de la misma ley informa, que estos dispositivos legales son de aplicación para los casos de expropiación iniciados con anterioridad a dicha ley, y estando al espíritu de la precitada normatividad puede concluirse, que es de aplicación sólo para los casos no terminados, pues los procedimientos terminados causan estado conforme a los disposiciones legales bajo cuya vigencia se iniciaron y concluyeron; Tercero.- Que en el caso de autos, el proceso expropiatorio se inició bajo la vigencia de la Ley nueve mil ciento veinticinco, concordante con el Decreto Ley diecisiete mil ochocientos tres, concluyendo el veintitrés de marzo de mil novecientos setentitrés bajo los alcances de las normas citadas; Cuarto.- Que por lo tanto no resulta de aplicación a la acción sub-júdice el Decreto Legislativo trescientos trece pues su vigencia es posterior a la fecha en que concluyó el procedimiento de expropiación; tanto más que este último dispositivo no tiene aplicación retroactiva; si se tiene en cuenta, que la retroactividad de una norma importa que ésta rija hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir antes de su aplicación inmediata; razones por las cuales REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos setentiuno a cuatrocientos setenticinco su fecha seis de octubre de mil novecientos noventiséis, que declara fundada la excepción de caducidad deducida por el Procurador Público del Ministerio de Defensa en su recurso de fojas doscientos noventisiete y en consecuencia inadmisible la demanda de fojas ciento veintiuno y su modificatoria de fojas doscientos ochentiocho; reformándola DECLARARON infundada dicha excepción DISPUSIERON que el a-quo expida nueva resolución pronunciándose sobre el fondo de la controversia; y los devolvieron; en los seguidos por la Fundación Ignacia R. de Canevaro contra el Supremo Gobierno sobre expropiación y otro.

 

S.S.

HIDALGO MORAN

AGUIRRE SALINAS

BRAITHWAITE GONZALES

 

 

Reivindicación: prueba de la propiedad

 

La identidad del lote demostrada mediante escritura pública con fe registral, sustentan la cosa materia de reivindicación y no la edificación que eventualmente podría haber.

La condición de propietarios sin posesión de los demandantes y la de posesionarios sin derecho de propiedad de los demandados, hace que la reivindicación proceda por el ejercicio del poder jurídico que emane de la Ley, sin menoscabar los derechos que pudieran tener terceras personas distintas de los propietarios en edificaciones sobre el lote de terreno.

 

Expediente 3422-97

 

Sala Nº 3

 

Lima veintiuno de abril de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Alvarez Guillén; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, en el recurso de apelación se insiste en la petición de nulidad de parte de lo actuado por haber notificado a dos partes primigenias que fallecieron en época anterior; sin embargo, el desconocimiento evidente de los actores de la inexistencia de estas personas y su desistimiento de fojas ciento ochentinueve aprobado por resolución consentida de fojas doscientos tres además del saneamiento procesal tampoco apelado de fojas doscientos cincuentiséis, hacen que la irregularidad no influya en el sentido de la resolución final, en el entendido que la reivindicación está dirigida ahora contra una sola persona a quien se le atribuye una posesión sobre un inmueble de propiedad de otros que no la ejercen; Segundo.- Que, la identidad del lote de terreno está debidamente expuesta en la demanda y recaudada con una escritura pública con fe registral, de manera que ésa es la cosa materia de reivindicación y no la edificación que eventualmente podría haber, la cual deberá ser esclarecida en la forma legal que corresponde; Tercero.- Que, la condición de propietarios sin posesión de los demandantes y la de posesionarios sin derecho de propiedad de los demandados, posición legal admitida por todos, hace que la reivindicación proceda por el ejercicio del poder jurídico que emana de la ley, sin menoscabarse los derechos que pudieran tener terceras personas distintas de los propietarios en edificaciones sobre el lote de terreno, extremo éste que no es considerado como punto controvertido ni, por consiguiente, motivo de pronunciamiento judicial; por lo que: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas trescientos veintisiete a trescientos treintiuno, su fecha doce de setiembre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda en el extremo en que se solicita la reivindicación e infundada la demanda en cuanto se peticiona una indemnización por daños y perjuicios, en consecuencia, ordena que la demandada doña Rosa Consuelo Véliz Melgar cumpla con entregar a los demandantes Carlos Guillermo Rojas Hinostroza y Maritza Luz Manrique Espinoza de Rojas, el lote de terreno constituido por el Lote once de la Manzana ocho de la Cooperativa Las Flores (hoy Avenida Canto Grande números setecientos sesentiocho, setecientos sesentiocho - A y setecientos setenta) en el Distrito de San Juan de Lurigancho; con lo demás que contiene; y lo, devolvieron; en los seguidos por Carlos Guillermo Rojas Hinostroza con Raúl Atilio Bartra Cavero y otros sobre reivindicación y otro.

 

SS. QUIROS AMAYO / ALVAREZ GUILLEN / BRAITHWAITE GONZALES

 

 

Reivindicación: prueba de la propiedad

 

Para amparar una demanda de reivindicación, es necesario que la parte accionante demuestre la propiedad del bien materia de litis con un título legítimo, la identidad del bien y que éste, se halle en posesión de la parte demandada.

 

Expediente 3888-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, veinte de julio de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Ferreyros Paredes; por sus fundamentos pertinentes; con cuadernos acompañados; y,CONSIDERANDO: Primero.- Que, el derecho de propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar y reivindicar un bien, tal como lo informa el artículo 923º del Código Civil; Segundo.- Que, para amparar una demanda de reivindicación es necesario que la parte accionante demuestre la propiedad del bien materia de litis con un título legítimo, la identidad del bien y que éste se halle en posesión de la parte demandada; Tercero.- Que, en el caso de autos, la Cooperativa demandante ha presentado la escritura de compraventa de fojas treintidós, repetida a fojas setentisiete y ciento catorce, de fecha cinco de febrero de mil novecientos sesentiocho que acredita la propiedad del bien sub-materia; asimismo de la contestación de la demanda de fojas ocho, se infiere que doña Ida Ramírez Madrid admite que no ser propietaria de dicho inmueble ni socia de la actora y que el citado bien le fue dado en custodia y bajo la promesa por parte de la directiva que algún día sea incorporada como socia activa: Cuarto.- Que, de autos también se evidencia que la emplazada con su peculio ha terminado la construcción del citado inmueble hasta dejarlo habitable, aserto que se corrobora con la Inspección Ocular de fojas ciento ochentinueve; Quinto.- Que, siendo ello así, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 941º del Código Civil, en cuya virtud, cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno; en el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra; y en el segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno: CONFIRMARON la sentencia de fojas doscientos cincuenta, su fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada en parte la demanda de fojas tres; en consecuencia, se reivindique a favor de la Cooperativa de Vivienda "Tradiciones Peruanas" Limitada número trescientos veinticuatro, el Lote de terreno signado con el número treintiuno de la Manzana C, Distrito de La Victoria; con lo demás que contiene y es materia del grado; teniéndose presente en ejecución de sentencia las consideraciones precedentemente expuestas; y, los devolvieron.

 

SS. FERREYROS PAREDES / CARBAJAL PORTOCARRERO / RAMOS LORENZO

 

 

Reivindicación: prueba de la propiedad

 

Para ejercitar la acción reivindicatoria se debe demostrar la propiedad del bien reclamado, que el mismo esté individualizado en forma clara e inequívoca y que el demandado se halle poseyéndolo indebidamente.

 

Expediente 3684-97

 

Sala Nº 3

 

Lima, ocho de abril de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Ferreyros Paredes: por sus fundamentos: y, CONSIDERANDO además: Primero.- Que la demanda de fojas ochenta plantea los extremos siguientes: a) que se declare el derecho de propiedad invocado por el actor sobre los aires que constituyen la azotea del edificio "Zomerhof"; b) que se le restituya la posesión de dicha azotea; y c) que el demandado le pague una indemnización por daños y perjuicios; Segundo.- Que asimismo, el demandante refiere que en el mes de noviembre de mil novecientos noventicuatro el demandado violentó la chapa que permite el ingreso a los aires del mencionado edificio y que desde entonces ocupa parte de la azotea; Tercero.- Que en sus fundamentos de derecho la parte actora invoca el artículo novecientos veintitrés del Código Civil, aludiendo a la acción reivindicatoria y el A-quo califica la demanda en ese mismo sentido, en el admisorio de fojas noventiuno, por lo que es necesario aclarar que para ejercitar la acción reivindicatoria se debe demostrar la propiedad del bien reclamado, que el mismo esté individualizado en forma clara e inequívoca y que el demandado se halle poseyéndolo indebidamente; Cuarto.- Que del presente proceso fluye que lo que se discute en él son lo aires ubicados sobre el Departamento quinientos dos; lo que también se aprecia de las pruebas aportadas en estos autos; Quinto.- Que nuestro ordenamiento procesal establece en uno de sus principios rectores que el Juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente: y, en ese sentido debe entenderse que la presente acción no es de reivindicación; Sexto.- Que, por escritura pública de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa el demandante en su calidad de arquitecto y constructor del mencionado edificio otorgó la escritura de predeclaración de fábrica e independización y el reglamento de propiedad horizontal del edificio, precisando en el artículo quinto del reglamento interno que a la oficina número cien ubicada en el semisótano le corresponden los aires del departamento quinientos dos; y en ese mismo artículo se deja establecido que los aires del indicado departamento corresponden a la referida oficina del indicado semisótano, tal como figura anotado en la ficha número un millón ciento diecinueve mil ochocientos cincuenticuatro del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, cuya copia literal corre a fojas treinticinco; Sétimo.- Que, en consecuencia, de los precedentes considerandos resulta que el accionante no ha probado ser propietario de los aires del departamento quinientos dos, que forma parte de la oficina número ciento ocho que le vendió el demandado; Octavo.- Que, asimismo, se advierte de autos, por otro lado que la reconvención planteada no guarda conexidad con la demanda de reivindicación, pues por un lado persigue que se declare nula la rectificación hecha en la ficha registral número un millón ciento diecinueve mil ochocientos cincuenticuatro, cuya copia certificada obra a fojas treinticinco, y por otro, que se declare nula la ficha registral número un millón seiscientos veinte mil novecientos sesentiocho de fojas setenticuatro, que registra una modificación en la parte que reserva los aires del edificio en mención para una futura ampliación, lo que no podría materializarse por unilateral decisión posterior del demandante; y que, en todo caso, conllevaría a plantear y obtener previamente la declaración de nulidad del acto jurídico que le dio origen, en vía de acción; por lo que, CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas quinientos sesentidós su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventisiete, que declara infundada la demanda de fojas ochenta, e improcedente la reconvención de fojas ciento cuarentiuno; con lo demás que contiene; en los seguidos por Cornelio Gabriel Van Oordt Sánchez con José Luis Romero O'Hara sobre reivindicación y otro; y los devolvieron.

 

SS. FERREYROS PAREDES / VALCARCEL SALDAÑA / RAMOS LORENZO

 

 

Servidumbre: constitución, título

 

La servidumbre es un gravamen que la ley o el propietario de un predio sirviente impone a otro predio llamado dominante y pueden ser adquiridos por ley, por convención o por prescripción.

Es título suficiente para acreditar la servidumbre convencional, el documento privado del que conste la autorización del propietario del inmueble llamado a actuar como predio sirviente.

Los actos tendientes a efectivizar el ejercicio regular de un derecho no son susceptibles de ser indemnizados.

 

Expediente 1412-98

 

Sala Nº 3

 

Lima, veintitrés de julio de mil novecientos noventiocho.

 

VISTOS; Con el expediente acompañado, interviniendo como Vocal ponente la doctora Ampudia Herrera; por sus fundamentos pertinentes; y, CONSIDERANDO:Primero.- Que las servidumbres son gravámenes que la ley o el propietario de un predio sirviente impone a otro predio llamado dominante; Segundo: Que los modos de adquirir la servidumbre son: a) por ley; b) por convención o por título; c) por prescripción; Tercero.- Que mediante el documento de fojas tres cuyo original corre a fojas cinco del expediente acompañado el mismo que es de fecha cierta y que ha sido ofrecido como prueba por el demandante, se ha acreditado que el demandante con el anterior propietario del inmueble ubicado en la calle Cerro San Francisco número seiscientos treinta de la urbanización Las Casuarinas de Monterrico, Eduardo Ronals Dogni, constituyeron a inicios del año mil novecientos noventicuatro por convenio una servidumbre de desagüe; Cuarto.- Que aun cuando la parte demandada sostiene que dicho documento ha sido elaborado en fecha posterior a la formalización del contrato de compraventa sólo con el fin de perjudicarlo, es evidente que el indicado sólo tenía el propósito de regularizar una situación de hecho preexistente, como así lo demuestra la existencia de las tuberías que discurren por debajo de la propiedad del accionado, la que ha sido reconocida por los demandados al contradecir la demanda en el proceso que se tiene a la vista; Quinto.- Que está demostrado que el uso de estos canales de desagüe ha sido permanente y continuo, hasta que se produjo el taponeado de la tubería de desagüe de PVC de cuatro pulgadas y que ha causado daños en la vivienda del actor, demostrados con el peritaje corriente de fojas ochentitrés a ochentiocho del cuaderno acompañado; Sexto.- Que es título suficiente para acreditar la servidumbre convencional, el documento privado del que conste la autorización del propietario del inmueble llamado a actuar como predio sirviente; que el artículo 1043 de la norma sustantiva en su segundo parágrafo establece que toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sobre su extensión o modo de ejercerla, se interpreta en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, pero sin imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre; Séptimo.- Que a ello debe agregarse que la servidumbre constituida en favor del predio del demandante, es respecto a un servicio básico, que de no ser restituido privaría al demandante del desfoge de las aguas servidas de su inmueble; Octavo.- Que de otro lado debe tenerse en cuenta que según lo declarado por la codemandada María Nancy Negri Luna de del Castillo en el proceso que se tiene a la vista, el predio de los demandados viene actuando como predio sirviente de las familias Artola y Parodi quienes también fueron autorizados por el anterior propietario; Noveno.- Que el demandado no ha acreditado que el uso de la servidumbre le haya causado los daños moral y económico que indica, debiendo precisarse además que los actos tendientes a efectivizar el ejercicio regular de un derecho no son susceptibles de ser indemnizados; Décimo.- Que con la pericia llevada a cabo en el proceso que siguen las partes se acredita los daños producidos en la propiedad del demandante, los que se circunscriben a filtraciones de agua que se están produciendo en las plataformas del sótano; que si bien no se ha acreditado que los demandantes hayan sido responsables de la avería causada en las tuberías de desagüe a que se refiere la constatación policial de fojas dos, sin embargo es evidente que la negativa de los demandados a restituir la posesión de la servidumbre al demandado viene afectando la propiedad del demandante; quien se ha visto en la necesidad de modificar el sistema de desfogue de las aguas servidas de su propiedad; que de otro lado el demandante no ha probado construcción de los pozos sépticos que indica al formular impugnación, menos aún lo invertido en su construcción; por lo que el monto resarcitorio debe ser graduado prudencialmente; Por estos fundamentos de orden legal; CONFIRMARON : la resolución apelada de fojas ciento doce a ciento dieciséis, su fecha veintisiete de enero del año en curso, que declara infundada la reconvención interpuesta por los demandados mediante escrito de fojas treintiuno a treintisiete; fundada en todos los extremos la demanda de fojas ocho a doce y ordena que se restituya la posesión de la servidumbre de desagüe de uso común debiéndose realizar la conexión respectiva, la REVOCARON: en cuanto fija el monto de la indemnización que deben pagar los demandados en la suma de diez mil nuevos soles REFORMÁNDOLA la fijaron en seis mil nuevos soles; en los seguidos por César Paredes Rodríguez con Rómulo Del Castillo Del Castillo y otra sobre Restitución de posesión y otro; y los devolvieron.

 

SS. FERREYROS PAREDES / VALCARCEL SALDAÑA / AMPUDIA HERRERA

 

 

Servidumbre de paso (A)

 

La servidumbre constituye un iusin re aliena,rigiéndose por su título constitutivo y supletoriamente por el Código Civil; y, ante toda duda sobre su existencia, extensión y modo de ejecutarla se interpreta en el sentido menos gravoso al predio sirviente.

 

 

Casación 850-97

 

Huánuco

 

Lima, ocho de setiembre de mil novecientos noventiocho.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el siete de setiembre de mil novecientos noventiocho, emite la siguiente sentencia:

 

1.         MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Juana López viuda de Fernández, contra la sentencia de vista de fojas doscientos setentisiete, su fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete, que confirmando la apelada de fojas doscientos once, de fecha cuatro de febrero del mismo año, declara fundada en parte la demanda interpuesta por doña Julia Amalia Zevallos Calderón sobre adopción de medidas y ordena sea restituido en su uso el pasadizo común del inmueble signado con el número ochocientos quince del jirón General Prado, debiendo la demandada sacar el seguro por dentro, colocado en la puerta de acceso, facilitando el uso libre al demandante y demás usuarios por ser dicha servidumbre común de paso; con lo demás que dicha sentencia contiene.

 

2.         FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

Por resolución de esta Sala Suprema, del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventisiete, se ha declarado procedente el recurso por la causal de inaplicación de los Artículos novecientos veintitrés, mil novecientos setentiuno inciso primero, dos mil doce y dos mil trece del Código Civil, y los Artículos dieciséis inciso segundo, veintidós, veinticuatro, cincuentiuno, setenta, ciento tres, ciento treintiocho y ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado, que establecen los atributos de la propiedad, los principios y garantías que regulan los Registros Públicos respecto a bienes que se hallan inscritos y los derechos garantizados por la Constitución como a la propiedad, a la paz, a la tranquilidad, la libertad, así como la jerarquía de las normas.

 

3.         CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, la servidumbre de paso es discontínua y no aparente, de tal manera que sólo puede adquirirse por título, como resulta de lo dispuesto en los Artículos mil cuarenta, mil cuarentitrés y mil treinticinco del Código Civil.(1)

 

Segundo.- Que, la servidumbre constituye un "ius in re aliena",y su extensión y demás condiciones se rigen por el título de su constitución, o en su defecto por las disposiciones del Código Sustantivo y toda duda sobre su existencia, su extensión y modo de ejercerla, se interpreta en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, de tal manera que quien reclame derecho a una servidumbre debe acreditarla con el título correspondiente.

 

Tercero.- Que, no se ha establecido en las sentencias de mérito que la demandante tenga título de servidumbre sobre el pasaje número ochocientos quince del jirón General Prado, lo que es una cuestión de derecho, sino que se presume que porque el pasaje es común a otros predios, también lo sea de la propiedad de la demandante señora Julia Amalia Zevallos Calderón.

 

Cuarto.- Que, conforme a la Resolución Municipal número ciento ochenticinco guión A guión CMPH del nueve de febrero de mil novecientos ochenticuatro, fojas treinticuatro, inscrita en el asiento quince de fojas doscientos sesentisiete del tomo veinticuatro del Registro de la Propiedad Inmueble de Huánuco, apreciada en las sentencias de mérito, ese pasaje es común a los sublotes tres y cuatro de la subdivisión del terreno urbano signado con los números ochocientos veintiuno, ochocientos veinticinco, ochocientos treintinueve y ochocientos cuarentiuno del jirón General Prado, y no está gravado con servidumbre en favor de la demandante.

 

Quinto.- Que, en consecuencia, se ha dado la inaplicación de las normas de derecho material denunciadas pues se vulnera el derecho de propiedad, presumiendo sin base legal, la existencia de una servidumbre de paso que no aparece constituida, y por tanto gravando en forma indirecta e impropia un predio.

 

4.         SENTENCIA:

 

Por las consideraciones, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo trescientos noventiséis inciso primero del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Juana López viuda de Fernández, y en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas doscientos setentisiete, su fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete, y actuando en sede de instancia REVOCARON la apelada de fojas doscientos once, y reformándola, declararon INFUNDADA la demanda en todas sus partes, con costas y costos; en los seguidos con doña Julia Amalia Zevallos Calderón, sobre adopción de medidas y otro concepto; DISPUSIERON que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

 

SS. PANTOJA; ORTIZ; SANCHEZ PALACIOS; CASTILLO L.R.S.; CELIS

 

Vencimiento de contrato y enajenación del bien arrendado: falta de precariedad

 

«... El inquilino de un contrato de duración determinada, cuando ha vencido el plazo y no desocupa el inmueble, no queda constituido en ocupante precario, porque sigue siendo inquilino y por consiguiente obligado a pagar la renta, por lo que de igual manera por la enajenación del bien arrendado, el inquilino continúa siendo arrendatario, con la obligación de pagar la renta al nuevo propietario; (...) esto no significa que en estas dos situaciones el propietario no puede solicitar el desalojo, sino que no lo puede hacer por la figura del ocupante precario, porque el arrendatario no puede ser ocupante precario».

 

CASACION Nro.           :           725 - 95 / LIMA.

 

Lima, diecinueve de junio de mil novecientos noventisiete.

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en discordia el día diecinueve de junio del presente año; emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Graciela Macedo Huayaveiro contra la sentencia de fojas ciento ochentidós, su fecha tres de julio de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas ciento sesenta, su fecha seis de febrero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas sesentinueve, subsanada a fojas setenticuatro; en los seguidos por don Oswaldo Burga Alvarez con doña Graciela Macedo Huayaveiro, sobre desalojo.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La Corte mediante resolución de fecha nueve de enero de mil novecientos noventiséis ha estimado procedente la causal invocada por la recurrente relativa a la interpretación errónea de los Artículos novecientos once y mil setecientos ocho inciso segundo del Código Civil y en la inaplicación de los Artículos mil setecientos y mil setecientos tres del Código Sustantivo así como el Artículo setentidós de la Constitución Política del Perú.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que el problema a resolver consiste en que si producida la enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no se encuentra inscrito en los Registros Públicos, el arrendatario queda convertido en ocupante precario del nuevo propietario;

 

Segundo.- Que la sentencia de vista se funda en el inciso segundo del Artículo mil setecientos ocho del Código Civil, que establece que si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido;

 

Tercero.- Que este Artículo mil setecientos ocho forma parte del Capítulo VII del Título Sexto del Código Civil con el Título «conclusión del arrendamiento»;

 

Cuarto.- Que este Capítulo se inicia con el Artículo mil seiscientos noventinueve del Código acotado que estipula «conclusión del arrendamiento de duración determinada.- el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas»;

 

Quinto.- Que al igual que la situación legal del inciso segundo del Artículo mil setecientos ocho, este Artículo mil seiscientos noventinueve también determina que existe conclusión del contrato de arrendamiento de duración determinada, al vencimiento del plazo;

 

Sexto.- Que resulta evidente que el inquilino de un contrato de duración determinada, cuando ha vencido el plazo y no desocupa el inmueble, no queda constituido en ocupante precario, porque sigue siendo inquilino y por consiguiente obligado a pagar la renta, por lo que de igual manera por la enajenación del bien arrendado, el inquilino continúa siendo arrendatario, con la obligación de pagar la renta al nuevo propietario;

 

Sétimo.- Que esto no significa que en estas dos situaciones el propietario no puede solicitar el desalojo, sino que no lo puede hacer por la figura del ocupante precario, porque el arrendatario no puede ser ocupante precario;

 

Octavo.- Que más aún el actor reconoce en su demanda de fojas sesentinueve que con resolución de catorce de julio de mil novecientos noventitrés, emitida en los que siguió don Jaime Uema Rivas y otros sobre ejecución de hipoteca se declaró fundada la oposición al lanzamiento planteado por doña Gabriela Macedo Huayaveiro y recién por carta notarial de dos de noviembre de mil novecientos noventitrés solicitó la desocupación del inmueble, por lo que al respecto resulta de aplicación el Artículo mil setecientos del Código Civil, porque habiendo concluido el contrato, el arrendatario ha permanecido en el uso del bien, lo que supone que el arrendamiento continuó bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el propietario solicitó su devolución;

 

Noveno.- Que el Artículo mil setecientos tres del Código Civil no resulta aplicable al presente caso, porque habiendo concluido el arrendamiento no se necesita dar el aviso de despedido;

 

Décimo.- Que por estas razones se ha interpretado erróneamente los Artículos novecientos once y mil setecientos ocho inciso segundo del Código Civil y se ha inaplicado el Artículo mil setecientos del mismo Código;

 

Undécimo.- Que de conformidad con el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil.

 

4. SENTENCIA:

 

Por estas consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de Casación de fojas ciento ochenticuatro, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento ochentidós, su fecha tres de julio de mil novecientos noventicinco, la que declararon NULA, y actuando como sede de instancia: REVOCARON la de primera instancia y REFORMANDOLA declararon IMPROCEDENTE la demanda de fojas sesentinueve; en los seguidos por don Oswaldo Burga Alvarez con doña Graciela Macedo Huayaveiro, sobre desalojo; MANDARON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

 

SS. ROMAN; VASQUEZ; ECHEVARRIA; ALMEYDA

 

EL VOTO DE LOS SEÑORES RONCALLA VALDIVIA Y REYES RIOS; es como sigue: ATENDIENDO: A que la demandada doña Graciela Macedo Huayaveiro sustenta su recurso en lo dispuesto en los incisos primero y tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil y alegando que se interpreta erróneamente los Artículos novecientos once y el inciso segundo del Artículo mil setecientos ocho del Código Civil e inaplicado los Artículos mil setecientos y mil setecientos tres del Código Civil, así como el Artículo sesentidós de la Constitución al no haber considerado que el nuevo propietario no tiene facultad para solicitar la desocupación del inmueble sin que previa o simultáneamente haya puesto fin al arrendamiento continuado; CONSIDERANDO: 1º) Que en la sentencia recurrida se ha establecido que la carta notarial cursada por el demandante al demandado y que obra a fojas sesentisiete contiene la voluntad de dar por concluido el contrato de arrendamiento; 2º) Que la referida conclusión de hecho derivada de la apreciación del contenido de una prueba documentaria no puede ser revisada en casación; 3º) Que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, y tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional, no siendo por tanto una tercera instancia. Que en ese sentido quedan excluidas las cuestiones de hecho ya que a diferencia de las de derecho que establecen el significado que se debería dar a una cierta norma no sólo en la relación concreta controvertida, sino también en todas las relaciones similares que se presentasen en el porvenir, las de hecho no contienen nunca una afirmación general cuya eficacia sea idónea para ser extendida a otras relaciones que tengan algún carácter común con la decidida. Sólo son recurribles en casación aquellos vicios que lesionen el interés colectivo de la exacta interpretación de la ley; por las consideraciones que anteceden, NUESTRO VOTO es por que se declare INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Graciela Macedo Huayaveiro en los seguidos por don Manuel Burga Alvarez y otra, sobre desalojo y, en consecuencia NO CASAR la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Lima de fojas ciento ochentidós, que confirmando la apelada de fojas ciento veintisiete, declara fundada la demanda de fojas sesentinueve.

 

SS. RONCALLA; REYES

 

 

Vencimiento del plazo del arrendamiento: no configuración de precariedad

 

«... El Artículo mil setecientos del Código acotado es claro al señalar que una vez vencido el contrato y si el arrendatario permanece en el uso del bien, no se entiende que hay renovación tácita sino 'la continuación del arrendamiento', es decir, el contrato de arrendamiento no fenece, sólo se convierte en uno de duración indeterminada, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador ponga fin a dicho contrato dando aviso judicial o extrajudicial al arrendatario, de conformidad con lo establecido por el Artículo mil setecientos tres del Código Civil, concordado con el Artículo mil trescientos sesenticinco del mismo Código. (...) Que, por lo expuesto, es obvio que a la demandada recurrente no se le puede considerar como ocupante precaria, por el contrario, tiene la calidad de arrendataria ya que ocupa el inmueble en virtud de un contrato de duración indeterminada».

 

CASACION Nro.           :           896 - 98 / AMAZONAS.

 

Lima, tres de agosto de mil novecientos noventiocho.

 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Vista la Causa número ochocientos noventiséis-noventiocho; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la demandada doña Dora Concepción Cedrón Pretell, mediante escrito de fojas sesentidós, contra la sentencia de vista de fojas sesenta, de fecha doce de enero del presente año, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que confirmando la sentencia apelada de fojas cuarenticinco, de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventisiete, ordena la restitución del inmueble ubicado en el Jirón Santa Ana número ciento cincuenticuatro a la actora;

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

 

La recurrente sustenta su recurso en las causales de interpretación errónea e inaplicación de una norma de derecho material; que, en cuanto a la primera causal, la demandada, fundamentándola, manifiesta que se ha interpretado erróneamente el Artículo mil setecientos del Código Civil, puesto que, según agrega, si bien los contratos de arrendamiento de fojas veintiocho y veintinueve han vencido, por permanecer en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones y en tal sentido su situación jurídica no es la de ocupante precario; que, con relación a la segunda causal, señala la recurrente que se ha inaplicado el Artículo mil trescientos sesenticinco del mismo Código, conforme al cual en los contratos de ejecución continuada que no tienen plazo, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por vía notarial, lo que no ha sucedido;

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, doña Flor de María Orbegoso viuda de De la Cruz, representada por doña Rosario Díaz Angulo, invocando su calidad de propietaria del inmueble ubicado en el jirón Santa Ana números ciento cincuenticuatro-ciento cincuentiséis de la ciudad de Chachapoyas, solicita la desocupación de dicho inmueble, atribuyéndole a los demandados don Adán Tafur Valqui y doña Dora Concepción Cedrón Pretell, la condición de ocupantes precarios.

 

Segundo.- Que, las instancias inferiores dan por acreditado la existencia de los contratos de arrendamiento de fojas veintiocho y veintinueve, de fechas primero de setiembre de mil novecientos setentitrés y doce de abril de mil novecientos setenticinco, respectivamente, siendo la arrendataria la emplazada doña Dora Concepción Cedrón Pretell.

 

Tercero.- Que, sin embargo, al encontrarse vencidos dichos contratos de arrendamiento, tanto el Juez como la Sala Civil han interpretado el Artículo mil setecientos del Código Civil en el sentido que, no procediendo la renovación tácita sino la continuación del arrendamiento, bajo las mismas condiciones, la accionante puede pedir su restitución en cualquier momento, atribuyéndole a los demandados la calidad de ocupantes precarios simplemente por haber vencido el plazo fijo del contrato en base al cual vienen poseyendo el inmueble sub litis.

 

Cuarto.- Que, el Artículo mil setecientos del Código acotado es claro al señalar que una vez vencido el contrato y si el arrendatario permanece en el uso del bien, no se entiende que hay renovación tácita sino «la continuación del arrendamiento», es decir, el contrato de arrendamiento no fenece, sólo se convierte en uno de duración indeterminada, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador ponga fin a dicho contrato dando aviso judicial o extrajudicial al arrendatario, de conformidad con lo establecido por el Artículo mil setecientos tres del Código Civil, concordado con el Artículo mil trescientos sesenticinco del mismo Código.

 

Quinto.- Que, por lo expuesto, es obvio que a la demandada recurrente no se le puede considerar como ocupante precaria, por el contrario, tiene la calidad de arrendataria ya que ocupa el inmueble en virtud de un contrato de duración indeterminada.

 

Sexto.- Que, consecuentemente, las instancias inferiores han interpretado erróneamente el Artículo mil setecientos del Código Civil; declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas sesentidós, interpuesto por doña Dora Concepción Cedrón Pretell; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas sesenta, de fecha doce de enero del presente año; actuando en Sede de Instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuarenticinco, su fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventisiete, que declara fundada la demanda de fojas tres; reformándola la declararon IMPROCEDENTE; ORDENARON  se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por doña Flor de María Orbegoso viuda de De la Cruz  debidamente representada por doña Rosario Díaz Angulo con don Adán Tafur Valqui y otra, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron.

 

SS. URRELLO A.; ALMENARA B.; RONCALLA V.; VASQUEZ C.;

ECHEVARRIA A.

 

5627 comments

  • Eliseo Amesbury
    Eliseo Amesbury Miércoles, 31 Agosto 2016 05:26 Comment Link

    I don't even understand how I finished up here, but I thought this submit was great. I don't realize who you are but certainly you're going to a well-known blogger for those who aren't already ;) Cheers! [url="http://rxoffwzr.xyz"]rxoffwzr.xyz[/url]

  • PickingUpStrippers.com
    PickingUpStrippers.com Miércoles, 31 Agosto 2016 04:19 Comment Link

    I truly love your site.. Great colors & theme. Did you create this site yourself?
    Please reply back as I'm wanting to create my very own website and want to find out where you got this from or
    just what the theme is called. Cheers!

  • aspattm9yqh
    aspattm9yqh Miércoles, 31 Agosto 2016 03:39 Comment Link

    viagra on line avodart .5 mg cialis professional tretinoin cream 0.05 generic buy advair diskus online

  • looking online poker
    looking online poker Miércoles, 31 Agosto 2016 01:31 Comment Link

    I have read so many content on the topic of the blogger lovers except this article is
    in fact a pleasant post, keep it up.

  • 黄金樹
    黄金樹 Miércoles, 31 Agosto 2016 00:47 Comment Link

    この育毛剤が効く

  • RosaTBeeghly
    RosaTBeeghly Martes, 30 Agosto 2016 22:45 Comment Link

    Somebody necessarily assist to create severely articles I might state.
    Which is the first time I frequented your website and
    thus far? I surprised together with the research you designed to create this actual build amazing.
    Great task!

  • Chicago Real estate
    Chicago Real estate Martes, 30 Agosto 2016 18:09 Comment Link

    I don't know whether it's just me or if everybody else encountering
    problems with your site. It looks like some of the text in your posts are
    running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them
    as well? This might be a issue with my web
    browser because I've had this happen before. Appreciate it

  • aspatirpdne
    aspatirpdne Martes, 30 Agosto 2016 17:16 Comment Link

    tetracycline no prescription prednisolone tablets buy atarax online

  • boutique bio
    boutique bio Martes, 30 Agosto 2016 08:28 Comment Link

    Elles attestent chez le duc d'Angouleme une rare delicatesse de sentiments et prouvent que,
    sous son apparente froideur constatee par d'Avaray, battait un coeur
    prompt a s'enflammer et qui, des ce moment, s'etait definitivement donne.

  • madden mobile 17 hack
    madden mobile 17 hack Martes, 30 Agosto 2016 01:26 Comment Link

    My brother suggested I might like this website.
    He was totally right. This post truly made my day.
    You can not imagine just how much time I had spent for this information!
    Thanks!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top
Info for bonus Review bet365 here.

INICIO

CONSTITUCIONAL

CIVIL

PENAL

EMPRESARIAL

ADMINISTRATIVO