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CONFIRMACION DEL ACTO JURIDICO

Si bien es cierto que al momento de la celebración del contrato don Javier Revilla Palomino, representante de la demandada, no tenía poder de la entidad emplazada para celebrar contrato de compraventa, posteriormente si se le otorgó dicha facultad de acuerdo con el testimonio de escritura pública que corre a fojas noventa, presentado por la emplazada. Además, la demandada en su alegato ha ratificado el contrato de compraventa que celebró con el recurrente.

Que, los artículos 230 y 231 del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en el caso de la anulabilidad del mismo y la Caja de Pensiones Militar y Policial, no sólo no ha interpuesto acción de anulación que le correspondería, sino que ella y el recurrente han ejecutado el contrato en forma total y en este caso la Caja al confirmar la compraventa, ha expuesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad

CAS. N° 2770-2001-CALLAO

Concordancias:

C.C.: Art. 76, 156, 224, 230, 231, 1097, 1098, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1361, 1409, 1432, 1470, 2099

C.P.C.: Art. 386: 2)

NULIDAD DE CONTRATO y OTRO. Lima, veintisiete de febrero del dos mil dos.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número dos mil setecientos setenta - dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Carlos Fernando Carbajal Juárez, mediante escrito de fojas ciento ochenta y tres, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas ciento setenta y seis, su fecha tres de julio del dos mil uno, que revocando la apelada y reformándola declaró infundada la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento noventitrés, fue declarado procedente por resolución del dos de octubre del dos mil uno, por las causales casatorias de: a) interpretación errónea de normas de derecho material, describiendo dos agravios: a.1) Señala que la Sala de mérito ha incurrido en error de interpretación en cuanto al artículo ciento cincuentiséis (1) del Código Civil, por cuanto la demanda es una persona jurídica para cuyos efectos requiere ser representada por quien tenga poder expreso; y que de acuerdo con el artículo invocado, es necesario que se acredite que el poder ha sido otorgado de manera indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad; de lo que carecía el representante de la demandada, según se aprecia de la ficha registral correspondiente, se precisa además, que la facultad para vender bienes de propiedad de la demandada fue otorgada en el mes de febrero de mil novecientos noventiséis, es decir, en fecha -posterior a la celebración del contrato, asimismo, que la ineficacia del acto jurídico, por actos realizados excediendo las facultades otorgadas, sólo es oponible al poderdante, correspondiendo aplicar en este caso el artículo ciento cincuentiséis, el cual establece un requisito de forma ad solemnitatem y no ad probationem, para los actos de disposición celebrados por representantes ; a.2) la resolución materia de casación incurre en una interpretación errónea cuando expresa que el contrato no es de compraventa sino típico e innominado, en aplicación del artículo mil cuatrocientos nueve (2) del Código Civil; y que tratándose de un contrato de obligación del hecho de un tercero, regulado por los artículos mil cuatrocientos setenta (3) y siguientes del Código sustantivo, el mismo que se produce cuando una de las partes contratantes promete a la otra la obligación o el hecho de un tercero, lo que no ocurre en el caso de autos, debiendo tenerse en cuenta que nadie puede crear una obligación sin el asentamiento de este; de otro lado, el artículo mil trescientos sesentiuno del acotado señala que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, en este caso, de la redacción del contrato no se desprende que la voluntad haya sido realizar un contrato a favor de tercero, sino uno de compraventa e hipoteca, en ese sentido, la resolución materia de casación incurre en una interpretación errónea cuando deja de lado la naturaleza del contrato suscrito, en tanto que, si bien es una compraventa también contiene una hipoteca legal que forzosamente requiere de una inscripción registral; en este sentido, debe precisarse los artículos mil ciento dieciocho y dos mil noventinueve del Código material, indicándose que la validez de dicha hipoteca nace de su registro; b) La inaplicación de los artículos setentiséis, mil noventisiete, mil noventiocho, mil ciento diecisiete, mil ciento dieciocho, inciso primero, mil ciento diecinueve, mil ciento veintiuno, mil ciento veintidós, doscientos veinticuatro y mil cuatrocientos treintidós del Código Civil; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Corte Casatoria se pronunciará respecto del segundo punto denunciado, sin perjuicio del primer extremo del recurso, debido a que, del análisis del mismos se concluye que el punto número uno se encuentra contenido dentro del punto número dos, esto es, que ambos extremos del recurso se sustentan en tres hechos: a) la capacidad de representación de la demandada; b) la importancia del momento en que se otorgaron los poderes; c) la calificación del contrato celebrado entre las partes y sus efectos; Segundo.- Que, el recurrente en casación, demanda la anulabilidad del contrato de compraventa que celebró con la demandada aduciendo vicios resultantes del error, dolo, violencia e intimidación y porque al celebrarse el contrato el señor Javier Revilla Palomino carecía de poder de la demandada para realizar cualquier acto de transferencia de la propiedad, por lo que la parte demandada empleó el dolo, al conducir al demandante a suscribir el contrato materia de anulación. Tercero.- Que, luego de efectuar el correspondiente análisis de la sentencia de vista, objeto del recurso de casación, se ha llegado a determinar de que las partes suscribieron un contrato de compraventa en noviembre de mil novecientos noventicinco y que la demandada adquirió la propiedad del inmueble objeto de litis, en diciembre de mil novecientos noventitrés, de su anterior y legítima propietaria registral, la Asociación Pro Vivienda Miguel Grau; Además, se ha logrado determinar que el recurrente está en posesión del inmueble objeto de la compraventa. En consecuencia, resulta extraño al derecho que, habiendo pactado el precio y la consiguiente toma de posesión del inmueble, el comprador recurrente demanda la nulidad por hechos ajenos a la libre disposición del propietario; Cuarto.- Que, sobre la base de estas consideraciones, se puede establecer que, jurídicamente, no ha habido error, dolo, violencia o intimidación, porque la vendedora acreditó su derecho de propiedad respecto del inmueble sublitis, con la presentación de la escritura pública de compraventa de diciembre de mil novecientos noventitrés, antes aludida; sino que, también, el demandado suscribió el contrato de compra-venta con la recurrente, fijando precio y la forma de pago, esto es, estableciendo los elementos indispensables de todo contrato y le otorgó la posesión del inmueble; Quinto.- Que, a mayor abundamiento, si bien es cierto que al momento de la celebración del contrato don Javier Revilla Palomino, representante de la demandada, no tenía poder de la entidad emplazada para celebrar contrato de compraventa, posteriormente si se le otorgó dicha facultad de acuerdo con el testimonio de escritura pública que corre a fojas noventa, presentado por la emplazada; Además, la demandada en su alegato ha ratificado el contrato de compraventa que celebró con el recurrente; Sexto.- Que, los artículos doscientos treinta y doscientos treintiuno (4) del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en el caso de la anulabilidad del mismo y la Caja de Pensiones Militar y Policial, no sólo no ha interpuesto acción de anulación que le correspondería, sino que ella y el recurrente han ejecutado el contrato en forma total y en este caso la Caja al confirmar la compraventa, ha expuesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad; Sétimo.- Que, no siendo anulable el contrato de compraventa, por haber sido confirmado por la vendedora, los artículos invocados referidos a la hipoteca no resultan aplicables, porque tratándose de una hipoteca legal cuando se otorgue la escritura pública correspondiente y se inscriba en los Registros Públicos, la hipoteca surtirá todos sus efectos; Octavo.- Que, tampoco resulta de aplicación el articulo mil cuatrocientos treintidós (5) del Código Civil, porque no se trata de una prestación imposible, por cuanto el contrato de compraventa ha sido confirmado por la vendedora; Por las razones expuestas y no presentándose la causal contemplada en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, y aplicando el artículo trescientos noventiocho del Código Adjetivo, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Fernando Carbajal Juárez, a fojas ciento ochenta y tres; En consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, su fecha tres de julio del dos mil uno; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de una Unidad de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Carlos Fernando Carbajal Juárez con la Caja de Pensiones Militar Policial, sobre Nulidad de Contrato y otro; y los devolvieron.- SS. ECHEVARRIA A.; LAZARTE H.; INFANTES V.; SANTOS P., QUINTANILLA Q.

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(1) C.C.: Art. 156o.- Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.

(2) C.C.: Art. 1409o.- La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:

1. Bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan, salvo las prohibiciones establecidas por la ley.

2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa.

(3) C.C.: Art. 1470o.- Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero, con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido, respectivamente.

(4) C.C.: Art. 230o.- Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo.

Art. 231o.- El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.

(5) Art. 1432o.- Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización de daños y perjuicios.

Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la contraprestación, correspondiéndole los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la prestación.

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