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EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDICIÓN

EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDICIÓN

 

La excepción al cumplimiento de la condición, se refiere a hechos imputables a terceros, ajenos a la relación contractual, que no constituyen el supuesto previsto en el artículo ciento setentiséis del Código Civil, máxime si el propio demandante admite haber realizado actos involuntarios (acuerdo de venta de lotes en vía de conciliación) que determinan la caducidad del derecho, por consiguiente, deviene en inatendible la causal alegada; en cuanto a la inaplicación del inciso c) del artículo veinticuatro del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés, debe precisarse que en el término cuarto del contrato de otorgamiento de terrenos eriazos para otros usos agrarios, se estipula que las tierras eriazas son destinadas a uso agrario dentro del plazo de dos años, por consiguiente, no se ha inaplicado la norma invocada, dada la naturaleza y finalidad del contrato.

 

 

CAS. Nº 2930-2000-LIMA

 

Concordancias:

D.Leg. Nº 653: Art. 24, 28                                                                     

C.C.: Art.I TP,176

C.P.C.: Art. 397

 

 

Lima, catorce de agosto del dos mil dos

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Con los acompañados; de conformidad con el Dictamen Fiscal; vista la causa el día de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a Ley, emite la siguiente sentencia:

 

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento noventiséis por don Pedro Vílchez Gemín contra la sentencia de vista de fojas ciento noventa de fecha veintitrés de agosto del dos mil expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativa que confirma la sentencia apelada de fojas ciento cuarentiséis su fecha catorce de febrero del dos mil que declara infundada la demanda de fojas cincuenticinco; en los seguidos por don Pedro Vílchez Gemín con el Ministerio de Agricultura sobre Impugnación de Resolución Administrativa.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

A fojas trece del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha tres de agosto del dos mil uno se ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de: a) Interpretación errónea de la Primera Disposición Final de la Ley veintiséis mil quinientos cinco, basada en que esta norma deroga tácitamente aquellas disposiciones que otorgan al Estado el derecho de reasumir vía expropiación, reversión y caducidad el dominio de las tierras, salvo los casos de necesidad y utilidad en caso de expropiación y de abandono de tierras adjudicadas en concesión, no procediendo en ningún caso la reversión y caducidad en los casos de tierras adjudicadas en venta; b) Inaplicación del artículo ciento setentiséis del Código Civil que debió aplicarse porque se ha impedido de mala fe el cumplimiento de la condición resolutoria, no obstante haberse acreditado los actos perturbatorios a la propiedad del actor y la inaplicación del artículo veinticuatro inciso c) segundo párrafo del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés el que dispone que las tierras eriazas están sujetas a la legislación sobre la materia, por lo que el Ministerio de Agricultura debió haberse inhibido de conocer el procedimiento de caducidad; c) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso basada en que la caducidad del derecho de propiedad debe declararse por Resolución Ministerial y no Directoral.

 

CONSIDERANDOS:

Primero: Que la Primera Disposición Final de la Ley veintiséis mil quinientos cinco -Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas- del dieciocho de julio de mil novecientos noventicinco dispone "Dase por concluidas las acciones administrativas y judiciales sobre tierras en las que es parte el Estado, seguidas al amparo de las disposiciones legales del derogado Texto Unico Concordado del Decreto Ley diecisiete mil setecientos dieciséis, ampliatorias, modificatorias y conexas, y Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés, en cualquier estado del proceso", que del texto de esta norma no se aprecia que se haya producido una derogación tácita de disposiciones que otorgan al Estado el derecho de reasumir vía expropiación, reversión y caducidad el dominio de las tierras, como manifiesta el denunciante, que además la citada norma ha sido derogada por la Tercera Disposición Final de la Ley veintiséis mil quinientos noventisiete vigente a partir del veinticuatro de abril de mil novecientos noventiséis, es decir, desde antes que se expida la Resolución Directoral número trescientos noventiséis - noventiséis - AG - DRA del ocho de octubre de mil novecientos noventiséis que declara la caducidad del derecho de propiedad del recurrente Pedro Vílchez Gemín sobre cinco punto setenticinco hectáreas de terrenos eriazos, al amparo de lo dispuesto en el artículo treinticuatro del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés y sesenticinco de su reglamento aprobado por Decreto Supremo cero cuarentiocho - noventiuno - AG.

Segundo: Que por cierto, el último párrafo del artículo primero del Título Preliminar del Código Civil establece que por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado, empero en el presente caso, es de advertir que la primera disposición final de la Ley veintiséis mil quinientos cinco sujeta a interpretación no deroga normas contenidas en el Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés y su reglamento, sustento de la resolución que declara la caducidad del derecho de propiedad del recurrente, en tal sentido, su derogatoria no implica que se haya recobrado la vigencia de normas contenidas en el tantas veces mencionado Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés, toda vez, que su vigencia se mantiene a la fecha, en consecuencia, resulta inatendible la causal de interpretación errónea de la primera disposición final contenida en la Ley veintiséis mil quinientos cinco.

Tercero: Que en cuanto a la inaplicación del artículo ciento setentiséis del Código Civil, es de precisarse, que la declaración de caducidad dictada por la autoridad administrativa se ampara en lo dispuesto en el artículo treinticuatro del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés y sesenticinco de su reglamento, ante el supuesto previsto en la norma y advertido en el procedimiento.

Cuarto: Que la excepción al cumplimiento de la condición, se refiere a hechos imputables a terceros, ajenos a la relación contractual, que no constituyen el supuesto previsto en el artículo ciento setentiséis del Código Civil máxime si el propio demandante admite haber realizado actos involuntarios (acuerdo de venta de lotes en vía de conciliación) que determinan la caducidad del derecho, por consiguiente, deviene en inatendible la causal alegada; ahora respecto a la inaplicación del inciso c) del artículo veinticuatro del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés, se debe tener en cuenta que en el término cuarto del contrato de otorgamiento de terrenos eriazos para otros usos agrarios, se estipula que las tierras eriazas son destinadas a uso agrario dentro del plazo de dos años, por consiguiente, no se ha inaplicado la norma invocada, dada la naturaleza y finalidad del contrato.

Quinto: Que por último, se ha declarado procedente el recurso por la contravención del derecho al debido proceso, sustentada en que la caducidad del derecho de propiedad debe declararse por Resolución Ministerial y no por Resolución Directoral; al respecto, el artículo veintiocho del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés dispone que, la caducidad será formalizada por Resolución del Ministerio de Agricultura, en el presente caso la caducidad se ha declarado mediante resolución trescientos noventiséis - noventiséis - AG del dos de octubre de mil novecientos noventiséis emitida por la Dirección Regional Agraria del Nor Oriente del Marañón entidad que forma parte del Ministerio de Agricultura, además la supuesta infracción no ha sido denunciada en el interior del proceso, por el contrario, este acto ha quedado consentido en este extremo.

Sexto: Que en consecuencia no habiéndose configurado ninguna de las causales del recurso de casación, el mismo debe ser desestimado conforme a lo previsto en el artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil por las razones anteriormente expuestas.

DECLARARON: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento noventiséis por don Pedro Vílchez Gemín contra la sentencia de vista de fojas ciento noventa de fecha veintitrés de agosto del dos mil; CONDENARON al recurrente al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como de las costas y costos el recurso; ORDENARON que se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Pedro Vílchez Gemín con el Ministerio de Agricultura sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.

SS. VASQUEZ CORTEZ; DE VALDIVIA CANO; ZUBIATE REINA; WALDE JAUREGUI; EGUSQUIZA ROCA.

 

DICTAMEN Nº 392-2002-Mp-FN-FSCA

Expediente Nro. 2930-2000

Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República

Casación

Lima

 

Señor Presidente:

Lázaro Ramos Ulloque, apoderado de Pedro Vílchez Gemín, interpone a fojas 196/200 Recurso de Casación de la Resolución de vista de fojas 190/191, de fecha 23 de agosto del 2000 expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada declara Infundada la demanda interpuesta por Pedro Vílchez Gemín contra el Procurador Público del Ministerio de Agricultura sobre Impugnación de resolución administrativa. Por resolución de fojas 13/14 del cuaderno acompañado, la Sala Suprema admite a trámite el Recurso de Casación, por las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es, por la interpretación errónea de la Primera Disposición Final de la Ley 26505, inaplicación del artículo 176 del Código Civil y el artículo 24 inciso "c" segundo párrafo del Decreto Legislativo Nro. 653 y la contravención del derecho a un debido proceso. Respecto de la interpretación errónea de la Primera Disposición Final de la Ley Nro. 26505, que señala "Dase por concluidas las acciones administrativas y judiciales sobre tierras en las que es parte el Estado, seguidas al amparo de las disposiciones legales del derogado Texto Unico Concordado del Decreto Ley Nro. 17716, ampliatorias, modificatorias y conexas y Decreto Legislativo Nro. 26597, en su Tercera Disposición Final, la que entrara en vigencia el 23 de abril de 1996", con fecha anterior a la emisión de la Resolución Directoral Nro. 396-96-AG-DRA del 08 de octubre de 1996, resolución que se sustenta en el Decreto Legislativo Nro. 653 y su reglamento Decreto Supremo Nro. 048-91-AG, siendo que ambos dispositivos mantienen a la fecha su vigencia; motivo por el que la Sala no ha incurrido en interpretación errónea de la norma. En relación a la Inaplicación del artículo 176 del Código Civil, refiriéndose a la parte que señala que "Si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse, se considerará cumplida ...", es pertinente señalar que respecto de la caducidad corresponde aplicar la norma especial, consistente en el Decreto Legislativo 653 y su reglamento Decreto Supremo Nro. 048-91-AG. Que así mismo el Código Civil resulta aplicable respecto de los derechos reales de las tierras otorgadas en posesión o propiedad, mas no respecto a la caducidad, que es materia del presente caso, motivo por el que no se ha inaplicado dicha norma. Respecto a la inaplicación del artículo 24 inciso "c" segundo párrafo del Decreto Legislativo Nro. 653, referido a que "Las tierras eriazas ubicadas dentro del área urbana o de expansión urbana están sujetas a la legislación sobre la materia", no corresponde la aplicación del artículo en mención al presente caso, por cuanto el presente caso se trata de venta de tierras eriazas para otros usos agrarios, correspondiente al Ministerio de Agricultura su tramitación; motivo por el que no se ha inaplicado dicha norma. Finalmente, respecto de la contravención del derecho a un debido proceso, sustentada en que la caducidad del derecho de propiedad debe declararse por Resolución Ministerial y no Directoral, cabe señalar que el numeral 3 del artículo 386 se refiere a la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, que en el caso de autos el actor cuestiona un acto administrativo del procedimiento seguido ante la Administración Regional de Agricultura, máxime si este acto quedó consentido en este extremo por cuanto no fue materia de los actos impugnativos que presentó ante dicha entidad; motivo por el que dicha causal deviene en Infundada.

En consecuencia, esta Fiscalía Suprema es de opinión que se declare INFUNDADO el recurso de casación.

OTROSI DICE ESTA FISCALIA SUPREMA: Se adjunta copia del dictamen para el Procurador Público respectivo.

Lima, 19 de febrero del 2002.

Firma del doctor Julio Nicanor de la Fuente Silva, Fiscal Supremo (P) de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.

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